denuncias

La violencia machista se incrementa un 3,3 % en Aragón

El número de víctimas de violencia machista ha aumentado en todas las comunidades entre 2017 y 2018, salvo en Extremadura, donde ha habido 14 menos, y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde también se ha reducido el número, mientras que en Aragón ha subido un 3,3 %.

Según informa el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de tres de cada mil mujeres de 20 a 39 años están reconocidas como víctimas de violencia machista, un total de 31.286, un 7,9 % más que en 2017, según la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG) que elabora el INE.

La Rioja, con un crecimiento del 47,1 % de las mujeres inscritas por violencia machista, y Canarias, con un 24,8 %, son las dos comunidades donde más ha aumentado este registro.

En números absolutos, Andalucía es la comunidad que más víctimas ha registrado, 7.047, seguida de la Comunidad Valenciana, con 4.794 y Madrid, con 3.656 casos.

También aumentaron en Murcia, un 18,4 % más, en Baleares, un 14,3 % y en Cataluña, 14,1 %, mientras que en Ceuta se redujo en un 12,2 % (de 74 a 65 personas) y en Melilla un 16,2 % (de 74 a 62).

Aumentan los denunciados

Este registro contabiliza las víctimas que tienen órdenes de protección frente a sus agresores o bien a estos se las han impuesto medidas cautelares tras haberlas agredido.

En cuanto a las personas denunciadas, el aumento anual fue del 7,8 %, lo que arroja un total de 31.250 hombres.

En el siguiente cuadro se recogen los datos de víctimas de violencia machista por comunidades en 2017 y 2018, y la tasa de variación entre estos dos años, según los datos proporcionados por el INE.

           CC.AA.                2017    2018  % de variación
	   Andalucía            6.982   7.047              0,9
	   Aragón                 822     849              3,3
	   Asturias               611     614              0,5
	   Baleares               874     999             14,3
	   Canarias             1.339   1.671             24,8
	   Cantabria              450     494              9,8
	   Castilla y León      1.428   1.452              1,7
	   Castilla-La Mancha   1.506   1.667             10,7
	   Cataluña             2.770   3.160             14,1
	   C. Valenciana        4.196   4.794             14,3
	   Extremadura            720     706             -1,9
	   Galicia              1.255   1.306              4,1
	   Madrid               3.552   3.656              2,9
	   Murcia               1.150   1.362             18,4
	   Navarra                295     309              4,7
	   País Vasco             685     742              8,3
	   La Rioja               225     331             47,1
	   Ceuta                   74      65            -12,2
	   Melilla                 74      62            -16,2
	   TOTAL               29.008  31.286              7,9

Las mujeres aragonesas que sufren violencia machista tardan más de 12 años en denunciar a sus agresores

Aragón es la segunda comunidad en la que más tardan en denunciar las víctimas de violencia de género, 12 años y 6 meses, por encima de la media estatal, de 8 años y 8 meses, desde que comienzan a sufrir malos tratos y aunque los motivos de este retraso son muchos, el principal es el miedo al agresor.

Según el “Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación” de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, la violencia que más tarda en denunciarse es la física: las mujeres necesitan una media de 14 años en pedir ayuda, mientras que en la psicológica esa cifra es de 7 años y 9 meses.

La Delegación del Gobierno ha hecho un estudio sobre los motivos que ralentizan la decisión de las víctimas de violencia de género de denunciar este maltrato o bien en solicitar apoyo a un servicio especializado, a partir de 1.220 encuestas.

La mitad de las encuestadas alegó que el miedo al agresor era el principal motivo por el que tardaron, mientras que un 45 % pensaba que podía resolverlo sola, un 36 % no se reconocía como víctima, un 36 % se sentía culpable y responsable y al 29 % le daba pena el agresor.

Otros motivos

La falta de recursos económicos (28 %), la vergüenza a contar lo sucedido (28 %), pensar que no podría salir adelante con sus cargas familiares (23 %), desconocer adónde dirigirse y cómo pedir ayuda (21 %), miedo y desconocimiento al proceso judicial (19 %), falta de apoyo familiar y social (18 %), miedo a la reacción de la familia (16 %), pensar que nadie podría ayudarla (15 %) o que no la iban a creer (13 %) y miedo a la reacción de los hijos (11 %) fueron otros motivos expuestos.

Las dos razones fundamentales que las llevaron a denunciar o a pedir ayuda fueron el mal estado psicológico en el que se encontraban (54 %) y las características concretas de la última agresión sufrida (41 %).

Casi una de cada tres mujeres lo hizo porque sus hijos empezaban a ser conscientes del maltrato, el 27 % porque contó con el apoyo de una persona de su entorno, el 21 % por la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el 9 % por la intervención de los recursos sanitarios, el 6 % porque sus hijos eran mayores y más autónomos, el 6 % por campañas en los medios de comunicación y un 1 % porque la situación económica de la unidad familiar mejoró.

El 89 % de las encuestadas padeció violencia psicológica, el 68 %, física, el 42 %, económica y el 23 %, sexual.

Casi la mitad sufrieron violencia de solteras

Casi la mitad, el 45 %, empezó a sufrir la violencia siendo soltera, el 37 % estaba casada, el 10 % era pareja de hecho del agresor, el 1 % se había separado, el 5 % divorciado y otro 1 % estaba en trámite de separación.

Según el estudio, el 98 % mantenía la situación de pareja tanto cuando comenzó a sufrir la violencia como cuando denunció.

El 74 % convivía con el agresor cuando empezó a padecer el maltrato, el 43 % vivía entonces con sus hijos, el 21 % sufrió violencia en la infancia y un 27 % fue testigo de ella. Además, una de cada cinco víctimas ha sido maltratada por más de una pareja.

Los datos reflejan que las mujeres denuncian antes cuanto más jóvenes son -las menores de 35 años son las que reaccionan antes mientras que las mayores de 65 son las que más tardan-, y también cuanto menores son los hijos, antes dan el paso.

Las casadas esperan más a denunciar

Además, las casadas esperan más antes de tomar la decisión de denunciar y el hecho de tener una hipoteca también amplía este tiempo. Las mujeres con estudios universitarios también tardan menos de la media en hacerlo (7 años y 1 mes).

La media española a la hora de denunciar o pedir ayuda es de 8 años y 8 meses, una cifra que varía de forma significativa entre distintas comunidades autónomas.

Melilla (2 años y 6 meses), Murcia (4 años y 5 meses), Asturias (6 años y 3 meses) y Andalucía (7 años, 4 meses) son las comunidades con los tiempos más bajos.

Por contra, donde las víctimas tardan más en denunciar o pedir ayuda es La Rioja (12 años y 7 meses), Aragón (12 años y 6 meses), Canarias (11 años y 9 meses), País Vasco (11 años y 7 meses), Extremadura (11 años y 3 meses) y Madrid (10 años y 1 mes).

Las agresiones a personal sanitario se agudizan por la feminización del sector

Es un problema que se ha agudizado en los últimos tiempos o al menos ahora se conocen más casos. Los trabajadores del sistema sanitario público y privado de Aragón sufren cada vez más agresiones de sus pacientes. El informe de Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Sanidad situaba hace unos días en 253 las agresiones sufridas en toda la Comunidad en 2018. La realidad es que se denuncian muchas menos: en la provincia de Zaragoza ese mismo año solo hay constancia de nueve casos judicializados. El aumento de las agresiones tiene que ver también con la feminización del sector sanitario. Ellas son las principales perjudicadas.

La gran mayoría de las agresiones son de carácter verbal (amenazas e insultos) y esto provoca que los trabajadores no lo consideren grave. “Hay gente que lo deja pasar en cuanto se le pasa el sofoco y ya no quiere denunciarlo. A veces son las propias compañeras las que tienen que convencer a la enfermera de que lo haga”, explica el presidente del Colegio de Enfermeros de Zaragoza, Juan José Porcar. Porque si no se llega a casos como el vivido hace apenas una semana, cuando un médico fue herido de arma blanca por un hombre en el centro de salud Univérsitas (en la foto superior, concentración de protesta en el citado centro tras la agresión)

Reincidentes

Los Colegios Oficiales de Médicos, Enfermeros y Odontólogos de Zaragoza piden mayor protección y seguridad para los empleados y, sobre todo, que se ponga el foco en los casos de “reincidentes” en el servicio sanitario a domicilio, muy habitual en Aragón debido al envejecimiento de la población. “Hay que hacer la asistencia compartida: los profesionales nunca deben ir solos. Existen situaciones problemáticas que están localizadas y los profesionales van acompañados de Policía Local”, apostilla la presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concepción Ferrer.

Las causas que explican el aumento de agresiones en el ámbito sanitario son la saturación de los servicios de urgencias y los centros de salud, la falta de libre elección de profesional, la desprotección, la pérdida de respeto en la sociedad y la feminización de la profesión. De hecho, como matiza Ferrer, las agresiones “se producen en mujeres jóvenes menores de 45 años con mayor incidencia y tienen miedo porque el agresor sabe quiénes son y dónde trabajan todos los días”. Querer disponer de informes que no se pueden facilitar, no aceptar que algunos trámites requieren tiempo o la prescripción de medicamentos, también estarían detrás del aumento de agresiones.

Medidas disuasorias

Desde 2018 existe la figura del Interlocutor Policial que media entre los centros médicos y los colegios profesionales para controlar, prevenir y frenar las agresiones. En las ciudades es un agente policial y en los núcleos rurales, un guardia civil. Este servicio contabilizó siete delitos en 2018, si bien el dato facilitado por el Colegio de Médicos era nueve (cinco doctores y cuatro enfermeros), dos no fueron considerados delito.

Los profesionales sanitarios piden más personal de seguridad en los centros de salud y la instalación de cámaras de seguridad como medida disuasoria, la penalización de las situaciones habituales o de reincidentes y la creación de un registro único que aglutine todas las agresiones registradas para poder contabilizarlas con mayor seguridad.

Además, van a poner en marcha un botón de alerta en el sistema informático de los ordenadores para que el trabajador pueda notificar un situ si la agresión se produce en la consulta con solo clickarlo. Un servicio que también se implantará en la asistencia a domicilio y que se ha puesto en marcha como proyecto piloto en el Centro de Salud Las Fuentes Norte.

Teléfono de ayuda

Por su parte, el Colegio de Médicos de Zaragoza ha optado por abrir un número de teléfono que estará disponible 24 horas de lunes domingo. Es el 601755044 al que los empleados podrán llamar para recibir asesoramiento y acompañamiento en caso de agresión. Concretamente, un colegiado le informará sobre cómo y dónde denunciar el hecho ante las autoridades policiales.

Los sanitarios que hayan sufrido una agresión en Zaragoza capital pueden ponerse en contacto con el interlocutor policial llamando al 976 469 925 o 976469926 o enviando un email a zaragoza.segpriv@policia.es. Si la agresión se produce en el ámbito rural serán atendidos en el 976711400, extensión 392, o en el email bdelbusto@guardiacivil.es.

Casi 3.900 aragonesas fueron víctimas de violencia machista en 2018, un 1,4% más que en 2017

Un total de 3.864 mujeres fueron víctimas de la violencia machista en 2018, lo que supone un aumento de un 1,4% frente al año anterior. De estas, 2.629 eran españolas y 1.235 extranjeras. Estas cifras ponen de manifiesto que el porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 en la comunidad fue de un 58,3%, es decir, un 1,3% más que las registradas en el año anterior.

Según los datos hechos públicos este viernes 8 de marzo por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en Aragón, en 2018 el número de denuncias presentadas en los juzgados aragoneses de Violencia sobre la Mujer aumentó un 5% frente al año anterior.

Paralelamente, el porcentaje de renuncias de las mujeres (cuando se acogen a la dispensa para no declarar como testigo) descendió en un 8,3.

El número de sentencias condenatorias en los juzgados de Violencia sobre la mujer aumentó un 28,3 % y en los juzgados de lo Penal el 33,6%.

De las condenas dictadas por los juzgados de violencia, en el 36,7% de los casos se trataba de personas de nacionalidad española y en el 18,5% de hombres extranjeros. En los juzgados penales, aunque con cifras ligeramente inferiores, se siguen detectando incrementos siendo el 29,2% de los hombres de nacionalidad española y el 6,5% extranjeros.

Más enjuiciados

El número de personas enjuiciadas en los juzgados de Violencia sobre la mujer pasó de las 425 en 2017 a las 543 en 2018, lo que supone un incremento de 27,8% en tanto que en los juzgados penales el aumento del número de enjuiciados ha pasado de los 745 a los 804 en 2018, un 7,9% más.

Los juzgados de violencia sobre la mujer ingresaron el pasado año 3.974 asuntos penales en total, (un 15,7% más que el año precedente) y se abrieron 1.208 Diligencias Urgentes (6,2% más). Los mayores incrementos en estos juzgados se produjeron sin embargo en las Diligencias Previas con un incremento del 31,9% y en los juicios por delitos leves con un 30,2%.

Por su parte, los juzgados penales ingresaron 845 nuevos asuntos -523 fueron Procedimientos Abreviados y 322 Diligencias Urgentes-.

Por lo que a órdenes de protección se refiere, los juzgados de violencia sobre la mujer incoaron un total de 715 órdenes, de las cuales se adoptaron 589 y 126 fueron denegadas.

Una niña de 8 años, obligada a convivir con su padre maltratador y acusado de abusar de ella

Un niña de 8 años de Zaragoza debe de cumplir con el régimen de visitas establecido por la justicia tras la separación de sus progenitores y convivir con su padre, denunciado por la madre a mediados de 2016 por presuntos abusos sexuales sobre la menor, y además condenado por violencia de género. Tras 7 años conviviendo con este maltratador, la mujer decidió romper la relación y tras un periplo judicial fue condenado por malos tratos, pero no se le han retirado las visitas de la hija.

La larga batalla judicial emprendida por la madre de la niña para evitar la convivencia con el padre siempre ha encontrado una negativa como respuesta en los tribunales a pesar de las pruebas aportadas y de los reiterados ataques de ansiedad y afecciones sufridos por la niña cada vez que debe cumplir con la medida, según ha informado Radio Zaragoza.

Unas afecciones y unas pataletas que, según ha explicado la madre a Efe, han evitado en los últimos siete meses que el padre pueda llevarse a su hija a la salida del colegio porque, añade, “la niña se tira al suelo para resistirse a la entrega y los policías se niegan a entregarla por la fuerza”.

Primera denuncia en julio de 2016

La primera denuncia fue interpuesta en julio de 2016 tras una estancia vacacional de la menor con su padre y relatar esta a su madre que sufría escozores en la zona genital y que tenía problemas para orinar.

En la consulta médica a la que llevó la madre a su hija, la menor contó a la especialista que su padre le había introducido los dedos en su vagina “hasta un hueso”, testimonio que originó la interposición de la denuncia penal.

Esta primera denuncia, confirma la madre, fue archivada tras una exploración hecha por forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) en la que la menor, que tenía entonces 5 años, se desdijo.

Nueva denuncia

La madre volvió a denunciar a su expareja, de la que se separó tras denunciarle por malos tratos, en septiembre de 2017, tras volver a constatar, explica, que su hija era intimidada por su padre para que no hablara de lo ocurrido.

Las numerosas pruebas aportadas desde entonces por su letrado, el abogado Óscar Esp, no han evitado la reciente decisión del titular del órgano instructor del caso de archivar la denuncia a fin de no interferir en la relación paternofilial existente.

Ni las grabaciones hechas a hurtadillas a la niña cada vez que relataba a su madre lo que vivía en casa del padre junto a su nueva pareja y la hija de ambos, ni los testimonios de los trabajadores del punto de encuentro ni los atestados policiales han impedido el archivo de la causa.

Pánico al padre

Entre los informes aportados se encuentra uno elaborado por una psicóloga del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) en el que se asegura, explica la madre, que la niña “tiene pánico” a su padre, pero que “no ha servido de nada al no estar autorizada judicialmente su elaboración”.

Según esta mujer, el padre, que comparte la patria potestad de la niña, se ha opuesto reiteradamente a que su hija sea objeto de revisiones médicas sin su presencia, una situación que ha contado en todo momento con respaldo judicial.

El letrado de la madre, tras varios escritos para instar la práctica de pruebas o pedir la anulación de la medida de custodia compartida, considera necesario ahondar en los motivos por los que la menor se contradijo a sí misma ante los forenses del IMLA para tratar de determinar si la niña actuó así por miedo.

Supuesta manipulación de la niña

Ahora, con 8 años, la menor le contesta a su madre cada vez que se acerca la hora de la entrega a su padre que “por qué tú no le tienes que ver ahora y yo sí”.

Por su parte, desde la asociación Somos Más, de lucha contra la violencia machista, se ha valorado la “lucha” emprendida por la madre para tratar de proteger a su hija.

Fuentes judiciales consultadas por Efe señalan que la defensa del padre de la menor se apoya en la supuesta “manipulación” de la menor en contra suya.

La Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo recoge 136 casos desde su apertura en junio de 2018

La Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Zaragoza, ubicada en el Edificio Seminario, ha recogido un total de 136 testimonios desde su apertura el pasado mes de junio y documentado los hechos que servirán como base para presentar en lo tribunales una querella municipal por los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista en la capital aragonesa.

La oficina ha recabado la información de 136 casos en relación con supuestos de crímenes contra la humanidad, aportados principalmente por familiares, pero también por víctimas directas en el supuesto de torturas en el tardo-franquismo.

Un objetivo es presentar una querella en los juzgados de instrucción de Zaragoza para tratar de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la verdad de las víctimas de tales violaciones graves de los derechos humanos, y poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos durante el franquismo conforme a los mandatos dirigidos a los poderes públicos españoles por parte de los organismos de derechos humanos de la ONU.

Ese material, aportado gracias a la colaboración de víctimas y familiares, organizaciones memorialistas e investigadores, permitirá elaborar el informe base para la querella municipal para posteriormente redactarla jurídicamente y tramitar el proceso judicial. Así mismo, todos los testimonios recogidos servirán para elaborar un relato en forma de libro y formará parte del vídeo-archivo de la memoria histórica.

Querella en fase de elaboración

En cuanto a la localización de los casos, los hechos de referencia se produjeron en Zaragoza, y también en otras localidades del partido judicial de Zaragoza como Leciñena, Magallón, Quinto de Ebro, Belchite, Fuentes de Ebro o La Puebla de Alfindén.

Las tipologías delictivas de los crímenes cometidos son diversas: asesinatos, desapariciones forzadas en concurso con delito de genocidio; torturas en concurso con crímenes contra la humanidad.

El trabajo de recogida de casos ha concluido, la querella está en fase de elaboración y fundamentación jurídica, y su interposición está prevista para finales del mes de enero (en la imagen superior de zaragoza.es, acto de homenaje a víctimas del franquismo en el cementerio de Torrero).

Portada del folleto de la oficina

Durante estos meses, los trabajos realizados desde la oficina llevados a cabo por la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza (ALAZ) se han desarrollado en coordinación con los equipos jurídicos y de atención psicosocial en otras oficinas del mismo tipo en otros lugares del país, compartiendo experiencias y herramientas de trabajo con entidades como el Grupo de Acción Comunitaria, la Asociación Pro-Derechos Humanos de España o Ceaqua.

Para llevar a cabo los trabajos, Zaragoza Cultural suscribió un convenio de colaboración con ALAZ, asociación elegida por unanimidad por parte de todos los colectivos memorialistas para atender el servicio.

La oficina también ha contado con voluntariado de estas entidades para la gestión y la atención personal y emocional y el apoyo al trabajo jurídico desempeñado por los y las abogadas.

Colaboración institucional

Asimismo se ha trabajado en colaboración con otras instituciones y asociaciones de referencia en la materia, como el Instituto Vasco de Criminología, investigadoras de la Universidad de Zaragoza o diferentes asociaciones memorialistas.

Zaragoza forma parte de la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista y viene trabajando desde hace meses para impulsar esta nueva vía judicial junto a Ceaqua, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina Contra Crímenes del Franquismo.

Hasta el momento cuatro ayuntamientos han presentado querellas por crímenes contra la humanidad cometidos en sus municipios (Vitoria, Pamplona, Elgeta y Mondragón), otros dos por los bombardeos sucedidos en sus ciudades durante la Guerra Civil (Durango y Barcelona) y cerca de cuarenta corporaciones locales se han comprometido a través de mociones en sus plenos a impulsar el enjuiciamiento de estos crímenes en sus localidades.

Más de mil mujeres bajo protección policial por violencia machista en Aragón

La Policía Nacional protege a 1.015 mujeres por violencia machista en Aragón, según recoge el último boletín estadístico mensual que publica la Secretaría de Estado de Igualdad y que incluye datos a fecha 30 de septiembre de 2018.

Hasta hoy, 25 de noviembre, dos mujeres han sido asesinadas por esta lacra en lo que va de año, las dos en Zaragoza. Desde 2003, año desde el que existen estadísticas sobre violencia machista en el país, las víctimas mortales en la Comunidad ascienden a 25.

Un año más, miles de personas saldrán hoy a las calles para exigir el fin de la violencia machista en unas marchas organizadas por los movimientos feministas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una lacra que en España ya se ha cobrado la vida de 972 mujeres y 27 niños.

Según la Secretaría de Estado de Igualdad, cuatro mujeres en Aragón (tres de Zaragoza y una de Huesca), se encuentran en riesgo alto de volver a sufrir una agresión machista y reciben por ello diariamente la llamada de un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La Policía se basa en el sistema “VioGén” de seguimiento integral en los casos de violencia de género, que tiene activos 1.687 en toda la Comunidad, para establecer el nivel de riesgo de cada mujer. A fecha 30 de septiembre de este año, ninguna mujer se encontraba en riesgo extremo.

Concienciación

En total en Aragón, 13.737 mujeres han sido víctimas de violencia machista, según el boletín del Ministerio de Igualdad, de las que 63 eran menores de edad.

Las campañas de concienciación para animar a denunciar han tenido su efecto y las denuncias por violencia machista han aumentado un 15,17 % desde 2008, pasando de las 3.336 de entonces a las 3.860 que se presentaron en 2017. Hasta junio de este año se habían presentado 1.920 denuncias en Aragón.

Por provincias, es la de Teruel donde más se han incrementado las denuncias por violencia de género, casi un 30 %, pasando de las 154 en 2008 a las 200 del pasado año.

Desde la crisis ha aumentado el número de mujeres víctimas de violencia machista que reciben los 430 euros de la Renta Activa de Inserción, ya que ha pasado de 251 en 2008 a 629 hasta septiembre de 2018.

Además, 261 mujeres en Aragón han recibido las ayudas previstas en el artículo 27 de la Ley Integral contra la Violencia de Género desde 2006.

Servicio Telefónico

Por otro lado, 203 mujeres en Aragón eran usuarias activas del Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de violencia de género (Atenpro) en septiembre de este año. Un servicio que consiste en la entrega de un móvil que permite a las víctimas contactar en cualquier momento con personal especializado que le atienda en caso de urgencia.

Esta cifra supone un 10 % más que el mismo mes del año pasado, y es en la provincia de Zaragoza donde más se ha incrementado, un 23 %, mientras en Huesca ha disminuido un 6 %.

Otro teléfono, el 016, de atención a las víctimas de violencia de género, recibió 134 llamadas en septiembre de este año, un 3,9 % más que el mismo mes del año anterior, y acumula desde su puesta en marcha en septiembre de 2007 un total de 15.565 llamadas.

Al otro lado del teléfono se encuentra un profesional que informa sobre cómo actuar tanto a las víctimas como a su entorno, ya que 1 de cada 4 personas que acuden al 016 son familiares o allegados de la víctima.

El IAM

El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) cuenta con su propio número, el 900 504 405, que solo entre enero y septiembre de 2018 ha recibido 3.164 llamadas, y un total de 48.463 desde que se aprobó en 2007 la Ley Aragonesa contra la Violencia sobre la Mujer.

La directora del IAM, Natalia Salvo, anunció precisamente esta semana que este teléfono pasará a tener una nueva función que será un servicio de guardia psicólogica “urgente e inmediata” para mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia.

Esta medida se sumará a los “agentes de igualdad” que se desplegarán por todo el territorio para ayudar a las instituciones a prevenir la violencia machista, según anunció la consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto.

“Mientras una mujer sufra o pierda la vida por la violencia machista no podemos tener descanso”, aseguró Broto, para quien es necesario educar “desde la cuna” en la igualdad de oportunidades.

Sergio Martín Lafuente/Efe

Registradas 30 denuncias por abusos a personas con discapacidad intelectual durante este año

La Unidad de Atención a Víctimas de Abuso con Discapacidad Intelectual ha presentado durante este año hasta 30 denuncias por diversos casos de violencia contra este colectivo. De ellas, un 30% han sido abusos sexuales y el resto, violencia doméstico o de género. En total, desde su puesta en el año 2015, han atendido hasta 93 casos.

Para conocer la evaluación del programa, este viernes han mantenido una reunión de trabajo con miembros de Atades, de la Delegación del Gobierno, del Ejecutivo autonómico y jueces y fiscales. El reto, como ha afirmado el presidente de Atades, Jesús Soto, es que esta unidad deba desaparecer por falta de trabajo, aunque reconoce que “es una utopía”, por lo que “debemos implicarnos más”.

No obstante, para Soto, el motivo principal de este aumento de denuncias no es tanto un incremento de los casos, sino que “la gente se mentaliza que tiene que denunciar más y ya no se avergüenza de haber sufrido un abuso”. “Denunciándolo se ayuda a sí mismo y se ayuda a los demás”, ha aseverado.

Aun así, desde Atades también lamentan que no siempre se crea a las víctimas que sufren los abusos, así como concretar los hechos. La coordinadora de la unidad, Victoria Ledesma, ha expuesto las dificultades a la hora de “colocar un hecho en el espacio y en el tiempo o contar cuantas veces ha ocurrido un hecho”. “Es imprescindible conocer a la persona, hacer una evaluación de capacidades para saber cómo se expresa habitualmente y, con esos apoyos, poder tomar declaración”, ha señalado.

Asimismo, la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, ha puesto de manifiesto “la coordinación, colaboración y apoyo” para trabajar en este tema y “sensibilizar a jueces y fuerzas de seguridad”.

Casi un millar de mujeres han sido víctimas de violencia machista en Aragón en el 2º trimestre del año

Hasta 997 mujeres sufrieron de delitos de violencia sobre la mujer en Aragón entre los meses de abril y junio. Este número supone un incremento del 2,8% frente a las 970 víctimas durante este periodo en 2017. Así lo muestran los datos estadísticos hechos públicos este miércoles por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

En este segundo trimestre de 2018, los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Aragón recibieron un total de 1.051 denuncias, 167 solicitudes de órdenes de Protección y se enjuició a 379 personas en toda la Comunidad.

El 82,22% de los casos tramitados por los juzgados de violencia sobre la mujer acabaron con condenas para los acusados y solo el 2,3% fueron absueltos.

Este porcentaje es aún mayor en el caso de la Audiencia Provincial de Zaragoza donde las condenas fueron del 100% y del 54,13% en los juzgados de lo Penal.

El 70% de las denuncias, por la propia mujer

En el 69,3% de los casos las denuncias fueron presentadas por la propia mujer víctima ante la policía y en el 22,6% las denuncias se presentaron por intervención directa de la policía. Solo en el 1,8% de las denuncias presentadas en nuestra comunidad lo fueron por algún familiar.

De las 167 solicitudes de Órdenes de Protección recibidas en los juzgados de Violencia sobre la Mujer tramitaron en el segundo trimestre del año, el 75% de ellas fueron adoptadas (126) y el 25% (41) fueron denegadas.

Durante este periodo, los juzgados de Violencia sobre la Mujer en la Comunidad ingresaron 1.137 nuevos asuntos penales, recibieron otros 281 más procedentes de otros órganos judiciales y reabrieron 46 casos. Al finalizar el trimestre se habían resuelto 1.536 expedientes.

Un nuevo caso eleva a cinco las denuncias por agresión sexual durante las Fiestas del Pilar

Esta madrugada del lunes 15 de octubre se ha presentado una nueva denuncia por agresión sexual. Con esta suman ya cinco denuncias a lo largo de estas Fiestas del Pilar, además de tres casos en los que no se ha presentado denuncia.

Por el momento no han trascendido muchos datos de este último caso. El Ayuntamiento de Zaragoza sólo ha confirmado que se trataría de tocamientos no deseados a una mujer en el interior de una discoteca situada en la avenida de José Atarés y que los hechos han tenido lugar en torno a las 5.00 horas de esta madrugada. Delegación del Gobierno ha preferido también no dar más datos porque “se trata de un caso especial”.

Este mediodía, el Consistorio ha convocado un minuto de silencio para mostrar su rechazo a este tipo de agresiones, tal y como marca el protocolo de actuaciones aprobado por el Ayuntamiento.

La concejal delegada de Igualdad, Arantza Gracia, no descarta que la cifra aumente porque “puede que las mujeres se lo piensen, reflexionen, y decidan denunciar”.

Gracia también ha señalado que, a excepción del primer caso, la agresión denunciada la noche del 6 a 7 de octubre en el parque de Las Delicias, no se ha producido ninguna detención.

La segunda denuncia se interpuso la madrugada del miércoles al jueves, cuando una mujer se bajó de un autobús con destino a Valdespartera tras asegurar haber sufrido tocamientos por parte de un hombre mayor. En la madrugada del sábado 13 al domingo 14 se interpusieron dos denuncias, una en Valdespartera y otra en un local nocturno de la calle Mayor.

Delegada del Gobierno

También la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, se ha pronunciado sobre estos hechos. Sánchez ha querido poner en valor que “ha funcionado el procedimiento y el protocolo y se ha actuado”.

Asimismo, ha destacado la importancia las campañas de sensibilización que se han impulsado estos días porque “han sido muy importantes”. Ahora, ha agregado, “está todo en fase de investigación” y las denuncias “llevarán su curso”.

Igual que ha manifestado la concejal delegada de Igualdad, Sánchez no ha podido confirmar si son más casos que en años anteriores porque “no sabemos si antes había más casos pero no se denunciaban”.

“Lo que sabemos es que ahora se están denunciado y que la sensibilización de la sociedad es muy importante porque muchas veces la víctima no se atreve a denunciar y sus amigas o compañeras le dicen que es un caso de denuncia”, ha manifestado. Lo más importante, ha subrayado Sánchez, es “que el protocolo funcione, que se acompañe a la víctima, se le proteja, luego haga su correspondiente denuncia y quede todo en manos del juzgado”.

Sobre la última denuncia, Sánchez ha preferido no desvelar detalles. “No podemos decir nada, imagino que saldrá todo a la luz, pero de momento mejor no decir nada porque es un caso un poco especial”, ha manifestado.