El Justicia desaconseja modificar la ley de custodia compartida

Un informe del Justicia de Aragón, Ángel Dolado, desaconseja la propuesta de reforma de la preferencia de la custodia compartida en la Comunidad desde el punto de vista sociológico y de perspectiva de género además de por los problemas que plantea desde el punto de vista del Código Foral.

Así se recoge en el Informe sobre Custodia Compartida que le fue solicitado al Justicia por el Grupo Parlamentario del PAR tras conocer la postura de los partidos parlamentarios de izquierda de modificar la ley que regula la custodia de los hijos de padres separados y que este lunes ha remitido a las Cortes de Aragón (en la foto superior de Europa Press, el Justicia en una comparecencia en las Cortes de Aragón).

No obstante, Dolado advierte que este documento no implica una recomendación sino una opinión jurídica.

De acuerdo con los estudios sociológicos analizados por el Justicia, las custodias compartidas se imponen cuando hay acuerdo entre los progenitores; en caso de desacuerdo en el 70,8 % de los casos se concede a la madre y con independencia de la preferencia por la custodia compartida el juez siempre actúa en interés del menor.

Además, se señala que con este nuevo modelo, “todos ganan: los hijos comparten progenitores, estos comparten gastos (ninguno paga) y la mujer puede acceder con más facilidad al mercado laboral, deja de depender de la asignación compensatoria y de la pensión de los hijos”.

Ley sin problemas de aplicación

En su informe, el Justicia asegura que esta ley, tras ocho años de vigencia, no ha ocasionado problemas de aplicación sino que se ha conseguido una consolidada jurisprudencia que ofrece seguridad en la aplicación de la ley.

Además advierte que la modificación de esta regulación, ya consolidada y con buen funcionamiento, traería consigo “grandes dosis de inseguridad” y el riesgo de modificar situaciones familiares consolidadas.

Según Dolado, las modificaciones que se pretenden llevar a cabo en el artículo 80 de la ley afectan a toda la regulación, que toma como premisa la custodia compartida, por lo que “si se modifica un aspecto esencial se produce un desequilibrio absoluto del resto de los preceptos”.

Tampoco resuelve “ningún problema práctico y ocasiona muchos más al no tener en cuenta la sistemática conjunta del Código Foral” ya que cualquier reforma “debe ser sometida para su informe a la Comisión aragonesa de Derecho Civil, para evitar que se desmorone la coherencia interna de esta norma foral”.

Desde el punto de vista social, la reforma, según Dolado, puede suponer un paso atrás en la igualdad entre hombres y mujeres y desatiende el derecho del menor a estar con ambos progenitores a pesar de la ruptura de la convivencia entre estos, además de la reducción de la ligitiosidad que supone.

Por último incide en su propuesta de la figura del coordinador de parentalidad como auxiliar del juez para conocer la realidad de cada familia, tras la ruptura de la pareja, ya que los procesos de familia contenciosos no siempre garantizan que se hayan podido tener en cuenta todas las reales circunstancias de cada uno.

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