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El líder del PP Beamonte ocultó que era licenciado en Derecho por la Rey Juan Carlos, pero no dimitirá

El presidente del PP en Aragón y candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, Luis María Beamonte, terminó la carrera de Derecho en 2017 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), 35 años después de haberla iniciado, aunque ocultó el título tras los escándalos en la universidad madrileña, según publica el diario El País.

Según este rotativo, en el expediente académico de Beamonte consta que concluyó la carrera en 2017 -la había empezado en 1982 en Zaragoza- con dos sobresalientes en sendas asignaturas pendientes y con 45 convalidaciones.

Sin embargo, el líder de los populares aragoneses no desveló después de acabar la carrera en la URJC que sí era licenciado, en un momento en el que había sido acusado de no decir la verdad en su currículum por asegurar que tenía la carrera de Derecho, según recoge El País.

En la noticia se asevera que Beamonte conocía a muchos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos porque organiza un curso de verano en Tarazona (Zaragoza), población de la que es alcalde.

Un “error”

El presidente del PP en Aragón y candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, Luis María Beamonte, ha calificado como “error”, su “único error”, ocultar que era licenciado en Derecho, lo que ha achacado a la “vorágine de malas interpretaciones” que rodeaban a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Beamonte ha comparecido este sábado en rueda de prensa en Zaragoza para “dar la cara” como hace “siempre”, según ha aseverado, en relación con que terminó la carrera de Derecho en 2017 en la URJC, 35 años después de haberla iniciado en Zaragoza, aunque ocultó que tenía el título (del que todavía no dispone físicamente) en septiembre de 2018 al Heraldo de Aragón tras los escándalos surgidos en la universidad madrileña.

Aunque ha insistido en que lo ocultó por la situación de “tensión” que existía en relación con el Instituto de Derecho Público, donde surgió el escándalo del máster de Cristina Cifuentes o Pablo Casado, también ha reiterado que “nada tenía que ver” dicho centro con la propia Universidad Rey Juan Carlos y que prefirió “no decir nada”.

No dimitirá

Beamonte, quien ha aseverado que no tiene dudas de que ha actuado “correctamente”, considera que “en absoluto” existen motivos para dimitir por este asunto, sobre el que no tiene “inconveniente” en dar explicaciones aunque llega en “plena campaña electoral”, lo que, no obstante, no le va a “distraer” de su obligación de pensar en el proyecto del partido para los aragoneses de cara a las elecciones del 26 de mayo.

Ha explicado que tenía todas las asignaturas salvo una (Derecho Financiero y Tributario, de cuarto curso) aprobadas cuando se matriculó en la URJC porque era una de las pocos centros en los que aún existía el plan de estudios del 2000, dado que el del 56 del que él procedía estaba extinguido, y que no acudió a clase porque no era obligatorio.

Aunque no tiene los exámenes, no tiene inconveniente en que la Universidad los haga públicos y sí recuerda que aunque era una sola asignatura pendiente fueron dos exámenes que tuvo que hacer, de tipo test (de una parte general y otra especial), en los que obtuvo 18 aciertos en cada una.

Niega que conociera a los profesores

Ha negado que conociera “absolutamente de nada” a quien le examinó ni que tuviera “trato de favor” por el hecho de que la URJC imparta un curso de verano en Tarazona (Zaragoza), de donde es alcalde, dado que datan de un tiempo en los que él no era “ni concejal” y sobre las convalidaciones de asignaturas, ha asegurado que la “comisión las aprobó” y que no hizo otra cosa que lo que le pidieron.

El líder de los populares aragoneses, que ha pedido “disculpas” a quien haya podido decepcionar, ha dicho que está “tranquilo” y con “valentía” porque en vez de “engordar” el currículo hizo lo contrario, y aunque ha señalado que si hubiera sabido ayer que este asunto se publicaba, lo que llegó a pensar que no sucedería, se lo habría dicho al presidente de su partido, Pablo Casado, cuando estuvo en Zaragoza.

Como la noticia se ha publicado este sábado, Beamonte no ha llamado ni prevé hacerlo a Casado, y ha aseverado que si alguien quiere explicaciones le llamará (en la foto superior, beamonte, a la izda, junto a Casado y Azcón en un acto electoral este viernes en Zaragoza).

Alcaldes de Zaragoza, Barcelona y Pamplona exigen que la energía sea un derecho y no una mercancía

Los alcaldes de Barcelona, Zaragoza y Pamplona, Ada Colau, Pedro Santisteve y Joseba Asiron, respectivamente, han exigido este miércoles en el primer Congreso Transición Energética y Ciudad que la energía sea “un derecho social y no una mercancía”.

Los tres alcaldes, que forman parte de los denominados “ayuntamientos del cambio”, han subrayado la necesidad de articular acuerdo políticos para revertir el modelo energético de las ciudades y garantizar que todas las familias tengan acceso a la energía limpia.

“Ahora tenemos un modelo de producción que genera dependencia en nuestra economía y un oligopolio que gestiona ese recurso básico con un interés avaricioso generando pobreza energética”, ha denunciado Colau durante el evento, que se ha llevado a cabo en el Campus Diagonal-Besòs de Barcelona y en el que también han participado regidores de Madrid, Valencia y Cádiz (en la imagen superior Santisteve, Colau y Asiron, en el centro de la tertulia).

Por eso, “la urgencia” de esta transición “es evidente”, ha exclamado.

Colau ha lamentado la “corrupción estructural” y las “puertas giratorias” de las grandes empresas energéticas y ha recordado los “obstáculos” que tuvo durante los primeros años de su mandato porque “el oligopolio no aceptaba que llegara alguien a cambiarle las reglas del juego”.

Santisteve aboga por un “frente común de alcaldes”

En la misma línea, Santisteve ha abogado por un “frente común de alcaldes” y ha enfatizado la obligación de los municipios de “recuperar para la ciudadanía el control de los bienes básicos”, como la energía, el agua, la movilidad de la ciudad o los datos abiertos. Y ha precisado: “todo de lo que dependa nuestro futuro”.

En palabras del regidor de energías renovables y cambio climático del consistorio de Valencia, Berto Jaramillo, uno de los objetivos principales es evitar “que sólo se pueda poner una placa solar o comprar un coche eléctrico quien se lo pueda pagar”.

Sin embargo, tal como ha señalado Santisteve, “hay que meter en la cabeza de la gente que, en el futuro, no habrá tantos coches eléctricos como los hay de gasolina y diesel, por lo que habrá que ir hacia otros modelos de transporte colectivo y abaratar el coste del transporte público”.

Justamente la concienciación de la ciudadanía es una pieza clave para que cuajen este tipo de políticas energéticas dado que, como ha indicado Asiron, “son medidas que no tienen un reembolso inmediato”.

Por ello, en su opinión, es crucial la interacción con los ciudadanos para que sea la sociedad, junto a los ayuntamientos, los que construyan alternativas al modelo energético actual.

“Ningún cambio real ha partido de las instituciones”, ha afirmado la segunda teniente de alcalde de Cádiz, Ana Fernández, quien ha insistido en que los consistorios están “asumiendo a pulmón” los temas de eficiencia energética.

“Los ayuntamientos estamos dando la cara sin tener las competencias ni los recursos económicos”, ha aseverado para agregar que “esto tiene que cambiar”.

Las instituciones, un freno

Algo más crítico se ha mostrado Santisteve al respecto: “las instituciones no están pensadas para el cambio ni para la transformación social” por sus “entramados burocráticos, inercias, prácticas y legislación”.

En una tónica parecida se ha expresado también el regidor del área de economía y hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, quien ha ironizado con la discrepancia de agendas a nivel local y estatal.

“Los ayuntamientos tenemos una misma agenda común, hablamos del agua, la energía, los residuos, la alimentación o la movilidad, pero mientras las ciudades hablamos de esto, la política nacional habla de la caza, los toros, el aborto, la ley del matrimonio igualitario, los belenes”, ha dicho.

Este congreso, que se ha celebrado en un campus universitario, es el reflejo de cómo la agenda política sobre el cambio climático y la energía limpia se ha filtrado en la comunidad estudiantil.

Sin ir más lejos, el próximo 15 de marzo el movimiento internacional Youth For Climate ha organizado una huelga escolar para reivindicar una mayor acción política en estos asuntos y varias ciudades europeas, entre ellas Barcelona, ya han mostrado su apoyo.

La Ley de Vivienda de Aragón prevé expropiaciones para garantizar el derecho a disponer de un piso

Las sanciones y la expropiación a grandes propietarios, como último recurso, es uno de los aspectos que contempla la nueva Ley de Vivienda de Aragón como método para incentivar la puesta en el mercado de pisos desocupados.

Así lo ha anunciado el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en el que se ha dado el visto bueno a esta ley que inicia ahora el periodo de tramitación parlamentaria para su aprobación antes de que acabe la legislatura.

Esta nueva ley, compuesta por 186 artículos, entiende que la vivienda es un derecho, “no un bien con el que hacer negocio”, ha apuntado Soro, quien ha informado asimismo de que es una norma que nace “con vocación de perdurar”.

El consejero ha explicado que toda persona física tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna “que sea adecuada a su situación familiar, económica y social y su capacidad funcional”.

De este modo se reconoce la vivienda como derecho subjetivo y por lo tanto, exigible judicialmente su cumplimiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Alternativas

Los poderes públicos de Aragón deben proveer de una alternativa habitacional a toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad y afectada por un procedimiento de ejecución hipotecaria o de desahucio por falta de pago de la renta.

En este sentido, Soro ha informado de que tras el proceso de participación, que se prolongó durante dos meses en los que se presentaron 253 aportaciones, se incorporó la posibilidad de dotar no sólo de respuesta habitacional “sino también de prestación económica”.

Esta ley también reconoce la función social de la vivienda, “que consiste en su utilización con fines residenciales y su efectiva ocupación”, ha señalado el consejero.

Para conseguirlo, ha destacado, “se incentiva la puesta en el mercado de las viviendas desocupadas y se corrigen las situaciones de incumplimiento de la función social mediante procedimientos expropiatorios”.

Un sistema que, ha recordado, está avalado por el Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre las leyes de Navarra y País Vasco.

No obstante, ha advertido de que la expropiación solo afecta a grandes propietarios con más de quince viviendas y personas jurídicas.

Infracción grave

Para el consejero, se trata de una “cuestión de decencia” y por eso retener las viviendas desocupadas está tipificado en la ley como una infracción grave que puede dar lugar a multas y, en último recurso, a la expropiación.

Soro ha asegurado que desde el inicio de la legislatura ha habido conversaciones con las entidades bancarias para esta cuestión, si bien, ha reconocido que “no ha sido fácil por falta de voluntad” de los bancos pese a la existencia de convenios para ello.

El consejero ha destacado otros aspectos como el alquiler como instrumento fundamental para dar respuesta al derecho a una vivienda y la rehabilitación; la regulación de forma exhaustiva de los derechos del usuario de vivienda, especialmente el derecho a la información tanto en la transmisión de viviendas como en los préstamos hipotecarios y otras formas de financiación y la obligatoriedad de la mediación cuando se produce un conflicto.

Viviendas sociales

Además se crea el Fondo de Vivienda Social de Aragón, con el que se gestionarán todas las viviendas sociales que gestionen todas las administraciones públicas, sea cual sea su procedencia, y el Gobierno de Aragón recupera el control público de todas las adjudicaciones de vivienda nueva, y las transmisiones de las ya existentes, a través del Registro de Vivienda Protegida de Aragón, así como el sistema de sorteo.

Como novedad, ha apuntado que la protección de la vivienda alcanza toda su vida útil, por lo que ya no son posibles las descalificaciones para evitar negocio, aunque no tiene efecto retroactivo sobre las ya calificadas en la actualidad.

Por último, se crea el Observatorio de la Vivienda de Aragón, con la finalidad de obtener datos para que los poderes públicos puedan tomar decisiones fundadas en bases científicas.

Soro calcula un impacto de la ley en el capítulo I de dos millones de euros para el personal del observatorio, la inspección o la tramitación de la ley.

La vivienda será derecho subjetivo en Aragón y se podrá expropiar en caso de un uso inadecuado

El anteproyecto de Ley de Vivienda de Aragón contempla la vivienda como un derecho subjetivo y la posibilidad de expropiarla en el caso de que no cumplan la función social para la que está concebida, como es su uso residencial y su efectiva ocupación, pero de acuerdo con unos criterios estipulados.

Así lo ha explicado el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha tomado en conocimiento de dicho anteproyecto.

El objetivo del Gobierno es que el proyecto de Ley pueda estar concluido el próximo verano, una vez finalizado el proceso de participación ciudadana, que comienza el próximo lunes, día 12, para su remisión a las Cortes.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que “será una ley prioritaria” y que las Cortes harán “lo necesario para que salga adelante en esta legislatura”, y aunque ha subrayado que es una norma vanguardista que incorpora doctrina del Tribunal Constitucional, no descarta que pueda ser recurrida por el PP que “no tiene en frente a la ciudadanía, sino a los bancos”.

Se trata, ha dicho Soro, de una ley que “pone a las personas como protagonistas de las políticas públicas” y que convierte al Gobierno en garante del derecho a la vivienda.

Cuatro principios

El anteproyecto, que consta de 183 artículos ordenados en nueve títulos, se rige bajo cuatro principios, el primero de los cuales considera a la vivienda como un derecho subjetivo y no como un bien de mercado, de manera que toda la ciudadanía pueda exigir judicialmente a las administraciones públicas el cumplimiento de esta Ley ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.

El derecho de acceso a la vivienda y la posibilidad de que el Gobierno actúe en el caso de situaciones de vulnerabilidad para dotar de una alternativa habitacional; el derecho al disfrute pacífico de la vivienda y el derecho a una vivienda digna y adecuada a las necesidades para poder contar con una calidad de vida son los otros tres principios.

La ley garantiza el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible que favorezca el ejercicio del resto de los derechos fundamentales y del estado del bienestar y para ello fija una serie de parámetros de calidad.

Apuesta por el alquiler

Entre las principales novedades que recoge la norma destaca la apuesta por el alquiler como instrumento fundamental para dar respuesta al principio constitucional del derecho a una vivienda.

Así, se considera la rehabilitación como un instrumento básico y contempla medidas como el impulso de un Plan de Vivienda de Aragón que se adapte a las necesidades de Aragón.

Se regulan por primera vez los derechos del usuario de vivienda, tanto en lo que se refiere a la información y publicidad como a los requisitos de los contratos sobre la vivienda.

Dentro de este conjunto informativo, destaca el derecho de información en relación con los sistemas de financiación (hipotecas o cualquier otro) imprescindible para el acceso, pero también para el disfrute pacífico (evitar perder la vivienda por un mal sistema de financiación).

Los consejeros Soro (dcha) y Guillén han presentado el anteproyecto de Ley de Vivienda. Foto: Europa Press

Función social de la vivienda

Otra novedad fundamental es la “obligatoriedad” de la mediación cuando los actores que intervienen en un negocio jurídico entran en conflicto, no solo en los contratos de compraventa, sino también en los sistemas de financiación, como los préstamos hipotecarios.

Por primera vez se regula la función social de la vivienda, es decir, el Gobierno velará por que se utilicen como bien residencial, que no estén vacías, que no presenten sobreocupación, que no estén ocupadas ilegalmente o que no se destinen a vivienda permanente en el caso de las de régimen oficial, incumplimientos que podrán ser corregidos mediante sanciones o procedimientos expropiatorios.

Soro ha advertido de que no se trata de expropiar las viviendas vacías sino cuando se incumplan ciertas situaciones, marcadas en la ley, y una vez que se hayan agotado las vías coercitivas sin haberse dado cumplimiento a los requerimientos.

Lo que se busca, ha dicho, es soluciones en positivo para la puesta en valor de esas viviendas, para garantizar el pago de los gastos o el mantenimiento de la vivienda.

Facilidades a la dación en pago

En relación con las entidades financieras, sociedades inmobiliarias, SAREB, activos inmobiliarios y grandes propietarios, se establece la obligación de dar información a la Administración sobre personas en riesgo de perder su vivienda, con el fin de poder tomar medidas para garantizarles un alojamiento alternativo.

Soro ha señalado que “las entidades que adopten medidas para evitar el sobreendeudamiento y acepten la dación en pago como sistema ordinario para saldar las deudas tendrán absoluta prioridad en el trato con todas las administraciones públicas de Aragón”.

En este anteproyecto se crea el Fondo de Vivienda Social de Aragón: un único sistema integrado para gestionar todas las viviendas sociales de todas las administraciones públicas, sea cual sea su procedencia (sector privado o público, vivienda protegida o libre).

Además, se regula la vivienda protegida y la administración recupera el control en todas las nuevas promociones de VPA, así como el sistema de sorteo, y no se prevé la posibilidad de descalificaciones durante toda la vida útil.

Asimismo, se dota de más competencias a la Inspección de Vivienda alcanzando también inspección para las viviendas libres.

Campaña para promover el consumo de agua de grifo también en bares y restaurantes

Apuesta decidida desde el Ayuntamiento de Zaragoza para promover el consumo de agua del grifo, el ahorro en el gasto de agua y en la gestión pública de todo el ciclo del agua. El gobierno municipal va a desarrollar sendas campañas en ese sentido, además de insistir en que el acceso al agua de calidad es un derecho básico.

La Corporación va a realizar una promoción de la utilización de agua de grifo para el consumo humano de boca porque “el agua de Zaragoza no sólo tiene unos parámetros de calidad muy buenos, sino que es agradable y recomendable para el consumo de agua de boca”, ha remarcado el alcalde, Pedro Santisteve, en la presentación de la jornada de trabajo de la AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento), que se celebra este viernes 16 de febrero en el Ayuntamiento zaragozano.

La campaña de promoción del agua de grifo se va a centrar en familias, entidades sociales y vecinales, pero va a contar con una importante colaboración por parte de organizaciones de hostelería, que van a impulsar la presencia cada vez más amplia de jarras con agua de grifo en los menús del día y en los bares, como sustitutas del agua embotellada.

Además, la campaña incluirá una reorganización de la red de fuentes públicas de la ciudad, para que éstas cubran el máximo posible de áreas urbanas, y también se centrará en proyectos de cooperación para garantizar el abastecimiento allí donde es una necesidad urgente.

Reducir el consumo

Por lo que respecta a la campaña de reducción de consumo de agua, tiene como objetivo que Zaragoza “recupere el liderazgo como ciudad ahorradora de agua y con conciencia ecológica, y vuelva a ser referente en este campo, después del repunte de consumo que se ha producido en el último año”, ha indicado el alcalde.

Santisteve ha subrayado en su intervención la buena calidad del agua de Zaragoza, que en la actualidad se nutre de aportaciones del río Aragón, desde el pantano de Yesa (55%), y del Canal Imperial (44,77%), por lo que ha considerado “innecesario” el proyectado recrecimiento del embalse pirenaico, entre otras justificaciones, para abastecer a Zaragoza.

Agua de grifo de Cádiz embotellada y empaquetada

La apuesta de las ciudades integradas en la AEOPAS por la gestión pública del agua y por el agua de grifo de calidad se ha simbolizado con un brindis de agua de grifo embotellada de la ciudad de Cádiz, que promociona el producto con cuidados paquetes que podrían ser imitados por el Consistorio zaragozano.

El encuentro de AEOPAS coincide con otro organizado por Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) y Coagret, dirigido a plataformas ciudadanas en defensa de un acuerdo social en defensa de los ríos y del agua pública.

A este respecto, Santisteve ha dicho que la coincidencia de ambas iniciativas no era casual y que se enmarcaba dentro de la pretensión de Zaragoza por constituirse “en referente de la gestión pública del agua”. 

Los edificios municipales contarán con acceso a Internet gratuito

Los principales edificios municipales, como las sedes administrativas, juntas de distrito, bibliotecas o centros cívicos, dispondrán a medio plazo de un servicio wifi de acceso libre para navegación web estándar a través de dispositivos móviles. El “Plan Wifi: derecho a Internet” del Gobierno de Zaragoza tiene como principales objetivos eliminar barreras de la denominada “brecha digital” y permitir el uso generalizado de Internet por la ciudadanía, un servicio reconocido como derecho humano por la ONU.

Los centros cívicos y edificios municipales anexos de los barrios municipales de Santa Isabel y La Almozara, así como el hall de las dos principales sedes del Ayuntamiento de Zaragoza en plaza del Pilar y Seminario, serán las primeras en disponer de este servicio a modo de prueba piloto, para ir extendiéndolo progresivamente a otros edificios municipales.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, junto a la consejera municipal de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner, y el portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) y presidente de la Junta de Distrito, Carmelo Asensio, han visitado este martes 16 de enero el Centro Cívico de Santa Isabel para conocer esta nueva infraestructura.

Solicitud

La elección del Centro Cívico de Santa Isabel y de La Almozara para la prueba piloto de esta red wifi municipal está motivada por el hecho de que, precisamente, en estos espacios se había solicitado la instalación de Internet dentro de los Presupuestos Participativos 2017.

Estas propuestas, sin embargo, fueron retiradas al informar los servicios técnicos de la inminente puesta en marcha del proyecto de Plan Wifi municipal, ha recordado el Consistorio en una nota de prensa.

El Servicio de Redes y Sistemas del Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto es el encargado de realizar la instalación y despliegue de esta infraestructura wifi usando tecnología de última generación y cumpliendo la normativa vigente.

Condiciones

Para no afectar a la libre competencia, la normativa prohíbe ofrecer este servicio, libre y gratuito, de acceso a Internet por parte de las administraciones públicas.

Sin embargo, sí se puede ofrecer conexión para navegación web estándar cumpliendo algunas condiciones: identificación y registro del usuario/a; almacenamiento de las páginas visitadas (para evitar el uso fraudulento o delictivo del servicio) y limitación de la velocidad de navegación a un máximo de 512 kbps.

Así, las personas interesadas podrán, con sus teléfonos móviles, darse de alta mediante un trámite online. Una vez hecha esta operación es el número de móvil el que queda registrado, de manera que esta acción ya no será necesaria en futuras conexiones, pudiendo utilizarse en otros espacios municipales donde se disponga del servicio.

Manual de funcionamiento en los puntos de conexión

La alternativa que se ofrece es “de alta calidad, profesional y está integrado en la infraestructura de la red municipal”, instalada en todos los centros municipales interconectados por fibra óptica, se asegura desde el Ayuntamiento.

El despliegue wifi en cada edificio implica estudios de cobertura, instalación de cableado e instalación de dispositivos wifi (puntos de acceso).

Asistencia al usuario

Para el soporte al ciudadano se habilitará un correo electrónico y un teléfono con prefijo 976 para solucionar dudas y problemas que pudieran surgir en la conexión, que estará disponible en próximos días. Durante los primeros meses de funcionamiento, mientras dure el período de instalación y pruebas, es posible que pudieran surgir inconvenientes que se irán solventando progresivamente, señala la nota municipal.

El coste del despliegue de la red wifi en cada edificio de tamaño medio (como un centro cívico) ronda los 7.500 euros, sin contar con la infraestructura de la red existente y la electrónica corporativa que soporta este servicio.

El Plan Wifi irá avanzando progresivamente en distintos edificios municipales aunque, actualmente, todavía no es posible hacer una planificación exhaustiva, pendiente de conocer las necesidades técnicas y presupuestarias de los distintos edificios municipales a los que llegará, asegura el Ayuntamiento.

Plan para dotar de techo a personas sin hogar y plan para construir 300 viviendas sociales

El Ayuntamiento de Zaragoza va a poner en marcha un plan estratégico para personas sin hogar, que irá ligado al plan de ampliación y rehabilitación del parque público de vivienda, con el objetivo de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Se pretende ofrecer alternativa habitacional a todos los transeúntes, mientras que en el plan de vivienda se contempla la promoción de más de 300 pisos sociales.

El anuncio ha sido efectuado por el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, durante su discurso con el que se ha abierto el debate sobre el estado de la ciudad.

El primer edil zaragozano ha indicado que el plan estratégico para personas sin hogar se contempla como complementario de la reforma del Albergue. El protocolo “implementará itinerarios y alternativas personales debidamente adaptadas”, ha señalado Santisteve.

Derecho a la vivienda

El objetivo del plan es asegurar el derecho a una alternativa habitacional “para todos y todas”, porque el derecho a una vivienda digna contemplado en nuestra Constitución debe ser objeto de efectivo cumplimiento”, ha resaltado el alcalde.

Dentro de las actuaciones en materia de vivienda, Santisteve ha destacado la puesta en marcha del plan de ampliación y mejora del parque público de vivienda, que se desarrollará en un horizonte de seis años, y que contempla la inversión de 30 millones de euros para construir más de 300 pisos sociales y rehabilitar 850 viviendas municipales.

Santisteve ha precisado que la primera actuación se llevará a cabo en las viviendas públicas de la calle Pedro Saputo, del bario del Actur.

El alcalde también ha anunciado la implantación de proyectos para cooperativas mediante cesión de superficie, “una nueva forma de gestión que contará con la participación de la banca ética y que se realizarán en suelo patrimonial de Zaragoza Vivienda”, ha puntualizado Santisteve.

Plan de la DGA para convertir la cultura en un derecho ciudadano

El Consejo de Gobierno ha conocido este martes el Plan Estratégico de la Cultura, que apuesta por que esta “sea entendida como un derecho de ciudadanía, nunca como un privilegio”, independiente de la situación económica de cada persona.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, que ha indicado que este plan quiere situar a la cultura “en el corazón de la política y de los presupuestos”, convirtiéndolo en un “sector fuerte” que supere el cinco por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

Según ha apuntado, en Aragón “hay gran talento, capacidad y proyección” y la cultura puede ser una “marca” del país, un sector con el que el Gobierno territorial “está comprometido”.

La consejera ha subrayado la importancia del mismo en la vertebración del territorio y por eso se contemplan “medidas para que en el medio rural y en los pequeños municipios se garanticen ese derecho de acceso a la cultura”.

Igualmente, se incluyen acciones para generar nuevos públicos y atraer a los jóvenes, “una de las preocupaciones más importantes detectadas en el sector”; para la defensa del creador y de la industria cultural “como un valor intrínseco al PIB”, y para “crear nuevos hábitos en el sistema educativo”.

Amplia participación

Este plan estratégico ha surgido del Consejo de la Cultura, que se ha reunido en una veintena de ocasiones, elaborando un documento base que ha sido sometido a un proceso participativo que comenzó en diciembre de 2016 y que ha estado abierto a más de 1.200 entidades culturales y locales, además de a personas físicas, ha explicado la consejera.

Fruto del mismo se han recibido más de cien aportaciones “y se han incorporado prácticamente todas”, ha asegurado Mayte Pérez. Igualmente, ha indicado que el documento refleja el “precario estado” en el que se encontraba la cultura al comienzo de legislatura “debido a la falta de apoyo institucional durante el Gobierno del PP y a medidas como la aplicación del IVA del 21 por ciento”.

Entre las conclusiones extraídas, se encuentra la necesidad de fomentar la cultura en el medio rural, potenciar la proyección internacional de los creadores aragoneses, aumentar la coordinación entre instituciones, plantear opciones sinfónicas en Aragón, crear un archivo musical propio, actualizar los contenidos para nuevos públicos, mejora de la red de residencias artísticas y proyectos que vinculen la cultura y el turismo.

“La pretensión final es hacer de la cultura la seña de identidad de los ciudadanos, devolviendo la dignidad al creador, restaurando el tejido cultural dañado en años anteriores e involucrando al espectador en el proceso”, ha detallado Pérez.

Según ha dicho, el Gobierno de Aragón “está comprometido con el desarrollo del sector en el territorio, que la industria cultural y creativa tenga un peso significativo en el PIB y se logre un marco estable de financiación que garantice los fondos necesarios para su consolidación y su progreso”.

Acciones ya desarrolladas

Mayte Pérez ha señalado que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte ya está desarrollando políticas para dar respuesta a las necesidades planteadas en este plan estratégico.

Además, las reforzará con medidas como planes de fomento de la cultura en educación, vinculación curricular de la cultura y sus ámbitos en Primaria y Secundaria, mesas sectoriales para consensuar medidas con el sector y proseguir con la apuesta por la inversión en cultura.

Entre las acciones en marcha, se ha referido al proyecto ENSEÑARTE, que suponer llevar a través de unidades didácticas todos los ámbitos artísticos a las aulas, y el bono cultural, denominado ‘Aragón es cultura’, que cuenta con 3.000 usuarios en su primera versión y cuya App llega este mismo mes.

En el sector del libro, se ha referido al apoyo y asistencia a diferentes ferias del libro, la recuperación de la dotación económica de los galardones literarios y la apertura de las bibliotecas los sábados.

En el caso de las artes plásticas, ha mencionado la recuperación del stand propio de Aragón en ARCO y la selección de los directores de los museos, y en la música ha dicho que está apunto de inaugurarse la fonoteca de la jota, además de que se ha propiciado la apertura de los museos como escenarios musicales, entre otras cosas.

El sector audiovisual ya cuenta con una Film Commission y se han multiplicado por cuatro las ayudas; y en artes escénicas, se ha creado la Compañía Aragonesa de Danza y hay presencia de músicos y compañías aragonesas en todas las programaciones del Gobierno de Aragón. También hay acciones para la recuperación de legados y para el impulso de parques culturales, ha relatado Pérez.

La UE investiga Biscarrués por una posible infracción

El proyecto del pantano de Biscarrués “tiene en curso una investigación por una posible infracción del Derecho de la UE”. Esta ha sido la respuesta de la Comisión Europea a una solicitud enviada por el responsable de Asuntos Europeos de CHA, Miguel Martínez Tomey, para conocer si el Gobierno de España ha cumplido con los requerimientos ambientales demandados por la Unión Europea con motivo de la tramitación del pantano de Biscarrués.

La iniciativa tenía como objetivo dar transparencia al proceso de declaración de Impacto Ambiental del pantano de Biscarrués y conocer si el Gobierno de España había cumplido o no con los requisitos requeridos. Ante esta situación, desde Europa han indicado que “no es posible proceder a entregar la documentación requerida”.

Para Martínez Tomey, “estamos en una situación preocupante dado que el Gobierno de España continúa con la tramitación de un pantano, Biscarrués, que está siendo objeto de investigación por la Unión Europea”. El responsable de Asuntos Europeos de CHA ha calificado de “un auténtico disparate político que la obra concluyese y el informe de la UE fuese negativo”.

La práctica del deporte será un derecho en Aragón

La práctica de actividad física y deportiva será un derecho en Aragón y en su desarrollo, tanto a nivel aficionado como de competición, primará por encima de todo la igualdad de género, tanto en el ejercicio deportivo como en la gestión de esta actividad. Así se contempla en la Ley de la Actividad Física y el Deporte, aprobada este martes 20 de junio por el Gobierno de Aragón

El  consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha destacado que después de 24 años era necesario adecuar la ley del deporte a las modificaciones normativas en materia de asociaciones, lucha contra la violencia, el racismo y la xenofobia y otras cuestiones como la protección de la salud del deportista y la lucha contra el dopaje.

Principios rectores

El texto del proyecto de ley, que se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria, amplía el concepto a regular también a la actividad física y el deporte, no solo al deporte.

La ley enumera los principios rectores que deben inspirar la planificación y ejecución de la acción de Gobierno en esta materia y contempla la creación de un observatorio aragonés de la actividad física y el deporte para la consulta y asesoramiento de las políticas públicas y de una comisión de igualdad de género en el deporte.

La norma recoge la creación de un Tribunal Administrativo del Deporte Aragonés, que incorpora a los anteriores Comité Aragonés de Disciplina Deportiva y a la Junta de Garantías Electorales, unificando toda la actuación disciplinaria y seguimiento electoral, modificándose el régimen disciplinario, e incorporando nuevos tipos de faltas (no exclusivamente de competición, sino todas aquellas vinculadas con los aspectos regulados en esta ley).

Practicantes de senderismo, durante una excursión en las cercanías de Zaragoza

Deporte en el ámbito laboral

Se introduce también el concepto de cohesión social y deporte y se crea un capítulo de intenciones de políticas públicas, relativo a la práctica ciudadana de la actividad física y el deporte, que incorpora el reconocimiento del deporte en el ámbito laboral.

Asimismo, establece la igualdad de género como un objetivo de las políticas públicas en materia de deporte y actividad física, especialmente en lo relativo a la práctica y a la gestión.

Por otro lado, en el ámbito de la actividad deportiva se reconoce la figura de los árbitros y jueces, y técnicos; se diferencia las competiciones deportivas oficiales de las no oficiales, se crea el Plan de la Actividad Física y el Deporte Escolar en Aragón y se reconoce a los centros de tecnificación deportiva y las selecciones deportivas aragonesas.

Sobre las federaciones deportivas, se posibilita la creación de la Confederación de Federaciones Deportivas Aragonesas como asociación inscribible en el Registro de Entidades Deportivas, para la defensa de sus intereses comunes y el ejercicio conjunto de sus labores de promoción.

Sanciones

En cuanto a la Escuela Aragonesa del Deporte, se establece como el órgano de coordinación, desarrollo y seguimiento del Gobierno aragonés en materia de formación de técnicos deportivos (reglada y permanente no reglada).

La ley reforma el modelo disciplinario y actualiza los tipos de sanciones e introduce nuevos tipos vinculados a la gestión y a las conductas contrarias al buen orden deportivo.

En este sentido, se regula por primera vez la potestad sancionadora administrativa en materia de deporte y se crea la función inspectora y un Sistema Aragonés de Mediación y Arbitraje.