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Los docentes culminan una jornada de huelga para reclamar a la DGA menos horas lectivas

Los docentes aragoneses han culminado este jueves una jornada de huelga para reclamar una reducción de la jornada lectiva y reclamar al próximo Gobierno de Aragón que se siente en la mesa sectorial de la educación pública y atienda sus demandas.

Los sindicatos han cifrado el seguimiento del paro en un 15 % en educación primaria y un 40 % en secundaria, mientras que el Gobierno de Aragón lo cifra en un 4,06 % de media, con un seguimiento del 7,36 % en Zaragoza, del 2,92 en Teruel y del 2,07 en Huesca

Los sindicatos convocantes: CCOO, STEA y CGT han reclamado al ejecutivo autonómico la reducción de jornada lectiva de los docentes de secundaria a 18 horas semanales y en primaria e infantil a 23.

Concentración

Las movilizaciones han comenzado por la mañana con una concentración en la plaza de España (imagen superior), en la que, según informa CCOO en una nota de prensa, han participado más de cien personas para reclamar mejoras laborales en la educación pública.

Tras los recortes ejercidos durante el Gobierno del Partido Popular, los sindicatos convocantes creen que es “el momento oportuno para recuperar derechos y mejorar la calidad del modelo educativo público”, asegura CCOO.

“Tú no negocias, nosotros a la huelga” ha sido uno de los lemas que han coreado los docentes para criticar “la falta de actitud negociadora del Ejecutivo autonómico”.

“Hemos tenido dos procesos negociadores. Uno el curso pasado, con tres mesas técnicas que terminaron con la frase: no hay dinero, y fuimos pacientes. Este año se nos avanzó la voluntad de llegar a un acuerdo pero no hemos vuelto a tener noticias”, denuncia el secretario general de CCOO Enseñanza de Aragón, Guillermo Herráiz.

Según Herráiz, Aragón sería “la única comunidad gobernada por el PSOE que no tiene un calendario para recuperar el horario lectivo que teníamos antes de la crisis económica”.

El próximo curso habrá 21 nuevos títulos de FP y 14 se impartirán fuera de las capitales de provincia

Aragón dispondrá el próximo curso 2019/2020 con 21 nuevas titulaciones de FP, 14 fuera de las tres capitales de provincia, entre las que destacan estudios sobre Energías Renovables en Andorra, Industrias alimentarias en Binéfar o Actividades Agropecuarias en La Almunia.

De los nuevos ciclos, 8 se impartirán en la provincia de Huesca, 7 en la de Teruel y 6 en la de Zaragoza, han informado fuentes del Gobierno de Aragón.

Tres de ellos son de Formación Profesional Básica (pueden acceder aquellos que no tengan el título de ESO y obtienen un título profesional básico) y seis de Grado Medio (para aquellos que han titulado en ESO, han terminado una FP Básica o hecho prueba de acceso, obtienen la titulación de técnico en la modalidad correspondiente).

Los otros doce son de Grado Superior (se exige Bachillerato, un título de Grado Medio o prueba de acceso, se titula en técnico superior en la modalidad correspondiente).

Consejo Aragonés de la FP

Todos estos nuevos grados han sido dados a conocer en el seno del pleno del Consejo Aragonés de la FP, que se ha celebrado este viernes en el CPIFP San Blas de Teruel, recientemente autorizado por el Gobierno central, previa petición del Ejecutivo aragonés, como Centro de Referencia Nacional del área de gestión ambiental y bioeconomía circular (imagen superior de Gobierno de Aragón).

La reunión ha sido presidida por la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, y durante la misma se ha realizado un seguimiento del IV Plan Aragonés de FP, cuyo fin principal es mejorar la conexión entre los sistemas de formación y las necesidades del mercado de trabajo.

Este documento fija otros objetivos estratégicos, como apostar por la orientación profesional como elemento clave del sistema de FP, incrementar el porcentaje de población cualificada en el mercado de trabajo aragonés y mejorar la empleabilidad del alumnado.

Encuestas

Las últimas encuestas realizadas hablan de un 83 % de alumnos y alumnas de FP que encuentran empleo en los seis meses posteriores a la finalización de sus estudios, tres de cada cuatro en su sector.

Del creciente éxito de la FP en Aragón da cuenta también el proyecto de viveros de empresas que funciona desde 2009 en ocho centros educativos y que han facilitado la creación de una veintena de microempresas.

En Aragón existen 102 centros sostenidos con fondos públicos que imparten ciclos de FP de 23 familias profesionales y, entre ellos, destacan los 9 centros integrados, donde se cursan únicamente estudios de FP.

Los estudios de FP presentan cada año una mayor demanda y en el presente curso ha batido su propio récord acercándose a las 24.000 matriculaciones.

Comienzan las obras del carril bici de avda. Estudiantes de Santa Isabel

Las obras para construir el primer carril bici del barrio de Santa Isabel darán comienzo este lunes, 18 de marzo, en la avenida Estudiantes. El proyecto cuenta con un presupuesto de 39.486 euros, y un plazo de ejecución de tres meses. Se trata del comienzo de la vía ciclista metropolitana que ha de unir el término municipal de Zaragoza con el polígono de Malpica y la Puebla de Alfindén. Es un proyecto impulsado por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) y coordinado con el Ayuntamiento de Zaragoza,  con la junta de distrito del barrio, presidida por CHA.

La construcción de infraestructura ciclista para las avenidas del distrito de Santa Isabel es una larga demanda vecinal, que se ha formulado por muy diversos cauces.

El proyecto previsto contempla la construcción de un carril bici bidireccional segregado, ubicado en la margen norte de la calzada, que supondrá la eliminación de un carril de circulación, pero respetará las anchuras de acera existentes y los aparcamientos de la avenida.

La nueva vía ciclista, de 1.048 metros de longitud total, cuenta con una anchura de banda de circulación de 2,50 metros y una segregación de 0,45 metros.

Conexiones

Va a estar conectado en sus extremos con las rotondas que delimitan la avenida Estudiantes y a lo largo de su recorrido, con las calles adyacentes y los centros educativos Ítaca y Espartidero.

Para ello, en toda su longitud se prevén distintos cambios de dirección a lo largo del carril bici y se contemplan las incorporaciones o salida a calles transversales o a centros de interés.

Además de repetar la anchura de las aceras, con lo cual el tráfico peatonal no se ve perjudicado, se habilita un nuevo paso de peatones junto a la rotonda de la carretera A-129 (Villamayor), y se adecúan aquellos pasos que se ven afectados por las obras para que se cumplan los requisitos de eliminación de barreras arquitectónicas.

Por otro lado, durante toda la obra se garantizarán los dos carriles de circulación en la margen sur de la avenida y un carril de circulación en la margen norte. Asimismo se minimizarán las afecciones, ya que se mantendrán en servicio las aceras, accesos y cruces.

Asociaciones vecinales alertan del “daño irreparable” para entidades sociales por falta de presupuesto

La Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) y la Unión Vecinal Cesaraugusta han alertado del daño, “irreparable en algunas ocasiones”, que la falta de presupuesto municipal genera entre las múltiples entidades sociales, asociaciones vecinales, deportivas, culturales, de discapacitados y ampas, entre otros colectivos.

Ambas entidades han recordado que todos los grupos municipales son conscientes de ese daño que causaría la ausencia de presupuesto en el Ayuntamiento de Zaragoza para este ejercicio, por lo que les han instado a los 31 concejales a “algo tan sencillo como que se sienten para hablar sobre el presupuesto municipal”.

Labor social amenazada

El presidente de la Unión Vecinal Cesaraugusta, José Luis Rivas, y el presidente de la FABZ, Manuel Arnal, han recordado que el pasado 1 de febrero dieron lectura, durante el pleno municipal (foto superior), a un manifiesto consensuado entre 13 las federaciones y coordinadoras de entidades que representan al tejido social y vecinal de la ciudad.

En su intervención, José Luis Rivas, en representación de cerca de quince colectivos y entidades sociales, aportó el dato de que estos organismos sociales atienden a más de 100.000 personas y la falta de presupuesto “pondría en riesgo dicha intervención inabarcable por los servicios públicos”.

Rivas relató que el trabajo se hace por técnicos y profesionales y no tener presupuesto “obligaría a carecer de ellos y el tercer sector genera miles de empleos que no pueden ser sustituidos por voluntarios”.

Incomprensible

Por ello, instó a que todos los grupos actúen de forma “responsable” con la ciudadanía y aprueben los presupuestos que den continuidad a las acciones de las entidades sociales.

“Ni comprendemos ni compartimos que el acuerdo en este asunto no haya sido posible cuando a lo largo de esta legislatura se ha llevado una línea continuista”.

Rivas abundó en que aprobar los presupuestos garantizará una “mínima estabilidad ante la incertidumbre en la que las personas más vulnerables estarían en peligro y se socavaría el tejido social”.

Finalmente, exigió al Gobierno de ZeC la ejecución de las partidas presupuestarias en los tres primeros meses del año y la convocatoria de todas las subvenciones al abundar en que “afecta a todo el tejido asociativo de Zaragoza y no solo a las entidades”.

El Ayuntamiento de Zaragoza y 33 familias presentan una querella por crímenes del franquismo

El Ayuntamiento de Zaragoza y 33 familiares y víctimas de la represión franquista han presentado en los juzgados la llamada “querella argentina”, en la que acusan a 25 cargos de la dictadura de crímenes contra la humanidad y genocidio en concurso con asesinatos, desapariciones forzosas o torturas.

Los acusados con “nombre y apellidos” son siete policías de la Brigada Político-Social, siete gobernadores militares y 11 gobernadores civiles, sin perjuicio de que la lista se pueda aumentar con la investigación judicial.

El Consistorio ha actuado como acusación popular, mientras que las 33 familias lo hacen como acusaciones particulares, coordinadas por el abogado Javier Checa, de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza.

Dos etapas

En declaraciones a los medios, Checa ha explicado que han dividido los delitos en dos etapas: 1946-1944 y 1965-1977.

En la primera, se han documentado sobre todo asesinatos y desapariciones forzosas, mientras que en el tardofranquismo son sobre todo torturas y delitos relacionados con la represión, así como un asesinato producido en 1977.

No obstante, ha reconocido que la relación de delitos presentada es “ínfima” con respecto a la represión global que se dio durante la dictadura franquista.

En cuanto a los plazos, el abogado ha señalado que lo primero será ver si se admite o no a trámite la querella y después el titular del juzgado de instrucción citará a declarar a aquellos querellados y querellantes que siguen vivos y comenzará con la investigación de los hechos.

Querellados todavía vivos

La acusación particular no conoce con certeza cuántos de estos querellados siguen todavía con vida, pero sí que saben que “alguno de ellos vive”.

Los hechos incluidos en la querella se limitan exclusivamente al partido judicial de Zaragoza.

Antes de la presentación de la querella en los juzgados, las 33 familias han sido recibidas en el Ayuntamiento de Zaragoza por el alcalde, Pedro Santisteve (foto superior de zaragoza.es).

Allí, el primer edil zaragozano ha reivindicado a los funcionarios de la casa y ediles represaliados por el régimen “genocida” de Franco, así como el papel desempeñado por las sociedades memorialistas en la lucha por la historia y la dignidad de sus familias.

Ha puesto en valor también homenajes como el realizado por la ciudad a las “13 Rosas” o que hoy Zaragoza se una a Valencia o Rivas Vaciamadrid, donde las querellas ya han sido admitidas a trámite.

Derechos Humanos

Por último, Santisteve ha recordado que la Carta Magna recoge los Derechos Humanos y ha criticado la “tremenda amnesia constituyente”, en referencia al “olvido” a la legitimación de la Segunda República.

La presentación de esta querella es resultado de una moción presentada por el CHA en 2015 y aprobada con el voto de todos los grupos municipales, a excepción del PP.

En ella también se incluía la colocación de una placa en la Casa Consistorial en homenaje a los cargos públicos y trabajadores municipales “asesinados por defender la democracia” o la eliminación de los últimos vestigios franquistas presentes en las calles zaragozanas, ha señalado el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, quien ha declarado que “hoy es un día grande para la ciudad de Zaragoza y para la democracia”.

Hacer justicia

En ese sentido, ha recalcado que las medidas no pueden quedarse solo en el reconocimiento, sino que es necesario hacer “justicia con mayúsculas”, no “revancha” ni “venganza”, a lo que ha añadido que “en un país normal, civilizado y democrático” estos hechos estarían ya juzgados y sus responsables, encarcelados. “Manda narices” que tuviera que ser la justicia argentina la que abriera el procedimiento y no la española, ha protestado.

En total, hay 96 hechos denunciados de la guerra y la posguerra y 13 procedentes de los últimos años del franquismo.

Asimismo, la oficina de atención a las víctimas del franquismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha recopilado 52 asesinatos, 46 detenciones ilegales (42 de ellas desapariciones forzosas) y 11 casos de torturas.

Santisteve y otros ocho alcaldes del “cambio” piden al Estado reformar el bono social energético

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, junto a representantes de Cádiz, Valencia, Pamplona, Santiago de Compostela, Rivas-Vaciamadrid, Barcelona, Madrid y Sant Feliu de Llobregat, ha enviado una carta a la Ministra de Transición Ecológica proponiendo cinco cambios para mejorar la aplicación del bono social.

La misiva se ha remitido hoy para la reforma de una ayuda que es, hasta la fecha, la única estatal relacionada con la pobreza energética.

El Bono Social es un descuento regulado por el Gobierno Central destinado a personas con dificultades para pagar la factura de la luz, según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa (en la imagen superior, participantes en una manifestación en Zaragoza contra los estragos de la pobreza energética).

Falta de medidas efectivas

Los alcaldes y alcaldesas firmantes de la misiva señalan “una profunda preocupación” por el problema de la pobreza energética y por la falta de medidas efectivas para asegurar el acceso a los suministros básicos de las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

La carta propone cinco cambios en el bono social: el primero se refiere a la cobertura de regulación del bono social, el segundo que las empresas energéticas estén obligadas a adaptar los contratos de las familias vulnerables a sus necesidades reales, entre otros.

Además, solicitan que la aplicación del bono social sea automática, como sucede en Portugal desde el año 2016, pues la tramitación está impidiendo el acceso al bono social a miles de familias.

El PSOE rechaza el Plan de Vivienda por ser “excesivamente caro”

El PSOE rechazará el Plan de Vivienda 2018-2023 que llevará el Gobierno municipal al consejo de administración de Zaragoza Vivienda el próximo lunes 10 de diciembre por considerarlo “excesivamente caro” y tener dudas respecto a su “rentabilidad económica y social”. En contra de la postura socialista, esta misma semana 33 entidades ciudadanas han suscrito un manifiesto en defensa del plan por considerarlo una “oportunidad histórica”  para transformar en sostenible el parque de vivienda pública de Zaragoza.

La consejera socialista de Zaragoza Vivienda, Lola Campos, ha criticado en rueda de prensa que las exigencias medioambientales impuestas por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que prestará el 50 % los 71 millones necesarios para este proyecto, suponen un “precio muy alto” ya que cada uno de los 228 pisos sociales proyectados costará cerca de 200.000 euros, según calculan desde el PSOE.

Además, Campos ha recalcado que el BEI “no subvenciona, sino que presta el dinero”, por lo que habrá que devolverlo “euro a euro” en un tipo de interés que, según la socialista, no se ha concretado desde Zaragoza en Común (ZeC).

Dinero público

La concejala también ha denunciado la “hipoteca” que supondrá este plan para próximos mandatos ya que la otra mitad de la financiación saldrá de los fondos propios de Zaragoza Vivienda, a razón de 4,5 millones de euros por ejercicio hasta 2023, lo que representa el 80 % de la inversión de la sociedad municipal.

“ZeC ha perdido por completo la noción del valor del dinero público”, ha aseverado Campos, quien también ha cuestionado la fecha en la que se hace público este proyecto, “a apenas unos meses de la campaña electoral”, en un intento de “maquillar su nula gestión”.

Esta propuesta, que “estrangula al Ayuntamiento” a juicio de Campos, proyecta la construcción de 228 viviendas y la rehabilitación de otras 842 del parque municipal.

Escasa demanda

La concejala del PSOE también ha reprochado que con estas nuevas viviendas solo se daría respuesta al diez por ciento de la demanda de vivienda pública actual, que asciende a las 2.000 personas.

Campos ha censurado la política del Gobierno municipal por ser “especialmente asistencial” y ha propuesto “sacar a la gente del paraguas social” porque este tipo de políticas, según la socialista, dejan sin cubrir “una franja de ciudadanos” que “no están metidos de lleno en la vulnerabilidad”.

“Es un plan bien intencionado”, ha reconocido la concejala, pero “desproporcionado en cuanto a la rentabilidad”.

Híjar replica

Por su parte, el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha lamentado los argumentos “falaces” que a su juicio ha utilizado el grupo socialista para anunciar que va a rechazar el Plan de Vivienda 2018-2023, que el equipo de Gobierno llevará al consejo de administración de Zaragoza Vivienda el próximo lunes.

Fuentes municipales muestran en una nota su sorpresa por el anuncio del PSOE, relativo a su voto contrario al plan, y en concreto contra la captación del crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Sorpresa porque lo han hecho antes del Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda que en exclusiva se dedicará a informar y debatir sobre esta “oportunidad historia”, según ZeC, y también mucho antes de la Comisión de Economía del día 14 que deberá elevar a pleno la aprobación definitiva de la operación financiera.

Argumentos forzados

Según Híjar, el plan, que han apoyado esta misma semana 33 entidades en un manifiesto, supondrá la inversión de 72 millones de euros, la construcción de 308 viviendas y la rehabilitación de otras 842.

Además, tanto promoción como rehabilitación serán ecoeficientes, ahorrando emisiones y combatiendo la pobreza energética.

Híjar exige al PSOE que está a la altura y que a la hora de abordar “un asunto de tanta importancia” como este, “como mínimo parta de hechos ciertos” porque “da la impresión que primero han decidido el voto para bloquear uno de los grandes proyectos de la ciudad y después han construido los argumentos a martillazos”.

Los médicos amenazan con huelga si no se atienden sus reivindicaciones

Los sindicatos médicos no descartan medidas de convocatoria de huelga si la Administración aragonesa no tiene en cuenta las reivindicaciones y se recuperan los derechos perdidos durante la crisis, especialmente económicos.

Así lo han constatado el presidente del Sindicato de Médicos de Atención Primaria, Leandro Catalán, y la secretaria general de CESM Aragón, Mercedes Ortín, durante la presentación XXXII Congreso Aragonés de Atención Primaria que se va a celebrar los próximos 15, 16 y 17 de noviembre en Zaragoza (en la imagen superior, médico de un centro de salud de una localidad de la provincia de Zaragoza atendiendo a un paciente).

Catalán ha denunciado que desde 2007 no se están actualizando los niveles de atención continuada y que los médicos españoles son los peores pagados de Europa, y en el caso de Aragón, ésta es la tercera comunidad por la cola con el precio de la hora de urgencia más barato, y ha apuntado que en el caso de la Atención Primaria el presupuesto “apenas supone el 15 % del total de Sanidad”, el mismo que cuando se recibieron las transferencias en 2001.

“No nos dejan ejercer la vocación de médicos”, ha lamentado Mercedes Ortín quien ha pedido a la Administración que “nos escuche”.

Pacto sobre la sanidad

Los dos responsables sindicales han incidido asimismo en la falta de médicos y de sustituciones lo que obliga a cerrar consultorios como en Sos del Rey Católico, cerrar consultas o triplicar otras.

El problema de la cobertura, según Catalán “se está yendo de las manos” porque además se necesitan mejores contratos y de más larga duración “si queremos que los médicos se queden en Aragón” pero también que se compensen los gastos que asumen los médicos del medio rural.

Es por lo que consideran necesario adecuar el Mapa Sanitario (aprobado en 1986) a la situación actual de la población aragonesa y que tenga en cuenta cuestiones como la dispersión geográfica, el territorio y el envejecimiento, además de un Pacto Sanitario para que la Sanidad “no sea utilizada como herramienta política”.

Mientras que en 2013 la Administración cifraba en un 30 % el número de médicos que se iban a jubilar en el plazo de cinco años, Ortín y Catalán han incidido que ahora se desconoce el número porque “el escenario va cambiando” y no se sabe si ahora las jubilaciones son “a los 65, 67 o 70” años.

Consultas saturadas

Piden asimismo que se limiten los actos de la agenda de los médicos del sector a veinticinco pacientes de demanda, más dos concertados y cinco no presenciales porque actualmente son abiertas y pueden implicar hasta 45 atenciones con el consiguiente retraso en las citas.

De las dos mil tarjetas por médico de familia, reclaman que se reduzcan a 1.100-1.300 para pediatría y 1.500 atención primaria, lo que contribuiría a crear más trabajo.

“Fuimos los principales sufridores de la crisis, superamos el 10 % de recortes y las pagas extraordinarias no se están percibiendo” ha lamentado el presidente del sindicato de Médicos de Atención Primaria quien reclama esa recuperación de derechos y no descarta acaban en una convocatoria de huelga si la administración no se sienta a negociar con el colectivo sanitario.

La empresa de motos eléctricas compartidas amplía la flota con 25 unidades más y ofrece bono especial

Muving incorporará a su flota de Zaragoza 25 motos para dar respuesta a la creciente demanda de los usuarios. Con ellas, la empresa contará con más de 220 motos en la ciudad. Además, va a lanzar un bono para los clientes más habituales que posibilita la adquisición de 1.000 minutos por 150 euros, abaratándolos a 0,15 euros por minuto.

El éxito de la empresa de motos eléctricas compartidas fue tan rápido en Zaragoza que al mes de desplegar el servicio, y coincidiendo con las Fiestas del Pilar, se produjo una primera ampliación de flota que supuso duplicarla hasta las 126.

En estos meses de servicio Muving ha ido incrementando poco a poco el número de motocicletas hasta las 200 que hay en la actualidad, una cifra que se engrosará con las 25 que próximamente llegarán a Zaragoza para dar respuesta a los 28.000 clientes registrados.

Asimismo, la empresa lanza un novedoso bono de minutos pionero en el sector. Se denomina TopMuver y va dirigido a usuarios intensivos de Muving, a quienes posibilita la adquisición de 1.000 minutos por 150 euros, con lo que se abaratan hasta los 0,15 euros por minuto. Se trata de una edición limitada a mil adquisiciones.

Salto a EEUU

Muving es una de las empresas tecnológicas con mayor desarrollo en servicios de motos compartidas en España y en Europa por número de ciudades, y ha sido también la primera empresa europea de su sector en dar el salto a Estados Unidos, concretamente se ha instalado en Atlanta.

Creada en marzo de 2017, cuenta con una flota de más de 3.000 dispositivos de movilidad 100% eléctricos e interconectados y tiene presencia en diez ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Córdoba, Valencia y Murcia) y en Atlanta (Estados Unidos).

Rivarés pide a Lambán 85 millones por la deuda con Zaragoza

El consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha reclamado al presidente de Aragón, Javier Lambán, el pago de 85 millones de euros que, según sus cálculos, se corresponden con la deuda del Ejecutivo aragonés con Zaragoza.

Unas cuentas que, sin embargo, no coinciden con las del presidente de la Comunidad, quien anunció este lunes que cumplirá “unilateralmente” con los compromisos con Zaragoza, que en total ascienden, según sus cálculos, a unos 30 millones de euros por la transferencia por la ley de capitalidad, el convenio de servicios sociales y el abono de la deuda del tranvía.

“Muy bien, gracias por los 30 millones, me debes 85”, ha manifestado el edil zaragozano al concluir una rueda de prensa, cuando ha sido preguntado por el anuncio ayer de Lambán del pago de esos 30 millones, a la espera de la comisión bilateral Aragón-Zaragoza sin fecha oficial por el momento.

Rivarés ha reconocido que esa cantidad “será bienvenida”, aunque ha reiterado que la “deuda real” asciende a 85 millones, en los que se incluyen los 39.592.000 euros que cifra el consistorio por la deuda del tranvía desde el año 2010 y que contrastan con los 8 millones que remitirá de momento el Ejecutivo aragonés.

Deuda con 700.000 personas

A esa deuda, el consejero de Economía de la capital aragonesa ha sumado 11 millones por la financiación de la segunda fase del sellado del vertedero, 16 millones por la Ley de Capitalidad (a razón de 8 millones por año, incluyendo 2017 y 2018), 13 millones de convenios pendientes de pago, fundamentalmente de acción social, y 5,3 millones de deudas tributarias.

“Esto no se le debe a Santisteve ni a Rivarés, se le debe a 700.000 personas que vivimos en Zaragoza, más del 53 % de la población de la comunidad”, ha defendido el consejero.

En cualquier caso, Rivarés ha insistido en que “hablando se entiende la gente” y se ha mostrado favorable a un acuerdo en la reunión bilateral, cuya fecha todavía está por cerrar.

De momento, desde el Gobierno de Aragón se ha anunciado que se ha puesto en marcha el operativo para hacer llegar al Ayuntamiento 8 millones derivados de la Ley de Capitalidad, el borrador del convenio que ha de firmarse para que los zaragozanos reciban los 13 o 14 millones de financiación de sus servicios sociales y 8 millones que se remitirán “lo antes posible” como concepto de la deuda del tranvía.