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El 010 seguirá municipalizado, pese a una sentencia judicial en contra

El servicio de información 010 del Ayuntamiento de Zaragoza seguirá municipalizado, pese a que este lunes 19 de noviembre el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 ha hecho pública una sentencia en la que declara “no conforme y nula de pleno derecho” la decisión del Consistorio de prestar de forma directa el servicio. La decisión judicial contradice la tomada en su día por el juzgado número 1 de lo Social, favorable a la municipalización. Por ello, el concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, sostiene que la última sentencia “carece de eficacia” y por tanto el servicio seguirá gestionado por el Ayuntamiento y sus 14 trabajadoras subrogadas al régimen laboral municipal.

La sentencia de este lunes resuelve el recurso planteado por la CEOE y la Delegación del Gobierno contra la municipalización del 010, que el Consistorio adoptó en febrero de 2017, pero el responsable municipal de Servicios Públicos, tras consultar con la asesoría jurídica municipal, ha decidido mantener la situación laboral de las trabajadoras del 010, cuya labor es gestionada por el Ayuntamiento y es quien se hace cargo también de sus nóminas.

La jueza del Contencioso número 4, Conchita Gimeno Gracia, sostiene que “la decisión de subrogar a las trabajadoras no le vino impuesta por ninguna circunstancia ajena a su propia voluntad” y por lo tanto considera que la municipalización no estaba justificada.

Frente a ello Cubero aduce que la circunstancia sobrevenida era que la empresa que gestionaba el servicio había decidido cesar en su actividad “y por tanto peligraban los 14 empleos de las trabajadoras del 010. Así que estaba totalmente justificada la intervención municipal para garantizar la continuidad del servicio y el mantenimiento del empleo”.

Sentencia firme y sentencia recurrible

Cubero se ha mostrado muy crítico con la sentencia de la jueza a la que ha denominado en tono crítico como “la señorita o señora Conchita”, con la que se ha mostrado en completo desacuerdo, y ha insistido en que la decisión judicial que prima “por ser ya firme” es la del juzgado de lo Social, que ratificó la municipalización.

No obstante, el Ayuntamiento de Zaragoza va a recurrir la sentencia del Contencioso-Administrativo al tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), “no por mitigar sus efectos, que son inexistentes, sino por defender la política de municipalización de servicios”, ha puntualizado Cubero.

El concejal ha insistido en que la decisión adoptada por el Consistorio “fue la correcta y lo único que buscó fue defender los intereses de las trabajadoras, quienes se iban a la calle si no actuábamos, y el mantenimiento de un servicio muy demandado por la ciudadanía”.

Intereses de los poderosos

Cubero ha asegurado que la decisión de la magistrada Gimeno Gracia “me importa un carajo, porque yo defiendo a los trabajadores” y considera el fallo una cesión a los intereses de la CEOE, “a los intereses de los poderosos”.

El concejal ha añadido que el próximo viernes llevará al Pleno municipal el expediente relativo a la incorporación a la plantilla municipal de las trabajadoras del 010 y ha advertido a la oposición de que si votan en contra, lo estarán haciendo “contra los intereses de las trabajadoras y a favor de los poderosos, con las consecuencias legales que eso pueda tener”.

Respecto a la petición formulada por el grupo de Ciudadanos de que el gobierno municipal recabe un informe jurídico sobre la situación legal del 010 tras la nueva sentencia, Cubero ha dicho que no tenía inconveniente en hacerlo, al tiempo que ha reclamado a la oposición colaboración en la defensa del empleo en el 010.

La Audiencia Nacional anula el proyecto de construcción del contestado embalse de Biscarrués

Cabecera de la manifestación en Zaragoza contra el embalse ahora frustrado por la Justicia

La Audiencia Nacional ha anulado el proyecto de construcción del embalse de Biscarrués, en el río Gállego (Huesca), porque la obra afectaría “significativamente la ecología del río” y no cuenta con los estudios medioambientales y de interés público pertinentes. Los jueces paralizan  de momento (la sentencia es recurrible ante el Supremo) un proyecto que habría cercenado la vida social y económica de la comarca de La Galliguera, dependiente en gran medida del río en estado natural y en torno al que han surgido numerosas iniciativas que de forma directa e indirecta dan trabajo a unas 500 personas.

En dos sentencias, recurribles ante el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso estima los recursos contra el embalse de tres municipios afectados (Biscarrués, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego) y cinco asociaciones ecologistas, que denunciaban una obra destinada a aumentar el regadío del Alto Aragón y que habría inundado parte de los tres términos municipales y anegaría el río Gállego.

El proyecto del embalse de Biscarrués cuenta desde hace años con una firme oposición por parte de numerosas entidades sociales y políticas, además de la de los habitantes de La Galliguera, quienes recientemente protagonizaron una multitudinaria manifestación de protesta en Zaragoza.

El tribunal considera que con esta obra se vulnera la directiva europea del agua aprobada en el año 2000 y concluye que no tiene “estudios sobre el impacto en las masas de agua afectadas por el embalse” ni existen las “evaluaciones necesarias” acerca de “la declaración de impacto medioambiental”.

Proteger la salud, la seguridad y el medio ambiente

El proyecto, que afecta a espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000 y a especies protegidas, está presupuestado en unos 100 millones de euros y fue aprobado por la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente el 14 de febrero de 2012 en una resolución que ahora anula la Audiencia Nacional.

“Nos encontramos ante una presa de 45 metros de altura, lo que rompe la continuidad del río, afectando a su ecología. Y el embalse de 14 kilómetros de longitud, aunque se señale que la mayoría del tiempo sea solo de 5,7 kilómetros, cambiará significativamente la ecología del río, que pasaría de ser un sistema de agua corriente a ser un depósito”, exponen los jueces.

El tribunal explica que antes de aprobar la construcción se tenía que haber hecho un estudio concreto y no solo “una mera declaración en abstracto” sobre el interés público de la obra, que se tendría que basar en un análisis “científico detallado y específico de ese proyecto”.

Según los jueces, no existe además un “informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental, así como un estudio específico de la recuperación de costes y las correspondientes revisiones previstas en la ley”.

En este sentido, aluden a la premisa impuesta por la Comisión Europea de que el interés público se cumple cuando el cambio en las masas de agua es necesario para proteger valores fundamentales para la vida de los ciudadanos como la salud, seguridad y el medio ambiente.

Tractor y manifestantes contra el embalse de Biscarrués en Huesca

Deterioro del río

Uno de los motivos que han impulsado la construcción del embalse es, según recogen las sentencias, la sequía del 2005 que generó “90 millones de euros” en pérdidas. Además, se fijó como objetivos del proyecto evitar las inundaciones y “aumentar la disponibilidad de agua de regadío” mediante una reserva adicional.

Sin embargo, el tribunal cree que, “a pesar de las medidas correctoras previstas por la promotora y las impuestas por la declaración de impacto ambiental”, la construcción del embalse generaría un “deterioro” en algunas masas de agua del río.

Según los jueces, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “no contiene todos los estudios y evaluaciones necesarios antes de decidir acerca de la evaluación de deterioro del estado de las masas de agua superficiales afectadas”.

La sentencia califica de “muy contundente” un informe en el que se expone que la DIA “no aporta medidas para asegurar el cumplimiento de los objetivos medioambientales para masas de agua”.

Y añade que “los caudales de mantenimiento previsto” no se adaptan a los procedimientos y metodología pertinentes, ni se ha tenido en cuenta las instrucciones fijadas por la Instrucción de Planificación Hidrológica, “para fijar los caudales máximos, mínimos y tasas de cambio”.

Por todo ello, el tribunal declara “nulas” las resoluciones recurridas que pretendían sacar adelante el proyecto del embalse de Biscarrués en tanto que “infringen” la legislación española y la directiva europea.

Satisfacción entre los ecologistas por la sentencia

Las principales organizaciones ecologistas han expresado su satisfacción por la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la construcción del embalse de Biscarrués.

Las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han “celebrado” el fallo en ese sentido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que anula el anteproyecto de construcción y la declaración de impacto ambiental del embalse de Biscarrúes.

En una breve nota de estas cinco organizaciones conservacionistas se señala que la decisión de la Audiencia Nacional ha surgido tras la interposición de recursos por parte de las cinco organizaciones y de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos.

“Las organizaciones están estudiando el fallo para determinar en qué medida afecta al actual proyecto de construcción del embalse y publicarán sus valoraciones en cuanto sea posible”, señala la nota que han enviado a los medios de comunicación.