contaminación

Nace una nueva entidad público-privada para impulsar la movilidad eléctrica en la ciudad

La ciudad de Zaragoza y su entorno cuenta desde este lunes 15 de abril de una nueva iniciativa para impulsar la transición hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente. Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Cámara de Comercio apadrinan la nueva Oficina para la Promoción de la Movilidad Eléctrica (OPME), ubicada en la sede de la entidad empresarial (paseo Isabel la Católica), y orientada a que empresa, comercio y particulares se informen e inicien el cambio de mentalidad para instaurar otro modelo desplazamientos urbanos.

El presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Teruel, ha subrayado que la nueva oficina nacía con el objetivo de asesorar a particulares “y sobre todo a pequeñas empresas, pequeños negocios, comunidades de vecinos, etc. sobre todos los cambios administrativos y legales que implica el nuevo modelo energético y la nueva movilidad”.

Además, la oficina, que se impulsa en colaboración con el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ), informará sobre oferta de vehículo existente en el mercado, modos de adquisición e infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Por otro lado, la OPME pretende coordinar e impulsar las iniciativas de fomento a la movilidad eléctrica que surjan en la ciudad y su ámbito metropolitano.

El acto de inauguración de la nueva oficina se ha producido en el vestíbulo de la Cámara de Comercio, donde se han colocado algunos vehículos (coches, motos y bicis) impulsados por energía eléctrica como los que se exhibirán en la OPME. Los vehículos de dos ruedas correspondían a la marca zaragozana ‘e.broh’.

La colaboración entre las entidades impulsoras de la OPME nace como consecuencia de la Mesa de la Movilidad Eléctrica, promovida por el Ayuntamiento como instrumento para proponer y divulgar acciones para avanzar hacia una movilidad sostenible y libre de emisiones en Zaragoza.

Información y asesoría

El punto de información inicial de la OPME se realiza en la oficina de Atención al cliente de la Cámara, y la oficina de gestión, atendida por personal técnico, se ubica en la primera planta del edificio.

Además de informar a la ciudadanía y diseñar acciones y  materiales divulgativos relacionados con la movilidad eléctrica, la OPME asumirá la elaboración y actualización, en colaboración con las concesionarias y el resto de empresas del sector, de un catálogo de vehículos eléctricos disponibles en Zaragoza y su área metropolitana.

“En la oficina vamos a tener personal para informar sobre requisitos para instalar puestos de recarga eléctrica, legislación existente, oferta de vehículos eléctricos, etc. Queremos dar servicio al ciudadano y vincularlo al comercio y a la industria”, ha explicado Manuel Teruel.

Además de la oficina presencial los ciudadanos también pueden consultar estos datos en la web www.movilidadelectricazaragoza.com.

Aragón, en vanguardia

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno aragonés, José Luis Soro, ha subrayado la necesidad del impulso institucional al cambio en la forma de desplazarnos “en primer lugar, por un reto de mejora en la salud, reduciendo las miles de víctimas por contaminación”.

Soro ha subrayado la importancia de la colaboración institucional plasmada en la creación de la nueva oficina y ha asegurado que Aragón, por su infraestructura industrial, logística y científica partía en buena posición en la carrera hacia la movilidad sostenible y no contaminante.

Respecto a la aplicación por parte del Gobierno de Aragón de incentivos tributarios o de otro tipo para favorecer la movilidad cero emisiones, Soro ha insistido en que quien primero debía dar pasos en esa dirección es el Estado “porque es quien detenta las competencias en materia tributaria”, pero se ha mostrado firme partidario de adoptar medidas normativas e institucionales en esa línea.

A este respecto, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha subrayado que el gobierno municipal que dirige ya ha establecido rebajas en el impuesto de circulación a vehículos eléctricos, así como ventajas tributarias a los taxistas que renuevan su flota con coches no contaminantes.

Colaboración público-privada

Santisteve ha recordado la apuesta de la actual Corporación por la movilidad sostenible y limpia y ha destacado que la puesta en marcha de la OPME era un paso más “en la necesaria colaboración público-privada para la consecución del cambio imprescindible en materia de movilidad”.

Respecto a la posible llegada a la ciudad de alguna compañía con coches eléctricos de movilidad compartida, el alcalde ha dicho que no le consta ninguna petición concreta al respecto, pero no ha dudado en que alguna iniciativa de ese tipo se acabará ofreciendo en Zaragoza.

Santisteve ha agregado que en un plazo no muy lejano prevén instalar 100 puntos públicos para recarga de vehículos eléctricos así como una línea de bus urbano íntegramente cubierta por vehículos eléctricos.

Ecologistas advierten de alta polución por partículas

Ecologistas en Acción ha advertido este lunes de la alta polución por partículas que se registra en los últimos días en la ciudad de Zaragoza sin que la administración local haya adoptado medidas para paliar esta situación.

La organización conservacionista se apoya en el índice publicado por el Ministerio de Transición Ecológica sobre emisión de partículas contaminantes debido al tráfico en las principales ciudades del país, correspondiente a la pasada semana.

En un comunicado, los ecologistas señalan que Zaragoza se encuentra entre otras 34 ciudades del país que han superado a lo largo de los últimos días el límite diario de 50 microgramos de partículas en suspensión por metro cúbico hasta un total de 70.

Falta de planes

Denuncian, además, que en la mayor parte de estas ciudades no existen planes de acción autonómicos o locales para limitar el tráfico urbano durante los episodios de contaminación por encima de los límites legales.

Tras denunciar la “escasa sensibilidad” de la “mayor parte” de autoridades locales y autonómicas respecto a un problema que “origina miles de fallecimientos prematuros cada año”, esta organización critica la “disparidad de criterios” entre los planes de acción a corto plazo existentes.

Lambán y Santisteve se reprochan mutuamente no haber logrado reformar el ICA

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha considerado este martes que “empieza a ser casi utópico” pensar ahora que se puede reformar el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), mientras que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, le ha urgido a dialogar “sin chantajes”. Ambos mandatarios han responsabilizado al oponente de paralizar los cambios en el polémico impuesto.

En declaraciones a los medios de comunicación, durante la inauguración de SMAGUA, Javier Lambán ha insistido en que este gravamen “no es, en absoluto, injusto”, aunque sí “se puede perfeccionar”, recordando que el Gobierno aragonés ha planteado ya una propuesta de reforma con la que –ha afirmado– Podemos “se ha manifestado de una manera discreta casi siempre de acuerdo”. (En la foto superior de Aragón Digital, Lambán (primero por la izda) y Santisteve (segundo por la dcha), durante la inauguración de la feria Smagua)

Sin embargo, “ha habido un obstáculo insalvable”, que el Ayuntamiento de Zaragoza “en vez de tratar de solucionar” el conflicto “ha tratado de mantenerlo vivo, entendiendo que le favorecía electoralmente”.

Réplica del alcalde

El presidente de la Comunidad Autónoma ha asegurado que reformar el gravamen “no es una prioridad” para Aragón y que el Ejecutivo ya ha tomado algunas decisiones, como acabar con el sistema concesional y recuperar la depuración para la iniciativa pública “y lo del ICA, los políticos dirán o diremos”.

Por su parte, el alcalde ha dicho que “no hemos recibido ninguna propuesta del ICA” y ha advertido de que “mientras el Gobierno se dedique a hablar con el Ayuntamiento a través de los medios y a echar la patata caliente no se sabe adónde, no llegaremos a ningún lado”.

“Hay que hablar sin imposiciones, sin sacar a los zaragozanos 20 millones al año sin ninguna garantía de que ese dinero vaya a revertir y sin la posibilidad de que los recibos sean verdaderamente progresivos y tiendan al ahorro de agua y a cumplir el criterio de ‘quien contamina paga”, ha concluido Pedro Santisteve.

Simbólico ‘no banquete’ del ICA, cuyo recibo de 2017 se han negado a pagar 90.000 zaragozanos

La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) le ha recordado al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que tiene pendiente cerrar una reunión que le han solicitado en la que les exponga su propuesta de reforma del Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA). “Un mes sin tener la más mínima respuesta del Ejecutivo a la petición de RAPA, ni tan siquiera por cortesía. Este comportamiento nos hace preguntarnos si la tal propuesta gubernamental de reforma del ICA no sea más que una simple broma”, señala con ironía la RAPA.

Por esta razón la RAPA ha organizado en esta fecha de los Inocentes un “No banquete de Navidad” ante la sede de la DGA en plaza San Pedro Nolasco, justo después de que la DGA reconociera que unos 90.000 consumidores zaragozanos se han negado a pagar el recibo del ICA de 2017.

Como ha señalado la integrante de Podemos y de la RAPA Maribel Martínez: “Esta es la auténtica “Tart-ICA de Lambán”, que solo se comen los inocentes. Por eso hoy nos hemos comido el recibo del #ICAdeLamban, para celebrar que en la RAPA no perdemos el buen humor”.

El portavoz de RAPA S. Gracia, en pleno “no banquete”. Foto: RAPA

A base de agua

El menú del “No banquete” ha estado integrado por agua, “el único producto que nos surte el Instituto Aragonés del Agua a la ciudadanía, servido con espirituosos azules cosecha de RAPA”, acompañado por unos cantos rodados y para postre un pastel con forma de recibo del ICA.

Al acto reivindicativo han acudido, además de responsables y simpatizantes de la RAPA, el secretario general de Podemos-Aragón, Nacho Escartín, y el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar (ZeC).

Éste último ha señalado con ironía en su cuenta de Facebook que “hoy nos hemos pegado un atracón de recibos del #ICA. Lambán estará orgulloso de nuestro apetito. El menú seleccionado por la RAPA – Marea Azul Aragón ha consistido en obleas, piedras y el colofón: tarta “milrecibos”. El servicio excepcional y la compañía inigualable”.

La RAPA ha recordado que este viernes, 28 de diciembre, se cumple exactamente un mes desde que le solicitaran al presidente Lambán una reunión para conocer en detalle el contenido de su propuesta de reforma del ICA y el Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Aragón (PSDA).

Desde la entidad en defensa del agua pública entienden que “pagar dos veces por el mismo servicio” obligará a muchas familias aragonesas a recortar su gasto navideño. Esta es la razón por la que han convocado, en este día de los Inocentes, un “No Banquete de Navidad” ante la sede de la DGA.

Impago de recibos

La iniciativa de la RAPA se produce un día después de que el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, confirmara que al menos un 25% de los contribuyentes zaragozanos no han pagado el recibo de 2017 del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), es decir, unos 90.000 usuarios.

El dato es “muy similar” al del pasado ejercicio, según el consejero, cuando se registraron alrededor de 89.900 impagos, cifra que correspondía al 23,4% de los 364.197 recibos emitidos.

En relación con los zaragozanos que no han pagado el ICA, la diputada de Podemos, Marta de Santos ha señalado que “están pidiendo claridad y limpieza”, y ha subrayado que quienes se oponen a abonar el recibo “no son tontos, y aunque los impuestos hay que pagarlos, si no se toman medidas serias esto es lo que pasa”: un “alto grado de insumisos” que a De Santos “no me sorprende”.

Los asistentes al original acto posan ante las puertas de la DGA. Foto: RAPA

La DGA anuncia que todos los municipios del Pirineo dispondrán de depuración dentro de ocho años

El Gobierno de Aragón ha desbloqueado el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, tras la resolución de los cuatro contratos de concesión. De este modo, el Ejecutivo asegura que va a cumplir con su compromiso “político y jurídico” de que todos los núcleos de población del Pirineo dispongan de sistemas de depuración en el año 2026. La DGA abonará cinco millones en indemnizaciones a las empresas adjudicatarias.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, al indicar que se trata de atender “la obligación adquirida con el Estado, que declaró la depuración del Pirineo de interés general y encomendó su ejecución al Gobierno de Aragón”, por lo que este plan Pirineos es “un ejercicio de responsabilidad política y también jurídica”, además de que cumple también con la directiva marco del agua.

El Gobierno aragonés pone en marcha un programa de actuaciones directas, por valor de 74,3 millones de euros para las 19 depuradoras pendientes en localidades con más de mil habitantes equivalentes, a ejecutar entre 2019 y 2024.

Estas depuradoras se consideran prioritarias por su mayor tamaño y se abordarán por el Instituto Aragonés del Agua mediante contratos de obra con un año de pruebas de funcionamiento.

Los núcleos beneficiados son Ansó, Astún, Candanchú, Canfranc estación, Canfranc pueblo, Castiello de Jaca, Echo-Siresa, Villanúa, El Pueyo de Jaca-Escarrilla-Tramacastilla-Sandiniés-Panticosa, Piedrafita de Jaca, Sallent-Formigal, L’Aínsa, Boltaña, Broto-Oto, Torla, Fiscal, Bielsa, Cerler y Benasque-Anciles.

Subvenciones

Asimismo, se establece un programa de convocatoria de subvenciones por valor de 46,3 millones de euros, entre 2019 y 2026, para financiar el cien por cien del coste del resto de las depuradoras previstas, lo que permite dar entrada a la iniciativa municipal y atender a sus preferencias en cuanto a prioridades, dimensionamiento y tipología, sin perjuicio de que el Gobierno de Aragón mantenga la responsabilidad asumida frente al Estado.

De acuerdo con el convenio, las instalaciones de pequeño tamaño son más de 250, ya que se incluye a todos los núcleos de población habitados. Las condiciones de la convocatoria garantizarán que las ayudas se asignen priorizando el tratamiento de los núcleos con mayor carga contaminante o cuyo tratamiento resulte prioritario por razón del punto de vertido.

La resolución de los contratos de concesión permite también que el Gobierno de Aragón obtenga la prioridad de los proyectos construidos redactados y los terrenos adquiridos por las concesionarias, lo que facilitará la ejecución de estos programas.

Plan fallido

Las depuradoras del Pirineo fueron declaradas de interés general del Estado y encomendadas al Gobierno de Aragón mediante el convenio firmado en 2008 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad.

Las actuaciones se planificaron en el marco del Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, cuyo desarrollo estaba previsto realizar mediante colaboración público privada a través de cuatro contratos de concesión de obra pública.

Los contratos se licitaron y adjudicaron durante los años 2009 y 2010, pero pronto empezaron a surgir todo tipo de dificultades para su desarrollo. Muestra del estado de parálisis en el que el Ejecutivo encontró el fallido Plan Pirineos es que en 2015, fecha en la que concluía el plan estatal en el que se enmarca, solo se habían construido y puesto en explotación veinte de las 297 instalaciones previstas.

Las instalaciones ejecutadas, en la zona P2 correspondiente al río Gállego, son la depuradora de Biescas (imagen superior) y 19 corresponden a pequeños núcleos integradas en el mismo nido o conjunto de instalaciones.

En el caso del río Gállego, según ha precisado Olona, la resolución del contrato es parcial y el concesionario seguirá ejecutando las veinte instalaciones y ha recordado que en junio de 2017 fue cuando el Ejecutivo autonómico acordó la resolución de los contratos de obra pública vinculados al fallido plan.

Cinco millones de indemnizaciones

Ese proceso de resolución concluyó en octubre de 2018 y supone la liberación de los vínculos jurídicos con las concesionarias y va a permitir abordar la depuración del Pirineo con nuevos instrumentos de actuación, según la DGA.

La resolución de los contratos, cuyo importe inicial ascendía a 353 millones de euros, implica anular un gasto autorizado total de 313 millones de euros.

Joaquín Olona ha remarcado que esta decisión implica “un importante ahorro económico financiero y ha precisado que en el caso de las 250 instalaciones corresponden a “núcleos muy pequeños y serán instalaciones muy sencillas”, agregando que las prioritarias son las 19 depuradoras en grandes poblaciones del Pirineo.

Asimismo, ha precisado que la resolución de los contratos implica el pago de 5 millones de euros a las adjudicatarias por la propiedad de los terrenos y los proyectos redactados. Olona ha comentado que esa cifra era de 5,8 millones, pero “la Administración debe ser indemnizada en algún caso con 0,8 millones, por eso el pago previsto es de 5 millones”.

El consejero ha sostenido que, en todo caso, “se va a producir un ahorro económico financiero relevante”, una cantidad que no se ha cuantificado porque “hay que hacer demasiadas especulaciones al dejar la opción a los ayuntamientos de gestionar o no directamente estas instalaciones”.

Los vehículos contaminantes no podrán entrar al centro en 2027 y se ampliará el tranvía y el bus

Los vehículos particulares contaminantes no podrán entrar al centro de la ciudad a partir de 2027. La medida para reducir la emisión de impurezas irá acompañada de un fuerte impulso del transporte público sostenible de alta capacidad, con la ejecución de la línea 2 del tranvía este-oeste y el refuerzo del bus urbano siempre con vehículos no contaminantes.

La propuesta lanzada por Zaragoza en Común (ZeC) y completada con una transacción del PSOE ha sido aprobada este viernes 30 de noviembre por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza con los votos a favor de ZeC, PSOE y CHA y la oposición de PP y C’s, dentro del debate sobre el estado de la ciudad.

La iniciativa de reducir las emisiones contaminantes por parte de vehículos que utilizan combustibles fósiles para su desplazamiento, contempla la reducción progresiva de su presencia, inicialmente en el denominado primer cinturón, que engloba la zona de Casco Histórico y Centro delimitada por el paseo Echegaray, calle Asalto, paseo La Mina, paseo Constitución, paseo Pamplona, paseo María Agustín.

Posteriormente la restricción se ampliará al área enclavada dentro del denominado segundo cinturón, que dibuja Camino Las Torres, Marqués de la Cadena, Valle de Broto, puente La Almozara, calle de los Diputados, avenida Madrid, Escoriaza y Fabro, avenida Goya, Tenor Fleta.

En esta área del segundo cinturón sólo se permitirá la entrada a partir de 2027 a los vehículos eléctricos o híbridos, y con restricciones, a los vehículos de combustión de residentes, de servicios o de comercio.

Mejorar la salud

La propuesta de ZeC pretende conseguir una ciudad “ecológicamente sostenible”, en palabras de su portavoz, Pablo Muñoz, con una sustancial reducción de emisiones contaminantes para preservar la salud de la ciudadanía zaragozana.

Muñoz ha indicado que las normas del Gobierno español y de la Unión Europea contemplan iniciar en el año 2023 la peatonalización de cascos antiguos así como la drástica reducción de emisiones en las zonas centro de las ciudades con más de cien mil habitantes, como es el caso de Zaragoza.

La iniciativa se enmarca dentro de un modelo de ciudad en el que se pretende potenciar los espacios públicos, las áreas de prioridad residencial o las zonas de tráfico restringido y disfrute peatonal (supermanzanas), impulsadas en su día por Chunta Aragonesista.

Las medidas de restricción de emisiones irán acompañadas de importantes inversiones en el desarrollo del transporte público sostenible.

En este punto se ha incorporado una medida transaccional propuesta por el PSOE, en la que se incluye el compromiso municipal de realizar de inmediato la segunda (incluso la tercera) línea del tranvía, así como la potenciación del bus urbano con vehículos no contaminantes.

El portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, ha subrayado que la restricción de emisiones en el centro debe ir precedida del establecimiento de fluidas e intensas conexiones entre los barrios y el núcleo urbano mediante transporte público sostenible, “porque si no se convierte el centro en un oasis pacificado en el que los habitantes de los barrios no pueden entrar”.

Endesa confirma a los empleados que cerrará la central térmica de Andorra el 30 de junio de 2020

La dirección de Endesa ha comunicado este jueves a los representantes sindicales de los trabajadores de las centrales térmicas de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) que cerrará ambos centros de producción el 30 de junio de 2020.

Fuentes de Endesa han precisado a Europa Press de que la compañía ha indicado a los sindicatos que el nuevo plan industrial, aprobado este miércoles por el consejo de administración, no contempla las inversiones –de 190 millones de euros– requeridas para poder continuar la actividad más allá de la fecha señalada, de ahí el cierre. Tampoco estaban previstas en el plan que la empresa presentó hace dos años.

Este cese de actividad afectará, en Andorra a 150 empleados directos de la central, 200 contratistas, 450 trabajadores indirectos y 300 empleos inducidos, mientras que en Compostilla se perderán 170 empleos directos, 155 de contratistas, 300 puestos indirectos y 155 inducidos.

La empresa ha trasladado que “no se dan las condiciones regulatorias y de mercado para hacer posible la inversión” para mantener la actividad y, en consecuencia, deben cerrar el 30 de junio de 2020, de acuerdo con los requerimientos de la Unión Europea sobre producción de energía no contaminante.

Plan de desmantelamiento

Desde Endesa han comentado que la firma no ha presentado, a fecha de hoy, la solicitud formal de cierre de las centrales y que tienen de plazo hasta el próximo 31 de diciembre, haciendo notar que tanto Andorra como Compostilla funcionarán con “absoluta normalidad” desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha de cierre.

Otras fuentes del sector han apuntado que desde el día de cese de la actividad se acometerá un plan de desmantelamiento de ambas centrales que puede prolongarse durante los cinco años siguientes.

Por otra parte, Endesa ha manifestado que se realizará un procedimiento de recolocación de “todos los trabajadores” en el mismo grupo empresarial. Han dicho que “se promoverá la recolocación de todos los excedentes de plantilla derivados del cese de actividad”.

Los trabajadores seguirán “peleando”

El comité de empresa se reúne esta tarde para valorar las medidas planteadas por la empresa, aunque Mombiela ha advertido que los trabajadores “no nos vamos a rendir, seguimos pensando que en Andorra se pueden seguir haciendo las inversiones”.

Además, se ha mostrado convencido de que en la actualidad, “no hay nada que pueda paliar la pérdida de empleo del cierre de la central”.

Mombiela ha recordado que los trabajadores habían advertido de la situación desde 2012, y ha destacado que “mucha gente que se verá afectada, no solo los que trabajan directamente en la central sino también todos los sectores que arrastra la central”.

Ha dicho que los empleados se muestran muy “preocupados” ante las posibles recolocaciones laborales, que en todo caso, ha recalcado, habrá que llevar a cabo con un plan “adecuado”.

Por otra parte, el responsable sindical ha anunciado que ahora deberán coordinarse con sus compañeros de la central de Compostilla para movilizarse.

Ambas regiones, Castilla y León y Aragón, con sus centrales, “han hecho grande a Endesa, y la han convertido en una multinacional”, razón, ha subrayado, por la que van a “seguir peleando”.

Se abre la vía judicial contra el ICA con una campaña de reclamaciones

La Red de Agua Pública Aragonesa (RAPA) ha distribuido alrededor de 20.000 hojas de protesta contra el Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA) para elevar a la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, una iniciativa que abrirá la vía judicial ante el contencioso-administrativo.

El portavoz de la RAPA, Enrique Gracia, y el secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón, UCA, José Ángel Oliván, han presentado los primeros resultados de esta segunda campaña en contra del ICA tras la realizada el pasado año.

Esta nueva campaña surge después de que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) del Gobierno de Aragón haya girado el cobro de los recibos del ICA de 2017 y el plazo para presentar la reclamación ante un registro oficial vence el próximo 5 de enero de 2019.

Protesta masiva

La diferencia entre el recurso que se sugería presentar a los ciudadanos y la reclamación es que en este segundo caso tienen que ser los propios usuarios los que la tramiten.

La Administración tiene la obligación de responder individualmente en el plazo de un año y no mediante un decreto en el BOA. Además, con una sola es suficiente para que se abra la vía judicial, pero se pretende que haya una protesta masiva ciudadana.

En rueda de prensa, ambos representantes han destacado que “el amplio conocimiento” de los vecinos sobre el ICA y además “están muy enfadados” para señalar que las preguntas más frecuentes versan sobre las consecuencias de no pagar este impuesto.

El sábado, manifestación

Oliván ha dejado claro que la campaña de la RAPA “no es de insumisión, sino de protesta” por lo que explican que se tiene que pagar el impuesto y seguidamente presentar ante cualquier registro oficial antes del 5 de enero el resguardo del banco y la reclamación que se puede descargar en mareaazuldearagon.blogspot.com.

Cartel de la manifestación del sábado

“Es una campaña muy madura” ha señalado Oliván para mostrar la satisfacción de la RAPA porque también se ha recogido el mismo número de firmas –20.000– en contra de este impuesto en las 70 mesas que se han instalado en las calles y en las que han participado alrededor e 200 voluntarios.

Esta primera fase culminará con la manifestación del sábado, 10 de noviembre, a las 19.00 horas, que partirá de la plaza Aragón, a la altura del Paraninfo, para llegar hasta plaza de España, frente a la DPZ.

Con el lema “ICA no, Aragón no paga estafas” la pancarta inicial la portarán representantes sociales y alcaldes y concejales interesados en acudir y se ha animado a los ciudadanos a que la secunden.

“Somos un movimiento de Aragón y las más castigadas son las pequeñas poblaciones por lo que la campaña contra el ICA seguirá y no se parará hasta que se rectifique en profundidad el modelo”, ha dicho Enrique Gracia.

Recelos hacia la propuesta del PSOE

Sobre la propuesta del PSOE que propone reducir en tercio el importe del tramo de menor consumo, que afecta al 66 por ciento de los consumidores, y gravarlo a los que más gastan, el portavoz de la RAPA ha dicho que “hay que conocerlo con detalle porque puede no ser lo que parece”.

Al respecto, ha observado que la propuesta socialista “beneficiaría a los hogares de una sola persona, pero perjudicaría a las familias y al comercio por lo que los propietarios tendrán que cerrar el negocio o repercutirlo a los precios y, entonces los clientes lo pagaremos de forma indirecta”.

Enrique Gracia ha rechazado el modelo centralizado de gestión del agua que propugna el Gobierno de Aragón y que “ha desaparecido en Australia y centro Europa porque incrementa los precios y deteriora los servicios”.

“La DGA quiere tener el cotarro de la gestión del agua, sin hacer un modelo a escala y trabajar con empresas locales y por eso complican las cosas y generan más endeudamiento”.

Gracia ha defendido que los ayuntamientos puedan gestionar la depuración de sus aguas porque sería más económico y que el ICA tenga una parte solidaria para ayudar a poblaciones con más dificultades.

Ha abundado en que desde la RAPA se propugna un cambio “profundo” del ICA para que una parte del impuesto sea para acometer depuradoras y que los ayuntamientos, mediante la tasa que apliquen, gestionen la depuración de las aguas residuales y así pagarán menos los vecinos de las poblaciones más eficientes.

El PSOE presenta una propuesta de ICA que “rebajaría un 30% la factura de los zaragozanos”

El PSOE ha presentado este miércoles su propuesta de modificación del Impuesto de Contaminación de las Aguas. Según este planteamiento, los zaragozanos se beneficiarían de un 30% de rebaja en su recibo, mientras que el resto de los aragoneses también tendrían ese descuento en el primer tramo del impuesto.

El portavoz del grupo socialista en las Cortes, Javier Sada, ha asegurado que esta propuesta asume “prácticamente en su integridad” el informe que el catedrático de la UZ Jiménez Compaired presentó en la cámara autonómica. Un texto que, añade, se realizó “a instancias del propio Ayuntamiento de Zaragoza”.

En primer lugar, la propuesta separa entre impuesto y tasa, es decir, separar el factor de solidaridad entre todos los aragoneses y el costo del servicio gestionado por el Gobierno de Aragón. “Igual que mantenemos entre todos los aragoneses una escuela rural de tres alumnos, también estamos entre todos manteniendo hospitales de Zaragoza o la Universidad de Zaragoza. La solidaridad es la única forma de abordar el mantenimiento de todos los servicios”, ha comentado Sada.

Progresividad

En segundo lugar, trata de avanzar en la progresividad medioambiental. “Ahora se paga lo mismo por metro cúbico, consumas lo que consumas, mientras que ahora queremos fomentar el ahorro del agua”, ha expuesto Sada. Asimismo, plantean una progresividad social hacia los más desfavorecidos.

Con estas medidas, un ciudadano de Zaragoza, que ahora paga 71,74 euros anuales, pasaría a pagar 58 euros. A eso se le añadiría el factor de solidaridad, que también se reduce de 3,5 euros a 2,5, y la tarifa de Ecociudad.

Por su parte, los habitantes de fuera de la capital aragonesa, que ahora pagan 105 euros en el primer tramo, hasta seis metros cúbicos, pasarían a abonar 71 euros.

Respecto al impacto que esta reducción tendría en las arcas del Ejecutivo autonómico, Sada no se ha atrevido a dar ninguna cifra, aunque ha afirmado que “no estaría lejano” a las propuestas de la RAPA.

La flota municipal incorpora por primera vez 21 vehículos eléctricos

El Ayuntamiento de Zaragoza ha estrenado este miércoles 31 de octubre los primeros 21 vehículos cien por cien eléctricos, dentro de una remesa de 59 que se terminará de recibir en enero, que se podrán cargar también en dependencias municipales con energía procedente de fuentes renovables.

La puesta de largo de estos nuevos vehículos ha sido en el edificio Seminario, aunque parte de ellos irán destinados también a Vialidad y Aguas y a Parques y Jardines.

El alcalde, Pedro Santisteve, ha explicado en declaraciones a los medios que esta medida acompaña a la red de electrolineras públicas que se están instalando en diferentes puntos de la ciudad, que supondrá un ahorro de 20 toneladas de emisiones de CO2 y que reducirá la contaminación atmosférica y también la acústica, debido al menor ruido que hacen estos vehículos.

Cargadores propios

Con medidas como esta, ha continuado, se va implementando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) al mismo tiempo que está en fase de exposición pública, mientras que la transición en materia de transporte público está siendo un “empezar y no parar”.

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, ha señalado que los vehículos se cargarán mediante cargadores propios instalados en los edificios municipales y se utilizará el sistema de carga lenta nocturna.

La autonomía se sitúa en torno a los 200 kilómetros en el caso de los coches y en algo más de 100 para las furgonetas, ha añadido.

Asimismo, ha anunciado que la siguiente remesa llegará también a otros edificios donde se deba renovar la flota y ha reiterado que toda renovación se está llevando a cabo con vehículos eléctricos, cuando los hay en el mercado, o con híbridos en casos especiales en los que la tecnología no se ha desarrollado suficientemente.