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Médicos del Salud podrán retrasar la jubilación hasta los 70 años para paliar la falta de especialistas

La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado este lunes 15 de abril la modificación del Plan Operativo para la prolongación en el servicio activo de los médicos del Salud para extender la edad de jubilación hasta los 70 años, frente a los 67 que estaba vigente en la actualidad. Esta decisión se justifica por el déficit estructural de médicos especialistas en el Servicio Aragonés de Salud.

Un total de 17 especialistas que ya habían retrasado su jubilación y cumplen 67 años en este ejercicio podrán acogerse a esta medida, según fuentes del Gobierno de Aragón, que añaden que durante el 2019 está prevista la jubilación de un total de 77 facultativos de Atención Especializada y 77 médicos de Atención Primaria.

La nueva redacción del plan, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno, elimina también la obligatoriedad de que, como máximo, se autorice la prolongación al 60 % de los efectivos de cada especialidad al considerar que las citadas solicitudes no van a afectar a la entrada de nuevos profesionales al sistema.

Esta decisión se justifica por el déficit estructural de médicos en el Servicio Aragonés de Salud, una apreciación reforzada por las conclusiones del informe encargado por el propio Ministerio de Sanidad sobre esta cuestión, que constata una tendencia al incremento del déficit actual que pasará del 3 % actual a un 5 % en el 2020, en el conjunto del territorio estatal.

Edad elevada

De hecho, la evolución de la demanda de profesionales en Aragón hace prever que estos porcentajes serán superiores en la Comunidad.

Según este informe, el 58 % de los especialistas que prestan servicio en Aragón tienen 50 años o más, porcentaje que se eleva al 68 % en el caso de la Atención Primaria.

En la reunión celebrada este lunes se ha constituido también la nueva Mesa Sectorial de Sanidad resultante de las pasadas elecciones sindicales, de modo que CEMSATSE tiene una representación de 4 delegados, CSIF cuenta con 2, la misma cifra que FTPS, y CCOO y UGT cuentan con 1 delegado, respectivamente.

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT han abandonado esta Mesa Sectorial de Sanidad al considerar inaceptables las condiciones en las que el gerente del Salud firmó el acuerdo con Cemsatse que permitió desconvocar la huelga, porque desprecian la negociación colectiva y deslegitiman el papel de las mesas generales de negociación.

El Gobierno de Aragón no tiene previsto bajar los impuestos

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha afirmado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que no se puede plantear bajar impuestos “sin más” cuando persiste el déficit público, añadiendo que “todo el mundo está de acuerdo” en mejorar los ingresos de las comunidades autónomas para financiar los servicios públicos.

Gimeno ha comparecido, a petición del PP, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, donde ha rechazado las “demagogias” del PP sobre la reducción de impuestos “si realmente queremos resolver algún problema”.

Ha negado que la instalación en Aragón de empresas dependa de la política tributaria del Gobierno de Javier Lambán, subrayando que el 70 por ciento de los ingresos de la Comunidad Autónoma, 3.800 millones, provienen de las decisiones acordadas por el Estado en el sistema de financiación autonómica, el 9 por ciento proviene de los tributos cedidos y el tres por ciento de los propios.

Ha reiterado su pretensión de acometer ya la reforma del sistema tributario y de la financiación autonómica para hablar del conjunto de los ingresos. Gimeno ha recordado que la normativa sobre el impuesto de sucesiones no proviene de la Comunidad Autónoma, sino del Estado, de forma que “hay problemas que no tienen que ver con la Comunidad”.

Ha subrayado que la presión fiscal de Aragón se encuentra por debajo de la media, aseverando que la reforma fiscal “fue muy suavecita”, y ha defendido la “solidaridad entre los territorios”. Por otra parte, ha pronosticado que dentro de dos años Aragón tendrá una tasa de paro del ocho por ciento.

Voracidad fiscal

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha manifestado su “preocupación” por la política fiscal del Gobierno autonómico, llamando la atención sobre la presión de las rentas bajas y medias, para aseverar que “somos campeones en sucesiones, patrimonio, documentos notariales” y el IRPF “castiga” a “los que menos tienen”. Ha criticado así “la voracidad fiscal” del Ejecutivo, “extraordinaria”.

Se ha remitido a los informes de Ibercaja y la Cámara de Comercio de Zaragoza para decir que la carga fiscal es negativa para la economía aragonesa y ha hecho notar que solo el 3,26 por ciento de las empresas que han salido de Cataluña se han radicado en Aragón. El crecimiento de la economía aragonesa está lastrado, entre otras cuestiones, por la “excesiva” carga fiscal que soportan ciudadanos y empresas desde la reforma “penalizadora” de 2015.

Críticas al PP

El parlamentario del PSOE, Alfredo Sancho, ha espetado a Suárez que el Gobierno PP-PAR recortó “lo indecible” y no cumplió ningún año ningún criterio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El diputado de Podemos, Héctor Vicente, ha dicho que Aragón está “en mitad de la tabla” de presión fiscal y ha ironizado al proponer al PP presentar una iniciativa conjunta para bajar los impuestos a las clases medias y subirlos a las rentas altas manteniendo la carga fiscal.

Desde el Partido Aragonés (PAR), Elena Allué ha expresado que las comunidades no han debatido, sino que “han actuado” frente a la presión fiscal, pero el Gobierno de Lambán “se ha puesto de espaldas a la ciudadanía” porque “no se enteran”.

El portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez, ha dicho que con el impuesto de sucesiones “los que están pagando no son precisamente los que más tienen” y ha criticado “el dogma de la izquierda rancia, que dice que la política fiscal no se puede utilizar para estimular la economía”.

El parlamentario de CHA, Gregorio Briz, ha afirmado que el PP ha encontrado “la piedra filosofal del semillero de votos con un cuento de ficción” después de acabarse “el chollito de la concertada”, asegurando que “el modelo neoliberal significa sacrificio y dolor para las clases bajas”.

La RAPA anima a presentar recursos contra el cobro del ICA

La Sala Venecia del barrio zaragozano de Torrero acogió este pasado jueves la presentación de la ‘Campaña contra el ICA’ que la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha puesto en marcha para informar a la ciudadanía e invitarles a que presenten un Recurso de Oposición contra el cobro del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). Es una acción gratuita, amparada por la Ley General Tributaria, y que asegura que si el recurso es finalmente estimado las personas que hayan reclamado tendrán derecho a la devolución de las cantidades abonadas.

El recibo para el cobro de este impuesto, enviado por el Instituto Aragonés del Agua (IAA), ya ha llegado a los barrios de Las Fuentes, San José y Torrero, tal y como indicaron representantes de RAPA en la rueda de prensa ofrecida el pasado miércoles 18.

El impreso del recurso -que se puede descargar en este enlace– será recogido por todas las entidades ciudadanas que forman la RAPA. En la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ), también podrán hacerlo en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas (excepto viernes tarde). Asimismo, se ha habilitado el teléfono 876 64 70 68, en horario de mañanas, para informar de la campaña.

Impuesto injusto

A juicio de RAPA, este es “un impuesto injusto y abusivo para pagar los desfases presupuestarios de un Plan de Depuración, desproporcionado e ineficaz, que solo beneficia a los intereses privados”.

Con dos procesos judiciales abiertos por el Ayuntamiento contra el ICA, pendiente el Instituto Aragonés del Agua (IAA) de su disolución y de una Comisión de Investigación Parlamentaria tras un demoledor informe de la Cámara de Cuentas (CC) y, a pesar del reciente reconocimiento del presidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, que ha mostrado su disposición a “replantearlo”, la DGA está cobrando el ICA a la población zaragozana.

“El ICA es la herramienta del Gobierno de Aragón para financiar el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Dicho Plan pretende depurar las aguas residuales del 28% de la población aragonesa que, en 2001, carecía este servicio”, reconoce la propia DGA. Finalmente, ha resultado tener un coste doble que el de la media en el Estado español.

Método cuestionado

La DGA optó por el método concesional. La Cámara de Cuentas de Aragón  ya lo cuestionaba en 2011 y en su informe más reciente señala que el coste de construcción de las depuradoras (EDAR) es casi el triple por concesión que por gestión directa, y casi el cuádruple del coste de explotación (el IAA hubiera contado con financiación estatal con otro tipo de contrato).

Las EDARs construidas usan innecesariamente tecnologías de depuración muy costosas en instalaciones sobredimensionadas. La recaudación del ICA en la mayoría de las 11 zonas de depuración no  supera el 30% de sus costes de construcción y explotación.

“Se ha generado así un enorme déficit que se pretende compensar con la recaudación del ICA a todos los aragoneses. Cubrir esa deuda desproporcionada no es solidario, sino abusivo”, advierten desde RAPA.

“Además –continúan explicando-, Zaragoza necesita ya millones de euros para su propia depuración”. La Cámara de Cuentas estima que el Plan gastará 3.209 millones de euros en el periodo 2014-2045. Para recaudar esa cantidad, las tarifas deberán crecer a un ritmo de un 3,7% anual, lo cual supone recaudar en Zaragoza casi 543 millones de euros. “Sin éstos, la insostenibilidad del disparatado Plan se pondría en evidencia”, subrayan.

No es un impuesto realmente

A pesar de su nombre, el ICA no es un impuesto pues no se cobra en función de la capacidad económica personal. Es una tasa por la prestación del servicio de agua (abastecimiento saneamiento y depuración). “Vulnera la ley al cobrar varias veces por el mismo servicio, ya pagado en las tasas municipales”, matizan.

Del mismo modo, está pendiente la sentencia del Tribunal Constitucional que el 14 de junio de 2016, admitió a trámite el recurso del Ayuntamiento de Zaragoza contra el pago del ICA por suponer doble tributación e invadir competencias municipales y otro ante el Tribunal Superior de Aragón.

Tampoco es un impuesto “ambiental”, porque su tarifa no favorece el ahorro de agua (consta de una parte fija desproporcionadamente alta y una variable sin tramos progresivos), bonifica a localidades que no tienen depuradora y exime a la agricultura, ganadería, etcétera. “Es decir, tiene un mero afán recaudatorio”, apuntan desde RAPA.

“Ante esta situación, no podemos dejar que nos apliquen una tarifa (que cada año va a ser mayor que la anterior) para sufragar un Plan desproporcionado e ineficiente que debería revisarse antes de exigirnos más esfuerzo”, aseveran.

Información de AraInfo