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La exalcaldesa de La Muela, condenada a 16 años de cárcel por once delitos de corrupción

La Audiencia de Zaragoza ha condenado a la excalcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla, del PAR, a penas que suman más de 16 años de prisión y a multas por 8,4 millones de euros por once delitos de corrupción cometidos mientras ejercía como máxima responsable municipal en su localidad.

En su sentencia, hecha pública este miércoles 3 de julio por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, los magistrados condenan, asimismo, a otros seis acusados relacionados con las irregularidades urbanísticas y adjudicaciones fraudulentas imputadas a Pinilla a penas de entre 6 años y 7 meses y multas.

El tribunal absuelve a María Victoria Pinilla de un delito de tráfico de influencias y le condena por once delitos, diez de ellos como autora: continuado de cohecho pasivo (3 años de prisión), continuado de blanqueo de capitales (2 años de prisión), contra la Hacienda Pública (18 meses de prisión), prevaricación, fraude a la Administración (18 meses de prisión), delito continuado de fraude a la Administración (2 años y un día de prisión), tráfico de influencias (9 meses de prisión), continuado de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones (2 años de prisión), y continuado de malversación de caudales públicos (22 meses de prisión) y uno, contra la Hacienda Pública (18 meses de prisión), como cooperadora necesaria.

Juicio repetido

María Victoria Pinilla ya fue juzgada por la Audiencia de Zaragoza en 2016 y condenada a penas de 17 años de prisión y al pago de casi 10 millones de euros de multa, aunque el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio por este caso de corrupción urbanística al entender que se vulneró su derecho de defensa al no aceptar el tribunal la renuncia de su abogado a representarla.

El Supremo no anuló, sin embargo, las condenas de quince acusados que alcanzaron acuerdos de conformidad, entre ellos Carmelo Aured, que aceptó 9 años por el cobro de comisiones, y el exmarido de Pinilla, Juan Antonio Embarba, condenado a 3 años por corrupción.

La nueva sentencia, de más de 500 páginas, no modifica sustancialmente el relato de hechos probados sobre irregularidades urbanísticas y adjudicaciones fraudulentas respecto a la exalcaldesa y al resto de participantes en los hechos.

Condenados y absueltos

Así, el tribunal condena a Antonio Fando (representante legal de Ente Gestor de Nuevas Tecnologías del Agua) a 6 años y 7 meses de cárcel, multas por 458.000 euros y 10 años de inhabilitación por delitos de corrupción, y a Julián de Miguel (administrador único de Aranade y Tudela Inmobiliaria) a 2 años y 1 día de cárcel por fraude continuado.

Además, impone 2 años y 1 día de prisión a Juan Ignacio Unsain (Construcciones Sagain) por fraude a la administración; 6 meses de cárcel a los hermanos Julio y David de Miguel (hijos de Julián de Miguel y socios en Tudela inmobiliaria); y a 8 años de inhabilitación al exconcejal de Aguas de La Muela Fernando Barba Marcén por prevaricación continuada y falsedad documental.

El tribunal absuelve, por otra parte, a Francisco Aramburu y Alberto Lozano de los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de los que eran acusados, así como a Pinilla de otro de tráfico de influencias que se le imputaba.

Indemnizaciones

Las mayores responsabilidades civiles han recaído sobre la exalcaldesa, que deberá indemnizar, de forma solidaria con el promotor Julián de Miguel e Ignacio Unsain Azpiroz, al Ayuntamiento de la Muela con 1,3 millones de euros por la venta irregular de dos parcelas, y con casi 400.000, junto a Antonio Fando y Juan Carlos Rodrigo Vela, por una subvención indebidamente recibida del Instituto Aragonés del Agua.

Además, Pinilla es condenada a indemnizar al consistorio en 2.753 euros por gastos en comida, en una óptica y en teléfono, en 16.431 euros por un viaje a la República Dominicana, y en otros 3.939 por otro viaje a Santo Domingo.

La sentencia incluye, además, el pago de indemnizaciones entre varios acusados a la Hacienda Pública (498.073 euros) y a la Agencia Tributaria por fraude fiscal (321.853 y 349.412 euros).

Alto nivel de vida

La trama de corrupción tuvo como epicentro la Sociedad Urbanística de La Muela, que presidía Pinilla y que tenía como objetivo dar mayor eficacia a la acción municipal en materia urbanística, y en la empresa Aranade, una red en la que también participaron la familia de la exalcaldesa y empresarios.

La “Reina del viento”, como se calificó a Pinilla por el gran desarrollo que los parques eólicos, pasó de ser dueña de una granja de conejos a poseer numerosas cuentas bancarias y propiedades, incluso en la República Dominicana y en la exclusiva urbanización de Sotogrande (Cádiz), coches de lujo y a vivir con un alto poder adquisitivo.

Pinilla llegó a la alcaldía en 1987 en las listas del CDS y se mantuvo, ya como candidata del PAR, hasta 2011, cargo que desempeñó y se negó a dejar durante los tres años posteriores a su detención y encarcelamiento por orden del Juzgado de Instrucción Número 1 de la Almunia de Doña Godina (Zaragoza), cuyo titular, Alfredo Lajusticia, investigó el caso.

Recurso ante el Supremo

El abogado Santiago Palazón, quien representa a la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza) María Victoria Pinilla, recurrirá la sentencia. “Vamos a recurrir en casación ante el Supremo”, ha dicho en declaraciones a Europa Press, dejando claro que “las sentencias se respetan, pero se acatan las firmes”, de forma que “el Supremo dirá lo que tenga que decir”.

“Si la palabra que definió el primer recurso que interpusimos en el Supremo fue ‘indefensión’, en este caso la palabra clave va a ser prejuicio”, ha explicado Santiago Palazón, indicando que “se afirma como algo que ya es ‘per se’ que había corrupción en La Muela y otras Administraciones del territorio nacional”, una “afirmación apriorística” porque “no hay ningún hecho probado” que acredite que Pinilla cometiera algún delito.

Para Palazón, “no hay un solo elemento probatorio o prueba que justifique la condena” de Pinilla y, “de hecho, la palabra ‘indicios’ se cita varias veces a lo largo del texto”, pero “los indicios son una cosa y las pruebas son otra”.

Ha expresado que “los indicios sirven a un juez instructor para investigar, en el juicio solo valen las pruebas plenas y, si no lo son, se aplica la presunción de inocencia y el principio ‘in dubio pro reo”.

En libertad bajo fianza

Por otra parte, Palazón ha indicado que “Pinilla tiene una serenidad sorprendente para todo, para lo bueno y para lo malo”, por lo que ha recibido la sentencia “con absoluta serenidad”.

María Victoria Pinilla se encuentra en libertad desde julio de 2009, baja una fianza que primero fue de 800.000 euros y posteriormente la Audiencia la rebajó a 150.000, a petición de Palazón, después de que el Supremo ordenara repetir el juicio.

Asimismo, Santiago Palazón ha señalado que no solo Pinilla recurrirá la sentencia y que “esto todavía no está resuelto”, añadiendo que “la justicia lenta no es justicia”.

Palazón es abogado de oficio de Pinilla. “En principio mi intervención acaba aquí”, con la presentación del recurso de casación, ha explicado, apuntando que la preparación del mismo corresponderá después “en principio” a abogados del Colegio de Madrid, aunque “otra cosa es que se tomen decisiones extraordinarias por el Colegio de Zaragoza o el de Madrid”. Ha recordado que “ella no puede contratar a nadie, no tenía fondos para pagar a abogados y procuradores”.

Absueltos los últimos acusados en el caso de corrupción de Plaza

La Audiencia de Zaragoza ha absuelto a los tres únicos acusados que no aceptaron un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en el caso Plaza, el mayor proceso contra la corrupción instruido en Aragón.

La sentencia, a cuyo fallo ha tenido acceso Efe, absuelve al exviceconsejero socialista Carlos Esco, y a los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría de los delitos relacionados con las supuestas irregularidades denunciadas en torno al pago de sobrecostes de hasta 147 millones en Plaza, la plataforma logística de Zaragoza (en la imagen superior, en primer plano Iglesias, junto a él Floría y a continuación Esco, compareciendo ante el tribunal).

Estos tres acusados fueron los únicos de los 25 encausados que no aceptaron un acuerdo de reducción de condena con Anticorrupción y decidieron ir a juicio para hacer frente a presuntos delitos de malversación, administración desleal, tráfico de influencias y cohecho.

Adjudicaciones fraudulentas

Los magistrados consideran probado en su resolución que la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) fue objeto de una sucesiva merma de su patrimonio a través de un plan “urdido” en 2002 por el gerente de esta sociedad, Ricardo García Becerril, y el responsable de la UTE que se adjudicó las obras de urbanización, José María Jordán.

Ambos acusados, los principales artífices del fraude, aceptaron condenas de casi cinco años (Becerril) y de dos años y cinco meses (Jordán) así como el pago de 14,8 millones de euros en concepto de responsabilidad, cantidad ya abonada por la UTE constituida entre Acciona y Mariano López Navarro.

Según el tribunal, ambos propiciaron adjudicaciones fraudulentas a la UTE, sobrefacturación de obras, pagos “en especie” a directivos y facturación falsa con el fin de generar un beneficio ilícito tanto a nivel personal como a los once acusados que aceptaron condenas menores y multas de hasta 67.000 euros tras asumir los cargos.

En sus fundamentos jurídicos, la sentencia se centra en la situación de Carlos Escó, de quien afirma que no sólo no tenía funciones de gestión en la sociedad, sino que su misión era la de actuar como enlace con el consejo de administración, del cual formaba parte en representación del Gobierno aragonés.

Admite el tribunal la existencia de “serias dudas” respecto a las actuaciones delictivas de Escó y de Floría, acusado por fraccionar el pago de una factura con la que le fue abonado un vídeo promocional de Plaza, por lo que descarta la existencia de supuestos delitos de malversación y cohecho.

Falta de pruebas

Los magistrados asumen un informe de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de Policía Nacional en el que se habla del “origen desconocido” del patrimonio de Escó, pero argumentan que este dato, por sí solo, “es insuficiente para fundamentar una condena habida cuenta el carácter absoluto del derecho a la presunción de inocencia”.

Destacan que la única decisión de Escó fue la de encargar el vídeo promocional a Floría, pero rechazan que entre ambos se hubieran cometido acciones delictivas de cohecho y de tráfico de influencias.

El tribunal rechaza dar validez a los correos electrónicos incriminatorios remitidos por García Becerril, en concreto uno denominado “miserias”, que atribuye a la enemistad existente entre ambos durante dichas fechas.

Por otra parte, descarta como prueba incriminatoria de delitos de cohecho y falsedad contra el empresario Agapito Iglesias una factura de 58.000 euros por un estudio de asesoría urbanística, y destaca que dicha factura fue comprobada y validada por la Inspección de Hacienda.

Tras citar una sentencia del Constitucional que argumenta que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado, la sentencia subraya que “consecuentemente, si efectivamente se ha aceptado por la administración tributaria, no puede afirmarse que sea falsa”.

Decomiso de bienes

La resolución, además, de la responsabilidad civil establecida, ordena el decomiso de numerosos bienes muebles e inmuebles de García Becerril para hacer frente a distintos gastos irregulares, entre otros, 13.146 euros de un viaje a Brasil.

Además de estas cantidades, en las negociaciones previas la Fiscalía Anticorrupción admitió que los acuerdos previos alcanzados habían sido posibilitados por la decisión de Acciona de pagar 50 millones de euros a las arcas públicas.

El propio fiscal Anticorrupción José Grinda explicó en esos días a los medios de comunicación que el resto del dinero defraudado, un total de 147 millones, se resolvería por un procedimiento civil de arbitraje, al que ya dieron su visto bueno tanto las acusaciones particulares en nombre del Gobierno aragonés y de la sociedad pública Plaza como de la UTE.

El paro, la corrupción y la política son los principales problemas para los aragoneses

El paro, la corrupción y el fraude y los políticos en general son percibidos por los aragoneses como los tres principales problemas de España, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Un 60,2 por ciento de los entrevistados en Aragón refiere el paro como unos de los tres principales problemas de España (el 36,8 % lo nombra en primer lugar), seguido de la corrupción y el fraude con un 39,8 % (el 11,6 % cree que es el primer problema), y de la política en general, con un 34,2 % de los entrevistados que la citan como uno de los tres principales problemas de España (el 16 % considera que el primero).

Aparecen en la lista del sondeo del CIS cuestiones como las económicas, que es un problema para el 17,4 % de los aragoneses entrevistados; la calidad del empleo (para el 13,2 %); las pensiones (para el 12 %); la inmigración (para el 11,7 %); la educación (para el 10,7 %) o la sanidad (para el 10,6 %).

La situación política, mala para casi el 70%

En cuanto a la situación política general de España, el 36,6 % de los entrevistados la califica de muy mala, seguidos del 30,3 % que la consideran mala, el 27,2 % de regular y el 4 % de buena, mientras que la situación económica es regular para el 44,8 % de los encuestados, mala para el 29,9 %, muy mala para el 16,6 % y buena para el 6,6 %.

El asunto de la independencia de Cataluña solo es uno de los principales problemas de España para el 9,9 % de los aragoneses (el 3,5 % de los entrevistados lo colocan en el primer lugar), y solo perciben a la violencia machista como una de las tres primeras preocupaciones el 8,6 % de los encuestados.

Los problemas que más afectan personalmente a los aragoneses son el paro (lo refiere el 19 % de los entrevistados); la calidad del empleo (el 17,5 %), los problemas económicos (el 15,5 %) y la sanidad y las pensiones (ambas con un 14,9 %).

Comienza el proceso de participación de Oficina anti Corrupción

El Gobierno de Zaragoza ha puesto en marcha este miércoles el proceso de participación para definir el funcionamiento de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. Este organismo investigará, entre otras cuestiones, el uso ilícito de fondos públicos. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha participado en la primera reunión de trabajo con entidades sociales para abordar el reglamento.

Santisteve ha explicado que con esta oficina se pretende contribuir al control y la prevención del fraude y la corrupción en el ámbito municipal y ayudar a que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones públicas. Santisteve ha animado a los colectivos y a la ciudadanía en general a realizar aportaciones que enriquezcan el borrador de reglamento elaborado por el Gobierno.

El anteproyecto se va a someter a consulta pública a través de la web municipal durante los próximos tres meses (http://www.zaragoza.es/contenidos/normativa/Rgto-Oficina-Fraude-Corrupcion-Anteproyecto.pdf) El Gobierno de Zaragoza buscará además el consenso de los grupos municipales para elaborar el proyecto de reglamento, que deberá ser aprobado finalmente por el Pleno.

Órgano independiente

La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción se plantea como un órgano independiente, con autonomía funcional, que dependerá del Pleno y que actuará sobre todo el Ayuntamiento, incluidos los organismos públicos y sociedades municipales, como ya informó en exclusiva su momento Ten! Zaragoza. 

Su función será la de alertar e investigar el uso ilícito de fondos públicos, las situaciones de incompatibilidad y conflictos de intereses o los casos en los que haya un aprovechamiento privado de información obtenida en el desempeño de funciones para el Ayuntamiento.

Además tendrá una función preventiva, evaluando áreas de riesgo e impulsando códigos de buenas prácticas que fomenten la ética pública, la transparencia y la integridad de cargos y empleados públicos.

La oficina sería la encargada de gestionar el Registro de declaraciones patrimoniales y de actividades, pudiendo investigar los incrementos de patrimonio de los cargos públicos con informe motivado que lo justifique. También gestionaría el nuevo Registro de lobbistas y lobbies.

La Oficina contra la corrupción controlará a familiares de cargos y protegerá al denunciante

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado la puesta en marcha de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, que obligará a los cargos públicos a una exhaustiva declaración de patrimonio, propiedades y participaciones empresariales, incluidas las de sus familiares más próximos. La nueva oficina tendrá también acceso a toda la información administrativa, incluso a cuentas corrientes bancarias para desentrañar posibles delitos. Asimismo, habrá un registro y control de lobbys y lobistas, además de que se creará un estatuto del denunciante para facilitar y proteger las revelaciones de posibles casos fraudulentos.

El borrador para la creación de la Oficina anti Fraude será colocado en breve en la web municipal para que en el plazo de tres meses cualquier persona o entidad pueda realizar sus comentarios o aportaciones al documento, ha explicado el concejal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, de cuyo negociado dependerá la Oficina, aunque su creación será potestad del Pleno municipal.

El anteproyecto de reglamento del órgano contra la corrupción municipal, al que ha tenido acceso Ten! Zaragoza, destaca en su preámbulo que los organismos de control del fraude en instituciones públicas se han evidenciado insuficientes y que el 70%  de los casos de corrupción política en el Estado español se producen en la esfera de la administración local.

También destaca que la legislación española carece de normas que protejan al denunciante o que regulen la actividad de los grupos de presión, además de que apenas existen agencias de lucha contra la corrupción multidisciplinaria, cuando es uno de los principales problemas del sistema democrático, socavado por este tipo de prácticas.

El documento señala que sigue los dictados de las Naciones Unidas para frenar la corrupción, cuando recomendó el desarrollo de estrategias propias en el seno de los entes locales, con refuerzo del control, de la transparencia y de la supervisión de la gestión.

Cualquier persona puede denunciar

La actuación de la Oficina podrá comenzar por la comunicación de cualquier persona, incluso anónima, que describa hechos presuntamente irregulares. A este respecto Rivarés ha insistido en que uno de los objetivos de la creación de este ente era la participación y la implicación ciudadana en la lucha contra la corrupción.

En sus 25 folios de desarrollo, el anteproyecto de reglamento dispone las competencias, funciones, organización y régimen jurídico de la Oficina, así como el tipo de procedimiento que pondrá en marcha, las obligaciones de los cargos públicos, el registro y control de los lobbys y el estatuto del denunciante.

Tras el proceso participativo, el documento será sometido al debate y aprobación de los grupos políticos municipales para alcanzar el consenso de todos ellos. A este respecto, Rivarés ha puntualizado que el equipo de gobierno de ZeC, que este viernes 27 de octubre ha aprobado el borrador, ha sido especialmente escrupuloso en su redacción, “para que pueda ser asumido por todos y no ocurra como en otras ciudades, donde ha sido recurrido por el PP”.

Competencias

Entre las competencias atribuidas a la nueva Oficina destaca la de gestionar el registro de declaraciones patrimoniales y de actividades de los cargos públicos municipales, comprobando las variaciones patrimoniales.

El reglamento establece que en el plazo de un mes desde su nombramiento los cargos públicos deberán cumplimentar una exhaustiva declaración de bienes, que se hará pública en la web municipal.

En ese “Registro de declaraciones patrimoniales y de actividades”, que será gestionado y controlado por la Oficina anti Fraude, se incluirá la declaración del IRPF, así como las participaciones del implicado/a, cónyugue o hijos de los cargos públicos en empresas.

Al final del mandato, la Oficina realizará una revisión detallada de los datos para comprobar que no se haya producido ninguna variación sospechosa.

El control de la Oficina podrá hacerse extensivo a “las actividades de personas físicas o jurídicas que sean concesionarias de servicios, perceptoras de subvenciones públicas o de las dotaciones económicas asignadas a los grupos políticos, que ejecuten obras o que tengan atribuida la gestión de servicios públicos municipales”, señala el anteproyecto.

Por otro lado, el borrador de reglamento también incorpora la obligación de personas e instancias a las que se dirija la Oficina en el desarrollo de sus actividades a colaborar con ella.

Viñeta sobre la lacra social de la corrupción

Dirección y vocalías

La Oficina estará dirigida por un director o directora con dedicación exclusiva, al que se le atribuye la calidad de autoridad pública. Deberá cumplir un exigente régimen de incompatibilidades y no estar afiliado a ningún partido político, sindicato u organización empresarial.

El nombramiento del responsable de la Oficina, al que el reglamento otorga amplias atribuciones, puede resultar el principal escollo en la consecución de un consenso político para la creación de este nuevo órgano municipal.

Junto a la directora o director trabajarán cinco vocales designados por el Consejo de la Ciudad de Zaragoza. Sus puestos tendrán “naturaleza funcionarial y se proveerán por el sistema de concurso de mérito específico”, indica el documento, donde también se establece que no percibirán retribuciones por el ejercicio de sus funciones.

Los vocales se renovarán por mitades cada dos años y medio, mientras el director ejercerá por un periodo máximo de cinco años, señala el borrador, que establece también la comparecencia del director de la Oficina al menos dos veces al año ante el Pleno municipal y la elaboración de una memoria anual explicativa de todas las actuaciones del órgano.

Procedimiento

Respecto al procedimiento de la Oficina, destaca en el documento que sus integrantes pueden personarse en cualquier dependencia del Ayuntamiento sin previo aviso y solicitar cuanta documentación estimen oportuna, además de “acceder, si así lo permite la legislación vigente, a la información de cuentas bancarias” en las que se hayan realizado pagos o disposiciones de fondos relacionadas con la actividad municipal.

Las investigaciones de la Oficina de un supuesto caso de corrupción, iniciadas por decisión propia, a instancias del Pleno municipal o por alguna denuncia, se desarrollarán por un espacio máximo de seis meses, en los que el anteproyecto de reglamento establece todo tipo de garantías, tanto para los investigados como para los denunciantes.

Respecto a estos últimos se establece un estatuto específico de protección, dirigido hacia los empleados municipales que delaten “de buena fe” y pongan en conocimiento de la Oficina algún supuesto de fraude o corrupción. Respecto a los denunciantes de mala fe, si ésta se demuestra, “podrían derivarse responsabilidades disciplinarias o penales contra el falso denunciante”, puntualiza el borrador.

El documento establece que no se admitirán denuncias anónimas por parte de empleados municipales, pero se preservará la confidencialidad de sus declaraciones durante todo el proceso, sin que ello le exima de cumplir con sus responsabilidades laborales. Asimismo se contempla que el denunciante podría ser trasladado de puesto en caso de que su colaboración con la Oficina pudiera repercutir negativamente en su trabajo.

Grupos de presión

Como novedad también, el anteproyecto incorpora un apartado sobre el registro y código de conducta de los grupos de presión (lobbys) y sus representantes (lobistas), y define la actividad de lobby como “cualquier comunicación directa o indirecta con cualquiera de los cargos o autoridades del Ayuntamiento, de las instituciones y órganos estatutarios, así como de sus empleados, con la finalidad de influenciar la toma de decisión pública, desarrollada por o en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental, en beneficio de sus propios intereses”.

Para este grupo de colectivos y personas influyentes se establece un registro propio y un régimen jurídico riguroso que permitan el control de sus actividades ante las instancias municipales.

Respecto a la puesta en marcha de la nueva Oficina anti Fraude, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha animado “a toda la sociedad civil a que efectúen sus aportaciones para mejorar las políticas de transparencia” y ha dicho que esta oficina será un órgano que contará “con el apoyo y cobertura municipal”, pero que tendrá “un grado de independencia para cumplir con las políticas de transparencia”.

El objetivo de esta iniciativa, ha puntualizado por su parte el concejal Rivarés, es contribuir al control y la prevención de estas conductas en el ámbito municipal y ayudar a que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones públicas.

 

El patrimonio de los altos cargos del Gobierno de Aragón se investigará al dejar su puesto

Imagen del pleno de las Cortes de Aragón

Un “organismo independiente” denominado Agencia de Integridad y Ética Pública, que se relacionará con las Cortes de Aragón a través de una comisión permanente,  investigará el patrimonio de los altos cargos del Gobierno de Aragón después de que cesen para comprobar si se han enriquecido de manera ilícita durante su mandato. Además, se vetará el uso de tarjetas de crédito a cargo de empresas públicas y organismos. Son las principales novedades de la Ley de Integridad y Ética Pública aprobada este jueves en las Cortes de Aragón con el voto favorable de PSOE, Podemos, CHA e IU y el respaldo matizado, con oposición a varios contenidos, de PP, PAR y C’s.

La ley aprobada establece que en caso de que se encuentren sospechas de enriquecimiento ilícito, la citada agencia abrirá una investigación con la colaboración de la Agencia Tributaria, y si es necesario se dará traslado a Fiscalía o los juzgados.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha presentado este proyecto de ley, recogido en los acuerdos de investidura del presidente, Javier Lambán, exponiendo que Aragón será, después de Cataluña, el segundo territorio del Estado español que regula la actividad de los lobistas y que esta norma contempla el compromiso de cumplir un código ético público y dispone la elaboración del Estatuto del empleado público denunciante, así como un Código de Buen Gobierno.

También se normativiza el traspaso de poderes en el Gobierno, de una legislatura a otra, “para evitar malas prácticas”, y se ordena el Registro de actividades, bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno; las declaraciones de bienes serán públicas y una vez cesen en sus funciones se examinará su situación patrimonial. Habrá un estatuto para el personal directivo de la Administración.

El diputado del PSOE, Florencio García Madrigal, ha coordinado los trabajos de la Ponencia, acompañado por María Ángeles Orós (PP), Héctor Vicente (Podemos), Elena Allué (PAR), Susana Gaspar (Cs) y Patricia Luquin (IU). Como todos los portavoces, García Madrigal ha dedicado parte de su intervención a elogiar el trabajo realizado por la letrada Vega Estella, recientemente nombrada miembro del Consejo Consultivo de Aragón, tras décadas de servicio a la institución parlamentaria.

Críticas de la oposición

La diputada del PP María Ángeles Orós ha censurado que “esta es una ley con título sugerente, pero que falla tanto en la forma como en el fondo”. En cuanto a la puesta en marcha de una Agencia de Integridad y Ética Pública, Orós la ha definido como “una policía política interna que era innecesaria, porque existen mecanismos que se podían haber impulsado”.

La diputada del PAR Elena Allué también se ha mostrado muy crítica con esta ley porque “está hueca, vacía y es política de escaparate”. Además, “nos va a salir cara a todos los aragoneses y no va a resolver la corrupción en Aragón”.

Para Susana Gaspar (C’s), el texto que llegó a la Cámara era “infumable”, además de “tener aspiraciones difíciles de asumir”.

El diputado de Podemos Héctor Vicente ha reconocido que el texto traído a la Cámara “era francamente mejorable”, pero es una ley que era “muy esperada” y “llega en un momento más que oportuno”, en referencia a los “numerosos casos aislados de corrupción” en el seno del PP. “Llega justo cuando la confianza en la pulcritud de nuestras instituciones ha sido puesta en duda por un puñado de ladrones”, ha dicho, y “ayudará a evitar casos como Plaza o La Muela”. Respecto a la Agencia de Integridad, ha valorado que será “un órgano delegado de esta Cámara”.

“Se entiende que cualquier cargo público tiene estos dos valores”, ha dicho la diputada del Grupo Mixto Patricia Luquin (IU), pero “viendo la evolución que ha tenido esta país se hace obligatoria”.

Como representante del PSOE, Madrigal también ha intervenido para defender la Agencia de Integridad, y ha calificado las intervenciones de PP y PAR como “el mundo al revés”. Ha calificado como “delirante” que “algunos puedan cuestionar el esfuerzo que estamos haciendo aquí”. Para Madrigal , con esta ley “llegamos al alma de los ciudadanos”.