La atención a la dependencia se resiente en Aragón por las malas condiciones de sus trabajadoras

Los sindicatos CC OO y UGT reconocen que el Gobierno de Aragón ha realizado un importante esfuerzo por ampliar y mejorar la atención a la dependencia, pero reclaman un nuevo régimen laboral para las empleadas del sector (el 85% son mujeres), que sufren precarización, bajos salarios y exceso de carga de trabajo por parte de las empresas concesionarias del servicio a la dependencia. Los sindicatos  exigen al nuevo Gobierno autonómico, pendiente de constituirse, un nuevo decreto de mínimos con ratios adaptados a la realidad e igual para todos los centros, sean públicos, concertados o privados, y una subida de salarios para que no bajen de los 14.000 euros anuales.

Representantes sindicales de CC OO y UGT han denunciado que la situación de las empleadas de atención a la dependencia en Aragón está muy deteriorada desde que en 2007 la patronal del sector se negó a negociar un nuevo convenio colectivo, con el agravante de que el poder de estas compañías se incrementa puesto que el IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) cada vez concierta más plazas de dependencia con ellas.

Hasta el 71% de los usuarios son atendidos por conciertos con la privada o directamente en residencias regentadas en exclusiva por empresas particulares.

Decreto de mínimos obsoleto

La situación de las trabajadoras que atienden a las personas dependientes se regula mediante un decreto de condiciones mínimas que proviene de 1992. En dicho decreto, que los sindicatos consideran obsoleto, se establece un ratio de un trabajador por cada tres residentes.

Pero CC OO y UGT denuncian que las empresas hacen “trampas” para establecer las ratios, al contabilizar a toda la plantilla, desde los gerocultores a jardineros, personal de lavandería, limpieza o cocinas hasta el médico o el telefonista, y además para los tres turnos diarios, puesto que las residencias funcionan las 24 horas del día. Todo ello al final se traduce en que la ratio real es de un empleado por cada nueve residentes.

Dichas empleadas son habitualmente contratadas mediante compromisos temporales y con salarios inferiores a mil euros mensuales, sin contar con que se ven obligadas a realizar jornadas laborales muy dilatadas, según han denunciado en rueda de prensa Alicia Hernández y Ángelica Mazo (UGT) y Delia Lizana y Montse Gómez (CCOO).

Miles de trabajadoras afectadas

La situación afecta a unas 10.000 empleadas en Aragón y los sindicatos denuncian que estas irregularidades están repercutiendo en la calidad del servicio, máxime teniendo en cuenta que el decreto de mínimos del 92 “se elaboró con arreglo a que entonces había muchos menos usuarios dependientes. Ahora, una trabajadora, sólo para levantar, asear y colocar en su silla de ruedas a un dependiente, debe invertir un mínimo de 12 minutos”, aseguran.

El objetivo de UGT y CC OO es intentar negociar con la patronal aragonesa un convenio autonómico como el que existió entre 2002 y 2007, para lo que ya han solicitado reuniones con los líderes empresariales que de no prosperar abocará a los trabajadores una recogida de firmas y a convocar concentraciones en las sedes de las patronales.

Exigen medidas inmediatas

De forma paralela, y una vez que se constituya el nuevo Gobierno de Aragón, los sindicatos solicitarán una entrevista con el titular de la Consejería de Servicios Sociales para urgirle a aprobar un nuevo decreto de ratios mínimos.

Lo que pretenden es que el nuevo decreto diferencie las ratios en función del grado de dependencia, la categoría del trabajador y la carga de trabajo, no solo para mejorar las condiciones laborales de la plantilla sino también la atención a los dependientes.

Pero además exigen un incremento del salario de entre el 3 y el 4 por ciento ya que, según ha denunciado Delia Lizana, secretaria General de FSS de CCOO, el sueldo está por debajo de los 1.000 euros y no disponen tampoco de medidas de conciliación laboral, a lo que se suma, han denunciado, un “abuso del régimen sancionador” y de despidos “indiscriminados” para que sean a “coste cero”.

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