El respeto a la diversidad sexual se garantiza en Aragón por ley y con multas de hasta 45.000 euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes, 14 de noviembre, el proyecto de ley de Igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón, más conocida como Ley de Igualdad LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales).

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el objetivo es lograr “una igualdad real y efectiva” de estas personas y para eso “acordamos con los colectivos que lo mejor era plasmarlo en una ley”.

De esta forma, se trata de garantizar el respeto a la diversidad y combatir la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en Aragón. La consejera ha comentado que esta norma ha nacido de un proceso de participación en el que el borrador del anteproyecto ha recibido 360 aportaciones, de las que se han aceptado 268 y se han estimado parcialmente 18.

Broto ha subrayado que este proyecto de ley “tiene un carácter marcadamente transversal y cuenta como eje vertebrador con el principio de igualdad de trato”. Recoge, además, las políticas públicas específicas por ámbito competencial para garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

En su contenido, se reconoce el respeto a la diversidad, el derecho a la expresión libre de la identidad de género, el apoyo a colectivos vulnerables como personas mayores, personas gitanas, personas con discapacidad, inmigrantes o menores. Recoge también la elaboración de planes de atención para personas que sufren discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

Ámbitos de actuación

La norma contempla diferentes ámbitos de actuación: sanitario, de empleabilidad, educativo, familiar, políticas de juventud, medidas relativas al ocio, la cultura y el deporte, el ámbito de la memoria democrática, el policial y la comunicación.

Broto ha desgranado que en el caso del ámbito sanitario, se incluye la elaboración de protocolos de atención sanitaria a personas transexuales y unas instrucciones médicas en materia de transexualidad que el Gobierno de Aragón puso en marcha hace unos meses.

Se recoge también la obligatoriedad de elaborar campañas y planes de prevención de enfermedades de transmisión sexual y la formación de profesionales del ámbito sanitario.

En el apartado de empleabilidad, destaca la obligatoriedad de desarrollar políticas de fomento de la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en el empleo, público y privado. Asimismo, se incluirá la realidad LGTBI dentro de las medidas de responsabilidad social y el necesario compromiso de la inspección de trabajo con la prevención y detección de discriminación por ‘LGTBIfobia’ en el ámbito laboral.

Acciones formativas

También se recogen actuaciones en el ámbito educativo, como la necesaria inclusión de la realidad LGTBI en los planes y contenidos docentes y educativos. Se añade la obligatoriedad de elaborar planes integrales sobre diversidad LGTBI en el ámbito educativo y protocolos de prevención de la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

La divulgación de campañas y acciones formativas encaminadas a fomentar la igualdad y el respeto a la diversidad también se incluyen en este apartado y se hace mención especial a la universidad.

El ámbito de la comunicación también está recogido en el proyecto de ley e incluye medidas como el tratamiento igualitario de la información y de la comunicación y la obligatoriedad de trabajar en un código deontológico que recoja las fórmulas propias de un lenguaje y expresión igualitarias y que se aleje de la desigualdad y la discriminación por razones de identidad y orientación sexual.

Sanciones

El proyecto de ley contiene, además, un régimen sancionador en el que se establecen tres tipos de infracciones administrativas: leves, graves y muy graves, que pueden ser sancionadas con multas de un mínimo de 200 euros a un máximo de 45.000, dependiendo de su gravedad.

Además, dependiendo del nivel de la infracción, podrá prohibirse al infractor su acceso a cualquier tipo de ayuda pública o su inhabilitación de hasta tres años para ser titular de un centro público.

Broto ha puesto como ejemplo de infracciones leves las expresiones vejatorias y las amenazas, sancionadas con entre 200 y 3.000 euros y como graves ha mencionado la reiteración de esas expresiones vejatorias, así como cláusulas en negocios jurídicos que causen discriminación por razón de orientación sexual y libros de texto que presenten cuestiones que afecten a la dignidad de diferentes colectivos, con sanciones de 3.000 a 20.000 euros.

En el caso de que sean entidades las que cometan esas infracciones graves, se les prohibirá el acceso a ayudas públicas. La consejera ha añadido que serían infracciones muy graves los comportamientos agresivos o de acoso, las represalias contra quejas y espectáculos que inciten al odio, con multas de entre 20.000 a 45.000 euros, la imposibilidad a cualquier tipo de ayuda pública y la inhabilitación de hasta tres años para ser titular de un centro público.

Deja tu comentario

Tu dirección de E-mail NO será publicada Requiere los campos marcados *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies