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Movilidad municipal desaconseja comprar buses eléctricos con los tres millones del remanente

El consejero municipal de Cultura, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha remitido este martes por la tarde a los grupos municipales un informe del departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana que desestima destinar los tres millones de euros del remanente a la compra directa de autobuses eléctricos.

Rivarés ha vuelto a alertar de que “este expediente va a pleno el lunes 25 y los grupos deberán volver a votar el dictamen de la comisión que podría hacer perder al Ayuntamiento 2,4 millones de euros, tal y como ya advirtió Intervención”.

El principal escollo que señala el informe es que la compra de autobuses se realiza con cargo a la contrata, actualmente prestada por Avanza, mediante un contrato de gestión de servicios. “La incorporación de vehículos a la flota por parte del Ayuntamiento, una vez iniciado el contrato, no responde a lo recogido en los pliegos que rigen el mismo, y además generaría una variación e el plan de renovación de la flota”, subraya el informe.

Modificación del contrato

Dicho documento también previene de que no es viable la tramitación administrativa de la incorporación de vehículos a la flota municipal, puesto que supondría “una modificación de contrato”.

En este sentido, el informe de Movilidad señala que también afectaría a conceptos como el mantenimiento de los autobuses, que actualmente tiene obligación de prestar Avanza.

El informe también dice que “aunque el Ayuntamiento tomara la decisión de adquirir varios autobuses de tecnología eléctrica, es bastante probable que no pudieran incorporarse a la flota de vehículos que prestan servicio en la red de bus urbano hasta que se licitara un nuevo contrato y se incorporaran como parte de la flota de un nuevo adjudicatario”.

Incertidumbres y dificultades

Por último, insiste en que “actualmente se están realizando pruebas con distintos modelos de autobues eléctricos, en desarrollo de la prueba piloto indicada en los pliegos, y que como resultado de éstas se elaborarán los correspondientes informes que establecerán las conclusiones de dichas pruebas y permitirán tomar decisiones sobre la tipología más conveniente para incorporar a la flota, pero siempre manteniendo la obligación de la empresa concesionaria de compra y mantenimiento del material móvil”.

Asimismo, el informe también destaca la complejidad de esta compra y su dilatación en el tiempo, que podría suponer que la entrega de los nuevos buses tuviera lugar en 2020.

“La medida de comprar autobuses con cargo al capítulo 6 del presupuesto municipal y su posterior utilización por parte de Avanza genera incertidumbres y dificultades de todo tipo; además el plazo previsible de su incorporación sería superior al procedimiento de la prueba piloto, que es el establecido en los pliegos que rigen el contrato”, han insistido los servicios técnicos municipales.

“No obstante, ya se está trabajando con la actual prueba piloto en que se disponga en 2019 de un número de vehículos eléctricos en la flota de bus urbano similar al que se podría adquirir con una partida aproximada de 2 millones de euros”, ha agregado el informe.

El municipio se rebela contra la regla que le impide invertir

Los votos de ZeC, PSOE y CHA en el pleno municipal han dado luz verde a la moción del primero de los grupos para respaldar la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados favorable a la eliminación de la regla de gasto impuesta por el Gobierno del Estado español que condiciona las inversiones públicas, en este caso municipales, en aras a evitar un excesivo endeudamiento de las administraciones. La propuesta ha contado con el voto contrario de PP y C’s.

El concejal de Economía, Fernando Rivarés (ZeC), ha defendido la moción de su grupo porque, a su juicio, la regla de gasto está constriñendo la inversión de unos ayuntamientos que sí están cumpliendo con el control de sus cuentas y reduciendo el déficit.

Rivarés ha insistido en que su grupo defiende que un ayuntamiento como el de Zaragoza, que ha recortado su endeudamiento y que está controlando el gasto, no debe sufrir cortapisas a la hora de poder dedicar el superávit a inversiones para mejorar la vida ciudadana.

Beneficiosa para la banca

La propuesta de ZeC ha contado con el respaldo incondicional de CHA, que por boca de su portavoz, Carmelo Asensio, ha señalado que se trataba de defender la autonomía municipal y de ir contra una regla que “está estrangulando a los ayuntamientos de forma absurda, siendo que son las únicas administraciones con superávit, 7.000 millones de euros este año en el conjunto del Estado, que no pueden destinar libremente a la inversión”.

Asensio ha subrayado que con esta regla, que obliga a atender la amortización de créditos bancarios antes que a la inversión, “se está sirviendo a los intereses de la banca y no a los de la ciudadanía”.

Las críticas a la norma de gasto también han provenido por parte del concejal socialista Javier Trívez, que la ha tachado de “profundamente injusta” con los ayuntamientos que han cumplido los objetivos de déficit.

En contra

En el polo opuesto, la concejala de C’s Sara Fernández ha explicado su voto en contra porque defienden la flexibilización de la regla de gasto, pero no su supresión porque consideran que debe existir un control de las cuentas.

A este respecto ha sentenciado que “el gasto sin control es la primera amenaza contra el estado de bienestar” y ha agregado que siempre hay políticos gestores irresponsables “y hay que asegurarse ante ellos”.

Por su parte, la concejala del PP María Navarro ha sostenido que la regla de gasto es lo que ha permitido el saneamiento de las cuentas municipales.

Parques y Jardines no podrá ser municipalizado tras el informe negativo del interventor

El servicio municipal de Parques y Jardines seguirá externalizado pese a los intentos por rescatarlo por parte del equipo de gobierno municipal de ZeC. El interventor municipal ha informado negativamente la municipalización de esta área y ha señalado que la propuesta de gestionar el servicio desde el propio Ayuntamiento no se acredita como más eficaz y eficiente que si la presta una empresa, como ocurre ahora. El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha expresado la disconformidad del gobierno municipal con el informe, pero lo debe acatar y por tanto ya ha ultimado un nuevo pliego de condiciones para sacar a concurso la contrata, cuya vigencia concluye el 31 de diciembre.

La privatización del servicio de Parques y Jardines, uno de los peor valorados por la ciudadanía, era un objetivo prioritario de ZeC, pero desde el principio topó con dificultades técnicas y sobre todo políticas, ya que los grupos de PP, PSOE y C’s se han opuesto al rescate y a la gestión del servicio por parte de la empresa municipal Ecociudad, tal y como proponía la coalición gobernante.

Ahora, el informe del interventor municipal, José Ignacio Notivoli, descarta de forma definitiva el intento municipalizador al señalar textualmente que “no se acredita en el expediente que la fórmula de gestión escogida (a través de una sociedad municipal con sus propios medios) es más eficiente y más sostenible que la actual (a través de contratos de servicios); por el contrario, en el expediente solo se acredita que la forma de gestión escogida puede ser más económica en el momento inicial pero no en un futuro inmediato y que Ecociudad Zaragoza SAU no puede asumir, en este momento, la gestión del servicio”.

El interventor desacredita también en su informe la intención del gobierno municipal de rescatar solo la contrata de FCC, mientras que se mantendría externalizada la de la sociedad cooperativa Umbrela, que desarrolla sus trabajos en la Margen Izquierda. El interventor sostiene que la municipalización debería incluir un cambio de gestión en todas las áreas del municipio “y justificar un único modo de gestión”.

Los informes de otros servicios municipales habían acreditado que el rescate de Parques y Jardines supondría un ahorro de dos millones de euros anuales a las arcas municipales, algo que no cuestiona la intervención, aunque expresa su convicción de que ese ahorro previsto lo sería solo a corto plazo y sin garantías de continuidad.

Desacuerdo

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha dado a conocer este jueves 7 de diciembre el informe negativo del interventor, “que no compartimos, pero que acatamos y por eso ya le hemos enviado por vía de urgencia al propio interventor los pliegos de condiciones para sacar a concurso de nuevo la contrata”, algo que, por plazos legales y administrativos, no culminará hasta el verano de 2018.

Respecto al contenido del nuevo pliego de condiciones, Cubero ha evitado dar datos, aunque sí ha precisado que contempla un incremento de las inversiones.

El concejal de ZeC ha descartado que el informe del interventor estuviera condicionado por opiniones políticas, pero sí ha asegurado que “realiza una interpretación restrictiva de la ley, que por sí misma ya es más proclive a la externalización de servicios que a su gestión pública”.

En este sentido, el concejal de ZeC ha señalado que la decisión del interventor es una muestra más de la disposición política, jurídica, legal y administrativa hacia la externalización de los servicios públicos frente a su gestión institucional.

FCC debe seguir

El informe del interventor, que es preceptivo, determina, según Cubero, que el servicio deberá seguir siendo prestado por la actual empresa concesionaria, FCC, “en las mismas condiciones”, hasta que se adjudique la nueva contrata.

El concejal ha insistido en que la ley establece que hasta la conclusión del nuevo concurso, la actual empresa adjudicataria debe seguir prestando el servicio como reconocimiento de obligación, por lo que a partir del 31 de diciembre se prorrogará la concesión y FCC seguirá con el mantenimiento de los parques y jardines zaragozanos.

La empresa ha señalado hace escasos días que se negaba a asumir esa prórroga en las condiciones actuales del contrato y que el Ayuntamiento debía incrementar la dotación actual porque pierde dinero. Cubero ha subrayado a este respecto que “no hay posibilidad de negociación. La ley establece que debe prorrogarse la contrata en las mismas condiciones”.

Dificultades para rescatar servicios

El concejal ha descartado también que la imposibilidad de municipalizar Parques y Jardines sea un fracaso político de su gestión. “El fracaso habría sido no intentarlo. Hemos puesto en evidencia que para externalizar servicios no hay ninguna pega, pero para rescatarlos hay que elaborar informes durante un año y medio para al final toparnos con una interpretación restrictiva de la ley”.

Para el representante de ZeC “es evidente qué ocurre cuando se quieren cambiar las dinámicas políticas de las administraciones locales: se producen bloqueos técnicos, políticos o jurídicos. Los expertos y técnicos aluden a que municipalizar es una opción ideológica, como si externalizar no lo fuera”.

Pese a la imposibilidad del rescate de Parques y Jardines y al bloqueo de otros procesos de municipalización, como el del servicio 010, Cubero ha indicado que ZeC planteará hasta el final de legislatura la recuperación de otros servicios, que no ha querido precisar.

La DGA inicia el cobro del ICA pese a la oposición del Ayuntamiento

Los vecinos de Zaragoza comenzarán a recibir a partir de este martes 17 de octubre los recibos del Impuesto sobre Contaminación de las Aguas (ICA) con toda la información relativa al pago, han informado fuentes del Gobierno de Aragón.

Las fuentes añaden que la negativa del Ayuntamiento de Zaragoza a ceder el padrón al ejecutivo es lo que ha provocado un retraso en el proceso legal que hace que los recibos que ahora se emiten correspondan todavía a 2016.

El gobierno municipal zaragozano y organizaciones defensoras de la gestión pública del agua se han mostrado en todo momento en contra del cobro de este impuesto a la ciudadanía zaragozana, porque su finalidad última es la financiación de depuradoras de aguas residuales.

Zaragoza dispone desde hace tiempo de instalaciones de este tipo, sufragadas casi en su totalidad a través de los recibos de agua que pagan sus habitantes por lo que el ICA supondría un pago doble de las depuradoras, un gravamen, a su entender, injusto.

El problema de fondo radica en que el Gobierno de Aragón debe hacer frente al fracaso del Plan de Saneamiento emprendido en las legislaturas de gobiernos PSOE-PAR y PP-PAR inmediatamente anteriores a la actual, lo que le ha acarreado grandes gastos en proyectos y obras de depuradoras sin concluir.

El agujero económico del plan pretende paliarse ahora con la aplicación del ICA en Zaragoza, pese a que la capital aragonesa ya instaló sus depuradoras hace tiempo y corrió con sus costes.

Finalidad del impuesto

Según explica la DGA en su nota, “el ICA es un impuesto autonómico de finalidad ecológica, dirigido a empresas, servicios y particulares cuya recaudación va destinada a mantener las aguas de Aragón más limpias, por lo que sirve para financiar las actuaciones de prevención de la contaminación, abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales en territorio aragonés”.

Desde el Gobierno recuerdan que el ICA “no es un impuesto nuevo” y que anteriormente se denominaba “Canon de Saneamiento”.

El resto de aragoneses, según la DGA, lo pagan desde el año 2002 y la ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2016, dispuso su aplicación en el municipio de Zaragoza desde el 1 de enero de 2016.

Las Cortes de Aragón acordaron que el recibo del ICA contara con una bonificación del 70 por ciento en Zaragoza para 2016 y del 60 % en adelante, en compensación por las inversiones propias realizadas por la ciudad.

De esta manera, concretan desde el Ejecutivo, la capital se equipara con el resto de los municipios aragoneses en los que el impuesto viene siendo de aplicación desde hace 15 años.

Zonas

Para la facturación, se utilizan las tres zonas de lectura de contadores y facturación establecidas por el Ayuntamiento de Zaragoza (Margen Izquierda, La Almozara y Casco Histórico; Las Fuentes, San José, Torrero, Venecia, La Paz y Puerto Venecia; y Centro, Delicias, Parque Roma, Monsalud, La Bombarda, Oliver, Miralbueno, Valdefierro, La Bozada, Ciudad Jardín, Universidad, Romareda, Casablanca, Montecanal, Valdespartera y Arcosur).

La primera zona que se va a facturar es la zona 2, porque es la primera de la que se tiene consumos producidos en 2016. La siguiente será la 3 y finalmente la 1.

En total, se emitirán 358.225 recibos en todas las zonas.

La tarifa se basa en un doble componente, una tarifa fija y una tarifa variable.

Cuantías de los recibos

Los usos domésticos cuentan con una tarifa fija en euros al mes y una tarifa variable en euros por metro cúbico de agua abastecida, mientras que los usos industriales tienen una tarifa fija en euros al mes y una tarifa variable individualizada para cada empresa calculada en función de la contaminación vertida.

Según las estimaciones realizadas por el Gobierno de Aragón y aplicada la bonificación del 70 % de 2016, para un consumo de cero metros cúbicos al año se prevé un pago de 18,34 euros al año; de 27,55 euros para un consumo de 50 metros cúbicos; de 36,76 euros para un consumo de cien metros cúbicos, y de 47,95 euros para un consumo de 150 metros cúbicos.

El documento de pago que recibirán los contribuyentes informa de las diferentes formas de pago, así como de la fecha límite para hacerlo efectivo.