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Huelga el 24 de diciembre y el 1 de enero en Frutos Secos El Rincón

El comité de empresa de Frutos Secos El Rincón ha convocado una huelga para los días 24 de diciembre y 1 de enero. Los sindicatos UGT, OSTA, MIT e independientes alertan de “sobrecarga de trabajo, constantes recortes de personal e impago de pluses”, además de reclamar un plan de igualdad.

Para ambos días, el comité ha convocado sendas concentraciones en la plaza de España de Zaragoza a las 10.00 horas en protesta por su situación.

“El Comité no va a consentir más engaños, cuando de forma constante se incumplen el convenio colectivo. La plantilla está cansada de tener que denunciar para ser escuchada por la empresa”, han expuesto desde el comité.

La DGA anuncia que todos los municipios del Pirineo dispondrán de depuración dentro de ocho años

El Gobierno de Aragón ha desbloqueado el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, tras la resolución de los cuatro contratos de concesión. De este modo, el Ejecutivo asegura que va a cumplir con su compromiso “político y jurídico” de que todos los núcleos de población del Pirineo dispongan de sistemas de depuración en el año 2026. La DGA abonará cinco millones en indemnizaciones a las empresas adjudicatarias.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, al indicar que se trata de atender “la obligación adquirida con el Estado, que declaró la depuración del Pirineo de interés general y encomendó su ejecución al Gobierno de Aragón”, por lo que este plan Pirineos es “un ejercicio de responsabilidad política y también jurídica”, además de que cumple también con la directiva marco del agua.

El Gobierno aragonés pone en marcha un programa de actuaciones directas, por valor de 74,3 millones de euros para las 19 depuradoras pendientes en localidades con más de mil habitantes equivalentes, a ejecutar entre 2019 y 2024.

Estas depuradoras se consideran prioritarias por su mayor tamaño y se abordarán por el Instituto Aragonés del Agua mediante contratos de obra con un año de pruebas de funcionamiento.

Los núcleos beneficiados son Ansó, Astún, Candanchú, Canfranc estación, Canfranc pueblo, Castiello de Jaca, Echo-Siresa, Villanúa, El Pueyo de Jaca-Escarrilla-Tramacastilla-Sandiniés-Panticosa, Piedrafita de Jaca, Sallent-Formigal, L’Aínsa, Boltaña, Broto-Oto, Torla, Fiscal, Bielsa, Cerler y Benasque-Anciles.

Subvenciones

Asimismo, se establece un programa de convocatoria de subvenciones por valor de 46,3 millones de euros, entre 2019 y 2026, para financiar el cien por cien del coste del resto de las depuradoras previstas, lo que permite dar entrada a la iniciativa municipal y atender a sus preferencias en cuanto a prioridades, dimensionamiento y tipología, sin perjuicio de que el Gobierno de Aragón mantenga la responsabilidad asumida frente al Estado.

De acuerdo con el convenio, las instalaciones de pequeño tamaño son más de 250, ya que se incluye a todos los núcleos de población habitados. Las condiciones de la convocatoria garantizarán que las ayudas se asignen priorizando el tratamiento de los núcleos con mayor carga contaminante o cuyo tratamiento resulte prioritario por razón del punto de vertido.

La resolución de los contratos de concesión permite también que el Gobierno de Aragón obtenga la prioridad de los proyectos construidos redactados y los terrenos adquiridos por las concesionarias, lo que facilitará la ejecución de estos programas.

Plan fallido

Las depuradoras del Pirineo fueron declaradas de interés general del Estado y encomendadas al Gobierno de Aragón mediante el convenio firmado en 2008 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad.

Las actuaciones se planificaron en el marco del Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, cuyo desarrollo estaba previsto realizar mediante colaboración público privada a través de cuatro contratos de concesión de obra pública.

Los contratos se licitaron y adjudicaron durante los años 2009 y 2010, pero pronto empezaron a surgir todo tipo de dificultades para su desarrollo. Muestra del estado de parálisis en el que el Ejecutivo encontró el fallido Plan Pirineos es que en 2015, fecha en la que concluía el plan estatal en el que se enmarca, solo se habían construido y puesto en explotación veinte de las 297 instalaciones previstas.

Las instalaciones ejecutadas, en la zona P2 correspondiente al río Gállego, son la depuradora de Biescas (imagen superior) y 19 corresponden a pequeños núcleos integradas en el mismo nido o conjunto de instalaciones.

En el caso del río Gállego, según ha precisado Olona, la resolución del contrato es parcial y el concesionario seguirá ejecutando las veinte instalaciones y ha recordado que en junio de 2017 fue cuando el Ejecutivo autonómico acordó la resolución de los contratos de obra pública vinculados al fallido plan.

Cinco millones de indemnizaciones

Ese proceso de resolución concluyó en octubre de 2018 y supone la liberación de los vínculos jurídicos con las concesionarias y va a permitir abordar la depuración del Pirineo con nuevos instrumentos de actuación, según la DGA.

La resolución de los contratos, cuyo importe inicial ascendía a 353 millones de euros, implica anular un gasto autorizado total de 313 millones de euros.

Joaquín Olona ha remarcado que esta decisión implica “un importante ahorro económico financiero y ha precisado que en el caso de las 250 instalaciones corresponden a “núcleos muy pequeños y serán instalaciones muy sencillas”, agregando que las prioritarias son las 19 depuradoras en grandes poblaciones del Pirineo.

Asimismo, ha precisado que la resolución de los contratos implica el pago de 5 millones de euros a las adjudicatarias por la propiedad de los terrenos y los proyectos redactados. Olona ha comentado que esa cifra era de 5,8 millones, pero “la Administración debe ser indemnizada en algún caso con 0,8 millones, por eso el pago previsto es de 5 millones”.

El consejero ha sostenido que, en todo caso, “se va a producir un ahorro económico financiero relevante”, una cantidad que no se ha cuantificado porque “hay que hacer demasiadas especulaciones al dejar la opción a los ayuntamientos de gestionar o no directamente estas instalaciones”.

La DGA contratará a 37 médicos de familia y aumentarán las consultas

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, ha anunciado este jueves 13 de diciembre la gestión de 37 nuevos contratos por parte de la DGA para incrementar las plantillas en los centros con más usuarios y reducir el número de cartillas sanitarias de los médicos de atención primaria para que no superen las 1.600 y la posibilidad de que los profesionales del sector puedan realizar hasta 150 horas más al año de forma voluntaria.

Ventura se reunirá el próximo martes con los sindicatos de atención primaria para abordar los problemas del colectivo que, ha vuelto a reiterar, tienen “menos presión asistencial” que en otras Comunidades donde han comenzado las movilizaciones y transmitirles la propuesta del incremento de horas voluntarias que este jueves ha explicado el gerente del Servicio Aragonés de Salud, Javier Marión, con motivo de la presentación de la Unidad de Farmacia de Pacientes Externos del Hospital Miguel Servet.

Según la consejera la media de tarjetas sanitarias de los médicos aragoneses es de 1.164, por debajo de la media estatal, que se sitúa en 1.367 y solo el 12 % de los facultativos en Aragón supera las 1.600 tarjetas sanitarias asignadas.

Además de la ampliación de los 37 nuevos contratos, que se suman a otros 37 en médicos de familia y de atención primaria, se va a incorporar el reconocimiento del complemento específico B para que, en periodos temporales concretos y con carácter de voluntariedad, los profesionales puedan hacer sesiones adicionales, en el turno que habitualmente no realicen (los de turnos de mañana en jornadas de tarde y a la inversa, hasta un máximo de 150 horas anuales).

Mejorar la atención a la ciudadanía

Estas jornadas adicionales se utilizarían para la consulta de los casos programados más complejos y que requieran una mayor dedicación como polimedicados, enfermos crónicos complejos, consultas monográficas, cirugía menor ambulatoria.

El coste de un complemento específico B completo (150 horas) es de 10.279 euros al año.

También se van a poner en funcionamiento dos grupos de trabajo específicos, con el objeto de optimizar los recursos sanitarios existentes en los centros de salud.

El primero tiene como objetivo analizar las cargas de trabajo de los profesionales médicos, su distribución temporal y los mecanismos de cobertura de sustituciones y descansos y el segundo está destinado a analizar el reparto de funciones entre los profesionales de las diferentes categorías existentes en los centros de salud, con la finalidad de mejorar la distribución de las cargas de trabajo, tanto sanitarias como no sanitarias.

Estas medidas van encaminadas a disminuir la presión asistencial de los profesionales, lo que redundará, ha dicho Marión, en una mayor satisfacción con el trabajo que realizan y supondrá una mejor atención a la ciudadanía.

El Tribunal de Contratos avala las cláusulas sociales en el concurso de Parques y Jardines

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Albero Cubero, ha aplaudido el fallo del Tribunal Administrativos de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) sobre las cláusulas sociales de los pliegos de la contrata de parques y jardines porque es “un aval” para los trabajadores y un “varapalo” a la patronal del sector, la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (ASEJA) que lo recurrió.

En su fallo, el TACPA avala todas y cada una de las cláusulas sociales que introdujo el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) en los pliegos de condiciones en los que se “garantizan unas condiciones laborales dignas, con un servicio de mayor calidad, se introducen criterios medioambientales en la ejecución del contrato. Impide la minoración de las condiciones laborales, se recoge el plan de igualdad, un bolsa de trabajo, y se multiplican por diez las sanciones mas graves” ha enumerado Cubero.

El Gobierno de Zaragoza ha recibido el fallo del TACPA el pasado miércoles, 28 de marzo, y es la respuesta al recurso presentado por Aseja el pasado 15 de enero al pliego de condiciones de la contrata de parques y jardines aprobada por el Gobierno de la ciudad el 13 de diciembre de 2017, que incluye “cláusulas sociales pioneras en nuestro país, reconocida por observatorios”, ha enfatizado.

Pérdida de tiempo

En rueda de prensa, Cubero ha trasladado su agradecimiento a quienes han redactado los pliegos y también a los trabajadores que se presentaron como interesados en el proceso.

“Estamos enormemente orgullosos del pliego, que supone un varapalo para la patronal, porque su objetivo era precarizar las condiciones laborales de los trabajadores. Hoy los tribunales nos dan la razón a los trabajadores”, ha sentenciado.

Cubero ha lamentado que este proceso ha supuesto “perder” cuatro meses de tramitación y conlleva que se tendrá que volver a sacar a concurso con todas las cláusulas sociales “avaladas” y se adjudicará, previsiblemente a finales de este año frente a la vuelta del verano que era la previsión inicial.

Ha asegurado que ese retraso no supone un coste económico para el Ayuntamiento “más allá de la precariedad por el recurso inútil de la patronal. Asimismo, el plan de poda no se hará hasta que se adjudique el contrato.

Más cláusulas sociales

Cubero ha reconocido que Aseja puede recurrir por la vía judicial ordinaria ante el TSJA este fallo del TACPA, pero ha estimado que “sería una irresponsabilidad supina cuando le han dado este varapalo desde el TACPA y demostraría que la patronal se encuentra mejor en una situación contractual de precariedad y sin cláusulas sociales a cumplir porque su objetivo es solo tener beneficios”, ha criticado.

Por ello, ha apelado a la responsabilidad del sector tras es “varapalo” del TAPCA y que “deje funcionar al servicio de contratación para sacar a concurso el pliego”. Asimismo, ha anunciado que ante las próximas contratas a sacar a concurso estudiarán el decálogo de cláusulas sociales tipo para aplicar a todos los contratos.

El fallo del TACPA y la nueva Ley de contratos del sector público dibujan un escenario en el que las cláusulas sociales son realidad que han venido para quedarse, ha expresado para apostillar que el Gobierno municipal seguirá introduciendo cláusulas sociales dado este nuevo escenario. “No descartamos que se haga un decreto de cláusulas sociales que se podría llamar decreto de parques y jardines”, ha ironizado.

Satisfacción del comité de empresa

El comité de empresa de FCC parques y jardines ha calificado de “histórico” para los trabajadores de las contratas de Zaragoza el fallo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) que avala jurídicamente las cláusulas sociales y laborales del pliego de esta contrata, que supone un “mazazo” a las “pretensiones de recortes” de la patronal y a las políticas que han venido ejecutando los gobiernos municipales anteriores.

El comité de empresa ha señalado que el TACPA “ha dado la razón” a las alegaciones del comité de empresa y ha considerado que estas cláusulas “se ajustan a derecho”.

El TACPA ha dado el visto bueno a una batería de cláusulas como “la obligación de mantener el empleo y las condiciones laborales, abonar puntualmente los salarios, prohibición de despidos, incorporación de la mujer, planes de igualdad y de acoso laboral y sexual, planes de vigilancia de la salud y evaluación de riesgos laborales; así como puntuar en la licitación las ofertas de formación continua de las y los trabajadores, el compromiso de integrar la plantilla con personal indefinido, la creación de una bolsa de trabajo y medidas de conciliación familiar”, entre otras que han enumerado.

La DGA autoriza licitar los contratos de obras para 4 colegios

El Gobierno de Aragón ha autorizado este mes de diciembre la distribución temporal del gasto para la construcción de las fases de Primaria de los colegios del sur de Zaragoza actualmente en marcha, además de para la edificación del aulario de Infantil de Valdespartera 4 y de los centros de Infantil y Primaria de Binéfar y Pedrola, por un montante superior a los 25 millones de euros.

Ahora, el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este jueves ha aprobado la autorización anticipada para la licitación y la formalización del contrato de obras de todos estos trabajos.

El plan incluye un montante entre 2016 y 2020 de 153 millones de euros, para los que el presente y el próximo curso se invertirán 34, de manera que se prosiguen las obras en los colegios ya iniciados y se pueden comenzar nuevas obras.

Con esta firma del Consejo de Gobierno, se garantiza la inversión para la construcción de las siguientes fases de los nuevos centros de Parque Venecia, Valdespartera 3 y Arcosur, ha detallado el Ejecutivo territorial en una nota de prensa.

Plurianuales

Por otra parte, los plurianuales aprobados también permitirán el comienzo de los trabajos para el cuarto colegio del barrio de Valdespartera de Zaragoza (se inician las obras de 12 aulas de Infantil), además de los nuevos colegios de Binéfar (de una vía, es decir, de 3 unidades de Infantil y 6 de Primaria) y de Pedrola (de dos vías, 6+12 clases).

Los plurianuales garantizan el reparto de las inversiones para finalizar todas estas infraestructuras, en los dos próximos años, según recoge el plan del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Para Arcosur se han aprobado 4,4 millones de euros; para Parque Venecia, 3,7 millones; para Valdespartera 3, 4 millones y para Valdespartera 4, 3,3 millones. Por otra parte, al centro de Pedrola se asignan 5,6 milllones de euros, mientras el de Binéfar recibirá 4.

El Ayuntamiento rescindirá las contratas con empresas que deban dos nóminas a sus trabajadores

El Ayuntamiento de Zaragoza va a introducir una nueva cláusula en los pliegos de condiciones de las contratas que externalizan servicios públicos por la que si la empresa concesionaria deja de pagar las nóminas a sus trabajadores dos meses seguidos o más de dos meses alternos, el Consistorio resolverá unilateralmente el contrato sin derecho a indemnización por parte de la compañía afectada. CHA ya ha expresado su apoyo total a la implantación de la medida.

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha presentado esta mañana de jueves 26 de octubre esta nueva cláusula social de protección a los trabajadores de empresas que gestionan servicios municipales, que será aprobada este viernes por el gobierno municipal de ZeC y que a partir de ahora se aplicará “en todas las contratas que impliquen incorporación de mano de obra, es decir, prácticamente todas”, ha dicho Cubero, aunque no podrá afectar a las contratas actualmente en vigor.

La sanción más dura

En caso de que el Ayuntamiento decida resolver el contrato por incumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones salariales con sus trabajadores, “la contrata será adjudicada de forma automática a la empresa que hubiera quedado en segundo lugar en el proceso de selección”. Con esta medida se pretende que el servicio no quede sin prestarse en ningún momento por la resolución del contrato con la primera empresa.

Cubero ha subrayado que la cláusula introduce la medida sancionadora más dura que puede imponerse a una empresa de contrata, como es la resolución unilateral por parte del Ayuntamiento y sin derecho a indemnización, “porque consideramos que no respetar los derechos de los trabajadores es algo muy grave que no podemos permitir”.

También ha explicado que con esta medida de protección a los trabajadores de contratas “se hubiera evitado la situación actual de las trabajadoras del servicio 010 o de los Centros de Tiempo Libre (CTL) de Miralbueno y Valdefierro, que llevan cuatro meses sin percibir sus salarios”.

A este respecto, el grupo municipal de CHA va a presentar una moción al Pleno municipal en la que se valora el trabajo de los CTL y reclama la intervención del Ayuntamiento en la resolución del problema de la empresa Gabinete Técnico de Trabajo Social, “cuyo pliego de condiciones le obliga a dedicar el 85% de la cuantía del contrato al pago de los trabajadores”, ha indicado el concejal aragonesista Carmelo Asensio.

El edil de CHA ha asegurado que el Ayuntamiento puede intervenir para tratar de resolver estas anomalías y ·puede hacer “una inspección más rigurosa”. Pero Cubero sostiene que en la actualidad el Consistorio “no puede hacer absolutamente nada” para corregir esas irregularidades, y ha subrayado que la actual legislación en materia de contratación pública “protege a las empresas, pero no a los trabajadores”.

Dificultades para su aplicación

La nueva cláusula social que va a introducir ZeC y que cuenta “con todo el respaldo” de CHA, según Asensio,  está basada “en directivas europeas de 2014 que impiden una rebaja sustancial de las condiciones laborales de trabajadores de concesionarias de servicios públicos, y en la regulación de la contratación laboral, en la legislación laboral en general y en los convenios colectivos”, ha explicado Cubero.

En ese sentido, Asensio ha responsabilizado al Gobierno estatal del PP de “ir en contra de la dirección de la UE en materia de derechos sociales y de no aplicar las directivas de Bruselas”. El concejal de CHA sostiene que incorporar y aplicar la nueva cláusula social “va a ser complicado por las modificaciones en la contratación pública que ha introducido el Gobierno del PP”.

Acusaciones a políticos y jueces

Por su parte, Cubero considera que es “lamentable” que las administraciones locales deban encargarse de la protección de los trabajadores en este tipo de contrataciones y ha acusado a representantes políticos e instancias judiciales de no haber actuado hasta ahora en esta materia.

Respecto a las medidas similares adoptadas por el gobierno municipal que han acabado en los tribunales y en la actualidad se encuentran paralizadas, Cubero ha indicado que la introducción de esta nueva cláusula, “como las demás medidas que hemos adoptado”, cuenta con los informes favorables del director de servicios públicos y del responsable del área jurídica municipal.

A esto ha añadido que no tienen constancia de que otros ayuntamientos del Estado español hayan introducido en sus contrataciones cláusulas de este tipo, pero ha insistido en “nuestro deber es velar por los derechos de los trabajadores”, y que esta medida es un paso más en “la apuesta de ZeC por la aplicación de políticas sociales y de contratación pública responsable”

Más del 90% de los contratos en julio fueron temporales

En Aragón se firmaron en julio 58.571 contratos laborales, lo que supone el 3,04% del total de los realizados a nivel estatal (1,93 millones), según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Más del 90% de ellos fueron de carácter temporal y de muy poca duración. De hecho, uno de cada cuatro contratos firmados en toda España en julio, un 23,8 % del total, tuvo una duración inferior a la semana.

La contratación de julio volvió a caracterizase por su brevedad, ya que de los 1,93 millones de contratos registrados, 458.814 duraron menos de una semana y 89.919, entre 7 y 15 días.

De acuerdo a los registros del SEPE, solo 151.988 contratos, un 7,88 % del total, fueron indefinidos, informa la agencia Efe.

Así, 165.961 contratos tuvieron una duración de entre 15 días y un mes; 295.060, de entre uno y tres meses, y 111.286, de entre seis meses y un año. Los contratos de entre seis y doce meses apenas superaron los 25.000 y los de más de un año se situaron en 5.400.

Por territorios, la contratación estuvo liderada por Andalucía (376.411 contratos), seguida de Cataluña (315.253), Madrid (221.903) y Comunidad Valenciana (186.257).

Sector servicios

Como es habitual, los contratos de julio se concentraron mayoritariamente en el sector servicios, que aglutinó el 75 % del total, con 1,45 millones, de los que poco más de un 5 % fueron de carácter indefinido.

En particular, destacaron las actividades de hostelería, con 417.268 contratos firmados, 310.295 de servicios de comidas y bebidas y 106.973, de alojamientos, la mayoría temporales.

El comercio sumó 218.159 contratos en julio, más de la mitad de ellos al por menor, y las actividades administrativas y de servicios auxiliares, 189.784.

Al margen de los servicios, en julio se suscribieron 194.610 contratos en el ámbito de la industria, casi todos en la división manufacturera, 183.241 en la agricultura, y 103.419 en la construcción.

Más hombres que mujeres

El SEPE también revela que los hombres acapararon el 55 % de los contratos, 1,04 millones, mientras que la cifra entre las mujeres fue de 834.519.

Los hombres superaron a las mujeres en contratos en todos los sectores salvo en los servicios, donde los 723.059 de ellas fueron más numerosos que los 679.089 de ellos.

En la agricultura, los contratos suscritos por hombres (134.645) casi triplicaron a los de las mujeres (47.399), mientras que en la industria los duplicaron (128.673 frente a 57.615).

En la construcción, la contratación masculina (93.144) multiplicó por catorce la femenina (6.446).

Jóvenes, sobre todo

En cuanto a la edad de los trabajadores, el 40 % de los contratos de julio (771.486) fueron firmados por personas de menos de 30 años, a lo que se suman otros 251.085 empleados de entre 30 y 34 años.

Solo 31.820 contratos, menos del 2 % del total, correspondieron a trabajadores de más de 59 años.

Los tipos de contratos más habituales fueron los eventuales por circunstancias de la producción (896.876) y por obra o servicio (708.334), seguidos de lejos por los de interinidad (139.984) e indefinidos (92.665).

Además, en julio se convirtieron en indefinidos 58.569 contratos y se contabilizaron 201 adscripciones en colaboración social.