convenio

La DGA aprueba 11,8 millones para financiar los servicios sociales

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de servicios sociales generales para el cual el Gobierno de Aragón destinará 11.880.041 euros en 2019.

El consejero de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Vicente Guillén, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la cuantía global del convenio es 500.000 euros superior a la del año pasado, cuando se destinaron 11,3 millones de euros.

Según ha precisado, en 2015, esta partida fue de 5,3 millones; en 2016 de 7,6 y en 2017 se destinaron 10,4 millones de euros, lo que refleja el “avance” que ha experimentado esta legislatura.

En concreto, se destinarán 8,2 millones de euros a planes y programas de servicios sociales, 942.956 euros a otros planes y programas, 1,8 millones de euros a teleasistencia y 800.000 euros a pobreza energética.

Guillén ha precisado que a este convenio se suma el ya aprobado para financiar la encomienda de gestión al Ayuntamiento de Zaragoza de la ayuda a domicilio para dependientes y que tenía una partida de 5,9 millones de euros, de forma que en total el área de Ciudadanía y Derechos Sociales va a destinar al consistorio de la capital aragonesa más de 17 millones de euros.

Convenios con otras administraciones

El consejero ha precisado que el IASS firma anualmente con el Ayuntamiento de Zaragoza un convenio de colaboración en el que se incluye la cofinanciación del personal de los centros municipales de servicios sociales y el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia de naturaleza complementaria –para no dependientes–.

Igualmente, se recogen en esta colaboración las ayudas de urgencia para situaciones generales, el refuerzo de personal en los centros para la elaboración de los PIA –programa individualizado de atención para dependientes–, el servicio de teleasistencia de naturaleza esencial y las ayudas de urgencia destinadas al pago del consumo energético.

Desde el Gobierno de Aragón han detallado que el IASS tiene entre sus funciones el fomento de la colaboración con otras Administraciones públicas para consolidar el sistema público de servicios sociales de Aragón (en la imagen superior, oficina municipal en Zaragoza para atender a usuarios de Servicios Sociales).

Por su parte, los centros de servicios sociales constituyen la estructura administrativa y técnica de los servicios sociales generales cuya titularidad corresponde a las Administraciones locales, a quienes corresponde gestionar dichos servicios, así como determinados programas específicos.

Las trabajadoras de Frutos Secos El Rincón inician dos días de huelga contra sus “horribles” condiciones

Las trabajadoras de la empresa Frutos Secos El Rincón están llamadas a secundar este lunes, 24 de diciembre, y el próximo martes, 1 de enero, dos jornadas de huelga para reivindicar el cumplimiento del convenio y una mejora de su situación, dado que sus condiciones laborales son “horribles”.

Así lo han aseverado en declaraciones a los medios de comunicación los responsables del sector de comercio de los sindicatos UGT Aragón, David Martín, y OSTA, Olga Gómez, con motivo de la concentración convocada por el comité de empresa de Frutos Secos El Rincón, constituido por UGT, OSTA, Independientes y MIT, y que se ha desarrollado en la plaza España de la capital aragonesa (imagen superior).

Martín ha explicado que se ha convocado esta huelga por la excesiva carga de trabajo y “la falta de pago de los pluses” fijados por el convenio –apertura y cierre de establecimiento, domingos y festivos, horas extraordinarias–, aclarando que “no es una huelga por la negociación del convenio, sino porque las condiciones de estas trabajadoras son horribles”.

“Cobran muy poco, les pagan mal, tienen que denunciar para cobrar lo fijado en el convenio y, al final, nos hemos visto obligados a tener que hacer una medida de fuerza que no desearía nadie para intentar recobrar los derechos que la empresa no les reconoce”, ha dicho tajante.

Cartel de apoyo a la protesta

Indignación

Ha indicado que las trabajadoras están “indignadas, y con toda la razón del mundo”, porque la empresa no cumple con las condiciones alegando que “no tiene dinero, pero de repente las trabajadoras ven que han comprado otra empresa”, ha criticado, detallando que unas 380 trabajadoras están llamadas a secundar las dos jornadas de huelga.

La responsable del sector de comercio en OSTA, Olga Gómez, ha observado que esta empresa cuenta con una plantilla con “casi un cien por cien de trabajadoras”, únicamente con unos “cuatro chicos” en tiendas, y ha reprochado que “no se tiene en cuenta la conciliación laboral y familiar”.

La huelga “está basada en la precariedad laboral”, tanto por el tipo de contrato que se realiza a estas trabajadoras como por el hecho de que “no se abonan pluses de domingos y festivos, ni los pluses de apertura y cierre del establecimiento y las trabajadoras ven que pierden poder adquisitivo y se ven obligadas a denunciar por la vía judicial”.

Nuevo convenio

Gómez ha manifestado que se está negociando el nuevo convenio colectivo después de que el anterior finalizara en diciembre de 2013 y “desde entonces tampoco han tenido una subida salarial y la empresa tampoco paga el convenio como está establecido. Las trabajadoras han dicho basta ya, no pueden más”.

El salario base de estas trabajadoras es de 868 euros al mes, ha precisado Gómez, al detallar que se encargan de preparar bocadillos, servir cafés y bebidas, rotar los productos que llegan a las tiendas, recoger los pedidos “de bastante peso y ellas solas” y no conocen sus turnos con la suficiente antelación, ha asegurado.

La pasada semana, el comité de empresa y la compañía mantuvieron una reunión en el servicio de mediación y “la empresa dijo que estudiaría la situación, pero eso no da garantías a las trabajadoras que quieren soluciones ya y que sean reales, no meros compromisos”, ha concluido.

Los trabajadores del bus urbano harán paros parciales los días 5 y 11 de enero de 2019

El comité de empresa de Avanza Zaragoza, la empresa de los autobuses urbanos, ha aprobado este viernes 21 de diciembre, en pleno ordinario, la realización de dos paros parciales los días 5 y 11 de enero de 2019 y una manifestación este último día por el centro de la capital aragonesa en respuesta a la negativa de la empresa a incluir en el convenio colectivo el acuerdo de cuadros de descanso alcanzado y que realizó la propia compañía.

Los paros se llevarán a cabo ambas jornadas en horario de 17.30 a 21.30 horas y la manifestación del día 11 partirá a las 18.00 horas de cocheras para recorrer las calles Cesáreo Alierta, paseo Constitución, plaza Aragón, paseo Independencia, plaza España, Coso, plaza San Miguel y calle Miguel Servet antes de regresar nuevamente a cocheras.

El Sindicato Aragonés de Trabajadores del Transporte (Sattra), ha denunciado en un comunicado la “prepotencia” de la empresa por haber llegado a un acuerdo que no piensa cumplir, y se ha preguntado por el motivo por el que no quiere incluirlo en el convenio.

Negociación durante seis años

Ha recordado que comité y empresa llevan negociando los cuadros de descanso durante seis años y que ahora que se ha llegado a un acuerdo, con un documento ratificado por el 74,3 por ciento de la plantilla en el referéndum celebrado el pasado día 4, Avanza se niega a darle validez con su inclusión en el convenio.

El sindicado lamenta las molestias que estos paros puedan ocasionar a la ciudadanía y mantiene que no les queda otra opción con una empresa que incumple “todo lo habido y por haber”, incluido lo firmado en convenio.

Convenio para reservar trabajos fijos a mujeres víctimas de violencia machista

El Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa Clece han firmado un convenio por el que acuerdan que la compañía reserve tres contratos de trabajo al año, con un mínimo del 75 por ciento de la jornada y preferentemente indefinidos, a mujeres víctimas de violencia machista.

El Consistorio y esta empresa colaboran desde 2011, con la contratación de 16 mujeres en 2017 y otras seis en 2018, once de ellas supervivientes de la violencia machista, pero ahora lo han formalizado a través de un convenio.

El acuerdo, además, tiene otras dos patas, entre las que se incluye una segunda línea de colaboración para realizar prácticas formativas no laborales para dotar a las participantes de capacitación profesional y conocimientos en la empresa y facilitar así su integración laboral futura, ha explicado en rueda de prensa la concejala de Educación e Inclusión, Arantza Gracia.

La tercera pata del convenio alude a la colaboración en campañas de sensibilización social contra la violencia machista y en el desarrollo de propuestas que ayuden a impedir su desarrollo y que generen una filosofía igualitaria.

Gracia ha agradecido a Clece un compromiso que demuestra que la empresa que la empresa privada también tiene una responsabilidad a la hora de fomentar una vida más igualitaria y ha destacado que la intervención del Ayuntamiento se orienta en dos líneas: vivienda y empleo.

En ese sentido, ha subrayado la importancia de la independencia económica de las mujeres a la hora de tener una vida digna.

La responsable de Clece, Beatriz Alonso, ha valorado la posibilidad de materializar su proyecto social a través de generar oportunidades de empleo en personas que lo necesitan especialmente.

Lo vital para ellos, ha esgrimido, no es únicamente que les sean derivadas las candidaturas, sino que estas vienen con información “muy valiosa” para encajar las jornadas laborales con la situación de cada mujer.

En cuanto a las campañas, ha incidido en que en su caso no solo van dirigidas a que la sociedad conozca la problemática, sino también desde un punto de vista interno, para que toda la estructura de la empresa tenga una formación al respecto.

La DGA aprueba 11,35 millones para los servicios sociales municipales

El Gobierno de Aragón ha aprobado el convenio que firmará el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) con el Ayuntamiento de Zaragoza para destinar al consistorio de la capital 11,35 millones de euros para financiar planes y programas de servicios sociales generales, entre ellos la teleasistencia y las ayudas de pobreza energética.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha explicado que la partida de 11,35 millones incluye la cofinanciación del equipo de profesionales que conforman la estructura básica de los Centros de Servicios Sociales, la financiación íntegra de los profesionales que gestionan el Ingreso Aragonés de Inserción y las Ayudas de Integración Familiar, las prestaciones de servicios sociales generales y las ayudas de urgencia.

El convenio, que habrá de firmarse con el Ayuntamiento de Zaragoza, demuestra que el Gobierno de Aragón “cumple” con el consistorio, en tanto en cuanto en esta legislatura se ha incrementado la partida destinada a este acuerdo en un 114 por ciento, más del doble, ha subrayado Guillén.

En 2014 y 2015 la cuantía era de 5,3 millones de euros; subió a 7,6 millones en 2016 y a 10,4 en 2017.

Coordinación institucional

El Estatuto de Autonomía de Aragón y la Ley de Servicios Sociales de Aragón de 2009 establecen la necesidad de coordinación de las actuaciones de las administraciones públicas con competencia en materia de acción social, mientras que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia determina que las entidades locales participarán en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.

Son las entidades locales las que, según el marco normativo y en virtud del principio de proximidad al ciudadano, gestionan los servicios sociales generales y determinados programas específicos.

Por eso, este convenio fija los objetivos, recursos y compromisos y delimita las aportaciones económicas, así como los plazos y procedimientos dentro del marco de colaboración entre el Consistorio de la capital aragonesa y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Los trabajadores del tranvía votan este jueves si van a la huelga en plenas Fiestas del Pilar

Los trabajadores del tranvía votarán este jueves 20 de septiembre en referéndum si hacen paros parciales del 5 al 11 de octubre y el sábado 13. El comité, a petición del Sindicato de Ferroviarios, que agrupa a la práctica totalidad de conductoras y conductores, convocó este martes a la plantilla para pronunciarse sobre la posibilidad de ir a la huelga en plenas Fiestas del Pilar, al considerar que no se están cumpliendo las condiciones pactadas en el convenio colectivo de la empresa Los Tranvías de Zaragoza.

La propuesta de paros sería de 11.00 a 14.30 horas por las mañanas y de 18.30 a 22.00 por la tarde y noche. Un total de siete horas diarias que afectarían de manera  importante a miles de zaragozanas/os y visitantes que esos días festivos requieren para sus desplazamientos de un medio de transporte público de alta capacidad.

La posible huelga del tranvía resultaría este año especialmente lesiva para la movilidad festiva dado que, ante la ausencia de espacio de ocio en el Parking Norte, la principal oferta festiva se va a localizar en Valdespartera, adonde acudirán miles de personas, en su mayoría jóvenes, incluidas las que no contarán con la alternativa que en años precedentes suponía la Expo. Muchas de ellas querrán utilizar el tranvía como medio de transporte más directo a esa área sur de la ciudad.

Los responsables municipales, en especial el alcalde, Pedro Santisteve, y el concejal de Cultura, Fernando Rivarés, han subrayado que desde el Ayuntamiento se va a ofrecer toda la mediación posible para evitar los paros en el tranvía durante las Fiestas del Pilar.

En la pasada huelga del tranvía en los meses de marzo y abril (en la imagen superior, la parada de plaza España atestada de viajeros durante los paros parciales de primavera), los responsables municipales declinaron intervenir en el conflicto al considerar que se trataba de un problema de una empresa privada, pese a que es concesionaria de un servicio público.

La empresa dice que es un “chantaje”

Tranvías Urbanos de Zaragoza ha afirmado que los posibles paros parciales del colectivo de conductores durante las Fiestas del Pilar son un “chantaje”, al asegurar que cumple “escrupulosamente” el convenio colectivo.

En una nota de prensa, la empresa considera que esa huelga, promovida por el Sindicato Ferroviario “sorpresivamente”, coincidiendo con las Fiestas del Pilar, se basa en unas reivindicaciones “carentes de fundamento” para la compañía.

Tranvías de Zaragoza asegura que cumple y respeta escrupulosamente el convenio en vigor, demostrando su actitud dialogante y compromiso con todos sus empleados y lamenta la “irresponsabilidad y nulo compromiso” del sindicato convocante.

“Es evidente que, como en anteriores ocasiones, el propósito del Sindicato Ferroviario es llevar a cabo un chantaje a la empresa y a la ciudad, tomando como rehenes a los zaragozanos y a los miles de visitantes que acuden en estas fechas”, asevera la empresa.

Tranvías de Zaragoza apela a la “sensatez, objetividad y sentido común” del colectivo de conductores y reitera su actitud negociadora, “abierta al dialogo y al trabajo conjunto para lograr lo mejor para la empresa, sus empleados y los usuarios del tranvía”.

Un millón más para prestaciones a domicilio, teleasistencia, ayudas urgentes y atención a dependientes

El Gobierno de Zaragoza ha dado luz verde este jueves 26 de julio al convenio entre el Ayuntamiento y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que tiene una cuantía de 19 millones de euros, para regular la colaboración entre ambas instituciones en esta materia y cofinanciar el personal y la gestión.

Este convenio, que deberá ser aprobado también a la vuelta del verano por el Gobierno de Aragón, incluye la cofinanciación del personal de los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) y el refuerzo del personal para la gestión de prestaciones económicas, como el Ingreso Aragonés de Inserción y la Ayuda de Integración Familiar, ha explicado en rueda de prensa la consejera municipal de Derechos Sociales, Luisa Broto.

También recoge la gestión del servicio de ayuda a domicilio, el de teleasistencia, las ayudas de urgente necesidad y la atención primaria de personas en situación de dependencia.

De los 19 millones de euros del convenio, el Gobierno de Aragón aporta 11,4 y el Consistorio, algo más de 7 millones, lo que supone un incremento de más de un millón con respecto al firmado el año pasado y de cerca de 8,5 en relación al de 2015, ha asegurado.

Acceso extraordinario a vivienda

Broto ha puesto en valor la sintonía, el ejercicio de responsabilidad y la sincronía técnica entre ambas instituciones para sacar adelante este acuerdo.

Asimismo, ha dado cuenta de la aprobación de un nuevo protocolo de acceso extraordinario a la vivienda municipal de alquiler, algo que venía siendo demandado por los propios servicios del Ayuntamiento.

A través del mismo, se atenderá a aquellas unidades de convivencia que se hallen en situaciones de vulnerabilidad y tengan necesidades preferentes de alojamiento, en concreto a aquellas viviendas municipales de alquiler gestionadas por Zaragoza Vivienda.

La consejera lo ha definido como un procedimiento “extraordinario” que servirá como conducto interno para evitar la pérdida del alojamiento habitual.

Este protocolo, además, será una de las principales medidas del plan integral de personas sin hogar que se aprobará previsiblemente mañana en Pleno, ya que la prevención de la pérdida de vivienda es “fundamental” para evitar situaciones de “sinhogarismo”.

Satisfacción de la consejera con la nueva política estatal

Por su parte, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo aragonés, María Victoria Broto, se ha mostrado este jueves satisfecha del compromiso del Gobierno de España con las políticas sociales, subrayando que estos asuntos regresan a la agenda política del Estado.

Así lo ha dicho tras la celebración del Consejo Territorial de Servicios Sociales, presidido por la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

Un compromiso manifestado ya en este consejo territorial donde se ha acordado el reparto de fondos de los Presupuestos Generales del Estado a las Comunidades en materia de pobreza infantil, atención al pueblo gitano y el plan concertado para servicios sociales comarcales y locales, así como el reparto de subvenciones con cargo al IRPF, del que Aragón recibe 8,8 millones de euros.

La consejera María Victoria Broto ha resaltado que Aragón recibirá 200.000 euros para plantear medidas relacionadas con la pobreza infantil, un asunto que ya figuraba en la agenda de prioridades del Ejecutivo de Javier Lambán con partidas presupuestarias para que los comedores escolares funcionen en verano.

“Los servicios sociales no cierran en vacaciones ni los niños dejan de comer y ese incremento presupuestario nos viene bien para complementar un proyecto que ya llevábamos a cabo”, ha defendido Broto.

La consejera ha insistido en que de este modo se recibe “la corresponsabilidad presupuestaria del Gobierno de España para una política social que en Aragón ya estábamos llevando a cabo sin la solidaridad del anterior Ejecutivo”.

Asimismo, en la reunión se ha acordado la concesión de subvenciones a programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF. El reparto es similar al del año pasado y ha sido debatido tanto con el gobierno anterior como el actual en comisiones delegadas.

Ayudas a entidades

Broto ha defendido que el reparto supone ayudar a las entidades del tercer sector “no estar de acuerdo y paralizar el reparto es no ser corresponsable con las entidades”. De hecho, Aragón ya publicó el pasado 24 de julio en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la convocatoria para solicitar las subvenciones.

La Comunidad recibirá 8.874.400 euros, por ello, Broto ha pedido “abandonar el debate político y partidista, porque es dinero para entidades sociales, para servicios para las personas, y son fundamentales en nuestro territorio y en toda España”.

La consejera, además, ha resaltado que la ministra ha manifestado el compromiso del Gobierno de España con las políticas sociales, “tenía muchas ganas de oír que los servicios sociales están en la agenda política del Estado”.

Broto ha puesto como ejemplo la recuperación de la Seguridad Social para las cuidadoras de la dependencia. Un aspecto “fundamental”, ha dicho, y que siempre ha defendido el Gobierno de Aragón. “Nos parece fundamental porque cumplen un papel muy importante, nosotros hemos apostado por los servicios, pero hay familias que prefieren las cuidadoras en algunos casos y por eso deben tener derecho a la seguridad social”, ha concluido.

El sueldo de las empleadas del 010 puede subir más de 3.000 euros/año

El Gobierno de Zaragoza en Común estudia aumentar el sueldo de las trabajadoras del 010 entre 3.000 y 4.000 euros anuales a cada una. La negociación con las empleadas y los sindicatos municipales está abierta todavía.

Aunque el Consistorio es “proclive” al aumento, según ha dicho el propio consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, por el momento quieren ser “cautos” y esperar a que finalice la negociación.

Cubero ha recordado que la plantilla del Consistorio tiene sus condiciones laborales reguladas en el convenio municipal, mientras que las empleadas del 010, aún siendo ya trabajadoras del Ayuntamiento, tienen sus condiciones laborales reguladas en el convenio de telemarketing “por el que cobran la mitad que los trabajadores municipales”, según ha resaltado.

Por ello, Cubero considera “comprensible” que los sindicatos en la mesa de negociación “pidan unas mejoras de condiciones laborales muy superiores de las que se puedan pedir en una mesa de negociación del Pacto Convenio municipal”.

Y es que el objetivo, ha insistido el consejero, es “acabar equiparando a las empleadas del 010 al convenio municipal”. Siempre, eso sí, “de manera progresiva”, tal y como ha puesto de manifiesto.

El Ayuntamiento insiste en que los 800.000 euros de subvención al Real Zaragoza deben ir a deporte base

El Ayuntamiento ha enviado una nueva carta al Real Zaragoza para avanzar en el convenio que propuso el Gobierno de la ciudad para fomentar el deporte base. La oposición introdujo en los presupuestos una partida de 800.000 euros para apoyar al club. Sin embargo, el concejal de Deportes Pablo Híjar asegura que “nunca” les abonarán esa cantidad como tal, sino que debe ser mediante un convenio que impulse el deporte base.

El debate ha surgido en el seno de la Comisión del ramo celebrada este martes. El Partido Popular le ha planteado la pregunta: ¿Cuándo contempla abonar al Real Zaragoza SAD la cantidad de 800.000 euros, aprobada en los presupuestos de 2018?

Y la respuesta ha sido tajante: “mientras dependa de mí, nunca”. Tanto es así, que ha aseverado que, si en algún momento el Gobierno de ZeC entrega como tal esa subvención, él no estará en ese Ejecutivo.

Convenio

Eso sí, Híjar ha recordado que la propuesta de convenio dotado con 200.000 de esos 800.000 euros planteada al club se centraba en apoyar al fútbol base de toda la ciudad y que también le sirviera al Real Zaragoza “a mejorar su imagen por arriba” (en la foto superior, el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, interviene en un acto en el Ayuntamiento, en presencia de concejales de ZeC, entre ellos, Híjar, con barba).

En este sentido, el edil de Deportes ha subrayado la disposición del Gobierno de ZeC a negociar en ese marco “e incluso estamos abiertos a otros marcos de colaboración con el Club, como inversiones de mejora en La Romareda, como equipamiento municipal”, ha manifestado Híjar.

ZeC ya envió en diciembre incluso un borrador del convenio que ofrece el Gobierno de ZeC. Lo que “en ningún caso” va a hacer ZeC es “darle 800.000 euros a fondo perdido a una sociedad anónima deportiva que en nada va a mejorar las condiciones de La Romareda ni va a suponer un alivio al fútbol base de la ciudad”, ha sentenciado Híjar.

Opel fabricará en exclusiva en Figueruelas el nuevo Corsa en 2019 y el eléctrico desde 2020

El concejero delegado de Opel, Michael Lohscheller

El consejero delegado de Opel, Michael Lohscheller, ha asegurado que la nueva generación del modelo Corsa se fabricará en exclusiva en la planta del consorcio PSA en Figueruelas desde 2019 y afirmó que este modelo contará con una variante eléctrica que también se montará en este centro desde 2020. Con ello, Figueruelas será la primera planta de la marca alemana en fabricar un vehículo 100 % eléctrico en Europa.

El consejero delegado de Opel afirmó que la nueva versión eléctrica del Corsa está en línea con los cuatro nuevos modelos eléctricos que prevé lanzar la compañía en todo el mundo, entre los que también se encontrará la variante híbrida enchufable del GrandLand X. Dentro del plan estratégico la empresa prevé que para 2024 todas sus gamas cuenten con variantes eléctricas.

En este plan se contempla, a su vez, experimentar ahorros de costes de 700 euros por coche para 2020 y trabajar para alcanzar un margen operativo del 2% y ‘cash flow’ positivo también para 2020 y del 6% para 2026.

En un encuentro con la prensa española, el directivo indicó que este anuncio se produce después de que se haya alcanzado un acuerdo con el comité de empresa del centro de Zaragoza, que ha sido ratificado por los trabajadores y que conlleva una mejora de la competitividad y del rendimiento de la factoría.

El directivo apuntó que este acuerdo con los sindicatos y el anuncio de la fabricación del nuevo Corsa en exclusiva en esta instalación representa una muestra de la confianza de la compañía en la instalación y afirmó que España representa un mercado de gran importancia tanto para Opel como para el Grupo PSA.

Plan estratégico

Por otro lado, el director general de Opel España, Antonio Cobo, subrayó que el objetivo de la compañía con este nuevo plan estratégico dentro del Grupo PSA y con el nuevo convenio colectivo es alcanzar la máxima capacidad de producción en el centro, que en la actualidad se sitúa en 480.000 unidades al año.

Cobo apuntó que, en caso de introducir turnos adicionales y de fin de semana, el centro podría superar las 600.000 unidades fabricadas al año. El directivo destacó que en la actualidad la planta trabaja con cinco turnos y, en función de la demanda, podría llegar a seis turnos, aunque señaló que es muy difícil de prever la demanda que tendrá el Corsa.

El director general de Opel España indicó que la factoría de Figueruelas monta en una línea los modelos CrossLand X y el Mokka, con la intención de fabricar más de cinco días a la semana, mientras que en la otra línea se ensambla el Corsa, que pretenden que alcance su capacidad total, pasando de dos a tres turnos.

Versión eléctrica

A este eventual incremento de la producción del Corsa contribuirá la llegada desde 2020 de la versión eléctrica, cuyas baterías se importarán, y que forma parte de la estrategia de electrificación de la marca, que busca convertirse en una compañía global, con la introducción en 20 nuevos mercados internacionales para 2022.

“No hacemos previsiones de ventas exactas, aunque el Corsa es actualmente el modelo más vendido en el segmento B y la previsión es que siga en esta línea, a lo que contribuirá la versión eléctrica. Para Opel es una oportunidad de exportación”, subrayó Lohscheller.

En lo referente a contrataciones, Cobo señaló que es complicado hacer previsiones, aunque resaltó que la estimación de la compañía es alcanzar la máxima capacidad productiva, al tiempo que apuntó que el cuarto turno es parte del plan del convenio alcanzado y también permite poner un turno de fin de semana que, en caso de implementarse, representaría una “cantidad importante de empleo”.

“Este acuerdo es amplio para cinco años y es un plan de inversión a largo plazo, no desvelamos ahora si podría llegar un nuevo modelo al centro”, finalizó Lohscheller.

El comité de empresa reclama el nuevo plan industrial

Por su parte, la presidenta del comité de empresa de Opel/PSA España, Sara Martín, afirmó el martes que la presentación del nuevo plan industrial por parte de la dirección de la multinacional “no se puede dilatar en el tiempo”, después de que ambas partes firmaran el nuevo convenio colectivo.

Martín observó que tiene que estar todo listo para empezar a producir el nuevo Corsa en noviembre de 2019, lo que exige que algunas áreas, como logística, se pongan ya en marcha, de ahí la premura.

La presidenta del comité dijo que “el convenio va ligado al plan industrial, lo cual nos garantiza capacidad para tener trabajo para cinco años”, advirtiendo de que “en el momento en que no se cumpliera estaríamos en disposición de cancelar el convenio”.

Martín ha recordado que el 58 por ciento de la plantilla ha apoyado, en un referéndum, la firma de este convenio colectivo. El comité de empresa entregará a los trabajadores un comunicado, explicando la firma, este miércoles.

Cláusulas ligadas a la producción del nuevo Corsa

Por otra parte, Sara Martín indicó que algunos aspectos del nuevo convenio, vigente hasta 2022, están ligadas directamente a la producción del nuevo Corsa, por ejemplo la supresión de cinco minutos de pausa para el área de producción, que se aplicará “en el momento en que el primer –nuevo– Corsa pase por la línea”.

La presidenta del comité de empresa comentó otros aspectos del convenio, como la puesta en marcha de un plan de rejuvenecimiento de la plantilla, de forma que los empleados nacidos en 1957 que se van hasta el 30 de junio lo hacen como está planteado actualmente el contrato de relevo, trabajando el 15 por ciento de su jornada para trabajar el nuevo empleado el 85 por ciento restante pasando al 75/25 a partir de junio.

De esta manera, los trabajadores que entraron en diciembre del año pasado tendrían un contrato de relevo indefinido en Figueruelas y hasta junio toda la plantilla estaría indefinida.

También hay un compromiso de aplicación del contrato de relevo para los nacidos en 1958, 1959, 1960 y 1961 “o medidas pactadas para poder salir de fábrica”, ha concluido.