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Podemos Huesca pide la dimisión de Escartín y su equipo

La asamblea del Círculo Podemos Huesca ha solicitado la dimisión “inmediata” del secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, y de la Comisión de Coordinación autonómica por los “desastrosos” resultados cosechados en las elecciones autonómicas y locales del pasado 26 de mayo.

En una nota de prensa, han propuesto convocar “lo antes posible” una Asamblea Ciudadana “para que un nuevo equipo se ponga a trabajar en la recuperación y mejora del funcionamiento de Podemos”.

En opinión de la asamblea del Círculo de Huesca, “han de dejar sus cargos, tanto orgánicos como públicos, a disposición de las bases e inscritos” al considerar que “la misma dirección que nos ha llevado a este desastre electoral” no es la más indicada para seguir dirigiendo Podemos Aragón.

La asamblea ha destacado que Podemos ha perdido nueve escaños autonómicos, ha perdido la Alcaldía de Zaragoza y, en la ciudad de Huesca, se ha pasado de seis a dos concejales a la izquierda del PSOE.

Sin contar con las bases

Han opinado que estos resultados se deben a la ejecución de una estrategia política “sin contar con las bases ni los círculos”, en el caso de Huesca por la creación de una “confluencia ficticia sin contar con el Círculo –local–, eliminando la ilusión que en otras ocasiones ha animado a participar en las campañas”.

Además, “el hecho de haber vinculado en las negociaciones lo autonómico con lo municipal, realizado de forma opaca para las bases, contrariamente a lo que venía siendo la seña de Podemos, ha fracturado confluencias que funcionaron perfectamente en muchos municipios, mermando la suma de fuerzas”.

También se han quejado de que Escartín, “lejos de hacer autocrítica” ha culpado a la dirección estatal de “sus malos resultados”, lo que resulta “poco objetivo para poder encauzar una nueva senda que recupere la fuerza de Podemos en Aragón”.

Defensores de la gestión pública del agua sugieren a zaragozanos que demoren el pago del ICA

La organización Red de Agua pública de Aragón (RAPA) recomienda a las/os zaragozanas/os que demoren el pago del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), cuyos primeros recibos ya están llegando a los buzones en barrios como San José, Torrero o Las Fuentes. La RAPA niega que esté impulsando una insumisión fiscal, pero asegura que “hay tiempo” para pagar los recibos, mientras se prepara una “amplia movilización social” que lleve al Gobierno de Aragón a replantear su política de saneamiento, para que éste se financie con precios ajustados y mediante tasas y no con un impuesto “que no es ecológico y cuya recaudación puede utilizarse para lo que quieran”.

“Cada ciudadana/o que haga lo que estime oportuno. Pero lo que está enviando el Gobierno de Aragón no es un recibo. Hay tiempo. No hay ninguna prisa por pagar”.

Así de contundentes se han expresado este miércoles 18 de octubre los representantes de RAPA Julián Sampériz y José Ángel Oliván (este último también responsable de la Unión de Consumidores de Aragón) sobre el inicio del envío por parte de la DGA a domicilios zaragozanos de los cargos por el controvertido ICA.

La RAPA además considera que “sería sensato paralizar el pago del ICA hasta la resolución de los recursos judiciales que se han interpuesto” contra el mismo, dos de ellos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que coincide con esta organización en considerar el gravamen como lesivo para la ciudadanía y cuyo objetivo es sufragar el fracaso del plan de saneamiento de la DGA, que ha dejado un agujero millonario en las arcas aragonesas.

Movilización social

Esta organización defensora de la gestión publica del Agua en Aragón está en contacto con otras fuerzas sociales y políticas para iniciar en breve una intensa campaña para forzar a la DGA a reconducir la gestión del saneamiento y revisar la política del Instituto Aragonés del Agua.

Hasta que eso no se produzca, la RAPA considera que no se puede poner en marcha el proceso de cobro del ICA a las/os zaragozanas/os porque lo consideran “injusto”, ya que la capital aragonesa sanea sus aguas residuales desde hace 15 años con depuradoras financiadas mediante el recibo del agua que pagan sus ciudadanas/os. “El ICA significa volver a abonar lo que ya se está pagando. Además, la DGA sostiene el argumento de que quien contamina, paga. Zaragoza no contamina, por tanto, no debe pagar”, ha dicho Sampériz.

Los dos representantes de RAPA coincidieron en señalar que “todo es reconducible” y que con voluntad política se puede echar atrás el proceso del cobro del ICA a Zaragoza, que ha contado desde el principio con una fuerte oposición social y municipal.

Respecto a la actitud del Ayuntamiento de Zaragoza en el conflicto, cuyo alcalde ha sido y es muy beligerante contra el impuesto y defensor de la gestión pública del agua, Sampériz sostiene que ha hecho “hasta donde legalmente ha podido. Ha hecho lo que no quedaba más remedio que hacer”. Oliván, por su parte, ha sido más crítico y ha asegurado que “el Ayuntamiento no ha actuado bien. Ha entregado a la DGA datos sobre el consumo de sus ciudadanas/os, algo que no se puede hacer con arreglo a la normativa vigente”.

Oliván ha añadido que precisamente el ICA se está aplicando “según el consumo de agua, no según lo que se vierte” y ha insistido en que se están mandando a los domicilios comunicaciones sin acuse de recibo “que no existe ninguna obligación de contestar”.

Replanteamiento

La RAPA sostiene, han explicado Sampériz y Oliván, que se debe replantear “todo el plan de aguas, todo el plan de saneamiento y revisar el papel del Instituto Aragonés del agua, buscando los responsables del desastre de un programa fracasado y ruinoso”.

La organización considera que el Gobierno de Aragón debe reconocer esas circunstancias y ponerse a negociar para determinar con fuerzas sociales y políticas “cómo se financia el desastre”.

Los representantes de RAPA han insistido en que asumen que se debe pagar la depuración “y  los fraudes”, pero en paralelo “fijar responsabilidades” y en cualquier caso no realizar la financiación mediante un impuesto, sino “con un precio público o tasa, que es finalista, en donde se paga lo que cuesta el servicio y ante el que las/os ciudadanas/os pueden defenderse porque los datos están claros. Ahora nos encontramos con un impuesto cuya cuantía puede modificar el Gobierno, independientemente del coste de la depuración”, explicaron Sampériz y Oliván.

Pedir perdón

Estos han solicitado al Gobierno de Aragón que “pida perdón a las/os zaragozanas/os por llamarlos insolidarias/os al oponerse al pago del ICA, cuando resulta que se les está imponiendo unos cargos muy superiores a los que deberían afrontar”.

A este respecto han insistido que desde el Pignatelli se quiere plantear el asunto “como un enfrentamiento entre Ayuntamiento de Zaragoza y DGA, cuando es un problema que afecta a todos los aragoneses. De hecho, hay otras localidades como Fabara o Bielsa que también han interpuesto recursos y la RAPA lleva varios años peleando por este asunto, no sólo en Zaragoza, sino en todo Aragón”.

Los representantes de la citada organización insinuaron que el plan de saneamiento gestionado desde el Instituto Aragonés del Agua en las legislaturas precedentes PSOE-PAR y PP-PAR había beneficiado a determinadas empresas y que los responsables del desaguisado “son conocidos”.