Plan municipal para ayudar a las familias que residen sin contrato en viviendas de bancos

El Ayuntamiento de Zaragoza desea regularizar la situación de las familias que residen sin contrato en viviendas propiedad de entidades bancarias. Por ello, el gobierno de la ciudad ha aprobado este viernes un Programa municipal para la mediación y acción pública en casos de ocupación de viviendas propiedad de bancos.

El objetivo es favorecer el acceso a la vivienda de familias zaragozanas en situación de especial vulnerabilidad que se encuentran en una situación irregular respecto a su residencia habitual, según ha detallado en rueda de prensa el concejal de Vivienda y Deporte del consistorio, Pablo Híjar.

Híjar ha subrayado que debido a la crisis “hay una mayor cronificación de la pobreza y exclusión, cada vez más población no puede acceder a una vivienda a través de una hipoteca o de un contrato de alquiler” y ha detallado que 7.000 personas están viviendo “sin un título de propiedad o contrato de arrendamiento en la ciudad”.

Mediación en casos de desahucio

Hasta el momento, el programa de mediación en casos de impago de arrendamiento de la Oficina Municipal de Vivienda ya admitía de forma excepcional la mediación en procesos de desahucio a precario o por ocupación de vivienda –propiedad de personas jurídicas–.

El número de expedientes de mediación abiertos por ocupación de viviendas aconsejaba un marco de actuación adecuado a la complejidad del fenómeno.

Según se explica en el programa aprobado, se trata de un fenómeno que necesita de una visión integral partiendo del reconocimiento del estado de necesidad de las familias que sin alternativa habitacional logran un techo en las viviendas vacías que la crisis disemina especialmente en los barrios tradicionalmente obreros y populares –normalmente propiedad de personas jurídicas–.

Criminalización de las familias

El abordaje de esta cuestión debe partir de romper con el círculo vicioso que presupone la criminalización de las familias afectadas por el fenómeno. Esto significa garantizar el acceso a ayudas y prestaciones sociales; garantizar el seguimiento social y el apoyo de las familias; o favorecer la mediación y los acuerdos de regularización o realojo, frente a la judicialización de casos de ocupación.

El siguiente paso a dar será la elaboración de protocolos específicos de coordinación y actuación de las instituciones y departamentos del Ayuntamiento que intervendrán en el programa. Además se formará a los profesionales implicados sobre sus objetivos, desarrollo así como sobre los aspectos técnicos y legales de la ocupación.

Híjar ha recalcado que se trata de que los servicios municipales “se coordinen de forma más efectiva para hacer un trabajo más general y con una visión mucho más abierta” y ha advertido de que quedan excluidas de este programa “las viviendas particulares y públicas”.

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