Casi 1.800 desahucios en 2017 en Aragón, que siguen aumentando

La Comparecencia de la Asociación por el derecho a la vivienda digna en Aragón ha cerrado una nueva sesión de la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos donde han traslado que el año pasado se produjeron en Aragón 1.786 desahucios, una cifra que supone 53 casos más que los acontecidos en 2014. Además, han criticado que existen familias que “no pueden acogerse a las medidas existentes”, entre otras causas por la falta de vivienda de alquiler o precariedad laboral, mientras que, también en este sentido, han criticado “el nefasto recorrido” de los realojos, ya que solo se han realizado noventa en 2017.

“No nos satisface comparecer en esta Comisión, porque significa que la pobreza de las familias se está convirtiendo en algo estructural”, ha afirmado la secretaria y portavoz de este colectivo, Concha Cano, quien, también, ha comentado que han atendido a 3.000 afectados que han tramitado trescientos casos.

Además, Cano ha expuesto que los desahucios no han desaparecido, sino que el tipo de desalojos ha cambiado. “Antes se producían por el impago de la hipoteca y ahora se están viviendo casos en los que se están terminando los contratos de alquiler y los afectados no pueden acceder al mercado”, ha explicado esta representante.

Una ley que no se cumple

En otro orden de temas, Cano ha abordado la situación legislativa sobre la que ha recordado que “se aprobó el decreto ley pero que no se ha llegado a aplicar nunca”.

A ese respecto ha asegurado que el artículo 19 garantiza una vivienda digna ante la pérdida de la vivienda habitual, “pero, en la práctica no se aplica, parece que este artículo no existe”, ha lamentado.

También, en el caso de los realojos, ha criticado que se han llevado a cabo “menos de un centenar” y, en esta materia, ha informado que el convenio que no se aplica a las familias que tengan unos 11.000 euros de ingresos, así como que “pese a que hay arraigo, como hijos en edad escolar, empleados o casos de salud se manda a las familias fuera porque no hay vivienda en las ciudades”.

Para finalizar, las representantes de la Asociación han pedido cambios en legislación de vivienda, una reforma hipotecaria, de arrendamientos urbanos y el cumplimiento del artículo 19. “Basta ya de criminalizar a las familias y si no hay viviendas sean sinceros y díganlo, ya que la gente se está quedando en la calle”, ha concluido (en la imagen superior de cortesaragon.es, las tres representantes de la Asociación durante su comparecencia en la comisión parlamentaria).

Intervenciones de los grupos

Desde el PP, Fernando Galve ha lamentado que “el número de desahucios ha aumentado en Aragón a pesar del Gobierno del tripartito de izquierdas, que todo lo iba a solucionar”. “Se está cebando con la gente obrera y trabajadora”, ha añadido en este sentido. En su opinión, “es un tema sensible” y “una de las caras más amargas de la crisis”. “Ahora se da cuenta el cuatripartito que una cosa es predicar y otra dar trigo. El anterior Gobierno de España tomó medidas e hizo lo que pudo”, ha defendido.

La socialista Julia Vicente ha recordado “las medidas legislativas que se tomaron y que fueron recurridas por el anterior Gobierno al Tribunal Constitucional”. “Supuso la paralización de la garantía del derecho habitacional y la suspensión de los alzamientos en supuestos de especial vulnerabilidad”, ha informado en este mismo sentido. La portavoz del PSOE también ha reivindicado las actuaciones del Ejecutivo autonómico y “la atención de casi todos los casos de los que se ha tenido conocimiento”.

Raúl Gay, desde Podemos, ha agradecido a los comparecientes que vengan “a contar lo que otros tratan de aguantar”. “Habéis dejado bien claro, con números, que sigue existiendo la pobreza. Lambán aspira al pleno empleo, pero va a ser precario y no dará derecho a una vida y vivienda digna”, ha considerado. Para él, “el problema es de enfoque” y “hay quien piensa que la vivienda sirve para hacer negocio”. “Pensar así es lo que nos ha llevado hasta aquí”, ha criticado.

La diputada del PAR Lucía Guillén ha lamentado que “el problema sigue existiendo para cientos de familias a pesar de que podamos percibir cierta mejora”. “En estas Cortes trabajamos y aprobamos propuestas concretas, como las moratorias, favorecer la dación en pago o crear un fondo de viviendas, en la pasada legislatura”, ha recordado. En este sentido, ha matizado “que muchas de estas cuestiones no son competencia autonómica”. “Las herramientas que tenemos son pocas, pero tenemos que utilizarlas y darles forma”, ha añadido.

Por parte de Ciudadanos, Jesús Sansó ha considerado que “vaya tirón de orejas nos han metido hoy”. “Nos han dicho, primero, que ha aumentado el número de desahucios y que ha cambiado el motivo. A los diez años del inicio de la crisis, demuestran que ni hemos salido ni lo hemos hecho todos”, ha añadido. Para Sansó, “al Gobierno no les interesan ya tanto sus problemas”. “Lamentamos la frivolidad con la que, en ocasiones, tratamos este grave problema social desde las instituciones y los partidos”, ha expresado.

Para Gregorio Briz (CHA), portavoz del Grupo Mixto en esta comparecencia, “la pobreza y desigualdad provocada en este Estado y en este país, Aragón, ha llevado a esta situación”. “La responsabilidad es compartida”, ha expresado. En opinión de este parlamentario, “en Zaragoza no hay vivienda para alquilar si no es a un determinado precio”. “El político tiene que cumplir la ley nos guste o no. Desde el Gobierno hay voluntad y lo hemos intentado con buena fe”, ha reivindicado.

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