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Una niña de 8 años, obligada a convivir con su padre maltratador y acusado de abusar de ella

Un niña de 8 años de Zaragoza debe de cumplir con el régimen de visitas establecido por la justicia tras la separación de sus progenitores y convivir con su padre, denunciado por la madre a mediados de 2016 por presuntos abusos sexuales sobre la menor, y además condenado por violencia de género. Tras 7 años conviviendo con este maltratador, la mujer decidió romper la relación y tras un periplo judicial fue condenado por malos tratos, pero no se le han retirado las visitas de la hija.

La larga batalla judicial emprendida por la madre de la niña para evitar la convivencia con el padre siempre ha encontrado una negativa como respuesta en los tribunales a pesar de las pruebas aportadas y de los reiterados ataques de ansiedad y afecciones sufridos por la niña cada vez que debe cumplir con la medida, según ha informado Radio Zaragoza.

Unas afecciones y unas pataletas que, según ha explicado la madre a Efe, han evitado en los últimos siete meses que el padre pueda llevarse a su hija a la salida del colegio porque, añade, “la niña se tira al suelo para resistirse a la entrega y los policías se niegan a entregarla por la fuerza”.

Primera denuncia en julio de 2016

La primera denuncia fue interpuesta en julio de 2016 tras una estancia vacacional de la menor con su padre y relatar esta a su madre que sufría escozores en la zona genital y que tenía problemas para orinar.

En la consulta médica a la que llevó la madre a su hija, la menor contó a la especialista que su padre le había introducido los dedos en su vagina “hasta un hueso”, testimonio que originó la interposición de la denuncia penal.

Esta primera denuncia, confirma la madre, fue archivada tras una exploración hecha por forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) en la que la menor, que tenía entonces 5 años, se desdijo.

Nueva denuncia

La madre volvió a denunciar a su expareja, de la que se separó tras denunciarle por malos tratos, en septiembre de 2017, tras volver a constatar, explica, que su hija era intimidada por su padre para que no hablara de lo ocurrido.

Las numerosas pruebas aportadas desde entonces por su letrado, el abogado Óscar Esp, no han evitado la reciente decisión del titular del órgano instructor del caso de archivar la denuncia a fin de no interferir en la relación paternofilial existente.

Ni las grabaciones hechas a hurtadillas a la niña cada vez que relataba a su madre lo que vivía en casa del padre junto a su nueva pareja y la hija de ambos, ni los testimonios de los trabajadores del punto de encuentro ni los atestados policiales han impedido el archivo de la causa.

Pánico al padre

Entre los informes aportados se encuentra uno elaborado por una psicóloga del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) en el que se asegura, explica la madre, que la niña “tiene pánico” a su padre, pero que “no ha servido de nada al no estar autorizada judicialmente su elaboración”.

Según esta mujer, el padre, que comparte la patria potestad de la niña, se ha opuesto reiteradamente a que su hija sea objeto de revisiones médicas sin su presencia, una situación que ha contado en todo momento con respaldo judicial.

El letrado de la madre, tras varios escritos para instar la práctica de pruebas o pedir la anulación de la medida de custodia compartida, considera necesario ahondar en los motivos por los que la menor se contradijo a sí misma ante los forenses del IMLA para tratar de determinar si la niña actuó así por miedo.

Supuesta manipulación de la niña

Ahora, con 8 años, la menor le contesta a su madre cada vez que se acerca la hora de la entrega a su padre que “por qué tú no le tienes que ver ahora y yo sí”.

Por su parte, desde la asociación Somos Más, de lucha contra la violencia machista, se ha valorado la “lucha” emprendida por la madre para tratar de proteger a su hija.

Fuentes judiciales consultadas por Efe señalan que la defensa del padre de la menor se apoya en la supuesta “manipulación” de la menor en contra suya.

Registradas 30 denuncias por abusos a personas con discapacidad intelectual durante este año

La Unidad de Atención a Víctimas de Abuso con Discapacidad Intelectual ha presentado durante este año hasta 30 denuncias por diversos casos de violencia contra este colectivo. De ellas, un 30% han sido abusos sexuales y el resto, violencia doméstico o de género. En total, desde su puesta en el año 2015, han atendido hasta 93 casos.

Para conocer la evaluación del programa, este viernes han mantenido una reunión de trabajo con miembros de Atades, de la Delegación del Gobierno, del Ejecutivo autonómico y jueces y fiscales. El reto, como ha afirmado el presidente de Atades, Jesús Soto, es que esta unidad deba desaparecer por falta de trabajo, aunque reconoce que “es una utopía”, por lo que “debemos implicarnos más”.

No obstante, para Soto, el motivo principal de este aumento de denuncias no es tanto un incremento de los casos, sino que “la gente se mentaliza que tiene que denunciar más y ya no se avergüenza de haber sufrido un abuso”. “Denunciándolo se ayuda a sí mismo y se ayuda a los demás”, ha aseverado.

Aun así, desde Atades también lamentan que no siempre se crea a las víctimas que sufren los abusos, así como concretar los hechos. La coordinadora de la unidad, Victoria Ledesma, ha expuesto las dificultades a la hora de “colocar un hecho en el espacio y en el tiempo o contar cuantas veces ha ocurrido un hecho”. “Es imprescindible conocer a la persona, hacer una evaluación de capacidades para saber cómo se expresa habitualmente y, con esos apoyos, poder tomar declaración”, ha señalado.

Asimismo, la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, ha puesto de manifiesto “la coordinación, colaboración y apoyo” para trabajar en este tema y “sensibilizar a jueces y fuerzas de seguridad”.

Concentración en apoyo de la joven violada en San Fermín

Centenares de personas, la mayoría de ellas mujeres, se han concentrado esta tarde del viernes 17 de noviembre a las puertas de la Audiencia de Zaragoza para protestar por la forma en que se está desarrollando el juicio en Pamplona por la violación de una chica en los Sanfermines de 2016.

Bajo el lema “La manada somos nosotras”, en alusión al grupo de supuestos violadores que se autodenominan ‘La Manada’, la concentración feminista ha tenido lugar después de que fuera convocada ayer a través de las redes sociales e impulsada especialmente por la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza.

Representantes de la citada entidad han destacado el éxito de la convocatoria, en la que han estado también representadas diversas organizaciones políticas y sociales zaragozanas. Concentraciones similares se han producido en otras ciudades del Estado español.

A lo largo del acto se han coreado lemas contra la actuación judicial, en solidaridad con la chica agredida y contra el machismo y los supuestos violadores.

Críticas al tribunal

Paloma Lafuente ha actuado como portavoz de las organizadoras del acto para criticar del desarrollo del juicio en Pamplona, cuyo magistrado se muestra partidario de preservar la imagen y la intimidad de “estos cinco agresores y violadores y en cambio tiene en consideración pruebas sobre la vida de esta joven”.

La alusión de la representante feminista se refería al seguimiento de la víctima mediante detectives que encargó uno de los supuestos agresores y la aceptación del informe de los vigilantes por parte del magistrado, mientras la defensa de los supuestos violadores lo ha utilizado como muestra de que la chica ha hecho vida normal, lo que a su entender no encaja en alguien que ha sufrido una violación.

Lafuente ha indicado al respecto que resultaba “inadmisible” que el tribunal acepte la insinuación contra la chica porque “que no haya querido morirse y revivir constantemente el episodio no la convierte en menos víctima”.