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Los patinetes salen de las aceras esta Semana Santa

La ordenanza municipal que regula el tránsito y estacionamiento de los patinetes verá la luz de manera inicial durante la próxima Comisión de Urbanismo y Sostenibilidad, que se celebrará el próximo miércoles, 17 de abril.

Tras las conversaciones mantenidas con estos grupos, el Gobierno de Zaragoza en Común se ha mostrado dispuesto a apoyar los votos particulares de PSOE y Ciudadanos, han informado desde el Consistorio en una nota de prensa.

De esta forma, y con el apoyo al texto que Chunta Aragonesista ya había mostrado, existe mayoría suficiente para que en la comisión de Urbanismo del próximo día 17 quede aprobada esta ordenanza, han informado fuentes municipales.

En concreto, el PSOE ha propuesto que a los efectos de determinar el número de carriles por sentido de circulación queden excluidos los carriles de autobús y taxi.

Además, han solicitado que se evalúe anualmente la evolución del uso y de las tipologías de VMP, así como de las necesidades de señalización, mantenimiento e infraestructuras viarias adecuadas para este tipo de vehículos.

Apoyo del PSOE

El PSOE ha confirmado este viernes en un comunicado que apoyará esta ordenanza para evitar que haya un “vacío legal” y para propiciar criterios de seguridad, aunque ha reclamado la unificación de toda la normativa municipal que tiene que ver con la movilidad.

El voto particular presentado por Ciudadanos exige que los vehículos de movilidad personal cuenten con la homologación pertinente para el transporte de pasajeros y mercancías.

La norma referente a los conocidos como vehículos de movilidad personal (VMP) determina que los patinetes podrán circular por los carriles bici y por calzadas con limitación de velocidad a 30 km/hora o menor y descarta la circulación por las aceras.

La otra gran novedad de la ordenanza es que el aparcamiento se deberá realizar en las mismas condiciones que las bicicletas para los patinetes de tipo “A” -los más extendidos- y en las mismas que ciclomotores y motocicletas para los de tipo “B”, que son los más potentes.

La nueva ordenanza pretende establecer una regulación mínima sobre la clasificación y condiciones de circulación y aparcamiento de los VMP, a la espera de contar con un marco normativo estable y común de carácter estatal.

En cuanto a la clasificación, el proyecto se remite transitoriamente a la establecida por la Dirección General de Tráfico en su instrucción de noviembre de 2016, a la espera de que el mismo organismo la modifique o la actualice.

Aprobado el Plan de Movilidad que prevé un impulso del transporte público y la peatonalización

Tras casi tres años de debates y aportaciones de entidades sociales y ciudadanas, el Gobierno municipal ha aprobado en la recta final de legislatura el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que establece las pautas por las que se ordenará el trasiego de personas y vehículos por la ciudad en los próximos ocho años. El plan prevé un fuerte impulso del transporte público (incluida la línea 2 del tranvía), una ampliación de las zonas peatonales y una ralentización y reducción del tráfico urbano, sobre todo en el Centro, adonde no podrán entrar vehículos contaminantes en 2027.

El transporte público y el peatón son los ejes sobre los que se estructura el nuevo PMUS, que nace sin consenso político y por tanto su aplicación real estará supeditada a la composición de la nueva Corporación que surja de los comicios del 26 de mayo.

Más del 70% de las inversiones previstas en el Plan van dirigidas al refuerzo del transporte público, donde se contempla incluso una tercera línea del tranvía desde Torrero a Santa Isabel, además de una profunda remodelación de las líneas de autobús urbano, cubiertas por vehículos eléctricos o cuando menos híbridos. “Se acabó la era diésel en el transporte público de Zaragoza”, ha sentenciado el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, en la presentación del PMUS.

Dentro también del impulso al transporte público, el Plan prevé la incorporación de taxis de uso colectivo.

Modificaciones viarias y urbanísticas

Muñoz ha destacado también que el Plan incorpora un amplio abanico de modificaciones urbanísticas y de ordenación viaria en numerosas calles de la ciudad.

La estrategia es que los desplazamientos de vehículos entre barrios se realicen por los cinturones y por vías de alta capacidad, mientras las vías secundarias serán declaradas de tráfico calmado a 30 km/h de velocidad máxima o serán directamente peatonalizadas o semipeatonalizadas.

Para este cometido el Plan prevé inversiones de 18 millones de euros en pacificación de calles y 13 millones en peatonalización. Muñoz ha asegurado que “todos los barrios dispondrán de vías de velocidad calmada”, de manera que por toda la ciudad proliferen los “entornos peatonales seguros”.

El objetivo final es reducir de forma drástica la presencia de vehículos particulares en las calles zaragozanas, en especial en el centro de la ciudad, cuya manzana central (desde el denominado segundo cinturón hacia plaza Paraíso-plaza España) se irá reduciendo el tráfico de vehículos contaminantes hasta prohibirlos totalmente en 2027.

Únicamente podrán acceder a esa área vehículos eléctricos, híbridos y de gas, (además de residentes y comerciantes) con el objetivo de cumplir los objetivos marcados por la UE de “eliminar el tránsito de tráfico privado por el centro de las ciudades si es contaminante y de, en todo caso, reducirlo al máximo”.

Catorce estrategias

El PMUS está formado por catorce estrategias y una memoria económica y abarca todos los aspectos de la movilidad en Zaragoza, desde el transporte público a la movilidad en automóvil, peatonal o en bicicleta, pasando por aspectos como la movilidad eléctrica, la accesibilidad, la intermodalidad o las tecnologías de transporte inteligente.

Dentro de las 14 estrategias contempladas en el PMUS, también se incluye la potenciación de los desplazamientos en bicicleta, con un notable incremento de los carriles bici, además de los denominados Vehículos de Movilidad Personal (VMP), patinetes y otros medios similares.

Para desarrollar la amplia serie de medidas viarias y urbanísticas, el PMUS contempla dos escenarios presupuestarios. El primero, denominado ‘conservador’, asciende a 548 millones de euros y no incluye la tercera línea del tranvía. El segundo, denominado ‘optimista’, sí incorpora la realización de la tercera línea y su presupuesto supera los 700 millones.

Pendiente de la aprobación del INAGA

Muñoz ha explicado que ahora el PMUS no debe someterse a la aprobación del Pleno municipal porque “no establece normas de obligado cumplimiento. Son propuestas, un marco general de actuación”, aunque sí está pendiente de su revisión y aprobación por parte del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).

Por otro lado, aunque una vez logrado el visto bueno del citado organismo el Plan puede ser ya aplicado, seguirá pendiente de la aprobación de unos nuevos presupuestos municipales que permitan la financiación de las medidas contempladas en el mismo.

Además, ha advertido Muñoz, la aplicación del PMUS dependerá de “la voluntad política” del gobierno municipal de turno y de las posibilidades presupuestarias. A este respecto ha puesto como ejemplo que la línea 2 del tranvía se contemplaba en el anterior Plan, pero no se ha ejecutado.

Aprobada por unanimidad la Ley de Discapacidad para impulsar un Aragón más accesible e inclusivo

El último pleno ordinario de la legislatura de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves por unanimidad la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, una norma transversal para garantizar la igualdad de oportunidades con especial incidencia en el empleo.

La norma, a través de sus doce artículos, reorienta las actuaciones públicas garantizando su transversalidad, pone el acento en el reconocimiento de las capacidades diferentes y da prioridad a las políticas de empleo dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades. Velará por una educación inclusiva mediante la elaboración de un censo de alumnado con discapacidad y garantizando la accesibilidad de los centros. Establece medidas contra la discriminación y avanza en atención infantil temprana coordinando los ámbitos de Salud, Educación y Servicios Sociales.

Máximo consenso

Los grupos parlamentarios se han congratulado del consenso alcanzado en torno a esta Ley, uno de los pocos textos que han salido adelante con el máximo consenso tras un trabajo en ponencia en el que se admitieron el 93 por ciento de las 435 enmiendas presentadas por los grupos, ha destacado la coordinadora, la socialista Pilar Zamora, quien ha enfatizado que es una ley no sólo importante para las personas con discapacidad, sino para el conjunto de la sociedad porque persigue garantizar los derechos y propiciar una sociedad inclusiva.

Una ley pionera que va más allá de lo regulado por otras comunidades, ha agregado, que responde a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, que tiene que ver con un modelo de convivencia frente a los que excluyen al diferente y que es el “broche de oro” a una legislatura caracterizada por políticas sociales.

Porque ha sido el Gobierno PSOE-CHA, tomando como base un protocolo firmado con CERMI, el que ha remitido a las Cortes el proyecto de ley frente a otros que tuvieron la oportunidad y no lo hicieron.

Garantizar derechos

Sin embargo, para la diputada del PP Marian Orós, se trata de una norma que se presentó “tarde y mal” después de tres años de reivindicaciones, a finales del año pasado, y sin las aportaciones de las entidades y sin memoria económica, aunque gracias al esfuerzo de todos se ha pactado un texto que garantiza los derechos de las personas con discapacidad “huyendo de paternalismos” y obliga a remover los obstáculos para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

Desde Podemos, Raúl Gay ha insistido en que los derechos no se promueven, sino que se garantizan y defienden “con uñas y dientes” y ha subrayado que ésta no es una ley más, aunque ha lamentado que queden en el limbo una dirección general de la discapacidad que podría coordinar todos los ámbitos desde el gobierno y la figura concreta del mediador laboral ante tasas de desempleo “vergonzosas”.

Elena Allué, del PAR, ha asegurado que se trata de una ley fundamental, hecha para que permanezca en el tiempo y no solo para reconocer derechos, sino de garantías, en especial para el empleo, y no sólo público con una reserva del 8 %. En este sentido, ha advertido de que de las 100.000 personas con discapacidad en Aragón, el 65 por ciento son mujeres y sólo 16 % de ellas tiene empleo, y la desigualdad es también la base de la violencia de género.

Incidencia especial en el empleo

Desirée Pescador, de Ciudadanos, tras incidir en que sacar adelante este texto no ha sido tarea fácil, ha destacado su carácter transversal, al actuar en materia de sanidad, educación, vivienda o empleo, con especial sensibilidad hacia las niñas y las mujeres, con un plan de acción integral.

Patricia Luquin, de IU, también ha resaltado el acuerdo en esta ley, porque es fundamental para garantizar derechos, con recursos, teniendo en el empleo la “espina dorsal” para garantizar la independencia económica de las personas con discapacidad e incluyendo un régimen sancionador con multas de entre 300 euros para infracciones leves y un millón, para las muy graves, porque debe calar en al sociedad que “nadie es más que nadie”.

Finalmente, Gregorio Briz, de CHA, ha celebrado para las entidades sociales que trabajan por las personas con discapacidad la aprobación de esta ley, que es el “colofón” a la actuación del Gobierno aragonés a lo largo de la legislatura ante la demanda social de “pacto de estado”, como supone esta legislación, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad (en la imagen superior, representantes de las asociaciones de discapacitados, a las puertas de las Cortes).

Nueva huelga en el autobús urbano con paros parciales que comienzan esta tarde del miércoles a las 18h

Los trabajadores del autobús urbano han decidido en referéndum celebrado este martes 19 de marzo iniciar una nueva serie de paros parciales para reivindicar una mejoras en sus condiciones laborales, que tras meses de negociaciones con la empresa Avanza, concesionaria del servicio, no han logrado concretar. El resultado de las votaciones en la plantilla de Avanza ha sido de 354 votos a favor de la huelga por 258 en contra. La movilización comienza esta tarde del miércoles 20 de marzo, con un paro de 18:00h a 22:00h.

La huelga se retomará el viernes 22, aunque este día los paros serán por la mañana y abarcarán desde las 8:00h a las 12:00h.

Tanto en una como en otra jornada las horas de huelga corresponden a tramos punta en el uso del transporte público, por lo que las afecciones a los usuarios serán importantes, pese a los servicios mínimos decretados por el Ayuntamiento del 40% de la flota, por lo que el servicio empeorará y las esperas en las paradas se alargarán.

Ajustado margen a favor de la huelga

En el referéndum de ayer (en la imagen superior, empleados de Avanza votando) el 56,37% de los trabajadores votantes respaldaron los paros(354 votos de los 628 emitidos, si bien el censo de la plantilla es de 1.143 empleados). Un 41,08% se mostró contrario a la propuesta (258 sufragios) y también se contabilizaron 12 votos en blanco y 4 nulos.

La nueva huelga en el bus urbano de Zaragoza debería haber comenzado la pasada semana, según el calendario propuesto por el comité de empresa, pero los representantes de los trabajadores decidieron aplazar una semana los paros para seguir desarrollando negociaciones con Avanza y con el propio Ayuntamiento.

No obstante,  los encuentros celebrados el pasado lunes 18 de marzo no dieron fruto alguno y las posturas entre ambas partes siguieron distanciadas por lo que este martes se ha convocado a la plantilla a un referéndum para votar el inicio de los paros.

La huelga irá acompañada de otro tipo de movilizaciones, como la manifestación que a las 19:00 horas de este miércoles recorrerá el paseo Independencia desde plaza España a plaza Aragón.

Cuadro de marchas

Las diferencias entre trabajadores y empresa que han provocado la enésima huelga en el autobús urbano de Zaragoza hacen referencia al cuadro de marchas que los trabajadores consideran demasiado exigente y en algunos casos imposibles de cumplir, sobre todo, en las líneas con mucha demanda, como la 23, 24, 39 y las dos circulares.

En relación con los cuadros de marcha, el comité de empresa también reclama la retirada de los expedientes abiertos por la empresa a trabajadores por incumplimiento de esos ritmos que se consideran inapropiados.

También denuncian los sindicatos desacuerdos con la empresa en otras cuestiones relativas al estado de los vehículos, a las rampas de los buses que recientemente inspeccionó el Ayuntamiento u otros problemas sobre los espejos interiores y los chivatos rojos de emergencia.

ZeC, PSOE y CHA conversan sobre el presupuesto, que Rivarés confía en aprobar la próxima semana

Zaragoza en Común (ZeC) considera asumibles muchas de las 220 enmiendas presentadas por el PSOE a los presupuestos municipales. La principal dificultad estriba en el Plan de Vivienda, al que se oponen los socialistas, pero que ZeC está dispuesto a modificar. Los contactos de este grupo con CHA van más avanzados, por lo que el concejal de Hacienda, Fernando Rivarés (ZeC), espera que el próximo 15 de marzo se produzca en comisión la aprobación provisional de las cuentas municipales.

Rivarés ha precisado este jueves 7 de marzo que tras el estudio pormenorizado de las enmiendas presupuestarias del PSOE, han concluido que muchas de ellas son asumibles y ha subrayado que en ningún caso el gobierno municipal de ZeC contempla la posibilidad de que no haya presupuesto. “No me entra en la cabeza”, ha insistido de forma gráfica el concejal de Economía.

La principal diferencia entre ZeC y PSOE estriba en el Plan de Vivienda 2018-2023 auspiciado por la plataforma progresista y respaldado por 33 entidades sociales de la ciudad, que los socialistas rechazan y al que CHA ya ha otorgado su apoyo.

Rivarés ha señalado al respecto que el concejal de Vivienda, Pablo Híjar (ZeC), “lleva dos años negociando con los socialistas el Plan. Él ha cedido, pero el PSOE no se ha movido un milímetro”.

Optimista

A ese respecto, el concejal de Hacienda ha insistido en rueda de prensa tras la sesión del gobierno municipal (foto superior de zaragoza.es) en que el acuerdo sobre los presupuestos depende de que “los tres grupos implicados cedamos en nuestras posiciones. No puede ser que alguno pretenda imponer sus postulados a los otros dos”, en clara alusión a lo que desde ZeC se considera una postura intransigente por parte de los socialistas.

No obstante, Rivarés se ha mostrado optimista sobre el curso de los contactos y confía en que la próxima semana los tres grupos de izquierda alcancen un acuerdo sobre el presupuesto municipal, que demandan con insistencia las entidades sociales de la ciudad. Un acuerdo que “debe preservar la esencia programática de los tres grupos de izquierda que pueden respaldar el presupuesto”, ha sentenciado el portavoz del gobierno municipal.

El concejal de Hacienda ha informado de que mantiene contactos diarios desde hace varios días con el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, y que desde este miércoles los ha iniciado con el concejal del PSOE Javier Trívez, con quien “voy a mantenerlos también a diario”, aunque por ahora no hay fijada ninguna cita negociadora entre los tres grupos que pueden otorgar el visto bueno al presupuesto municipal de 2019.

Los vecinos reclaman que se apruebe cuanto antes la nueva ordenanza sobre ruido

La Plataforma de afectados por el ocio nocturno en Zaragoza ha instado este viernes al Ayuntamiento de la capital aragonesa a seguir adelante con la nueva ordenanza contra la Contaminación Acústica de Zaragoza por las consecuencias positivas que tiene para la ciudad y para que se apruebe en abril.

Esta plataforma, integrada por las asociaciones Escuela y Despensa, Lanuza, La Harta, La Huerva, Las Cuatro Plazas, Stop Ruido Casco Histórico y Vía Romana, ha comparecido por primera vez en rueda de prensa tras su constitución para afrontar el grave problema que provoca el ruido del ocio nocturno en la ciudad y para exponer su postura ante la nueva ordenanza de Zaragoza, en periodo de exposición pública.

Una normativa a la que la organización, como ha explicado Miguel Morte, ha aportado alegaciones durante todo el proceso participativo y que ahora “no se puede reducir al interés de los hosteleros o de la ciudadanía” en alusión a las críticas que desde el sector hostelero se ha lanzado contra la ordenanza y que piden paralizar.

En este sentido, desde esta organización se ha advertido que los bares “no tendrán que gastar ni un euro en reformas y si lo hacen es porque no cumplen la ley actual, no porque las normas las ponga ahora la ordenanza”, al recordar que existe una ley de rango superior, la estatal, de 2001, a la que la de Zaragoza está obligada a adaptarse.

Apelaciones a la hostelería

Desde Stop Ruido, su presidente, Antonio Pérez, ha subrayado que solo es una parte pequeña de la hostelería la que produce el daño y a la que hay que pedirle “respeto”, de ahí que la nueva normativa les reconozca como “responsables solidarios”.

Por eso, al portavoz de Escuela y Defensa, Pedro Martínez, le genera “inquietud” al tiempo que califica de “barbaridad” que el sector hostelero pida la paralización de la ordenanza cuando además, a juicio de Antonio Pérez, estos locales son el “germen” del ruido porque “cuando están abiertos hay ruido y cuando están cerrados, no”.

Entre los argumentos que utiliza esta organización para dar una solución al problema del ruido, que, recuerdan, lleva 40 años sin solución, figuran la vulneración del derecho a la vida privada, a la salud, a la protección contra la contaminación acústica y a la inviolabilidad personal y familiar que establece la Constitución y a la relación directa que existe entre el ruido exterior y la actividad de los locales de ocio.

Medición de ruido

Para demostrar sus argumentos, la plataforma ha recurrido a la medición del ruido que se produce en determinadas calles con una empresa homologada que ha constatado que en las calles Mayor, Espoz y Mina y Cuatro de Agosto, donde se han instalado los sonómetros, entre el 44 y 52 % de las noches los valores se sitúan por encima del máximo establecido en los objetivos de calidad ambiental y está generando un “problema de salud pública”.

Por su parte, la asociación vecinal Lanuza Casco Viejo ha decidido iniciar una campaña de información para advertir a los usuarios de las actividades entorno al Centro de Música Las Armas del problema sanitario que les supone el ruido y suciedad que se genera.

Todas estas organizaciones consideran un avance la nueva normativa y piden además la necesidad de declarar el distrito del Casco Histórico como zona de especial protección, estudiar la declaración de zonas saturadas y buscar un nuevo modelo de ocio.

PP, PSOE y CS aprueban la rebaja del impuesto de plusvalía

La Comisión de Economía ha aprobado este viernes rebajar el impuesto de plusvalía con el apoyo de PP, PSOE y CS. La proposición normativa bonificará el 95% las plusvalías de herencias con vivienda habitual y negocios que se traspasan dentro de la familia.

Respecto a las herencias de otro tipo de bienes, el nuevo texto fija una bonificación del 20%, siempre que su valor sea inferior a los 150.000 euros (en la foto superior, mostradores para el pago de tributos y tasas en el edificio Seminario).

El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha destacado que es “un día para estar satisfechos” y ha añadido que con este acuerdo “se demuestra que la política sirve para mejorar las cosas”.

“Cuando hay una buena idea encima de la mesa se pueden llegar a acuerdos”, ha resaltado y ha agradecido a Partido Socialista y Ciudadanos por dar sus votos a esta idea.

“Hemos hecho una oposición contundente al peor equipo de gobierno de la historia y lo hemos hecho con buenas propuestas encima de la mesa”, ha subrayado y ha recordado que también fue del Partido Popular la idea de la gratuidad en el autobús para menores de 8 años, una medida recientemente aprobada por Zaragoza en Común.

Asociaciones vecinales alertan del “daño irreparable” para entidades sociales por falta de presupuesto

La Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) y la Unión Vecinal Cesaraugusta han alertado del daño, “irreparable en algunas ocasiones”, que la falta de presupuesto municipal genera entre las múltiples entidades sociales, asociaciones vecinales, deportivas, culturales, de discapacitados y ampas, entre otros colectivos.

Ambas entidades han recordado que todos los grupos municipales son conscientes de ese daño que causaría la ausencia de presupuesto en el Ayuntamiento de Zaragoza para este ejercicio, por lo que les han instado a los 31 concejales a “algo tan sencillo como que se sienten para hablar sobre el presupuesto municipal”.

Labor social amenazada

El presidente de la Unión Vecinal Cesaraugusta, José Luis Rivas, y el presidente de la FABZ, Manuel Arnal, han recordado que el pasado 1 de febrero dieron lectura, durante el pleno municipal (foto superior), a un manifiesto consensuado entre 13 las federaciones y coordinadoras de entidades que representan al tejido social y vecinal de la ciudad.

En su intervención, José Luis Rivas, en representación de cerca de quince colectivos y entidades sociales, aportó el dato de que estos organismos sociales atienden a más de 100.000 personas y la falta de presupuesto “pondría en riesgo dicha intervención inabarcable por los servicios públicos”.

Rivas relató que el trabajo se hace por técnicos y profesionales y no tener presupuesto “obligaría a carecer de ellos y el tercer sector genera miles de empleos que no pueden ser sustituidos por voluntarios”.

Incomprensible

Por ello, instó a que todos los grupos actúen de forma “responsable” con la ciudadanía y aprueben los presupuestos que den continuidad a las acciones de las entidades sociales.

“Ni comprendemos ni compartimos que el acuerdo en este asunto no haya sido posible cuando a lo largo de esta legislatura se ha llevado una línea continuista”.

Rivas abundó en que aprobar los presupuestos garantizará una “mínima estabilidad ante la incertidumbre en la que las personas más vulnerables estarían en peligro y se socavaría el tejido social”.

Finalmente, exigió al Gobierno de ZeC la ejecución de las partidas presupuestarias en los tres primeros meses del año y la convocatoria de todas las subvenciones al abundar en que “afecta a todo el tejido asociativo de Zaragoza y no solo a las entidades”.

Los pliegos para adjudicación del mantenimiento de parques primarán la calidad del servicio

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este jueves 32 de enero los pliegos de condiciones para el mantenimiento de los parques y zonas verdes del sector I de la capital aragonesa (toda la Margen Derecha) en los que se primarán para la adjudicación del servicio la calidad de la prestación frente a la oferta económica pura y dura.

Tras su reelaboración tras varios recursos al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), los nuevos pliegos también recogen un incremento de la cuantía de las sanciones por los incumplimientos más graves que se puedan producir por parte de la empresa, que se multiplican por 10 para posibilitar castigos que podrían alcanzar hasta los 300.000 euros (en la imagen superior, un inspector revisa una zona del Parque Grande Labordeta).

El nuevo contrato, que saldrá con un presupuesto base de licitación de 56.391.089 euros (IVA incluido) para cuatro años de contrato, incluye reivindicaciones históricas que garantizarán el empleo y mejoras en las condiciones laborales de la plantilla como la elaboración de planes de igualdad y conciliación familiar.

Parques más significativos

Además de la imposibilidad de realizar contrataciones vía empresas de trabajo temporal; la creación de una bolsa de empleo para que las contrataciones se aproximen a los criterios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el las administraciones públicas y la implantación de planes de vigilancia de la salud y evaluación de riesgos laborales, entre otros aspectos.

Algunos parques significativos que entran dentro de este contrato de conservación son el Parque Grande José Antonio Labordeta, el Parque Pignatelli, el Parque Bruil, el Parque Torre Ramona, Ciudad Universitaria y el Parque La Paz.

El Plan de Vivienda que respalda el tejido social vuelve a topar con el desacuerdo de los grupos políticos

Mientras el tejido social y vecinal de la ciudad se vuelca en favor del Plan de Vivienda 2018-2023, las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento de Zaragoza mantienen sus discrepancias sobre el proyecto, que prevé inversiones por 72 millones de euros para construcción de nuevas viviendas públicas (más de 300) y rehabilitación de otras (más de 800) con criterios medioambientales. El desacuerdo político amenaza con bloquear la iniciativa, que ha sido respaldada por 33 entidades zaragozanas de todo tipo y signo ideológico.

El Pleno municipal de este viernes 21 de diciembre ha debatido sobre el proyecto de vivienda y sobre la financiación del 50% del mismo mediante un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI), un préstamo que necesita de la aprobación del órgano municipal para aplicarse. El alcalde, Pedro Santisteve, y el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, han introducido en el orden del día una proposición sobre la aprobación del citado crédito por parte del BEI.

Santisteve ha recordado que a lo largo de la semana se ha reunido con los portavoces de los grupos municipales para debatir sobre el plan, que a su entender pondría a la ciudad “a la cabeza en cumplimiento de nuevas normativas ecoeficientes y en construcción de viviendas públicas de calidad”, por lo que todos los grupos podrían respaldarlo “y lograr un consenso político que debería sumarse al consenso social”.

El alcalde ha asegurado que el plan no supondría la estrangulación financiera de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, encargada de desarrollarlo, y ha dicho que como mucho afectaría al 32% de su presupuesto.

Críticas

Las conciliadoras palabras del alcalde han topado con las críticas de los restantes grupos municipales. Hasta el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, que se ha mostrado abiertamente partidario de respaldar el plan, ha criticado que ZeC lo hubiera traído a debate plenario este viernes, “cuando ya fue aprobado en el mes de mayo por el gobierno municipal”.

Asensio ha acusado a ZeC de actuar en solitario con un proyecto que “debería enriquecerse con las aportaciones de todos los grupos” y ha expresado su sospecha de que ZeC no lo habría traído a pleno si no fuera porque el crédito del BEI necesita de la aprobación del órgano de representación municipal.

Todos los grupos municipales han reprochado al gobierno de ZeC la falta de información sobre pormenores del Plan de Vivienda y por ello consideraban inoportuno debatir este viernes sobre el mismo.

En esa línea se ha expresado la concejala de Ciudadanos Cristina García (“estoy alucinada, esto es absurdo”), para posteriormente acusar a ZeC de “no querer aprobar un proyecto de ciudad, que debería salir por unanimidad, pero se niegan a negociar con los restantes grupos municipales”.

“Engaño” al BEI

El portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, además de reprochar también la oportunidad del debate plenario, ha entrado a criticar de nuevo, como lleva haciendo su grupo desde hace varias semanas, determinadas cifras del proyecto.

Anadón ha acusado a ZeC de haber “engañado” al BEI con los datos del plan y ha insistido en que las viviendas nuevas pueden salir por unos 170.000 euros y no por los 115.000 que apunta el gobierno municipal. El concejal socialista ha asegurado que esas cuantías son insostenibles y ha vuelto a criticar las condiciones del préstamo del BEI, que a su entender hipotecarían las cuentas municipales.

El portavoz socialista se ha mostrado partidario de un plan de promoción de vivienda pública con criterios ecoeficientes, pero considera que el presentado por ZeC es “poco realista”, para a continuación ponerse a disposición de negociar sobre el plan, “pero no para que ZeC se apunte un tanto electoral, que es lo único que pretende”.

Las diferencias entre socialistas y la coalición progresista han vuelto a subir de tono y el concejal de Vivienda, Pablo Híjar (ZeC), ha calificado de “infantil” la acusación de que hubieran engañado al BEI, además de seguir insistiendo en que el coste de los pisos se situaría en torno a los 115.000 euros, según los cálculos efectuados por los técnicos municipales.

Híjar ha acusado a los socialistas de no mantener criterios uniformes respecto al proyecto de vivienda en Zaragoza, y ha asegurado que la secretaria estatal de Vivienda, con quien mantuvo un encuentro recientemente, no sólo respaldaba el plan sino que lo ponía como ejemplo para otras ciudades.

Optimismo de Híjar

El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha acusado a ZeC de querer visibilizar sus diferencias con el PSOE en torno al plan y ha asegurado que éste no va a salir adelante por el enfrentamiento entre los grupos de izquierda.

A este respecto, Híjar se ha mostrado más optimista y ha abogado por continuar las negociaciones para lograr el entendimiento entre los grupos de izquierda “y alguno de la derecha”, en referencia a Cs, de forma que pueda ser refrendado en el pleno del próximo mes de enero.

El concejal de ZeC ha insistido en que éste no era su plan, sino una iniciativa compartida “por todos los agentes que intervienen en las políticas públicas de vivienda”, para apostillar que todos los grupos deberían sumarse a un proyecto que va a solucionar los problemas de vivienda de 1.150 familias zaragozanas (en la foto superior, vecinos de viviendas sociales del Actur, que se verían beneficiadas por las rehabilitaciones previstas en el Plan 21018-2023, reclaman esas actuaciones para mejorar sus pisos).

Híjar ha subrayado su optimismo sobre las posibilidades de sacar adelante el proyecto con acuerdo municipal y ha insistido en que “todos los planteamientos que han expuesto hasta ahora los grupos municipales son asumibles, por lo que podemos aprobar el plan en enero”.