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El Ayuntamiento de Zaragoza y 33 familias presentan una querella por crímenes del franquismo

El Ayuntamiento de Zaragoza y 33 familiares y víctimas de la represión franquista han presentado en los juzgados la llamada “querella argentina”, en la que acusan a 25 cargos de la dictadura de crímenes contra la humanidad y genocidio en concurso con asesinatos, desapariciones forzosas o torturas.

Los acusados con “nombre y apellidos” son siete policías de la Brigada Político-Social, siete gobernadores militares y 11 gobernadores civiles, sin perjuicio de que la lista se pueda aumentar con la investigación judicial.

El Consistorio ha actuado como acusación popular, mientras que las 33 familias lo hacen como acusaciones particulares, coordinadas por el abogado Javier Checa, de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza.

Dos etapas

En declaraciones a los medios, Checa ha explicado que han dividido los delitos en dos etapas: 1946-1944 y 1965-1977.

En la primera, se han documentado sobre todo asesinatos y desapariciones forzosas, mientras que en el tardofranquismo son sobre todo torturas y delitos relacionados con la represión, así como un asesinato producido en 1977.

No obstante, ha reconocido que la relación de delitos presentada es “ínfima” con respecto a la represión global que se dio durante la dictadura franquista.

En cuanto a los plazos, el abogado ha señalado que lo primero será ver si se admite o no a trámite la querella y después el titular del juzgado de instrucción citará a declarar a aquellos querellados y querellantes que siguen vivos y comenzará con la investigación de los hechos.

Querellados todavía vivos

La acusación particular no conoce con certeza cuántos de estos querellados siguen todavía con vida, pero sí que saben que “alguno de ellos vive”.

Los hechos incluidos en la querella se limitan exclusivamente al partido judicial de Zaragoza.

Antes de la presentación de la querella en los juzgados, las 33 familias han sido recibidas en el Ayuntamiento de Zaragoza por el alcalde, Pedro Santisteve (foto superior de zaragoza.es).

Allí, el primer edil zaragozano ha reivindicado a los funcionarios de la casa y ediles represaliados por el régimen “genocida” de Franco, así como el papel desempeñado por las sociedades memorialistas en la lucha por la historia y la dignidad de sus familias.

Ha puesto en valor también homenajes como el realizado por la ciudad a las “13 Rosas” o que hoy Zaragoza se una a Valencia o Rivas Vaciamadrid, donde las querellas ya han sido admitidas a trámite.

Derechos Humanos

Por último, Santisteve ha recordado que la Carta Magna recoge los Derechos Humanos y ha criticado la “tremenda amnesia constituyente”, en referencia al “olvido” a la legitimación de la Segunda República.

La presentación de esta querella es resultado de una moción presentada por el CHA en 2015 y aprobada con el voto de todos los grupos municipales, a excepción del PP.

En ella también se incluía la colocación de una placa en la Casa Consistorial en homenaje a los cargos públicos y trabajadores municipales “asesinados por defender la democracia” o la eliminación de los últimos vestigios franquistas presentes en las calles zaragozanas, ha señalado el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, quien ha declarado que “hoy es un día grande para la ciudad de Zaragoza y para la democracia”.

Hacer justicia

En ese sentido, ha recalcado que las medidas no pueden quedarse solo en el reconocimiento, sino que es necesario hacer “justicia con mayúsculas”, no “revancha” ni “venganza”, a lo que ha añadido que “en un país normal, civilizado y democrático” estos hechos estarían ya juzgados y sus responsables, encarcelados. “Manda narices” que tuviera que ser la justicia argentina la que abriera el procedimiento y no la española, ha protestado.

En total, hay 96 hechos denunciados de la guerra y la posguerra y 13 procedentes de los últimos años del franquismo.

Asimismo, la oficina de atención a las víctimas del franquismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha recopilado 52 asesinatos, 46 detenciones ilegales (42 de ellas desapariciones forzosas) y 11 casos de torturas.

La Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo recoge 136 casos desde su apertura en junio de 2018

La Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Zaragoza, ubicada en el Edificio Seminario, ha recogido un total de 136 testimonios desde su apertura el pasado mes de junio y documentado los hechos que servirán como base para presentar en lo tribunales una querella municipal por los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista en la capital aragonesa.

La oficina ha recabado la información de 136 casos en relación con supuestos de crímenes contra la humanidad, aportados principalmente por familiares, pero también por víctimas directas en el supuesto de torturas en el tardo-franquismo.

Un objetivo es presentar una querella en los juzgados de instrucción de Zaragoza para tratar de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la verdad de las víctimas de tales violaciones graves de los derechos humanos, y poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos durante el franquismo conforme a los mandatos dirigidos a los poderes públicos españoles por parte de los organismos de derechos humanos de la ONU.

Ese material, aportado gracias a la colaboración de víctimas y familiares, organizaciones memorialistas e investigadores, permitirá elaborar el informe base para la querella municipal para posteriormente redactarla jurídicamente y tramitar el proceso judicial. Así mismo, todos los testimonios recogidos servirán para elaborar un relato en forma de libro y formará parte del vídeo-archivo de la memoria histórica.

Querella en fase de elaboración

En cuanto a la localización de los casos, los hechos de referencia se produjeron en Zaragoza, y también en otras localidades del partido judicial de Zaragoza como Leciñena, Magallón, Quinto de Ebro, Belchite, Fuentes de Ebro o La Puebla de Alfindén.

Las tipologías delictivas de los crímenes cometidos son diversas: asesinatos, desapariciones forzadas en concurso con delito de genocidio; torturas en concurso con crímenes contra la humanidad.

El trabajo de recogida de casos ha concluido, la querella está en fase de elaboración y fundamentación jurídica, y su interposición está prevista para finales del mes de enero (en la imagen superior de zaragoza.es, acto de homenaje a víctimas del franquismo en el cementerio de Torrero).

Portada del folleto de la oficina

Durante estos meses, los trabajos realizados desde la oficina llevados a cabo por la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza (ALAZ) se han desarrollado en coordinación con los equipos jurídicos y de atención psicosocial en otras oficinas del mismo tipo en otros lugares del país, compartiendo experiencias y herramientas de trabajo con entidades como el Grupo de Acción Comunitaria, la Asociación Pro-Derechos Humanos de España o Ceaqua.

Para llevar a cabo los trabajos, Zaragoza Cultural suscribió un convenio de colaboración con ALAZ, asociación elegida por unanimidad por parte de todos los colectivos memorialistas para atender el servicio.

La oficina también ha contado con voluntariado de estas entidades para la gestión y la atención personal y emocional y el apoyo al trabajo jurídico desempeñado por los y las abogadas.

Colaboración institucional

Asimismo se ha trabajado en colaboración con otras instituciones y asociaciones de referencia en la materia, como el Instituto Vasco de Criminología, investigadoras de la Universidad de Zaragoza o diferentes asociaciones memorialistas.

Zaragoza forma parte de la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista y viene trabajando desde hace meses para impulsar esta nueva vía judicial junto a Ceaqua, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina Contra Crímenes del Franquismo.

Hasta el momento cuatro ayuntamientos han presentado querellas por crímenes contra la humanidad cometidos en sus municipios (Vitoria, Pamplona, Elgeta y Mondragón), otros dos por los bombardeos sucedidos en sus ciudades durante la Guerra Civil (Durango y Barcelona) y cerca de cuarenta corporaciones locales se han comprometido a través de mociones en sus plenos a impulsar el enjuiciamiento de estos crímenes en sus localidades.

Aragón registra casi una veintena de delitos de odio en 2018

Movimiento contra la Intolerancia ha presentado el Informe Raxen 2017 en el que se alerta sobre un “alarmante” repunte de los delitos de odio por el auge del extremismo dialéctico social y político. En Aragón, la oficina contra la Discriminación ha registrado 19 casos en 2018, aunque tan solo se denuncian el 10% de los realmente existentes.

La capital aragonesa ha acogido la presentación de la edición 2017 del Informe Raxen. Un exhaustivo documento social que analiza y monitoriza la proliferación de incidentes y acciones constitutivas de delitos de odio en el territorio español.

El estudio, elaborado por Movimiento contra la Intolerancia, alerta sobre el repunte de actitudes de intransigencia hacia otras personas por “ser diferente”. Esta radicalización de posturas viene determinada, según el presidente de Movimiento, Esteban Ibarra, “por el auge de los discursos de odio”.

Mensajes y argumentarios agresivos, tanto en Internet como en el plano político, que “tan solo alientan a xenofobias, islamofobias, disfobias, homofobias, antigitanismos, misoginias o aporofobias, y otras muchas formas de intolerancia”.

El riesgo de todo ello es que se termina “polarizando la sociedad”, confundiendo la libertad de expresión con “la impunidad de agresión”, ya sea verbal o física.

Intolerancia visible y encubierta

Raxen contabiliza en España más de 600 incidencias a lo largo de 2017, siendo la Comunidad Valenciana el territorio con mayor cantidad de casos (87).

En Aragón las cifras son menores (26 casos), pero se trata de datos “relativos”, explica Ibarra, ya que “tan solo se denuncia el 10%”, generalmente “por miedo a represalias, o porque se piensa que no servirá de nada”.

Con estas variables en la ecuación, los expertos aducen que esas 600 incidencias podrían multiplicarse hasta por diez, estimando, por tanto, más de 5.000 en toda España.

Esta variable afecta también a Aragón. Así, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha revelado que la Oficina contra la Discriminación ha registrado en Aragón “solo en lo que llevamos de 2018” casi una veintena de casos. Una cifra que presenta tendencias de sobrepasar las de 2017 que muestra Raxen, así como las de 2016, cuando se verificaron 31 casos.

Sistemas de alerta temprana

Esteban Ibarra ha definido la intolerancia como un “poliedro con muchas caras”, siendo el núcleo común de todas ellas la “negación de la dignidad de personas o colectivos por el hecho de algún factor diferencial”.

La sociedad, de hecho, ha tardado décadas en reconocer esta faceta polimorfa, mediante “reduccionismos o pasividades”. Por ello, “ha costado mucho” el planteamiento de “estrategias preventivas” o la ejecución de “políticas victimológicas” que amparen a personas vulneradas en sus derechos fundamentales.

En ese sentido, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia ha hecho un llamamiento a administraciones y a la sociedad en su conjunto, para que empiece a realizarse una práctica de detección de estos delitos, a través del establecimiento de “observatorios” en los territorios.

Se ha referido a ellos como “sistemas de alerta temprana”, es decir, concienciar a la propia ciudadanía para denunciar simbologías de odio, como una simple pintada, o la violencia en el fútbol. Alertas colectivas que ayuden a visibilizar un problema “que existe y está latente, y que puede acabar en “crímenes de odio”.

Denunciados 52 delitos contra la libertad sexual desde 2004 en Fiestas del Pilar

Entre los años 2004 y 2017 se han presentado en las Fiestas del Pilar 52 denuncias por delitos contra la libertad sexual frente a las 74 presentadas en los Sanfermines en el mismo periodo, según un estudio elaborado por la Universidad Pública de Navarra por encargo del Ayuntamiento de Pamplona.

Este estudio revela el importante incremento de las denuncias por delitos de abusos o agresiones sexuales durante los Sanfermines, ya que se ha pasado de no recibirse ninguna denuncia en 2006 y 2007 a las 20 de 2016 y las 22 de 2017.

En concreto, según el estudio, que recoge datos del Ministerio del Interior, no se presentó ninguna denuncia en 2006 y 2007, hubo 2 en 2008, 2 en 2009, 4 en 2010, 3 en 2011, 2 en 2012, 5 en 2013, 7 en 2014, 3 en 2015, 20 en 2016 y 22 en 2017, lo que revela la mayor sensibilización social en torno a este tema, han indicado en conferencia de prensa las profesoras Lohitzune Zuloaga y Paz Francés.

Zuloaga ha resaltado que a partir de 2015 se ha producido un punto de inflexión en el número de denuncias presentadas y en ese sentido ha apuntado que en Sanfermines ha habido dos “hitos”, que son la muerte de la joven Nagore Laffage en 2008 y el caso de la Manada en 2016, que han contribuido a una mayor sensibilidad social.

Más conciencia social

La concejala de Seguridad Ciudadana, Itziar Gómez, ha indicado al respecto que este aumento de denuncias es un “dato positivo”, porque no significa que ahora haya más casos, sino que revela que hay “más confianza en las instituciones, más conciencia social y mayor nivel de respuesta”, lo que “genera un entorno de mayor seguridad”.

En el estudio se hace una comparación entre los Sanfermines y otras fiestas como las Fallas de Valencia, la Feria de Málaga, la Tomatina de Buñol (Valencia) y el Pilar de Zaragoza y se concluye que, de 2004 a 2017, se han presentado en las fiestas de Pamplona 74 denuncias por delitos contra la libertad sexual (27 agresiones sexuales, 42 abusos y 5 casos que no se han podido clasificar por falta de datos).

En el mismo periodo de tiempo, en las Fallas de Valencia se presentaron 64 denuncias, en la Feria de Málaga 73, en la Tomatina de Buñol (Valencia) 4 y en El Pilar 52, han explicado las profesoras, que han afirmado que estos son solo una parte de los casos que se producen, ya que muchos de ellos no se denuncian.

Los delitos de violencia machista aumentaron un 18% en 2017

Los delitos de violencia contra la mujer aumentaron un 18,08 por ciento en Aragón en 2017 respecto al año anterior, y derivaron en un total de 422 sentencias de las que un 81 por ciento fueron condenatorias.

Este es uno de los datos que ha destacado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, en una comparecencia ante la comisión Institucional de las Cortes de Aragón para informar sobre las líneas generales de la memoria de actividades del alto tribunal aragonés en 2017.

En su comparecencia, Bellido ha hecho referencia al progresivo incremento a lo largo de los últimos tres años de las sentencias por delitos contra la mujer, que sólo a lo largo del año pasado generaron centenares de órdenes de protección en favor de las denunciantes, un 80,25 por ciento de las cuales fueron aceptadas.

Clima social favorable y no incremento del maltrato

El presidente del TSJA ha asegurado que desconoce las causas del aumento de estas denuncias, aunque a título personal ha confiado en se deba a un clima social favorable y no a un incremento real de los casos de maltrato.

Ha admitido, sin embargo, que las cifras de desestimiento a las denuncias por parte de potenciales víctimas son “altas”, situación que ha relacionado a la posible falta de independencia económica de algunas de las afectadas, aunque ha advertido de que “si la víctima no quiere declarar, la presunción de inocencia es un principio rígido”.

Manuel Bellido se ha referido a las líneas principales de la memoria, que constata un incremento del 5,7 por ciento de los casos tramitados debido a un aumento global del 14 por ciento de las causas civiles, principalmente por las demandas vinculadas a las “cláusulas suelo”.

Esto se ha derivado en un aumento de la tasa de litigiosidad (número de asuntos por cada mil habitantes) del 4,4 por ciento, hasta situar a Aragón en una de las autonomías que más litigios plantea.

El presidente del TSJA, durante su intervención en las Cortes. Foto: cortesaragon.es

Más asuntos interpuestos que resueltos

El magistrado ha relacionado esta situación, que ha derivado, por primera vez, en el hecho de que el año pasado se interpusieron más asuntos de los que se resolvieron, con las necesidades de la justicia aragonesa, tanto de personal y medios como de adecuación a las nuevas herramientas digitales.

Bellido ha valorado la creación, el próximo 30 de junio, de un nuevo juzgado de primera instancia en Zaragoza que permitirá aliviar la tarea de los órganos especializados en casos de familia, incapacidades y cláusulas suelo.

Ha añadido, además, que el incremento de tres jueces en el juzgado especializado en cláusulas suelo permitirá mejorar el número de resoluciones de estos casos, aunque ha insistido en la falta de otro juzgado de instrucción más y la dotación de un nuevo magistrado en la sección VI de la Audiencia de Zaragoza.

En su intervención, se ha referido al proceso de implantación del expediente digital a través del sistema Avantius, para el que ha pedido “flexibilidad en los plazos”.

Ha considerado necesario que coexista el expediente electrónico con el papel, y ha demandado una formación adecuada para el personal de justicia en relación con el sistema y una asistencia técnica cualificada que, en la actualidad, “no está siendo lo excelente que sería necesario”.

Falta de medios

En el turno de intervenciones, la posición más crítica la ha mantenido el parlamentario del PP Fernando Ledesma, quien ha atribuido las dificultades de los juzgados en cuanto a personal y medios, y en relación al expediente electrónico, en el hecho de que el Gobierno aragonés “no cree en la administración de justicia”.

Por su parte, el diputado de Podemos Carlos Gamarra ha reprochado a los tribunales aragoneses las medidas cautelares dictadas a favor del mantenimiento de aulas en colegios concertados, decisiones que ha calificado de “ideológicas y no judiciales” y que, a su juicio, se inmiscuyen en el trabajo de planificación de la Administración.

En respuesta a esta afirmación, Bellido ha incidido en que no puede “entrar a valorar” el contenido de las sentencias a causa del carácter “sacrosanto” de la independencia judicial, aunque ha advertido de que los casos no siempre son iguales y que las decisiones, apoyadas siempre sobre leyes, son recurribles.