derechos sociales

Teleasistencia, vivienda, Mercado Central, limpieza o Tenor Fleta, estrellas del presupuesto de 2019

La universalización de la teleasistencia (1,5 millones), el refuerzo de las políticas de vivienda hasta alcanzar los 16 millones (18% de aumento), la culminación de las obras de rehabilitación del Mercado Central (9 millones), la urbanización de la prolongación de Tenor Fleta (1,5 millones), los 2,8 millones suplementarios para limpieza pública o la redacción del proyecto de la línea 2 del tranvía (casi 800.000 euros) son algunas de las partidas sobresalientes del borrador del presupuesto municipal para 2019, cuya cifra global asciende a 771,7 millones de euros y que se centra en promover la igualdad, el bienestar sostenible, y los derechos esenciales de vivienda, empleo y salud, según ha destacado el concejal de Economía, Fernando Rivarés.

El representante del gobierno municipal de ZeC ha presentado esta mañana del lunes 3 de diciembre el boceto presupuestario que ahora se va a negociar con PSOE y CHA, al objeto de que el programa económico esté aprobado a finales de enero o principios de febrero. En este sentido, ha reclamado “un esfuerzo” a las otras fuerzas políticas progresistas.

En ese empeño se va implicar en esta ocasión con especial énfasis el propio alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, quien se ha incorporado en el último momento a la presentación del presupuesto (foto superior de zaragoza.es) para insistir en la necesidad de que la izquierda llegue a un entendimiento lo más rápidamente posible, para lo cual va a establecer contactos con dirigentes socialistas y de CHA esta misma semana.

Tanto Rivarés como Santisteve han subrayado que el borrador presupuestario iba en esa línea de apertura hacia el encuentro de las fuerzas progresistas, puesto que incluye partidas de proyectos para la ciudad hacia los que tanto socialistas como aragonesistas han mostrado especial interés.

Aumenta la inversión y siguen congeladas las tasas

El presupuesto de 2019 contempla un incremento de la inversión real de un 4,83%, hasta los 58,4 millones, que se sufragará en parte con la captación de hasta 32’8 millones de créditos bancarios, cuya autorización por parte del Estado, según la directora general de Hacienda, Ana Sanromán, está ya prácticamente acordada.

El Ayuntamiento también captará 10,2 millones de fondos mediante la venta de suelo municipal en Arcosur (5,1 millones), en los antiguos depósitos del Pignatelli (3,8 millones) y el subterráneo de Parque Bruil (165.000 euros), entre otro patrimonio.

Rivarés ha subrayado también que la reducción de la deuda y la bajada de intereses de la misma le permite al Ayuntamiento un ahorro de hasta 4,2 millones de euros que puede destinar a inversiones.

El borrador presupuestario de ZeC prevé también que por cuatro año consecutivo que se congelen las tasas municipales (basura, agua, transporte, instalaciones deportivas, escuelas artísticas, escuelas infantiles…), así como una rebaja de un 7% del valor catastral de los inmuebles, lo que influirá en el IBI y en la plusvalía, así como una rebaja entre el 4% y el 12% del IBI para empresas con inmuebles valorados en menos de un millón de euros.

Acuerdo presupuestario del pasado año entre PSOE (Trívez, izda), ZeC (Rivarés) y CHA (Asensio), que el concejal de Economía espera repetir este año. Foto: zaragoza.es

Refuerzo de las políticas sociales

La propuesta económica de ZeC para 2019 contempla un nuevo refuerzo de las políticas sociales, en especial en lo que respecta a la atención a las personas mayores, con la universalización de la asistencia para los mayores de 75 años que viven solos o tienen alguna persona dependiente mediante una partida de 1,5 millones (incremento del 50%), así como el refuerzo a la ayuda domiciliaria (2 millones más, con un 18% de aumento), del programa de comida a domicilio (11% más y 500.000 euros) y las actividades en centros de mayores (11% más, hasta llegar a los 680.000 euros).

Otras partidas relativas a derechos de la ciudadanía, como acogida de refugiados, prevención de drogodependencias, , cooperación al desarrollo o integración escolar también experimentan aumentos destacables.

En el capítulo de vivienda el gobierno municipal de ZeC prevé también un importante esfuerzo, con un incremento del 18%, hasta alcanzar los 16 millones, en inversión en obra nueva y rehabilitación del parque municipal de alquiler.

El programa de movilización de vivienda vacía es en este ámbito el que experimenta un incremento más notable y pasa de 150.000 a 2,1 millones de euros, al tiempo que se refuerza la adquisición de vivienda desocupada mediante un programa dotado con un millón de euros.

Proyectos de inversión

En proyectos de inversión el borrador presupuestario contempla la obra del Mercado Central (9 millones), reforma del Albergue (500.000 euros), recuperación del palacio de Fuenclara (260.000 euros), de la Imprenta Blasco (350.000 euros) o de los Baños Judíos (200.000 euros), que también cuentan con partidas en el área de Cultura para dotar sus espacios expositivos.

El Plan de Barrios contempla una inversión de cuatro millones, con actuaciones destacadas en el parque de La Granja (896.000 euros), en el centro cívico Rosales del Canal (480.000 euros), parque Torre Ramona ( 300.000 euros) o actuaciones en el centro cívico Delicias (más de 400.000 euros), entre otros.

En infraestructuras, además del proyecto de prolongación de Tenor Fleta (1,5 millones), destacan los 500.000 euros previstos para avenida Cataluña, los 756.696 euros para urbanización de Parque Venecia o los 600.000 euros para el Centro Municipal de Protección Animal.

En movilidad, además del proyecto de la línea 2 del tranvía (794.851 euros), destacan los 500.000 euros para nuevos cargadores de vehículos eléctricos, el aumento de un 45% (hasta 3,3 millones) para conservación y semaforización de carriles bici o los 100.000 euros para aparcamientos cerrados de bicicletas.

Limpieza y participación ciudadana

Los presupuestos contemplan incrementar la partida destinada a limpieza pública, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía (de 66,7 a 69,6 millones).

Dentro también de las políticas medioambientales, el documento económico de ZeC plantea una inversión ce casi un millón de euros en plantación de nuevo arbolado, eficiencia en el rigeo y obras menores en parques.

El capítulo de participación ciudadana prevé la consolidación de los presupuestos participativos (7,5 millones), con el desarrollo de obras como el carril bici en paseo Pamplona o el campo de fútbol de Ranillas.

Hoy hemos presentado el Borrador del Presupuesto Municipal para Zaragoza 2019. Objetivo: Igualdad y Bienestar Sostenible. Aquí, un resunen y más abajo el enlace a documento completo.✅ El Presupuesto municipal asciende en 2019 a 771.716.187 euros, un 2,49% más que el año pasado ‼✅ La inversión real sube un 4,83%, hasta los 58,4 millones ⤴ ✅ Crece un 8,6% las partidas de igualdad y derechos sociales, con un impulso del 18% a las políticas de vivienda🏡 ✅ ♻ Apuesta por la sostenibilidad: ahorro energético, red ciclista, movilidad eléctrica, anteproyecto y proyecto de la línea 2 del tranvía, refuerzo en limpieza publica con un 4,27%, mejoras en arbolado y plan de infraestructura verde.🌱🌱🌱🌱✅ Aumentan un 5,6% las políticas de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto 📩✅ Crece un 4,2% el presupuesto de Cultura y hasta 600mil euros las ayudas a la creación 🎥🎶. ✅ Continúa la reducción de la deuda. 2019 arrancará con un 92% de nivel de endeudamiento. En junio de 2015 la cifra era del 124% 👎Si quieres conocer más sobre el borrador que hemos presentado: https://zaragozaencomun.com/presentacion-borrador-presupuesto-2018/

Publicada por Fernando Rivarés Esco en Lunes, 3 de diciembre de 2018

 

La consejera Broto aboga por un nuevo modelo en el que la mujer “cobre y cuide lo mismo”

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha considerado fundamental cambiar “el modelo de sociedad” existente porque las mujeres quieren “cobrar lo mismo y cuidar lo mismo” que los hombres, de forma que se acabe con las desigualdades laborales y domésticas.

Broto ha inaugurado el ciclo “Retos feministas para el socialismo del siglo XXI”, organizado este sábado en la sede del PSOE de la capital aragonesa y que ha servido de jornada de reflexión tras las reivindicaciones del 8M. La consejera autonómica ha recordado “la emoción de haber visto las calles de grandes ciudades y pueblos con el grito de las mujeres pidiendo igualdad” (en la foto superior de Carlos Canales, una de las protestas del 8-M en Zaragoza).

Ha explicado que la jornada estaba planificada desde hace tiempo, pero va a servir para “valorar toda la movilización” que ha supuesto “un gran apoyo para la lucha de las mujeres”. “Es una jornada diferente a las demás porque detrás tenemos las imágenes de mujeres y hombres diciendo que quieren otra sociedad, que no toleran la desigualdad ni la violencia”.

La consejera autonómica de Ciudadanía y Derechos Sociales se ha alegrado de que al acto hayan asistido además las portavoces de la Comisión de Igualdad del PSOE en el Congreso y Senado, Ángeles Álvarez y Laura Berja, respectivamente.

Brecha en el mundo de los cuidados

Álvarez ha afirmado que “no hay nada nuevo en las reivindicaciones del 8M”, pero han servido para “abrir nuevas formas” de relación entre el movimiento feminista y las instituciones.

Ha hecho hincapié en que “la principal brecha de género no está en el mundo laboral sino en el de los cuidados”, lo que supone “el principal lastre en la igualdad entre hombres y mujeres en lo público”.

Por su parte, Berja ha comentado que “es necesaria la reflexión después del 8M” y por eso se caracteriza el PSOE, “por reflexionar y canalizar todas las propuestas ciudadanas para convertirlas en políticas”. “El PSOE es quien ha transformado la retórica y la reivindicación ciudadana en ley, y eso es algo que nos acompaña en nuestro bagaje político”.

Corresponsabilidad

La portavoz socialista de la Comisión de Igualdad en el Congreso ha matizado que el 8M ha colocado “en primera línea de la agenda feminista” algo que no estaba siendo “prioritario”, como es la corresponsabilidad. “Las políticas de conciliación son necesarias, pero insuficientes, por lo que debemos enfocarnos en la corresponsabilidad del Estado y los varones con respecto a los cuidados domésticos”.

En relación a este tema, Berja ha apostillado que existe una “falta de corresponsabilidad por parte de los hombres y de los instituciones”. “Siempre he pensado que mientras no se institucionalicen los cuidados, esa carga seguirá recayendo sobre las espaldas de las mujeres que, además, tienen que compatibilizarlos con el empleo, algo que no ocurre con los hombres”.

Broto ha explicado que, en Aragón, se han llevado a cabo actuaciones en esta línea como un incremento en “el presupuesto del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), que es el que tiene que impulsar las políticas en relación con la igualdad y prevención de la violencia de genero”.

Ley de Igualdad

Por otro lado, Broto ha recalcado que el Gobierno autonómico se encuentra “en fase de comenzar a debatir en las Cortes una ley de Igualdad que plantea medidas trasversales a todos los departamentos para lograr la igualdad”, al tiempo que ha añadido que espera que “sea aprobada lo más rápidamente posible”.

Una ley que, según ha declarado, surge de su “obligación como consejera de convertir en medidas las propuestas de las mujeres”. Además, ha afirmado que es “muy importante lograr a nivel estatal una ley para lograr una igualdad salarial y laboral real”, de forma que se acabe “con la brecha digital y se planifiquen los tiempos”.

Por último, Broto ha transmitido su deseo de mantener una reunión con todas las entidades y asociaciones convocantes del 8M para que hagan llegar al Gobierno autonómico distintas propuestas que ayuden a conseguir una sociedad igualitaria.

ZeC elabora un proyecto de presupuestos sociales, inversores y medioambientales

La mejora de los servicios públicos (movilidad, limpieza, ahorro energético y zonas verdes), incremento de la inversión (un 21% más) mediante la captación de 24,8 millones en créditos, refuerzo de las políticas de derechos sociales, especialmente en vivienda, apuesta por políticas medioambientales, impulso a los presupuestos participativos, reducción de la deuda y desarrollo cultural son las líneas maestras del proyecto de presupuesto para 2018 que el gobierno municipal de ZeC ha aprobado este viernes 10 de noviembre.

El borrador presupuestario asciende a 753 millones de euros y ZeC tiene la intención de que los presupuestos se sean aprobados de forma inicial el próximo 22 de diciembre, pese a que no ha habido ninguna negociación previa con PSOE y CHA.

El portavoz del gobierno municipal y consejero de Economía, Fernando Rivarés, ha detallado en rueda de prensa este proyecto de presupuestos, que supone un incremento del 4 % con respecto al 2017, y ha insistido en que se ha presentado sin contar con esos dos grupos porque la “primera obligación” de un gobierno es “aprobar en tiempo y forma” el presupuesto.

En su caso, aspiran a que este visto bueno se pueda obtener de forma inicial en el pleno del próximo 22 de diciembre aunque la aprobación definitiva se produzca a comienzos de 2018.

Rivarés explica el contenido de los presupuestos

Negociación

Por ello ha negado que esta presentación en solitario “dificulte” la negociación, a la que ZeC está “abierto” para negociar las enmiendas con PSOE y CHA sobre un proyecto “detallado” después de que el próximo miércoles se pueda acordar en Comisión de Economía el calendario para su aprobación.

Rivarés ha apuntado además que este presupuesto viene “positivamente condicionado” por los plurianuales de tres años aprobados el año anterior con PSOE y CHA y también porque existe “menos deuda, equilibrio económico y presupuestario” y el Ayuntamiento ha salido del plan de ajuste.

Los presupuestos, que se han enviado este mismo viernes a los grupos municipales y se han colgado en la web municipal, son “perfectamente negociables”, ha insistido, toda vez que ha resaltado que ZeC “no está dispuesto” a que el proceso dure “seis meses” como el año anterior, que empezó a hablarse de presupuestos en noviembre, se aprobaron el 29 de marzo y se empezaron a ejecutar el 2 de abril, “a mitad de año y no tiene sentido”.

Más inversión y captación de créditos

Las grandes líneas de los presupuestos presentados por el Gobierno se centran, según Rivarés, en la mejora de los servicios públicos, el incremento de la inversión destinada a la mejora de los barrios, el patrimonio en desuso y la lucha contra el cambio climático y el refuerzo de las políticas de derechos sociales.

También en la apuesta por políticas medioambientales sostenibles, la consolidación de los presupuestos participativos y ampliación a barrios rurales, la reducción de la deuda hasta los 690 millones, frente a los 856 que encontraron cuando accedieron al Gobierno en 2015, y el impulso a la cultura como elemento transformador de los barrios.

En cifras, el presupuesto asciende a 753, un 4 % más que el años pasado (724), y con un 21,75 % de incremento en las inversiones directas, hasta los 65,5 millones de euros, que en parte se financiarán mediante la captación de créditos bancarios por valor de 24,8 millones.

Ha insistido Rivarés en que es “la primera vez en siete años” que se puede acceder a financiación externa para inversiones gracias al saneamiento realizado en las cuentas públicas con la salida del plan de ajuste cinco años antes de lo previsto o la reducción del nivel de endeudamiento del 124 % al 100 %.

Se amortizan además 57 millones de euros de deuda, a finales de 2018 se habrá reducido en 33 millones, hasta los 690; baja el pago de intereses a los bancos un 4 % y el gasto corriente aumentará un 5,5 % hasta los 3030 millones de euros por la mejora de los servicios públicos, ha dicho.

Rivarés ha recordado que los ingresos corrientes aumentarán 8 millones correspondientes a la Ley de Capitalidad y que la recaudación prevista por plusvalías bajará en 7 millones, según este borrador.

Importante aumento en vivienda

Por partidas, subirá un 3,5 la destinada a servicios públicos, hasta los 67 millones; con un 3,1 % de aumento la inversión en transporte público y un 5,84 -hasta los 71,2 millones- la de limpieza pública y tratamiento de residuos o 21 millones (un 8,8 % más) para la mejora de parques, jardines y zonas verdes.

Las políticas sociales tendrán un aumento del 4,2 por ciento, hasta los 104,7 millones; con refuerzos para la asistencia domiciliaria (5,4 %), las ayudas de urgencia (4,4 %), o la inversión en vivienda pública, que crece un 48,9 % destinada a la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética.

Se destinarán dos millones de euros a la recuperación del patrimonio sin uso, seis a la reforma del mercado central y 7,8 para actuaciones urbanísticas.

Rivarés ha resaltado que se duplica la cantidad asignada a proyectos elegidos por los vecinos con los presupuestos participativos, hasta los 10 millones, para ejecutar propuestas en 2018 y 2019, así como el hecho de que se extienden a todos los barrios rurales y que se abre la posibilidad de abrir propuestas de ciudad que beneficien a varios distritos.

Si se aprueba este borrador se destinarán 2,5 millones a la estrategia 2020 de lucha contra el cambio climático, 100.000 euros para la compra directa de energía eléctrica y aumentará el presupuesto destinado a cultura un 5,8 %, hasta los 14,1 millones.

Rivarés, quien ha anunciado que a principios de la próxima semana llamará a los representantes de los grupos municipales para “hablar” del presupuesto, ha resaltado que la única área que baja son los gastos de Alcaldía, respecto a representación y protocolo un 7,82 %; mientras que el resto aumentan todas “entre un 3 y un 8 %”.

El Estado elude asumir la deuda con Aragón en atención a dependientes

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha lamentado este martes la ausencia de avances en materia de financiación tras la reunión de la Comisión para el Análisis de la situación del sistema de la dependencia celebrada en Madrid y ha añadido que esta situación se debe a la “falta de voluntad” del Gobierno central. Mientras tanto, el Ejecutivo aragonés destinará 4 millones para convenios comarcales de atención a la dependencia.

La citada reunión ha estado presidida por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, y en la misma han participado representantes de siete territorios: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y Cataluña. Todos ellos han analizado el informe resultante del trabajo que ha llegado a cabo durante los últimos meses un equipo de técnicos de estas zonas. Esta comisión se creó por acuerdo de la Conferencia de Presidentes.

Ante la ausencia en el informe de mejoras en el sistema de financiación, han sido cuatro los territorios (Andalucía, Aragón, Asturias y Cataluña) que han presentado un voto particular para que se añada al documento el compromiso de una financiación finalista y que se reconozca la deuda que el Estado tiene con Aragón y otros territorios en esta materia.

Lista de espera

Broto ha recordado que ya son más de 23.000 las personas que en Aragón reciben algún tipo de prestación o servicio y que en estos dos años de legislatura se han incorporado 7.500 “gracias al esfuerzo del Gobierno de Aragón”, porque, ha dicho, desde hace años Aragón recibe la misma cantidad de dinero (31 millones de euros) del Estado.

“Queremos un compromiso en materia de financiación”, ha insistido la consejera quien ha apuntado que si el Estado aportara el 50% de la financiación, como marca la ley, y no el 18%, “ya no habría lista de espera en Aragón”.

Broto ha explicado que “se ha mejorado mucho tanto en la calidad de la gestión como en la atención, lo único que nos falta es financiación”.
El informe de esta comisión debe ser ahora debatido por el Consejo Territorial de Servicios Sociales, en el que sí están representadas todas las Comunidades y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Convenios comarcales

Por otro lado, en relación a la atención para la dependencia en zonas rurales, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) destinará cuatro millones de euros a convenios de colaboración con las comarcas para la gestión de los servicios sociales con cargo al Fondo Social Comarcal durante este año.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la celebración de 33 convenios, tanto con las comarcas como con la Mancomunidad Central de Zaragoza para la gestión de los servicios sociales con cargo al Fondo Social Comarcal.

Las partidas incluidas en estos convenios suman cuatro millones de euros, que se añaden a las correspondientes a las funciones transferidas y los servicios traspasados.

Según el texto del acuerdo de Consejo de Gobierno, la situación económica de los últimos años ha incidido de forma directa sobre las condiciones de bienestar de la ciudadanía en general, incrementando les desigualdades sociales. En respuesta a esta situación, las Cortes de Aragón aprobaron la creación de un fondo social comarcal, en el que se incluye esta partida.

Plan contra la pobreza energética, que afecta a más de 7.000 hogares

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este martes un convenio de colaboración entre el Ejecutivo territorial y la Fundación Ecología y Desarrollo para la ejecución de un proyecto piloto contra la pobreza energética en Aragón, que en la actualidad podría afectar a más de 7.000 hogares.

El índice de pobreza energética para Aragón se estructurará a través de la ponderación de distintas variables, medidas empíricamente, que proporcionan el grado de intensidad de pobreza energética certificada en hogares.

Dentro de las actuaciones que se llevarán a cabo en este proyecto piloto se encuentran la caracterización de los hogares, intervenciones de bajo coste, elaboración de un índice de pobreza y matriz de inversiones y auditorías energéticas.

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales destina para la financiación del proyecto 50.000 euros con cargo a la subvención nominativa destinada a la Fundación Ecología y Desarrollo prevista en el presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por su parte, la Fundación desarrollará las actuaciones del Proyecto ‘Atención Directa a hogares vulnerables para hacer frente a la Pobreza Energética en Aragón’ para contribuir al cumplimiento del presente convenio y destinar la cuantía aportada por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a los fines propios de este proyecto.

Situación de vulnerabilidad

El estudio de pobreza energética en Aragón detectó que había 7.222 hogares en situación de vulnerabilidad energética a finales del 2013 en Aragón, de los cuales 1.301 fueron los que necesitaron ayuda para poder pagar los suministros energéticos debido a una situación de pobreza energética certificada por los Servicios Sociales de la comunidad Autónoma.

A partir de estos datos, se realizó un estudio sobre una muestra representativa de 769 hogares en situación de pobreza energética certificada.

El análisis estadístico descriptivo, llevado a cabo a través de encuestas anónimas, permitió definir los principales factores que determinan en parte la pobreza energética en los hogares aragoneses, además de la principal causa del fenómeno claramente identificada en el muy bajo nivel de ingresos, y que pueden resumirse en las características edificatorias de la vivienda, las instalaciones disponibles en la vivienda, las características y hábitos de los hogares y los costes energéticos, es decir, los importes totales de los recibos.

Entre los principales resultados del estudio, quedó patente la opinión mayoritaria de que resultaría necesaria la ejecución en Aragón de una acción piloto dirigida directamente a los hogares donde el problema ligado a la pobreza energética sea más acuciante en la actualidad, al objeto de intervenir y llevar a cabo mejoras urgentes en la vivienda o en los hábitos de las personas que lo ocupan para mejorar su situación.

Podemos exige cambiar ayudas a cuidadoras porque dejan fuera al 99%

Podemos va a presionar en las Cortes para que el Gobierno de Aragón PSOE-CHA modifique el decreto de ayudas para el pago de la Seguridad Social a cuidadoras no profesionales de dependientes, porque el que se ha aprobado deja fuera a más del 99% de las integrantes del colectivo. Al exigir que las asistentes que opten a la subvención hayan cotizado en 2016, sólo 293 personas pueden acceder a la ayuda, a la que sin ese requisito podrían optar 11.200.

Así lo han explicado la diputada y el diputado de Podemos Marta Prades y Héctor Vicente, quienes han subrayado que en el acuerdo presupuestario entre su formación y PSOE-CHA se contemplaba un mínimo de 2.000 beneficiarias, para las que hay habilitada una partida de 390.000 euros.

Las cuidadoras (la inmensa mayoría del colectivo son mujeres) no profesionales de dependientes constituyen un eslabón fundamental en la cadena de los servicios sociales, sobre todo en las zonas rurales.

Hasta 2012, estas personas podían suscribir un convenio especial con la Seguridad Social, de forma que sus cotizaciones (la máxima es de 181,55 €) eran subvencionadas en un 60% por el Inserso. Esa afiliación a la SS reconocía su trabajo y les aseguraba sus futuras pensiones de jubilación.

Pero ese año, el Gobierno español canceló las ayudas y la mayoría de cuidadoras perdieron el convenio especial y dejaron de cotizar, “porque normalmente se trata de personas con poca capacidad económica que apenas pueden hacer frente a las cuotas”, ha explicado Héctor Vicente.

La DGA asume las ayudas

La pasada semana, la Consejería de Derechos Sociales informó de que a partir de ahora el Gobierno de Aragón se iba a hacer cargo de las subvenciones, aunque de momento alcanzarían sólo a las cuidadoras que hubieran cotizado en 2016. En ese ejercicio en Aragón sólo han cotizado 293 personas, según datos de la propia DGA, “cuando el colectivo lo forman unas 11.200 personas”, precisó el diputado de Podemos.

La solución pasa, según la formación progresista, por modificar el decreto de ayudas, de forma que se excluya el requisito de haber cotizado en 2016. A su entender, las subvenciones “se deben otorgar por adelantado a quienes las soliciten, no a año vencido. Es la forma de incentivar a las cuidadoras para que se reenganchen al convenio, vuelvan a cotizar y se aseguren sus pensiones”.

En los términos actuales, las ayudas sólo van a alcanzar “al 0,5% de las 11.200 potenciales cuidadoras que podrían beneficiarse”, puntualizó Héctor Vicente. El diputado recriminó “el doble sacrificio” de estas personas, quienes “por un lado, dedican parte de su vida a cuidar dependientes sin contraprestación; por otro, se quedan sin pensiones”.

El diputado de Podemos aseguró que de la partida de 390.000 euros para 293 cuidadoras “va a sobrar dinero, que se va a malgastar”. Respecto a si esa cuantía alcanzaría para las 2.000 beneficiarias que se pretendía cubrir, Vicente precisó que en el acuerdo presupuestario “también se contempla un crédito ampliable en caso de necesitarse más dinero”. Y en relación a de dónde saldría esa financiación suplementaria, se refirió a los 34 millones recibidos por Aragón desde el Estado por recaudación tributaria, “que de forma prioritaria deben dedicarse a cubrir acciones de orden social”.

Discriminación de género

Podemos pretende recuperar a corto-medio plazo el nivel de las 11.200 cuidadoras con subvenciones del año 2012, cuando el Estado cortó las ayudas del 60% a la afiliación a la SS, lo cual “se puede lograr mediante subsidios que sean constantes y que incentiven a la afiliación”, aseguró Vicente.

Por su parte, la diputada Marta Prades incidió en el carácter discriminatorio que el decreto de ayudas tenía respecto a las mujeres, “a las que se vuelve a condenar a percibir, o no recibir siquiera, pensiones inferiores a los hombres”.

La diputada ha lamentado el “vacío de ideas” de la política social del Gobierno de Aragón, al que ha recriminado de forma especial “la paralización del proyecto de ley de renta social básica, porque no tienen un modelo claro. Nosotras apostamos por la renta básica para toda la población; ellos, por la estigmatización de la pobreza”.

Las cuidadoras de dependientes vuelven a disponer de ayudas para el pago de la Seguridad Social

Los familiares cuidadores no profesionales de personas dependientes van a recuperar por cuenta del Gobierno de Aragón la subvención del 60% de sus cuotas a la Seguridad Social, que el Estado interrumpió desde 2012. Casi 300 personas (293) en Aragón se van a beneficiar de la medida este año. Por otro lado, la DGA gestiona ya la concesión de subvenciones a entidades sociales proveniente del 0,7% de la asignación con cargo a la declaración del IRPF destinada por contribuyentes aragoneses para tal fin.

La figura del cuidador no profesional está contemplada en la ley estatal que desde 2007 regula el sistema de prestaciones a la dependencia. Para acceder a esa catalogación, los cuidadores deben demostrar que son familiares de los dependientes y que conviven con ellos. Su labor es muy importante en las zonas rurales, donde el acceso a servicios sociales es menor y donde abundan más las ayudas a dependientes en el entorno familiar.

Esas cuidadoras no profesionales (la inmensa mayoría son mujeres) suscriben un acuerdo específico con la Seguridad Social, cuya cuota está fijada en la actualidad en 181,55 euros mensuales. Hasta 2012, el Estado, por vía del Inserso, se hacía cargo del pago del 60% de la referida cuota, pero un decreto del Gobierno español suprimió las ayudas.

Ahora, el Gobierno aragonés recupera las subvenciones en esa misma cuantía del 60% de la cuota, que beneficiarán a 293 cuidadoras/es no profesionales para sus pagos a la Seguridad Social en el año 2016.

Las ayudas se financiarán con una partida de 390.000 euros contemplada para tal fin en el presupuesto de la DGA de este año, explicó el secretario general técnico del departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez.

Un mes de plazo

La convocatoria de las ayudas sale publicada en el Boletín Oficial de Aragón del jueves 3 de agosto y los interesados tiene un plazo de 30 días (hasta el 3 de septiembre) para solicitarlas.

Jiménez aseguró que la DGA no puede hacerse cargo de la subvención de las cuotas entre los años 2012-2016 e insistió en que, pese a que el Gobierno aragonés ha decidido sufragar las ayudas, “debería ser el Estado el que las asumiera. Son subsidios referidos al pago de la Seguridad Social del Estado y es competencia suya”.

A este respecto, el secretario de Derechos Sociales incidió de nuevo en el incumplimiento por parte del Estado español de la financiación de la parte que le corresponde respecto al sistema de prestaciones para servicios sociales. “Este año el Gobierno de Aragón va a destinar 145 millones a este concepto. El Estado sólo va a aportar el 15% de esa cuantía, cuando le corresponde por ley el 50%, así que va contraer una deuda con el Ejecutivo aragonés de más de 61 millones”.

Jiménez explicó que en 2012, cuando el Estado retiró las ayudas, se produjo una caída en picado de inscripciones de cuidadores no profesionales. “Esperamos que su recuperación traiga un repunte de solicitudes para una figura muy importante dentro del sistema de dependencia, sobre todo en zonas rurales”.

Subvenciones con cargo al IRPF

En el mismo BOA de 3 de agosto se recoge la orden para la convocatoria de subvenciones para financiar programas de interés social en Aragón con cargo a la asignación tributaria del IRPF, la conocida popularmente como la casilla del 0,7% para fines sociales que pueden elegir los contribuyentes como destino de sus impuestos.

Esta partida era gestionada hasta ahora por el Estado, pero una sentencia del Tribunal Constitucional, tras un recurso de la Generalitat catalana, ha determinado que la competencia pertenece a los gobiernos territoriales, por lo que Aragón se hará cargo este año de la distribución entre entidades del tercer sector de subvenciones que suman un total de 8’8 millones de euros, correspondientes a las declaraciones del IRPF de 2015 (las que se efectuaron en 2016).

El grueso de esa cuantía (8,2 millones) se va a destinar a proyectos de intervención y apoyo a personas vulnerables. Los restantes 600.000 euros se invertirán en infraestructuras para prestaciones.

José Antonio Jiménez subrayó que en esta primera gestión de los fondos por parte del Gobierno de Aragón, para garantizar “un tránsito suave” de las competencias desde el Estado, su departamento se va a atener a los criterios de distribución establecidos por el Gobierno español el pasado mes de junio, de forma que las entidades potencialmente perceptoras de estas ayudas deberán contemplar “los mismos requisitos que hasta ahora”.

Respecto a las condiciones para futuras convocatorias, Jiménez indicó que la DGA considerará esa partida dentro del cómputo global de lo destinado a políticas sociales y su distribución se efectuará con arreglo a esa estrategia política.

Las organizaciones sociales disponen de plazo hasta el 15 de septiembre para solicitar las ayudas para proyectos de dos tipos: de atención a personas mediante apoyos de carácter socio-sanitario; o para programas de atención personal en el ámbito educativo o de inserción laboral.

 

 

El empleo precario y la soledad de las personas obligan a reorientar la política social del Ayuntamiento

El cambio de escenario social dibujado por un trabajo cada vez más escaso y precario, junto a tipos de vida solitarios en los que se debilitan los vínculos familiares, profesionales y colectivos está obligando a las/os responsables de Derechos Sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza a reconducir su gestión para centrarla en tratar de arropar a las personas con problemas, o susceptibles de padecerlos, mediante la creación de redes de apoyo en su entorno más próximo (barrios, vecinos, etc.), además de seguir apostando por la prestación de servicios sociales como satisfacción de derechos subjetivos de las personas y del desarrollo de acciones de inclusión para evitar la marginalidad.

La vicealcaldesa y concejal de derechos Sociales, Luisa Broto, junto con su asesor Jose Ignacio ‘Suso’ Domínguez, han mantenido un encuentro informal con periodistas en el que han reflexionado sobre la esencia y el devenir de la atención social municipal para adaptarla a la nueva realidad que están gestando las políticas neoliberales imperantes en el mundo y en especial en el Estado español.

Las/os responsables municipales subrayan que la salvaguarda de los derechos sociales pasa indefectiblemente por el reconocimiento de una nueva realidad social, de un nuevo “paradigma social”, como se refirió Domínguez, en el que las políticas de bienestar deben adaptarse a dos evidencias: por un lado, que el empleo está dejando de ser el eje sobre el que se sustenta el entramado del Estado del Bienestar “porque no crece, es cada vez más precario y pierde capacidad como integrador social de las personas”.

Por otro lado, la sociedad es cada vez más compleja y en la nueva realidad conviven modelos de familia muy diferentes (en muchas ocasiones con debilitamiento del vínculo familiar), personas y colectivos de orígenes territoriales y culturales muy diferentes, envejecimiento de la población e incremento de las personas que viven solas.

Vínculos endebles

Todo ello deriva en que los vínculos, la malla familiar, profesional, social que puede sustentar a las personas con problemas antes de tener que recurrir a los servicios sociales, es cada vez más endeble. Eso implica que la prestación social exija una atención más individualizada y enfrentada a conceptos neoliberales que la cuestionan permanentemente.

La nueva estructura social en la que, entre otras cosas, la pobreza se cronifica y el trabajo se deteriora o desaparece está surgiendo ya en Zaragoza y por eso los gestores municipales de los servicios sociales apuntan que el eje fundamental de su línea de trabajo se va a centrar en lo que ellas/os denominan territorio, el entorno más inmediato de las personas. Es decir, en la consecución de barrios cohesionados, con convivencias vecinales sólidas, donde no se pierdan, como está ocurriendo ahora, los vínculos sociales “que pueden arropar y salvar a muchas personas en la frontera de la marginalidad”, precisa Suso Domínguez.

Tanto él como Luisa Broto mencionan a ese respecto una experiencia de Barcelona en la que el refuerzo de esos vínculos en un barrio de la ciudad se ha traducido en la protección de un gran número de personas con escasos recursos, que de esta forma no han de recurrir, o lo hacen sólo en pequeña medida, a los servicios sociales.

Cambio de modelo

La apuesta por la creación de esas redes de apoyo, con reconocimiento y promoción expresa de los movimientos sociales, seguirá acompañada de las otras dos grandes líneas de actuación de la concejalía: una, conceptual, de considerar los derechos sociales como un bien subjetivo de todas las personas, a preservar más allá de las ciudadanas/os excluidas/os; en segundo lugar, continuar con las políticas de inclusión hacia dependientes y grupos marginales, mediante la prestación de servicios o concesión de ayudas.

En relación con la consecución de algunos de esos objetivos, Luisa Broto destaca que en la actualidad ya han logrado articular en Zaragoza un dispositivo de prestaciones “suficiente como para evitar que las personas con menos recursos tengan que acudir a la limosna o a rebuscar en los contenedores de los supermercados para conseguir comida”.

La concejal y su asesor también subrayan que las políticas sociales están relacionadas con estrategias de empleo, economía u otras materias, cuya gestión no depende de los ayuntamientos y que pueden llegar a condicionar de manera determinante la gestión en materia de derechos sociales.

Pero en cualquier caso se muestran resueltos a mantener abierta “la espita de la prestación de servicios, que se había cerrado, y a propiciar un cambio de modelo en atención social. De hecho, ya estamos en ello”, sentencia Broto.

El IASS amplía 92 plazas en residencias para mayores dependientes

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha ampliado en 92 plazas el Acuerdo Marco en residencias para mayores dependientes, dado que se habían ocupado las 1.571 existentes hasta ahora, por lo que el número total de plazas incluidas en este documento es 1.663, un 45 % más que al inicio de legislatura.

A estas plazas hay que sumar las 250 que se han sacado en convocatoria extraordinaria gracias a un convenio con la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP), según han indicado fuentes del Gobierno de Aragón.

Estas plazas están dirigidas a dependientes de grado II y III que no reciban ninguna prestación y que opten por una plaza en diferentes residencias municipales y comarcales del medio rural.

El Acuerdo Marco de plazas en centros residenciales se aprobó en 2014 por un importe de poco más de 63 millones de euros para los años 2015, 2016, 2017 y 2018, si bien la demanda existente hizo que en agosto del pasado año se autorizara una modificación con un incremento de 2 millones de euros.

Incremento de servicios y puestos de trabajo

La modificación que recientemente se aprobó en Consejo de Gobierno supone un incremento de 1.237.153 euros.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, ha destacado la importancia de que además de las prestaciones a la Ley de Dependencia, incrementen los servicios y ha apuntado que la ampliación de este acuerdo es ejemplo de ello.

Además ha añadido que con esta ampliación también se incrementan los puestos de trabajo, que ascienden a cerca de 50, y sumarán en total unos 200 creados esta legislatura en residencias.

Los ciudadanos adjudicatarios de una de estas plazas pagan el 80 % de su renta personal y el resto, hasta el precio público de la plaza, 1.200 euros, es abonado por la Administración autonómica.