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La DGA asegura que dará respuesta a la familia de siete miembros que se iba a desahuciar esta semana

La directora general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, Mayte Andreu, ha asegurado que se va a dar respuesta a la familia de siete miembros que iba a ser desahuciada este miércoles, 13 de febrero, aunque finalmente no deberán abandonar la vivienda hasta dentro de un mes y medio aproximadamente.

“He hemos buscado una respuesta habitacional y en caso de que se cumplan los requisitos, que nos constan que sí se cumplirán, se adjudicará una vivienda”, ha señalado Andreu en declaraciones a los medios de comunicación.

Este lunes, la plataforma Stop Desahucios ha protagonizado una concentración ante el Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, reclamando una solución para varias familias que van a tener que abandonar su vivienda en próximas fechas (foto superior).

En concreto, la directora general se ha referido al caso de esta familia de siete miembros, compuesta por Josefa, su marido y sus cinco hijos menores, de quien ha explicado que el oficio del juzgado ha informado de que no se trata no se trata de unos desahucios por impago, sino de una finalización de contrato.

Según ha detallado, “solo podemos valorar lo que el juez nos informa”, quien dice que “el impago se produce cuando se notifica la rescisión del contrato por finalización del mismo”.

Fuera de Zaragoza

La directora general ha reconocido que en este caso “no se va a poder dar una respuesta habitacional en Zaragoza capital porque el Gobierno de Aragón no tiene una vivienda de más de 70 metros cuadrados que pueda ser adjudicada”.

A su entender, una casa no puede ser ocupada por más personas de las que puede acoger y que siete personas vivan en “en menos de 70 metros cuadrados es infravivienda”, para defender que todas las personas han de vivir “en las mismas condiciones de habitabilidad, calidad y confort”.

Andreu ha apuntado que en esta familia ningún miembro trabaja y es perceptora del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que podrá seguir recibiendo aunque no resida en Zaragoza, igual que la ayuda de los servicios sociales de base.

Se trata de una situación parecida a la que se encuentra otro matrimonio de la capital aragonesa con cinco hijos a los que ya se les ha comunicado que se les ha asignado una vivienda en Monzón.

Situación vulnerable

La directora general de Vivienda y Rehabilitación ha apuntado que el pasado viernes recibieron diferente documentación para valorar a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales la situación de diferentes unidades familiares que van a tener que abandonar su vivienda.

Es el IASS quien estudia “si están o no en una situación de vulnerabilidad” y si es necesario buscar una respuesta habitacional. Al respecto, Andreu ha subrayado que “estábamos buscando una respuesta adecuada a cada una de las unidades de convivencia” y “no son solamente estos casos los que tenemos en el Gobierno de Aragón”, desde donde “siempre intentamos dar respuesta a quienes cumplen los requisitos de vulnerabilidad”.

Ha detallado que una vez que se confirma que están en esta situación, “se valora si pueden acogerse a alguno de los programas que tenemos en el Gobierno de Aragón”.

El Ayuntamiento acusa al Tribunal de Contratos de valer intereses empresariales en Parques y Jardines

El Ayuntamiento de Zaragoza considera que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) favorece los intereses empresariales que están intentando paralizar el concurso del servicio municipal de Parques y Jardines. El gobierno municipal de ZeC considera que el tribunal no debe entrar a valorar cuestiones de forma, por las que ha dictado un nuevo rechazo a los pliegos del citado concurso, sino preocuparse por garantizar que respeten el ordenamiento administrativo y laboral.

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha asegurado que las decisiones del Tacpa les parecen “sospechosas” y que este tribunal “no está para esto”.

Este miércoles se conoció que la referida corte administrativa había dictado una segunda paralización del concurso para adjudicar el servicio de Parques y Jardines, atendiendo a un recurso presentado por la empresa Perica, socia de FCC (última adjudicataria del servicio),  porque pese a  haber “validado íntegramente el contenido de los pliegos”, adujo que lo que fue una “corrección” de un error debió haber sido una “modificación” del pliego, explicó el mismo miércoles la concejala de Medio Ambiente, Teresa Artigas.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos ha explicado que la patronal del sector, agrupada en la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (Aseja), así como la referida empresa Perica habían presentado hasta cinco recursos contra los pliegos de Parques y Jardines, a las que se añadió otro más de UGT que fue rechazado en su momento por el Tacpa.

Estrategia de dilación

Cubero considera que se trata de “una estrategia” encaminada “no a preservar que el concurso respete la legislación”, sino a “favorecer los intereses empresariales”, y más en concreto, “a evitar que se apliquen las cláusulas sociales que protegen a los trabajadores en los nuevos pliegos”.

“Esto debería haberlo visto el Tacpa y tendría que haber desestimado los recursos”, ha asegurado el concejal, quien ha remarcado que el Tacpa ya había rechazado un recurso de Aseja contra las 21 cláusulas sociales del concurso.

Tras la decisión sobre la reclamación de la empresa Perica, el Tacpa todavía debe pronunciarse sobre otra reclamación pendiente por parte de Aseja. “No entendemos que no haya dictado sentencia ya sobre este recurso”, considera Cubero, quien se ha quejado de las dilaciones que está sufriendo el proceso de adjudicación de la nueva contrata por los sucesivos recursos y por la tardanza del Tacpa en pronunciarse sobre los mismos.

A este respecto, el concejal ha indicado que el Ayuntamiento se ha dirigido al tribunal para que agilice la toma de decisiones y no se demore más el proceso, “una situación que sólo beneficia a las empresas y que perjudica a la ciudadanía zaragozana”.

Su comentario hace referencia a que mientras se gestiona la tramitación del nuevo concurso, el servicio de Parques y Jardines sigue siendo cubierto por la última adjudicataria, la empresa FCC, quien al no haber contrato factura mensualmente al Ayuntamiento, lo cual encarece los costes e impide la incorporación de mejoras en el servicio contempladas en la nueva contrata y que Cubero valora en 2,5 millones de euros.

Ayuntamiento sanciona a Dragados con 22.800 € por paralizar la obra de pisos sociales en Las Fuentes

El Consejo de Administración de la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda ha acordado sancionar a la empresa Dragados con 22.800 euros por la paralización de la construcción de un bloque de 80 alojamientos con usos compartidos, situado en la calle Fray Luis Urbano, en el distrito de Las Fuentes.

El vicepresidente de Zaragoza-Vivienda, Pablo Híjar, ha informado de que esta sanción se le aplicará a la constructora por los 38 días de retraso “deliberado” que ha acumulado entre septiembre y octubre de 2018, lo que ha determinado que sólo haya certificado un 23,22 por ciento de la obra cuando tenía que ser del 36 por ciento (en la imagen superior de Aragón Digital, estado actual de la obra, sin presencia aparente de trabajadores).

“Creemos que se juega con una demanda social e histórica del barrio de Las Fuentes y el movimiento vecinal lo exige cuando además vemos que Dragados que tiene cuadrillas en las obras de pisos lujosos mientras las viviendas sociales las tiene paralizadas”, ha denunciado el concejal.

Modificación de contrato

La obra de los pisos sociales de Las Fuentes se licitó por 6,8 millones y fue adjudicada a Dragados al realizar una oferta de 5,9 millones, es decir, una rebaja del 13% en una propuesta que además incluía otras acciones complementarias que fueron valoradas por la mesa de contratación.

Ahora Híjar considera que “la multinacional intentar someter a posición de fuerza al Ayuntamiento de Zaragoza para recuperar la pérdida por la baja en la oferta o aumentar sus beneficios”.

La empresa ha pedido una modificación de contrato que “es una vieja práctica que se debería abandonar, por la que se presenta a concurso haciendo baja importante en la licitación y luego pretende recuperar dinero mediante una modificación de contrato con presión sobre el plazo de ejecución”, ha descrito. Ante esta posible pretensión de Dragados ha dejado claro que no va a ser aceptada por el Ayuntamiento.

En rueda de prensa, Pablo Híjar ha puntualizado que la obra “no está parada oficialmente, pero Dragados no tiene cuadrillas trabajando y la construcción no avanza”.

Chantaje

El concejal de Vivienda ha reconocido que hay “contactos de forma permanente, pero Dragados no dice si va a continuar o no” y por eso temen que lo pretendan dilatar en el tiempo e intentar lograr algo que “es imposible que logren”.

Por ello, ha considerado que “lo mejor es que sean honrados y asuman su compromiso o que sean honestos y dejen sacarlo a nueva licitación, aunque parece que prefieren hacer grandes torres para hacer negocios en el mercado privado”.

Pablo Híjar ha indicado que si Dragados corrige los plazos de ejecución los 22.800 euros de sanción “se podrían reducir”, aunque ha apuntado la posibilidad de que la empresa lo recurra.

“Espero que la tentación no sea responder con recursos y dilatar aún más la obra. Pido honestidad y si la quiere continuar que siga, aunque no ganará el dinero que pensaban con el chantaje al equipo de gobierno de la modificación de contrato, pero no existe esa posibilidad porque chantajea a los vecinos de Las Fuentes”.

Suspendido el contrato de gestión de Las Armas, que saldrá a concurso con unos nuevos pliegos

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la resolución por mutuo acuerdo del contrato de gestión del Centro Musical de Las Armas. El portavoz del Gobierno, Fernando Rivarés, ha explicado que esta decisión viene avalada por cinco informes municipales que corroboran que hay obligaciones en los pliegos de condiciones que la empresa adjudicataria no puede cumplir por causas ajenas. La empresa recibirá unos 112.000 euros de indemnización y seguirá prestando el servicio hasta que se elaboren los nuevos pliegos y se resuelva el concurso.

Todo empezó en diciembre de 2017, cuando la empresa Fantasma Producciones SL envió un “completo escrito” al Ayuntamiento de Zaragoza, tal y como ha explicado Rivarés, en el que detallaba y documentaba “la imposibilidad de cumplir varios aspectos del pliego por causas sobrevenidas y no imputables a su responsabilidad”, ha concretado el también consejero de Cultura.

Entre las cuestiones incluidas en la explotación del contrato y que no se han podido cumplir destacan la imposibilidad de instalar una terraza de la cafetería en el patio interior de las viviendas, las restricciones para el uso de la plaza de Mariano de Cavia en conciertos y espectáculos, las obras y reformas que se han realizado y que no se incluían en el mantenimiento, o no poder explotar los cuatro estudios de grabación para actividades de formación o promoción de grupos musicales por estar mal insonorizados.

Motor cultural

Rivarés ha hecho hincapié en que los informes estudiados por el Área de Economía reconocen que el Centro de Las Armas es “un motor cultural para la ciudad” y que la viabilidad futura del proyecto “pasa por una nueva licitación”.

“Nadie en su sano juicio puede cuestionar ni el funcionamiento, ni la importancia, ni las aportaciones culturales sociales de este centro a San Pablo y a toda la ciudad”, ha subrayado el consejero, quien también ha dejado claro que “no se cuestiona el proyecto, ni el espacio, ni la ubicación, sino que sea posible un día más porque lo que exige el pliego lo prohíbe el Ayuntamiento”.

Los nuevos pliegos, ha dicho Rivarés, “harán posible la rentabilidad social del espacio, harán coherente el derecho al descanso con la explotación musical y cultural, recogerán mayor implicación con la realidad sociocultural y reconocerán que Las Armas han cambiado social, económica y fisionómicamente San Pablo, y toda la ciudad”. El objetivo es que los nuevos pliegos se elaboren antes de que acabe el año.

Nuevo concurso

El actual gestor del espacio, Sergio Vinadé, tiene claro que volverá a presentarse. “Si hemos estado dando el callo con unos pliegos bastante mejorables y una previsión bastante mejorable, desde luego si ahora se hacen bien las cosas y se presentan unos pliegos en condiciones queremos estar ahí y con más fuerza que nunca”, ha manifestado.

El Gobierno también ha aprobado que el edificio, que era propiedad de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, pase a depender directamente del Ayuntamiento de Zaragoza, que podrá cederlo a la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural para que impulse el nuevo contrato.

Más de cien empresas que trabajan con el Ayuntamiento han suscrito cláusulas sociales de género

Ciento siete empresas que han accedido a un contrato público con el Ayuntamiento de Zaragoza se han comprometido con cláusulas sociales de género que ahora se van a exigir también a entidades, ong y colectivos que reciben subvenciones municipales pero también a todos los ámbitos de la administración local de la capital aragonesa.

Todas las empresas que quieran optar a alguna de las licitaciones del Consistorio zaragozano deben adoptar cláusulas sociales de género y ya han sido 687 las empresas que en los dos años que lleva funcionando la Oficina Técnica de Transversalidad de Género (OTTG) han debido analizar su situación laboral desde una perspectiva de género.

Así lo han explicado la concejala de Educación e Inclusión del Ayuntamiento de Zaragoza, Arantza Gracia, y la responsable de la OTTG, Pilar Maldonado, en una rueda de prensa para explicar las acciones que se han llevado a cabo durante estos dos últimos años.

Las cláusulas de género obligan a las empresas contratistas a que al menos un 40 por ciento de sus nuevas incorporaciones de personal sean del sexo que menos representado esté en ese sector y a trabajar para que los puestos de trabajo cualificados, de responsabilidad o gerencia sean ocupados de forma paritaria.

Plan de Igualdad

Las empresas con más de 250 personas en plantilla también deben diseñar y ejecutar un Plan de Igualdad o, si tienen menos, deberán llevar a cabo un mínimo de tres “nuevas” acciones en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral con las que no contaran previamente, como ha incidido Maldonado.

Todas deben garantizar la adopción de medidas para prevenir, controlar y erradicar el acoso sexual, por razón de sexo u orientación sexual; hacer estudios de prevención de riesgos laborales con perspectiva de género; utilizar un lenguaje no sexista en toda su publicidad, imagen o materiales, y presentar estadísticas desagregadas por sexo y edades, para poder conocer la población en la que incide el contrato.

El Ayuntamiento ahora quiere además introducir el enfoque de género también en los presupuestos con el fin de saber a quién se dirigen los esfuerzos y como contribuye la ciudad a ser más igualitaria.

Para ello, todos los datos que se recojan relativos a movilidad, subvenciones u otros estudios se realizarán por género con el fin de corregir situaciones como que la mayoría de las ayudas en materia deportiva se conceden a clubes de deportes masculinizados o que el transporte público, utilizado en mayor proporción por mujeres que por hombres, conecte con los centros educativos o sanitarios.

Pero también para invertir la proporción de mujeres que trabajan en sectores como la ayuda a domicilio o la limpieza con el fin de garantizar que ocupen también puestos intermedios o de dirección y que haya más hombres en los escalafones más bajos.

Medidas en el Ayuntamiento

Según la concejala, “de poco serviría que las empresas suscriban planes de igualdad o de conciliación si el Ayuntamiento no los tiene”, motivo por el que el trabajo en esta materia se hace desde la transversalidad y que cualquier política que se ponga en marcha se sepa a quién va dirigida.

Y es que, ha explicado Pilar Maldonado, en las instituciones, sin ser conscientes, se están repitiendo modelos y manteniendo la desigualdad y lo que permite la transversalidad es afrontar el cambio desde la raíz.

Entre las medidas ya puestas en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza destacan además un protocolo de prevención y atención al acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por orientación sexual para la plantilla municipal y una instrucción para la facilitar la acreditación administrativa a las personas transexuales con su nombre y género en cualquier servicio municipal (bibliotecas o centros deportivos, entre otros) y para la utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista en la documentación.

Asimismo, se cuenta con un plan de igualdad que incluye 72 acciones para hacer frente a las desigualdades de género en el empleo público y un plan de formación en diferentes áreas: una sensibilización general obligatoria, otra para los colectivos más masculinizados como infraestructuras o brigadas, otra especializada y otra determinada.

La oposición desbloquea por fin el contrato de 11,49 millones para centros sociolaborales

El Consejo del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (Imefez) ha aprobado este viernes 8 de junio el expediente de adjudicación del contrato de los doce centros sociolaborales (CSL) a las entidades que los gestionan, ya que los representantes de los grupos de la oposición han confirmado su asistencia y será el único punto del orden del día.

Desde finales del pasado mes de febrero permanecía bloqueada la adjudicación del contrato de los 12 Centros Sociolaborales (CSL) a las entidades sociales que los gestionan y cuyo montante asciende a 11,49 millones de euros para los próximos tres años, debido a la incomparecencia al consejo de Imefez de los representantes de la oposición, en protesta por la reducción de su representación en ese órgano y en otros de patronatos y sociedades municipales, decidido el 9 de febrero por el gobierno municipal de ZeC. Su incomparecencia determinaba falta de quórum y por tanto las reuniones del consejo no se podían llevar a efecto.

Este bloqueo estaba ocasionando graves problemas al desarrollo de las tareas de formación de los centros sociolaborales, lo que afecta a más de 500 alumnos adolescentes y jóvenes, a la par que pone en peligro unos 80 puestos de trabajo.

Gesto de la oposición

Tras sucesivas reuniones de los grupos de oposición con las entidades afectadas, en las que éstas les han alertado sobre los graves problemas laborales y sociales que estaba causando el bloqueo, los grupos opositores han decidido acudir al consejo de Imefez en su séptima convocatoria y con el único punto en el orden del día de la adjudicación del referido contrato.

La decisión supone “un gesto” por parte de los representantes de la oposición, según ha valorado en rueda de prensa la concejala delegada de Educación e Inclusión, Arantza Gracia.

“Confiamos en que sea un primer gesto de mano tendida para la negociación política”, ha añadido la concejala, quien ha reconocido que la oposición ha “recapacitado” y ha recordado que existen otras cuestiones “congeladas” por la inasistencia de la oposición y que afectan, por ejemplo, al pequeño comercio o a los emprendedores.

La oposición municipal vuelve a bloquear el contrato de 11,49 millones a centros sociolaborales

El Consejo del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (IMEFEZ) ha tenido que suspender este lunes 21 de mayo, por quinta vez, la sesión en la que debía aprobarse un expediente de “especial relevancia”: la adjudicación del contrato de los 12 Centros Sociolaborales (CSL) a las entidades sociales que los gestionan. Zaragoza en Común ha lamentado este nuevo “bloqueo” de la oposición a este procedimiento.

El IMEFEZ había convocado para este lunes reunión de su Consejo de Administración con un único punto en el orden del día, a petición de las entidades que dinamizan los CSL, ha detallado el consistorio en una nota de prensa (en la foto superior de Ayuntamiento de Zaragoza, miembros del gobierno municipal y de entidades sociales en la reunión de este lunes a la que han vuelto a faltar representantes de la oposición).

Se trata de un nuevo intento de este organismo municipal para dar luz verde a este expediente, que desde el mes de marzo permanece bloqueado “por la decisión de los grupos de PP, PSOE y Cs de no asistir a las reuniones del Consejo, obligando a suspenderlas por falta de quórum”.

El contrato asciende a 11,49 millones de euros para los próximos tres años, del que dependen 80 puestos de trabajo y la formación de 500 jóvenes y adolescentes.

Intento fallido

Este nuevo intento se produce después de la reunión mantenida la pasada semana por el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el consejero Alberto Cubero con representantes de las entidades de inserción que gestionan los doce Centros Sociolaborales (CSL).

Los portavoces de estas organizaciones señalaron la importancia de desbloquear la licitación de la gestión de los CSL y, por ello, solicitaron esta nueva convocatoria con un punto único en el que se aborde esta cuestión.

Las entidades trasladaron la urgencia de sacar adelante este contrato por la actualización de precios, mejoras laborales y seguridad jurídica. La próxima convocatoria del patronato de IMEFEZ será el miércoles que viene.

Más dinero para el mantenimiento de los carriles bici

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la puesta en marcha de la licitación del mantenimiento de la red ciclista de la ciudad por importe de 800.000 durante cuatro años de duración del contrato, a razón de 200.000 euros anuales.

La concejala de Movilidad, Teresa Artigas, ha indicado que esa cantidad prácticamente duplicaba la de ejercicios anteriores y responde al hecho de que la red ciclista ha experimentado una notable expansión y por tanto su cuidado exigía más tiempo de trabajo y mayor dedicación.

Respecto a si las labores de mantenimiento incluirán el repintado de algunos carriles bici, como los de Sagasta o paseo Constitución que no lucen la pintura verde distintiva de las vías ciclistas, así como la sustitución de los separadores de caucho por muretes de hormigón para conseguir una segregación firme de las vías ciclistas respecto a los carriles motorizados, la concejala ha señalado que se acometerán esas labores en función de las necesidades concretas que se observen en cada recorrido.

Con cargo al contrato “Corrección, mejora y mantenimiento de la red ciclista de la ciudad de Zaragoza” el adjudicatario se tendrá que encargar de las operaciones de mantenimiento, señalización y mejora del conjunto de carriles bici y red ciclista de la ciudad, incluidas las correcciones a realizar cuando se producen interacciones de los recorridos con otras vías de circulación.

Con este contrato se persigue que el estado de la red ciclista ofrezca las mejores condiciones para garantizar la seguridad y la usabilidad a todas las personas que optan por este medio de transporte para sus desplazamientos.

Aprobado el gasto de 9 millones por servicios sin contrato

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este viernes 22 de diciembre el pago de 9 millones de euros en facturas por la prestación de servicios al Consistorio sin que haya medida contrato previo. Todos los grupos municipales han recriminado al equipo de gobierno de ZeC que se esté incrementando este tipo de relación mercantil, pero han acabado absteniéndose frente a la aprobación votada por la plataforma progresista.

El concejal de Economía, Fernando Rivarés, ha justificado el incremento de reconocimientos de obligaciones por las carencias en la plantilla municipal, que impiden, a su juicio, desarrollar más labores con los propios trabajadores municipales y el Consistorio se ve obligado a reclamar servicios externos.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha recordado a Rivarés su compromiso para acabar con esta práctica, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que se ha incrementado respecto a ejercicios anteriores, porque 2017 se cierra con el pago de 43,2 millones por parte del Consistorio en concepto de abono de servicios por la vía de reconocimiento de obligaciones, cuando en 2016 fueron 36 millones y en 2015, 26 millones.

Empresa polémica

Asensio ha recriminado especialmente el pago de dos facturas por valor de 22.600 euros a la empresa Gabinete Técnico Social, inmersa en una fuerte polémica por el impago desde hace varios meses de las nóminas a sus trabajadores de dos centros de tiempo libre que regenta.

La gran cuantía de las facturas sin contrato que abona este año el Ayuntamiento ha sido calificada como “fracaso gestor” por parte de todos los grupos municipales de oposición, mientras Rivarés ha subrayado que parte de esas obligaciones de pago provenían de ejercicios anteriores, con otros responsables políticos al frente de la Corporación.

El concejal de Economía ha insistido también en que esta práctica municipal anteriormente pasaba desapercibida porque no se sometía a la aprobación del pleno. A esto ha añadido que afloraban menos los reconocimientos porque no se materializaban los pagos y se acumulaban los fondos en una cuenta “que acumulaba 30 millones de euros que deberían ir destinados a pagar facturas. Ahora, en esa cuenta hay nueve millones porque se pagan los servicios prestados”.

Esfuerzo baldío

La concejala de C’s Sara Fernández ha precisado que sólo 14 de los 196 reconocimientos de obligación llegados al pleno corresponden a ejercicios anteriores, “son en su gran mayoría responsabilidad suya”, le ha espetado Fernández a Rivarés, para recriminarle a continuación su falta de voluntad política para afrontar el problema.

Por su parte, el concejal del PSOE Javier Trívez ha asegurado que “estas cifras no hay por dónde cogerlas” y ha reconocido el esfuerzo por parte de Rivarés para tratar de poner fin a esta práctica, “pero no ha sabido o no ha podido” y ha denunciado que se ha incrementado un 74% el volumen respecto al año 2015 y que se han duplicado el número de facturas.

El Consistorio se implicará contra impagos a trabajadores de los CTL

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado por unanimidad una moción de Chunta Aragonesista (CHA) por la que se insta al gobierno de la ciudad a reconocer la labor de diez trabajadores de dos Centros de Tiempo Libre de la ciudad (Miralbueno y Valdefierro), que llevan cuatro meses sin cobrar y a solventar de inmediato la situación. La consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, ha insistido en que esa solución es “muy complicada” por la legislación laboral y el contenido de los actuales pliegos de condiciones.

Así lo ha apuntado Broto durante el debate de la moción de CHA, para expresar su apoyo a los empleados de los Centros de Tiempo Libre Birabolas y Gusantina, que gestiona la empresa Gabinete Técnico de Trabajo Social y que lleva cuatro meses sin pagar a sus trabajadores.

Solución inmediata

En su defensa de la iniciativa, el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha transmitido su apoyo a los trabajadores y ha señalado al Gobierno de Zaragoza en Común que ahora es momento de reconocer su labor y su grado de compromiso.

Ha explicado que el objetivo de la moción es denunciar “lo que está pasando con estos diez empleados” y el incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de la empresa desde 2010 y ha recordado que es un servicio “cien por cien público y municipal” y por eso ha reclamado la implicación del Ayuntamiento, que es “al que le corresponde que se cumplan los pliegos”.

“No puede pasar ni un día más sin solución” ha sentenciado el portavoz de CHA quien ha acusado al gobierno municipal de no haber sancionado antes a la empresa porque “con dos faltas graves los pliegos de condiciones permiten rescindir el contrato al Ayuntamiento”.

A esto ha añadido que la situación ha cambiado porque la empresa ha presentado concurso de acreedores “y ahora se puede rescindir el contrato sin que la nueva empresa que lo tome deba asumir las deudas de Gabinete Técnico”.

Situación complicada

En su intervención, la consejera Luisa Broto ha destacado que poner en valor el trabajo significa “unos pliegos consecuentes” cuando los anteriores planteaban que una empresa adjudicataria que incumpliera los pliegos y tuviera un retraso en el pago tenía una sanción de 90 euros.

Broto, quien ha asegurado que desde el Gobierno han hecho un seguimiento “leal” de la situación, ha advertido de que la empresa “ha preferido recibir el dinero del Ayuntamiento y no pagar a sus trabajadores, porque le sale muy barato” no pagarles.

“La situación es muy complicada, pero hasta que no cambien los parámetros, la legislación laboral y de contratación es la que tiene sujeto al Ayuntamiento” ha reconocido Broto quien ha insistido en que “no hay posibilidad de cese”, lo que podría permitir la adjudicación a otra empresa, y que es el empresario el que tendría que renunciar a la gestión, con lo que perdería el aval.

Aportación municipal

La popular Reyes Campillo ha destacado que en el Pleno se habían aprobado pagos de facturas por 48.000 euros a esta empresa, por lo que el gobierno municipal debía personarse en el concurso de acreedores y tratar de que esos pagos se destinaran al abono de las nóminas de los trabajadores.

Lola Campos, del PSOE, cree que si diez trabajadores llevan cuatro meses sin cobrar el sueldo es “un problema político” que “viene de lejos y de unos pliegos elaborados en unas determinadas circunstancias que han cambiado”, ha abogado por una solución intermedia y ha defendido una aportación municipal que ayude a paliar la situación.

Desde Ciudadanos, Cristina García, quien ha destacado la importancia de la labor que desarrollan estos centros, ha calificado de “gravísima” la situación, ha subrayado que el Ayuntamiento debe implicarse y “de manera importante porque es un problema que se remonta a hace seis años” y ha destacado que es una “oportunidad de oro” para penalizar a las empresas que incurran en el impago de salarios.

El debate de la iniciativa ha contado con la intervención de un portavoz de los afectados, que ha pedido una solución “¡ya!” porque “no podemos aguantar más”, al tiempo que ha lamentado que “los encargados de educar y formar a los más jóvenes” sean los “peor pagados”, mientras que un representante del PAR ha abogado por no jugar “con el pan de los responsables del futuro de nuestros jóvenes”.