Absueltos los últimos acusados en el caso de corrupción de Plaza

La Audiencia de Zaragoza ha absuelto a los tres únicos acusados que no aceptaron un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en el caso Plaza, el mayor proceso contra la corrupción instruido en Aragón.

La sentencia, a cuyo fallo ha tenido acceso Efe, absuelve al exviceconsejero socialista Carlos Esco, y a los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría de los delitos relacionados con las supuestas irregularidades denunciadas en torno al pago de sobrecostes de hasta 147 millones en Plaza, la plataforma logística de Zaragoza (en la imagen superior, en primer plano Iglesias, junto a él Floría y a continuación Esco, compareciendo ante el tribunal).

Estos tres acusados fueron los únicos de los 25 encausados que no aceptaron un acuerdo de reducción de condena con Anticorrupción y decidieron ir a juicio para hacer frente a presuntos delitos de malversación, administración desleal, tráfico de influencias y cohecho.

Adjudicaciones fraudulentas

Los magistrados consideran probado en su resolución que la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) fue objeto de una sucesiva merma de su patrimonio a través de un plan “urdido” en 2002 por el gerente de esta sociedad, Ricardo García Becerril, y el responsable de la UTE que se adjudicó las obras de urbanización, José María Jordán.

Ambos acusados, los principales artífices del fraude, aceptaron condenas de casi cinco años (Becerril) y de dos años y cinco meses (Jordán) así como el pago de 14,8 millones de euros en concepto de responsabilidad, cantidad ya abonada por la UTE constituida entre Acciona y Mariano López Navarro.

Según el tribunal, ambos propiciaron adjudicaciones fraudulentas a la UTE, sobrefacturación de obras, pagos “en especie” a directivos y facturación falsa con el fin de generar un beneficio ilícito tanto a nivel personal como a los once acusados que aceptaron condenas menores y multas de hasta 67.000 euros tras asumir los cargos.

En sus fundamentos jurídicos, la sentencia se centra en la situación de Carlos Escó, de quien afirma que no sólo no tenía funciones de gestión en la sociedad, sino que su misión era la de actuar como enlace con el consejo de administración, del cual formaba parte en representación del Gobierno aragonés.

Admite el tribunal la existencia de “serias dudas” respecto a las actuaciones delictivas de Escó y de Floría, acusado por fraccionar el pago de una factura con la que le fue abonado un vídeo promocional de Plaza, por lo que descarta la existencia de supuestos delitos de malversación y cohecho.

Falta de pruebas

Los magistrados asumen un informe de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de Policía Nacional en el que se habla del “origen desconocido” del patrimonio de Escó, pero argumentan que este dato, por sí solo, “es insuficiente para fundamentar una condena habida cuenta el carácter absoluto del derecho a la presunción de inocencia”.

Destacan que la única decisión de Escó fue la de encargar el vídeo promocional a Floría, pero rechazan que entre ambos se hubieran cometido acciones delictivas de cohecho y de tráfico de influencias.

El tribunal rechaza dar validez a los correos electrónicos incriminatorios remitidos por García Becerril, en concreto uno denominado “miserias”, que atribuye a la enemistad existente entre ambos durante dichas fechas.

Por otra parte, descarta como prueba incriminatoria de delitos de cohecho y falsedad contra el empresario Agapito Iglesias una factura de 58.000 euros por un estudio de asesoría urbanística, y destaca que dicha factura fue comprobada y validada por la Inspección de Hacienda.

Tras citar una sentencia del Constitucional que argumenta que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado, la sentencia subraya que “consecuentemente, si efectivamente se ha aceptado por la administración tributaria, no puede afirmarse que sea falsa”.

Decomiso de bienes

La resolución, además, de la responsabilidad civil establecida, ordena el decomiso de numerosos bienes muebles e inmuebles de García Becerril para hacer frente a distintos gastos irregulares, entre otros, 13.146 euros de un viaje a Brasil.

Además de estas cantidades, en las negociaciones previas la Fiscalía Anticorrupción admitió que los acuerdos previos alcanzados habían sido posibilitados por la decisión de Acciona de pagar 50 millones de euros a las arcas públicas.

El propio fiscal Anticorrupción José Grinda explicó en esos días a los medios de comunicación que el resto del dinero defraudado, un total de 147 millones, se resolvería por un procedimiento civil de arbitraje, al que ya dieron su visto bueno tanto las acusaciones particulares en nombre del Gobierno aragonés y de la sociedad pública Plaza como de la UTE.

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