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La exalcaldesa de La Muela, condenada a 16 años de cárcel por once delitos de corrupción

La Audiencia de Zaragoza ha condenado a la excalcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla, del PAR, a penas que suman más de 16 años de prisión y a multas por 8,4 millones de euros por once delitos de corrupción cometidos mientras ejercía como máxima responsable municipal en su localidad.

En su sentencia, hecha pública este miércoles 3 de julio por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, los magistrados condenan, asimismo, a otros seis acusados relacionados con las irregularidades urbanísticas y adjudicaciones fraudulentas imputadas a Pinilla a penas de entre 6 años y 7 meses y multas.

El tribunal absuelve a María Victoria Pinilla de un delito de tráfico de influencias y le condena por once delitos, diez de ellos como autora: continuado de cohecho pasivo (3 años de prisión), continuado de blanqueo de capitales (2 años de prisión), contra la Hacienda Pública (18 meses de prisión), prevaricación, fraude a la Administración (18 meses de prisión), delito continuado de fraude a la Administración (2 años y un día de prisión), tráfico de influencias (9 meses de prisión), continuado de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones (2 años de prisión), y continuado de malversación de caudales públicos (22 meses de prisión) y uno, contra la Hacienda Pública (18 meses de prisión), como cooperadora necesaria.

Juicio repetido

María Victoria Pinilla ya fue juzgada por la Audiencia de Zaragoza en 2016 y condenada a penas de 17 años de prisión y al pago de casi 10 millones de euros de multa, aunque el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio por este caso de corrupción urbanística al entender que se vulneró su derecho de defensa al no aceptar el tribunal la renuncia de su abogado a representarla.

El Supremo no anuló, sin embargo, las condenas de quince acusados que alcanzaron acuerdos de conformidad, entre ellos Carmelo Aured, que aceptó 9 años por el cobro de comisiones, y el exmarido de Pinilla, Juan Antonio Embarba, condenado a 3 años por corrupción.

La nueva sentencia, de más de 500 páginas, no modifica sustancialmente el relato de hechos probados sobre irregularidades urbanísticas y adjudicaciones fraudulentas respecto a la exalcaldesa y al resto de participantes en los hechos.

Condenados y absueltos

Así, el tribunal condena a Antonio Fando (representante legal de Ente Gestor de Nuevas Tecnologías del Agua) a 6 años y 7 meses de cárcel, multas por 458.000 euros y 10 años de inhabilitación por delitos de corrupción, y a Julián de Miguel (administrador único de Aranade y Tudela Inmobiliaria) a 2 años y 1 día de cárcel por fraude continuado.

Además, impone 2 años y 1 día de prisión a Juan Ignacio Unsain (Construcciones Sagain) por fraude a la administración; 6 meses de cárcel a los hermanos Julio y David de Miguel (hijos de Julián de Miguel y socios en Tudela inmobiliaria); y a 8 años de inhabilitación al exconcejal de Aguas de La Muela Fernando Barba Marcén por prevaricación continuada y falsedad documental.

El tribunal absuelve, por otra parte, a Francisco Aramburu y Alberto Lozano de los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de los que eran acusados, así como a Pinilla de otro de tráfico de influencias que se le imputaba.

Indemnizaciones

Las mayores responsabilidades civiles han recaído sobre la exalcaldesa, que deberá indemnizar, de forma solidaria con el promotor Julián de Miguel e Ignacio Unsain Azpiroz, al Ayuntamiento de la Muela con 1,3 millones de euros por la venta irregular de dos parcelas, y con casi 400.000, junto a Antonio Fando y Juan Carlos Rodrigo Vela, por una subvención indebidamente recibida del Instituto Aragonés del Agua.

Además, Pinilla es condenada a indemnizar al consistorio en 2.753 euros por gastos en comida, en una óptica y en teléfono, en 16.431 euros por un viaje a la República Dominicana, y en otros 3.939 por otro viaje a Santo Domingo.

La sentencia incluye, además, el pago de indemnizaciones entre varios acusados a la Hacienda Pública (498.073 euros) y a la Agencia Tributaria por fraude fiscal (321.853 y 349.412 euros).

Alto nivel de vida

La trama de corrupción tuvo como epicentro la Sociedad Urbanística de La Muela, que presidía Pinilla y que tenía como objetivo dar mayor eficacia a la acción municipal en materia urbanística, y en la empresa Aranade, una red en la que también participaron la familia de la exalcaldesa y empresarios.

La “Reina del viento”, como se calificó a Pinilla por el gran desarrollo que los parques eólicos, pasó de ser dueña de una granja de conejos a poseer numerosas cuentas bancarias y propiedades, incluso en la República Dominicana y en la exclusiva urbanización de Sotogrande (Cádiz), coches de lujo y a vivir con un alto poder adquisitivo.

Pinilla llegó a la alcaldía en 1987 en las listas del CDS y se mantuvo, ya como candidata del PAR, hasta 2011, cargo que desempeñó y se negó a dejar durante los tres años posteriores a su detención y encarcelamiento por orden del Juzgado de Instrucción Número 1 de la Almunia de Doña Godina (Zaragoza), cuyo titular, Alfredo Lajusticia, investigó el caso.

Recurso ante el Supremo

El abogado Santiago Palazón, quien representa a la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza) María Victoria Pinilla, recurrirá la sentencia. “Vamos a recurrir en casación ante el Supremo”, ha dicho en declaraciones a Europa Press, dejando claro que “las sentencias se respetan, pero se acatan las firmes”, de forma que “el Supremo dirá lo que tenga que decir”.

“Si la palabra que definió el primer recurso que interpusimos en el Supremo fue ‘indefensión’, en este caso la palabra clave va a ser prejuicio”, ha explicado Santiago Palazón, indicando que “se afirma como algo que ya es ‘per se’ que había corrupción en La Muela y otras Administraciones del territorio nacional”, una “afirmación apriorística” porque “no hay ningún hecho probado” que acredite que Pinilla cometiera algún delito.

Para Palazón, “no hay un solo elemento probatorio o prueba que justifique la condena” de Pinilla y, “de hecho, la palabra ‘indicios’ se cita varias veces a lo largo del texto”, pero “los indicios son una cosa y las pruebas son otra”.

Ha expresado que “los indicios sirven a un juez instructor para investigar, en el juicio solo valen las pruebas plenas y, si no lo son, se aplica la presunción de inocencia y el principio ‘in dubio pro reo”.

En libertad bajo fianza

Por otra parte, Palazón ha indicado que “Pinilla tiene una serenidad sorprendente para todo, para lo bueno y para lo malo”, por lo que ha recibido la sentencia “con absoluta serenidad”.

María Victoria Pinilla se encuentra en libertad desde julio de 2009, baja una fianza que primero fue de 800.000 euros y posteriormente la Audiencia la rebajó a 150.000, a petición de Palazón, después de que el Supremo ordenara repetir el juicio.

Asimismo, Santiago Palazón ha señalado que no solo Pinilla recurrirá la sentencia y que “esto todavía no está resuelto”, añadiendo que “la justicia lenta no es justicia”.

Palazón es abogado de oficio de Pinilla. “En principio mi intervención acaba aquí”, con la presentación del recurso de casación, ha explicado, apuntando que la preparación del mismo corresponderá después “en principio” a abogados del Colegio de Madrid, aunque “otra cosa es que se tomen decisiones extraordinarias por el Colegio de Zaragoza o el de Madrid”. Ha recordado que “ella no puede contratar a nadie, no tenía fondos para pagar a abogados y procuradores”.

Un juzgado confirma el cierre de un bar por no impedir que se sacaran bebidas a la calle

El Juzgado nº2 de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza ha confirmado el cierre administrativo contra el bar “La Enagua”, situado en la zona de Moncasi, por utilizar el espacio público como ampliación del aforo del establecimiento y confirma la resolución del Ayuntamiento en la que deja sin efecto la Declaración Responsable por incumplir la obligación de no sacar bebidas a la calle.

Desde la Asociación de Vecinos y Comerciantes La Huerva se ve esta sentencia como “histórica” pues, además de reconocer el uso de la calle como ampliación del aforo del establecimiento, se incide en “el expreso deber de evitar que se saquen las bebidas para su consumo en la vía pública”.

Además, la sentencia reconoce que “bajo la apariencia de un bar, lo que en realidad se ha establecido es un local de venta de bebidas para llevar”.

Obligación del local

Este hecho es sumamente importante, pues reconoce la obligación de cualquier tipo de local, independientemente de su licencia, a establecer las medidas necesarias para que no se saquen bebidas al exterior.

El presidente de La Huerva, Carlos Monge, afirma que “es una sentencia demoledora y vergonzante para el propietario del establecimiento. En ella se reconoce su mala praxis y que faltó a la verdad en el momento de pedir la declaración responsable.

Además, también afirma que ha favorecido el consumo de alcohol en la calle de una manera consciente y sostenida en el tiempo, y que su establecimiento desarrollaba una doble actividad planificada desde el primer día en un lugar propicio para ello por su historia y por el tipo de clientela de la zona”.

Aragón Press

Las agresiones mutuas entre parejas suponen violencia machista del hombre contra la mujer

El Pleno del Tribunal Supremo (TS) ha dictado que es violencia de género toda aquella que se ejerce contra una mujer en el ámbito de la pareja o expareja, aunque sea una agresión mutua e, incluso, haya sido ella la que ha iniciado la pelea física.

En el fallo, el TS ha recalcado también que los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer en una relación afectiva de pareja constituyen “actos de poder y superioridad con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad” y constituyen un delito de violencia de género.

Así, el Supremo ha revocado una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que, tras una agresión mutua, absolvió a una pareja del delito de maltrato, y ha considerado que “no es preciso acreditar una específica intención machista debido a que cuando el hombre agrede a la mujer ya es por sí mismo un acto de violencia de género con connotaciones de poder y machismo”.

Discusión

Los hechos sucedieron en 2017, cuando una pareja inició una discusión sobre el momento en el que debían irse a casa.

Durante la discusión “se agredieron recíprocamente, de manera que la encausada le propinó a él un puñetazo en el rostro y él le dio un tortazo con la mano abierta en la cara, recibiendo él una patada propinada por ella, sin que conste la producción de lesiones. Ninguno de los dos denuncia al otro”.

La Audiencia de Zaragoza confirmó la sentencia de absolución de la pareja de un juzgado de lo penal “al no quedar acreditada la intención de dominación o machismo del hombre a la mujer”.

Pero el Ministerio Fiscal recurrió dicha absolución ante el TS al apreciar delitos de maltrato (en la imagen superior, concentración este martes 8 de enero en la plaza España contra la violencia machista).

Ahora, el Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, ha recordado que “cualquier agresión de un hombre a una mujer en la relación de pareja o ex pareja es hecho constitutivo de violencia de género”.

Y que “no existe base ni argumento legal para degradar a un delito leve una agresión mutua entre hombre y mujer que sean pareja o ex pareja, ya que no es preciso acreditar una específica intención machista debido a que cuando el hombre agrede a la mujer ya es por sí mismo un acto de violencia de género con connotaciones de poder y machismo”.

Violencia de género y violencia familiar

Probada la agresión, “el hecho es constitutivo de violencia de género y, si hay agresión mutua, como en este caso, ambos deben ser condenados, por violencia de género el hombre y familiar la mujer”, han sentenciado los magistrados.

Al hombre se le ha impuesto la pena de 6 meses de prisión con orden de alejamiento y sus accesorias y a la mujer a una de 3 meses con iguales accesorias y alejamiento.

La sentencia ha incluido el voto particular de cuatro de los 14 magistrados, los de Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela.

Los cuatro rechazan que se condene por violencia de género al hombre y creen que ambos debieron ser condenados como autores de un delito de lesiones, y ante la escasa gravedad de los hechos, serles aplicada la pena inferior en grado.

Han argumentado que los hechos probados no permiten entender que la agresión del varón a la mujer se produjo en el marco de una relación de “dominación, humillación o subordinación”.

“Las agresiones mutuas tuvieron lugar en un nivel de igualdad, en el que dos seres humanos, con independencia de los roles personales y sociales que cada uno pueda atribuir al otro, se enfrentan hasta llegar a la agresión física, teniendo como base una discrepancia sobre un aspecto intrascendente de su vida”, continúa diciendo el voto particular.

“Cuestión discutible”

Dicha discrepancia “pudiera haberse producido y tratado entre cualesquiera otras dos personas, sin implicar superioridad inicial de ninguna sobre la otra”, añaden.

Estos magistrados, no obstante, han reconocido que la materia tratada es “una cuestión discutible” en la que en el propio Supremo y otros tribunales han mantenido dos tendencias jurisprudenciales distintas, la de la sentencia mayoritaria y la del voto.

Pero creen que se ha perdido una oportunidad “de interpretar y aplicar la protección a la mujer contra la violencia de género, cuya conveniencia no parece ser discutida, dentro de sus auténticos límites”.

Han considerado también que se debe evitar “extender el trato desigual al varón y a la mujer (…) de una forma excesiva y mecánica o automática a todos los casos en los que, en el ámbito de las relaciones de pareja, actuales o pasadas, el varón maltrate de obra a la mujer”.

Concentración ciudadana en repulsa por el asesinato machista

Centenares de personas se han concentrado este lunes, 25 de junio, en la plaza España para expresar su “dolor, repulsa, odio e indignación” por el asesinato de una mujer esta madrugada en la capital aragonesa a manos de su marido.

Así lo ha indicado la portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, Ruth Pina, organización que ha convocado esta movilización, que ha comenzado pasadas las 20.00 horas, en repulsa de la violencia machista, con un aplauso en homenaje a la mujer asesinada. En la concentración ha estado también presente la nueva delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez Pérez.

Pina ha reclamado “medidas urgentes e importantes” porque “hablamos de mujeres que están siendo asesinadas un día tras otro”, ha explicado en declaraciones a Europa Press.

La mujer asesinada, de 37 años, ha fallecido en el domicilio familiar, ubicado en la calle Marcos Zapata del barrio de las Delicias de Zaragoza. El hombre ha sido el que ha comunicado que la había matado, al personarse en la Jefatura Superior de Policía de Aragón, alrededor de las 5.00 horas de la madrugada.

La víctima ha sido estrangulada, según revela la autopsia. Tanto ella como su marido, de 40 años, son de nacionalidad española y tienen una hija de 9 años que en ese momento se encontraba al cuidado de su abuela materna, con la que permanece.

Prioridad

No constan denuncias previas por malos tratos, ni que el matrimonio estuviera en trámites de separación. La portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza ha reclamado que la lucha contra la violencia machista “sea una prioridad para el gobierno”.

Al respecto, ha lamentado que “para el anterior no lo era” puesto que hace un año se firmó un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que “no se ha dotado de recursos económicos, ni humanos” y tampoco se han implementado las medidas que no precisaban de financiación, por lo que “era un falso compromiso”, ha dicho Pina.

También ha apostado por incidir en la educación y sensibilización, aspectos que se contemplan en el pacto. “No solo ha de haber condenas ejemplarizantes, sino que hay que educar y también sensibilizar a los profesionales”, ha apuntado Pina, para añadir que el acuerdo de Estado es “de mínimos” por lo que “no pedimos el cielo”, y, “si no se cumple, tenemos un problema”.

Condena a la Guardia Civil por negar el permiso de paternidad a un agente porque estaba de baja

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Zaragoza ha condenado a la Guardia Civil a indemnizar con 1.680 euros a un agente que se encontraba de baja cuando nació su hijo y que vio rechazada su petición de disfrutar del permiso de paternidad una vez obtenida el alta.

El tribunal estima la demanda interpuesta por el agente contra la resolución denegatoria de abril de 2017 de la Comandancia de la Guardia Civil así como la dictada unos días más tarde por el General de Zona para confirmar la decisión adoptada, informa la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en un comunicado.

El hijo del agente nació el 16 de febrero del año pasado, cuando se encontraba en situación de incapacidad temporal debido a una intervención quirúrgica a la que había sido sometido.

Un día después del nacimiento, el demandante se dirigió a sus mandos para pedir que los 28 días de permiso de paternidad que le correspondían comenzaran a contar una vez obtenida el alta médica, y que finalmente no pudo disfrutar.

Derecho no sujeto a la conveniencia de la administración

La decisión contraria se amparó en una Orden General que regula las vacaciones y permisos para los agentes del Cuerpo, que establece que los permisos de paternidad deben ser correlativos al nacimiento, sin prever la posibilidad de postergarlos por situaciones de incapacidad temporal.

La sentencia establece que el permiso de paternidad “no está sujeto a la conveniencia de la administración, dado que su concesión debe ser automática una vez se constata la contingencia que lo justifica y se cumplen los trámites formales de solicitud”.

“La voluntad del legislador -añade el juez- ha sido incrementar la presencia masculina en las labores de cuidado y atención familiares y fomentar la equiparación entre hombres y mujeres en el reparto de roles, por lo que hace al cuidado de los hijos, posibilitando la implicación activa del padre en la atención personal y emocional de los hijos”.

Admite el tribunal que la Orden General determina que el permiso debe ser correlativo al nacimiento del hijo, pero matiza a renglón seguido que no establece una “prohibición expresa” para que sea de otra manera ni fija un plazo máximo para solicitarlo.

El Supremo anula la condena de 17 años a la exalcaldesa de La Muela y ordena repetir el juicio

El Supremo ha anulado la condena de 17 años de prisión a la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza) María Victoria Pinilla y ha ordenado repetir el juicio del mayor caso de corrupción urbanística en Aragón, al considerar que se vulneró su derecho de defensa al no aceptarse la renuncia de su abogado en la vista oral.

En la resolución, la Sala II del alto tribunal acuerda la nulidad parcial de la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 23 de septiembre de 2016, que condenó a Pinilla y otras 28 personas por varias operaciones urbanísticas y adjudicaciones irregulares en este municipio entre finales de los 90 y 2009.

El alto tribunal toma esta decisión al considerar que se ha conculcado el derecho de defensa efectiva de la exalcaldesa -condenada a 17 años de prisión y al pago de 9,9 millones de euros- durante el juicio, al no aceptarse, de forma injustificada, la renuncia de su abogado defensor.

La sentencia se anula con relación a Pinilla Bielsa -que llegó a la alcaldía en 1987 por el CDS y se mantuvo, ya como candidata del PAR, hasta 2011- y a otros 6 acusados, por lo que la Audiencia deberá ahora juzgarles de nuevo, pero solo los delitos por los que fueron condenados y no por aquellos por los que fueron absueltos.

Condenas confirmadas

Sin embargo, no se anulan las condenas de los 15 acusados que alcanzaron acuerdo de conformidad, entre ellos Carmelo Aured Pinilla, exalcalde de La Muela y considerado intermediario y comisionista, para quien se confirma 9 años y 9 meses de cárcel.

Y también el exmarido de Victoria Pinilla, Juan Antonio Embarba Laborda (3 años); el exconcejal de Obras Juan Carlos Rodrigo Vela (5 años); el constructor Julián de Miguel Ortega (6 años y 10 meses); varios hijos de la exalcaldesa y su hermana María Dolores.

Además, el Supremo absuelve a José Miguel Mosteo, modifica la penas del constructor Ignacio Unsain y de Antonio Francisco Núñez, al tiempo que confirma diferentes condenas a otros cinco acusados.

La Sala entiende que la Audiencia de Zaragoza no justificó la no aceptación durante varios días de la renuncia presentada por el abogado defensor de Pinilla Bielsa, lo que privó a ésta de defensa efectiva en la práctica.

En este sentido, el Supremo afirma que “el tan contumaz como injustificado rechazo” por el tribunal a aceptar la sustitución de letrado de la exalcaldesa “supone una causa de nulidad de actuaciones”.

Línea de defensa

El primer día del juicio -15 de diciembre de 2015- el abogado de la exalcaldesa no planteó ninguna cuestión previa y, posteriormente, el 11 de enero de 2016, comunicó a la Sala su renuncia por diferencias insalvables con su clienta sobre la línea de defensa, debido a que ésta rechazaba el pacto de conformidad que él le proponía (en la foto superior de Europa Press, Pinilla, en el centro, departe con el que en ese momento era todavía su abogado, antes de entrar a la primera sesión del juicio ahora anulado por el Supremo).

Pero el tribunal rechazó la renuncia por considerar que implicaba abuso y fraude de derecho, y el abogado permaneció en estrados sin realizar ningún asesoramiento o defensa de la exalcaldesa.

Cuando llegó su turno para declarar, la acusada dijo que deseaba hacerlo cuando tuviera un letrado que ejercitara su defensa y llegó a pedir que se pospusiera su declaración para el final.

Ante las preguntas del tribunal para que dijera si declara o no, la exalcaldesa afirmó que no declaraba por sentirse indefensa, lo que provocó que tanto el fiscal como el abogado del Estado advirtieran al tribunal de que la acusada se encontraba en una situación de indefensión.

Abogado de oficio

Tras reconsiderar su decisión, la Sala aceptó veinte días después que se le designara un abogado de oficio para defenderla, aunque anunció que no se suspenderían las sesiones, por lo que cuando al día siguiente intervino por primera vez este letrado, lo hizo sin poder entrevistarse con su defendida.

La Sala concluye que lo que era inequívoco en el momento del comienzo de las sesiones “era la total pérdida de confianza de la acusada en su letrado” y lo que era “aventurado es atribuir sin más tal situación a una estrategia de letrado y defendida sin otra finalidad que el retraso del enjuiciamiento”.

Por todo ello, ordena repetir la vista a Pinilla Bielsa y, por considerarse inescindible el nuevo enjuiciamiento, a Antonio Fando, representante de la empresa a la que el Ayuntamiento de La Muela adjudicó el servicio de abastecimiento de aguas en 2007 y Francisco Aramburu, apoderado de una constructora.

El resto son Julio y David de Miguel Santander, copropietarios de una inmobiliaria; el exconcejal de La Muela Fernando Barba; y Alberto Lozano, director de la sucursal de la entidad Cajalón en La Muela.

La Corporación se concentra contra la sentencia de ‘La Manada’ y el Gobierno municipal la condena

Todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza –PP, PSOE, Zaragoza en Común (ZEC), CHA y Ciudadanos (Cs)– se han concentrado este viernes ante las puertas del Consistorio para mostrar su rechazo a la sentencia de ‘La Manada’, mientras el Gobierno municipal expresaba de forma oficial su rechazo al fallo.

Dicha sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, condena a nueve años de cárcel a los cinco acusados por delitos de abuso sexual continuado, no de agresión sexual, a una joven durante los San Fermines de 2016 en el portal de una vivienda de Pamplona.

Esta concentración, a la que ha seguido un minuto de silencio, se ha acordado, durante la reunión que ha mantenido la Junta de Portavoces para organizar el pleno de la próxima semana y se producía un día después de la manifestación espontánea y multitudinaria de miles de zaragozanas y zaragozanos contra la polémitca resolución judicial.

A las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza, en la plaza del Pilar, han asistido los portavoces de todos los grupos municipales, Jorge Azcón (PP), Carlos Pérez Anadón (PSOE), Carmelo Asensio (CHA) y Sara Fernández (Ciudadanos).

Por parte de Zaragoza en Común, ha asistido el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ya que el portavoz de ZEC, Fernando Rivarés, y la vicealcaldesa, Luisa Broto, han secundado la convocatoria de los sindicatos que ha tenido lugar en el Edificio Seminario y que ha estado arropada por unos 300 trabajadores.

Rechazo del Gobierno municipal a la sentencia

Por su parte, el Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZeC) ha trasladado una declaración en la que han manifestado “oficialmente” como Gobierno de la ciudad la “más absoluta repulsa” a la sentencia de La Manada porque es “injusta, retrógrada y patriarcal”.

Además, “lanza el mensaje negativo a los hombres y mujeres, especialmente a los más jóvenes porque este discurso de la sentencia dice directa e indirectamente a las mujeres que no denuncien y que no tomen medidas ante una de las máximas agresiones que puede sufrir una mujer como es la violación”.

Asimismo, a los hombres les indica que “la noche, la libertad y la fiesta solo es suya”, ha apuntado el portavoz del Gobierno municipal de ZEC, Fernando Rivarés.

“Esperamos y apelamos a las partes implicadas a que recurran la sentencia y el Gobierno municipal de Pamplona lo va a hacer y esperamos que alguien recurra la impresentable, repelente sentencia patriarcal machista y retrógrada”.

A su parecer, esta sentencia “no tiene nada que ver con el sentir de la mayoría de la población española y no defiende el sentir mayoritario y es repugnante que se hable así de la libertad y de los derechos de las mujeres que, por supuesto, incluye su cabeza, su pensamiento y su cuerpo”.

El TS confirma el pago de 9,6 millones del Ayuntamiento a Tiro de Pichón

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de revisión interpuesto por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la sentencia firme de esta misma Sala, dictada el 28 de abril de 2016, que fijó en 9.643.015,76 euros el justiprecio de tres porciones de terreno de la finca catastral 43912207, sita en el TM de Zaragoza, de la sociedad deportiva “Tiro de Pichón-Club de Campo La Almozara”.

Estos terrenos fueron expropiados con motivo de la ejecución de Plan de Riberas realizado para la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008.

De acuerdo con su jurisprudencia, la Sala concluye que este recurso de revisión no tiene encaje en el supuesto contemplado por el artículo 102.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA), y señala que “lo que se pretende es convertir el proceso de revisión planteado en una nueva instancia más, reiniciando el debate ya finiquitado, mediante una sentencia firme, por lo que procede desestimar la demanda presentada”.

Dicho artículo dispone que habrá lugar a la revisión de una sentencia firme “si después de pronunciada se recobrasen documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado”.

En su recurso, el Ayuntamiento de Zaragoza alegaba la aparición de un documento nuevo, que fue emitido por la Comisaría de Aguas del Ebro de 2 de abril de 1976, en el que figura que los terrenos ganados al río por el vertido de escombros por el Tiro de Pichón son de dominio público. Además, aportó un informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) de 26 de mayo de 2016 que recoge que los terrenos expropiados se encuentran íntegramente dentro de un escenario de alta probabilidad de inundación.

Documento descartado

El Supremo responde que el documento aportado como recobrado “no es más que un mero acto de comunicación de una actuación administrativa que obra en un expediente, de forma que habría bastado una mínima diligencia por parte del recurrente para haber podido solicitar la documentación a la Administración (Comisaría de Aguas)”.

El documento que se dice recobrado -añade la Sala- formaba parte del archivo público antes de dictarse sentencia, (la Comisaría del Ebro), por lo que no se aprecia retención del mismo, ni fuerza mayor ni voluntad contraria, ya que hallándose en un archivo público, se hubiera podido obtener directamente un ejemplar.

Tampoco considera que sea un documento decisivo para resolver la controversia, entendiendo que de haber sido presentado en el litigio, la decisión recaída tendría un sesgo diferente.

“Y ello por cuanto tal documento no contradice las conclusiones de la sentencia a las que hemos hecho referencia, ni demuestra que las porciones de terrenos expropiadas ostentaran el carácter demanial a los efectos pretendidos, sino tan sólo hace referencia a la autorización otorgada para realizar vertidos de escombros en el cauce del río Ebro de 17 de noviembre de 1975 y la otorgada para colocar alambradas para respetar la servidumbre de uso público, en respuesta a una solicitud de la Asociación de Cabezas de Familia del Barrio de la Almozara que ni siquiera es aportada”, subraya la Sala en la sentencia.

Para el tribunal, el resto de la documentación aportada junto a la demanda carece de virtualidad a los efectos pretendidos, ya que el recurso de revisión, por su propia naturaleza no permite su transformación en una nueva instancia, ni ser utilizado para corregir los defectos formales o de fondo que puedan alegarse.

El alcalde, indignado

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha asegurado este jueves que se agotarán “absolutamente todas las vías legales” para impedir el pago de diez millones de euros por la expropiación de unos terrenos de la sociedad deportiva de Tiro Pichón, en el barrio de La Almozara, para la celebración de la Expo 2008.

En declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su visita al IES Grande Covián, el alcalde ha indicado que se ha desestimado el recurso de revisión “por una cuestión formal”. Ha explicado que existe una anotación de 1976 en la que se autoriza a ocupar una parte del cauce del río Ebro con “una serie de vertidos de residuos para ampliar el terreno del Tiro Pichón y sobre esa ampliación hay un canon por esos vertidos”, pero la zona era “de dominio público”.

“Ahora el Tribunal Supremo dice que como se debería de haber sabido que existía ese documento pues que se tenía que haber hecho valer”, ha observado, para aseverar que las zonas de ribera no se pueden utilizar como zona residencial, alegando que “es responsabilidad pública si ocurriera algo” (en la foto superior de soydezaragoza.es, el Tiro de Pichón inundado en la última gran riada del Ebro).

Por ello, “vamos a agotar absolutamente todas las vías legales para impedir el pago de diez millones que el Ayuntamiento no tiene para favorecer a una instancia privada que no se ajusta a derecho, seguiremos en la pelea jurídica”, ha manifestado, para preguntarse “en qué mente cabe que a diez metros del río se pueda considerar zona residencial”.

En este sentido, ha avanzado que se abrirán “otras vías”, aunque ha reconocido que la jurisdiccional se agota con el Supremo, “pero hay otras vías que se pueden abrir y que están estudiando los servicios técnicos competentes para reclamar el dominio público” y ha deseado que la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Gobierno central se unieran en esta reivindicación.

Europa Press

PP, PSOE y C’s impiden que el Ayuntamiento condene al delegado por la manifestación ultra

Los votos de los grupos de PP, PSOE y C’s han evitado una condena por parte del Ayuntamiento de Zaragoza al delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, por no evitar, mediante la acción de los cuerpos de seguridad del Estado bajo su mando, los hechos violentos que se produjeron en la manifestación de ultras españolistas que el pasado domingo asediaron la asamblea de Unidos Podemos en el pabellón Siglo XXI. La moción, propuesta por el grupo de ZeC, ha sido respaldada en minoría por esta plataforma y por el grupo de CHA.

En esa moción se rechaza también que la minoría ultraderechista sea representativa de la ciudad y se condena las agresiones que se produjeron en esa concentración, entre ellas, la sufrida por la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba. Esos dos puntos han tenido el respaldo unánime del Pleno municipal.

El debate de esta propuesta de ZeC dio lugar a un acalorado cruce de acusaciones entre ZeC y PP acerca de las actitudes democráticas y de asunción de comportamientos violentos por parte de unos y otros.

Normalización de la ultraderecha

El portavoz de ZeC, Pablo Muñoz, ha subrayado que el fondo de la moción se dirigía a llamar la atención por lo que denominó “normalización de la extrema derecha, que se está apropiando del PP y que ustedes avalan”, ha dicho dirigiéndose al grupo municipal popular y a su portavoz, Jorge Azcón, en particular, a quien ha acusado de haber propiciado la manifestación violenta con sus declaraciones previas a la asamblea del Siglo XXI, “mediante la mentira de la retirada de banderas y diciendo que lo que se celebraba allí era una majadería”.

Azcón ha replicado que “nunca me he manifestado delante de la sede de un partido democrático, usted, sí, lo mismo que el concejal Híjar o el concejal Cubero (ambos de ZeC), que defiende el uso de la violencia. Ustedes no son creíbles”.

En relación con la presencia de cargos municipales del PP en la violenta concentración y la exigencia de ZeC de que el partido conservador proceda a cesarlos, Azcón se ha limitado a señalar: “¿dónde esta la dimisión de los concejales Híjar y Artigas que estuvieron en un acto que había sido prohibido por una juez?”, en referencia a la presencia de los citados ediles en una acto el pasado sábado en el que se defendía el referéndum en Cataluña.

Responsabilidad de Alcalde

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, se ha alineado con las tesis de ZeC y respecto al polémico punto de la moción sobre la condena a la actitud del delegado del Gobierno, el aragonesista no ha dudado en asegurar que “los altercados y las agresiones se produjeron por la falta de un dispositivo policial adecuado y eso tiene un responsable político”.

Por contra, la portavoz de C’s, Sara Fernández, ha dicho que la condena a Gustavo Alcalde se producía porque ZeC “siempre tiene que ir contra sus enemigos naturales, que son las fuerzas de orden” y circunscribió la violencia del acto “a unos cafres aislados, de los que hay en todas partes”.

Por su parte, el PSOE ha declinado la condena al delegado del Gobierno porque, según su portavoz, Carlos Pérez Anadón, hubo falta de previsión y movilización suficiente de fuerzas de seguridad, pero ha responsabilizado de ello al alcalde, por no convocar la Junta Local de Seguridad, que preside junto con el delegado del Gobierno, y de no haber movilizado también efectivos de la Policía Local para colaborar con las fuerzas estatales en garantizar la seguridad.

Manifestación el sábado en apoyo a Juana Rivas y contra el maltrato

La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza ha convocado una manifestación este sábado para pedir “justicia” por Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que ha tenido que entregar por orden judicial a sus hijos al padre, condenado en 2009 por causarle lesiones en el ámbito del hogar y al que en 2016 denunció por malos tratos. Las convocantes consideran que este caso no es algo aislado y sostienen que un maltratador no puede ser buen padre.

La marcha saldrá a las 19:00 horas de la plaza España y a ella se han adherido numerosas organizaciones sociales y políticas zaragozanas y aragonesas. La iniciativa coincide con las manifestaciones que se van a desarrollar por el mismo motivo en más de una veintena de ciudades del Estado español.

Rivas está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada por los supuestos delitos de desobediencia judicial y sustracción de menores después de que permaneciera casi un mes ilocalizable con sus hijos sin acatar la orden judicial por la que los niños debían regresar con el padre a Italia. Finalmente lo hizo el pasado 28 de agosto, tras lo que Arcuri se ha trasladado con ellos a este país.

No es un caso aislado

La manifestación cuenta con el respaldo de una treintena de colectivos y asociaciones y está convocada para las 19.00 horas de este sábado en más de veinte ciudades.

Además de Granada, se encuentran Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza o A Coruña, entre otras, donde se llama a salir “a la calle por Juana Rivas y por todas las que hayan sufrido lo mismo”, al entender que no se trata de un “caso aislado” y “su resolución tampoco”.

En Granada, la manifestación partirá desde el edificio judicial de La Caleta, adonde precisamente esta semana ha acudido a declarar Juana Rivas por la investigación que de su caso se está haciendo en la vía penal.

La convocatoria de la manifestación está siendo ampliamente difundida en las últimas horas a través de las redes sociales con cartelería de color morado en la que se afirma que “un maltratador no puede ser un buen padre” y está recibiendo el respaldo de diversos partidos y colectivos sociales.