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ZeC, PSOE y CHA dotan con 22,6 millones a entidades sociales de la ciudad mientras PP y Cs se abstienen

Los grupos municipales de izquierda, ZeC, PSOE y CHA, han aprobado este miércoles en comisión extraordinaria de Economía la modificación de créditos por valor de 22,6 millones de euros con que el Ayuntamiento garantiza la financiación de los convenios y subvenciones a entidades sociales de la ciudad, así como la subida salarial retroactiva para este año 2019 a los trabajadores de la plantilla municipal. La medida propuesta por el gobierno municipal de Zaragoza en Común para atender las necesidades de estas entidades ante la falta de presupuesto municipal este año ha contado con la abstención de los grupos de la derecha, PP y Cs.

Además de las modificaciones de crédito en el presupuesto prorrogado de 2018 para cubrir la demanda de las entidades sociales, los grupos municipales han dado el visto bueno a otro cambio presupuestario de 1,1 millones de euros con destino a la renovación de la flota de vehículos del servicio de Arquitectura, para responsabilidades subsidiarias de la Policía Local y para cubrir tres partidas de los presupuestos participativos. A esta última medida se ha opuesto el PSOE.

El concejal responsable de Economía, Fernando Rivarés (ZeC), se ha felicitado por la iniciativa aprobada porque a su entender asegura la continuidad de la importante labor desarrollada por las entidades sociales en la ciudad.

Servicios infradotados

Rivarés ha negado que las modificaciones de crédito vayan a dejar sin financiación importantes servicios públicos como el transporte, la limpieza o la recogida de residuos, además de impedir el pago de los intereses de demora por créditos municipales, tal y como han criticado la representante del PP María Navarro y el del PSOE, Javier Trívez.

Éste último ha cifrado en “algo más de cinco millones” los recortes en servicios básicos para financiar a las entidades sociales.

Por su parte, Navarro ha asegurado que las modificaciones de crédito originaban “un agujero” en el presupuesto de servicios básicos, “pero ¿qué íbamos a hacer nosotros?, no nos podíamos oponer a que entidades sociales tuvieran financiación, por eso nos hemos abstenido”.

La concejala del PP ha insistido en que el problema de las entidades sociales debería haberse solucionado con un acuerdo de la izquierda para sacar adelante el presupuesto de 2019, “como han hecho los tres años anteriores”.

Mientras, el responsable municipal de Economía ha insistido en que las modificaciones venían avaladas por los informes de los servicios técnicos municipales y ha asegurado que “hay cero peligro de que se queden infradotadas determinadas partidas para servicios básicos de la ciudad”.

Rivarés ha añadido que en caso de que se produjera algún desajuste de ese tipo, “se solucionará aprobando el presupuesto la próxima Corporación en julio o septiembre”.

Riesgos

El concejal socialista Javier Trívez, a pesar de que su grupo ha acabado votando a favor las modificaciones para garantizar el funcionamiento del tejido social de la ciudad, ha criticado la elección de las partidas presupuestarias para cubrir las necesidades de las entidades ciudadanas.

El concejal socialista ha insistido en que hay más de 7,5 millones de euros sin ejecutar en el presupuesto de 2018 que podrían haberse extraído para dedicarlos a entidades sociales sin poner en riesgo la financiación de servicios básicos. “Con ese dinero se habría evitado detraer un millón de limpieza, otro millón de recogida de residuos o 3,5 millones de transporte”, ha insistido Trívez.

Por su parte, el concejal de CHA Carmelo Asensio, cuyo grupo ha respaldado los cambios presupuestarios, ha reconocido que algunos servicios iban a quedar con los presupuestos muy ajustados pero era necesaria la modificación para atender las necesidades sociales, algo que a su entender no hubiera ocurrido si se hubiera aprobado el proyecto de presupuesto para 2019, como respaldaban CHA y ZeC frente a la negativa de la derecha y de los socialistas que acabó paralizando las cuentas de este año.

La representante de Cs Sara Fernández ha justificado la abstención de su grupo ante los traspasos financieros hacia las entidades sociales, porque los consideran “un apaño” que supone “desvestir un santo para vestir otro”, en referencia a que las nuevas partidas procedían de dinero previsto para cubrir las necesidades de servicios municipales importantes.

Ayuntamiento ‘rasca’ 23,5 millones para convenios y subida salarial

El equipo de Gobierno Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de la capital aragonesa intentará la próxima semana sacar adelante una modificación de crédito para el presupuesto prorrogado, con el fin de poder cubrir las subvenciones, los convenios de 2018 y la subida salarial al funcionariado.

Tal y como ha adelantado el consejero municipal de Economía, Fernando Rivarés, su aprobación depende de la comisión de su área, que se celebrará el miércoles día 10 si pasa por comisión extraordinaria o el viernes día 12 si se introduce en el orden del día de la reunión ordinaria que este organismo celebra cada mes.

La propuesta incluye una votación única para un paquete de modificaciones de crédito que suma un total de 23,5 millones (en la imagen superior, protesta de representantes de entidades sociales a las puertas del Ayuntamiento para reclamar la aprobación de los presupuestos de 2019).

Todos los convenios

En él se incluyen todos los convenios existentes en 2018 (aunque sin las mejoras planteadas para el 2019 al estar el presupuesto prorrogado) y todas la convocatorias de subvenciones, como por ejemplo, las de Cultura, Deporte, Empleo, Juntas de Distrito o Comisiones de Fiestas, ha citado Rivarés.

Como tercer punto, la aprobación de esta modificación de crédito supondría la subida salarial del 2,3 % aprobada en enero por el Gobierno central para empleados de las administraciones en 2019  y que permitiría a más de 4.000 trabajadores municipales cobrar este incremento a partir de ahora y con carácter retroactivo.

El dinero para llevar a cabo este paquete de medidas se obtendrá de pequeñas partidas de todos los servicios de la ciudad, ha explicado el consejero de Economía, aunque “sin afectar a ningún programa ni servicio esencial”.

Aragón recibirá 4,7 millones del Pacto contra la violencia machista

Aragón recibirá 4,7 millones de euros procedentes del dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que el Gobierno de España repartirá entre las comunidades autónomas en 2019.

El reparto de esta partida ha sido el punto principal de la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad que este miércoles ha tenido lugar en Moncloa, presidida por la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, y a la que ha asistido la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón, María Victoria Broto.

A estos 4,7 millones de euros se sumarán otros 500.000 euros para atención a víctimas de violencia de género y sus hijos y de agresiones sexuales, informan fuentes del Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

María Victoria Broto ha destacado “la importancia” del Pacto contra la Violencia de Género que fue apoyado por todos los grupos parlamentarios, pero tras el acuerdo, ha reconocido que “hacía falta su financiación”.

Reparto de la partida

Ha recordado que la partida de 2018 fue transferida a las Comunidades el verano pasado por el Gobierno actual y ha destacado que se haya acordado un reparto de la partida de 2019 lo que permitirá “dar continuidad y afianzar los programas” que ya estaban en marcha, ha dicho.

Para la consejera es importante que el Gobierno les haya convocado y, por otra, que todos hayan sido capaces de llegar a un acuerdo respecto al reparto.

Otro de los puntos abordados en esta reunión ha sido el de la aprobación de una acreditación de la situación de violencia de género, recogida en la Ley de 2004 de Medidas de Protección Integral frente a la violencia de género.

Esta acreditación será válida para todo el país y evitará que las víctimas de violencia de género tengan que iniciar una nueva tramitación cada vez que cambian de Comunidad Autónoma.

ZeC, PSOE y CHA pactan destinar 2,4 millones para eficiencia energética, placas solares y mejora urbana

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado con los votos del PSOE, CHA y Zaragoza en Común (ZeC) y el rechazo de PP y Ciudadanos (Cs) una propuesta para destinar los 2,4 millones de euros de remanente de tesorería de 2017 a distintos proyectos aún por decidir y que se tendrán que licitar antes del 31 de diciembre.

El consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha dicho que los 2,4 millones de euros del remanente de tesorería de 2017 no se pueden destinar a comprar autobuses eléctricos o híbridos, como proponía el PP, porque supone una modificación de contrato con la concesionaria.

Ha dado a conocer verbalmente la propuesta de destino del remanente tras la negociación este fin de semana con CHA y PSOE. Serían 600.000 euros para eliminación de barreras arquitectónicas; 200.000 euros para placas solares en equipamientos municipales; 400.000 euros para la mejora de la escena urbana en el Casco Histórico, cuyos proyectos tendrá que decidir el área de Urbanismo, y 1,2 millones de euros para eficiencia energética, que compete al área de Medio Ambiente.

Rivarés ha confiado en que puedan estar licitados todos los proyectos antes del 31 de diciembre y que se ejecute antes de finales de mayo de 2019.

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha estimado que es “muy clara la improcedencia” de la compra de vehículos eléctricos por lo que se ha buscado otra alternativa. Ha indicado que en aras del acuerdo de la izquierda y que sea viable ha aceptado la propuesta ‘in voce’ de Rivarés (en la imagen superior del pleno municipal, Asensio en primer plano, tras él, Rivarés y al fondo el grupo del PSOE).

Acuerdo “interesante” para la ciudad

La portavoz del grupo municipal de Cs, Sara Fernández, ha instado a los grupos de la izquierda a poner por delante los interés de la ciudad porque quieren destinar 600.000 euros más para la eliminación de barreras arquitectónicas cuando ya hay una partida de 1,6 millones de la que solo se han ejecutado 40.000 euros.

Trívez ha opinado que el acuerdo de los tres grupos de la izquierda es “muy interesante” para la ciudad porque se abunda en la eficiencia energética y se ponen soluciones a la mejora de la escena urbana en el Casco Histórico, al tiempo que se avanza en suprimir barreras arquitectónicas. “El PSOE cumple un papel difícil y de entrega a los intereses de la ciudad”, ha sentenciado.

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha criticado la poca vergüenza y cara dura” del PSOE porque “ha roto la palabra con la que había llegado a un acuerdo con Ciudadanos y el PP sobre eliminación de barreras arquitectónicas”.

Fernando Rivarés ha dicho que data del verano el informe negativo de compra de autobuses propuesto por el PP y le ha afeado a Azcón que “ha reconocido que hacían propuestas inviables para que no fueran ejecutables y presumir de que eran conscientes de ello”.

Ha confiado en que los 2,4 millones se puedan destinar a algo útil.

Rivarés pide a Lambán 85 millones por la deuda con Zaragoza

El consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha reclamado al presidente de Aragón, Javier Lambán, el pago de 85 millones de euros que, según sus cálculos, se corresponden con la deuda del Ejecutivo aragonés con Zaragoza.

Unas cuentas que, sin embargo, no coinciden con las del presidente de la Comunidad, quien anunció este lunes que cumplirá “unilateralmente” con los compromisos con Zaragoza, que en total ascienden, según sus cálculos, a unos 30 millones de euros por la transferencia por la ley de capitalidad, el convenio de servicios sociales y el abono de la deuda del tranvía.

“Muy bien, gracias por los 30 millones, me debes 85”, ha manifestado el edil zaragozano al concluir una rueda de prensa, cuando ha sido preguntado por el anuncio ayer de Lambán del pago de esos 30 millones, a la espera de la comisión bilateral Aragón-Zaragoza sin fecha oficial por el momento.

Rivarés ha reconocido que esa cantidad “será bienvenida”, aunque ha reiterado que la “deuda real” asciende a 85 millones, en los que se incluyen los 39.592.000 euros que cifra el consistorio por la deuda del tranvía desde el año 2010 y que contrastan con los 8 millones que remitirá de momento el Ejecutivo aragonés.

Deuda con 700.000 personas

A esa deuda, el consejero de Economía de la capital aragonesa ha sumado 11 millones por la financiación de la segunda fase del sellado del vertedero, 16 millones por la Ley de Capitalidad (a razón de 8 millones por año, incluyendo 2017 y 2018), 13 millones de convenios pendientes de pago, fundamentalmente de acción social, y 5,3 millones de deudas tributarias.

“Esto no se le debe a Santisteve ni a Rivarés, se le debe a 700.000 personas que vivimos en Zaragoza, más del 53 % de la población de la comunidad”, ha defendido el consejero.

En cualquier caso, Rivarés ha insistido en que “hablando se entiende la gente” y se ha mostrado favorable a un acuerdo en la reunión bilateral, cuya fecha todavía está por cerrar.

De momento, desde el Gobierno de Aragón se ha anunciado que se ha puesto en marcha el operativo para hacer llegar al Ayuntamiento 8 millones derivados de la Ley de Capitalidad, el borrador del convenio que ha de firmarse para que los zaragozanos reciban los 13 o 14 millones de financiación de sus servicios sociales y 8 millones que se remitirán “lo antes posible” como concepto de la deuda del tranvía.

Un millón más para prestaciones a domicilio, teleasistencia, ayudas urgentes y atención a dependientes

El Gobierno de Zaragoza ha dado luz verde este jueves 26 de julio al convenio entre el Ayuntamiento y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que tiene una cuantía de 19 millones de euros, para regular la colaboración entre ambas instituciones en esta materia y cofinanciar el personal y la gestión.

Este convenio, que deberá ser aprobado también a la vuelta del verano por el Gobierno de Aragón, incluye la cofinanciación del personal de los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) y el refuerzo del personal para la gestión de prestaciones económicas, como el Ingreso Aragonés de Inserción y la Ayuda de Integración Familiar, ha explicado en rueda de prensa la consejera municipal de Derechos Sociales, Luisa Broto.

También recoge la gestión del servicio de ayuda a domicilio, el de teleasistencia, las ayudas de urgente necesidad y la atención primaria de personas en situación de dependencia.

De los 19 millones de euros del convenio, el Gobierno de Aragón aporta 11,4 y el Consistorio, algo más de 7 millones, lo que supone un incremento de más de un millón con respecto al firmado el año pasado y de cerca de 8,5 en relación al de 2015, ha asegurado.

Acceso extraordinario a vivienda

Broto ha puesto en valor la sintonía, el ejercicio de responsabilidad y la sincronía técnica entre ambas instituciones para sacar adelante este acuerdo.

Asimismo, ha dado cuenta de la aprobación de un nuevo protocolo de acceso extraordinario a la vivienda municipal de alquiler, algo que venía siendo demandado por los propios servicios del Ayuntamiento.

A través del mismo, se atenderá a aquellas unidades de convivencia que se hallen en situaciones de vulnerabilidad y tengan necesidades preferentes de alojamiento, en concreto a aquellas viviendas municipales de alquiler gestionadas por Zaragoza Vivienda.

La consejera lo ha definido como un procedimiento “extraordinario” que servirá como conducto interno para evitar la pérdida del alojamiento habitual.

Este protocolo, además, será una de las principales medidas del plan integral de personas sin hogar que se aprobará previsiblemente mañana en Pleno, ya que la prevención de la pérdida de vivienda es “fundamental” para evitar situaciones de “sinhogarismo”.

Satisfacción de la consejera con la nueva política estatal

Por su parte, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo aragonés, María Victoria Broto, se ha mostrado este jueves satisfecha del compromiso del Gobierno de España con las políticas sociales, subrayando que estos asuntos regresan a la agenda política del Estado.

Así lo ha dicho tras la celebración del Consejo Territorial de Servicios Sociales, presidido por la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

Un compromiso manifestado ya en este consejo territorial donde se ha acordado el reparto de fondos de los Presupuestos Generales del Estado a las Comunidades en materia de pobreza infantil, atención al pueblo gitano y el plan concertado para servicios sociales comarcales y locales, así como el reparto de subvenciones con cargo al IRPF, del que Aragón recibe 8,8 millones de euros.

La consejera María Victoria Broto ha resaltado que Aragón recibirá 200.000 euros para plantear medidas relacionadas con la pobreza infantil, un asunto que ya figuraba en la agenda de prioridades del Ejecutivo de Javier Lambán con partidas presupuestarias para que los comedores escolares funcionen en verano.

“Los servicios sociales no cierran en vacaciones ni los niños dejan de comer y ese incremento presupuestario nos viene bien para complementar un proyecto que ya llevábamos a cabo”, ha defendido Broto.

La consejera ha insistido en que de este modo se recibe “la corresponsabilidad presupuestaria del Gobierno de España para una política social que en Aragón ya estábamos llevando a cabo sin la solidaridad del anterior Ejecutivo”.

Asimismo, en la reunión se ha acordado la concesión de subvenciones a programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF. El reparto es similar al del año pasado y ha sido debatido tanto con el gobierno anterior como el actual en comisiones delegadas.

Ayudas a entidades

Broto ha defendido que el reparto supone ayudar a las entidades del tercer sector “no estar de acuerdo y paralizar el reparto es no ser corresponsable con las entidades”. De hecho, Aragón ya publicó el pasado 24 de julio en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la convocatoria para solicitar las subvenciones.

La Comunidad recibirá 8.874.400 euros, por ello, Broto ha pedido “abandonar el debate político y partidista, porque es dinero para entidades sociales, para servicios para las personas, y son fundamentales en nuestro territorio y en toda España”.

La consejera, además, ha resaltado que la ministra ha manifestado el compromiso del Gobierno de España con las políticas sociales, “tenía muchas ganas de oír que los servicios sociales están en la agenda política del Estado”.

Broto ha puesto como ejemplo la recuperación de la Seguridad Social para las cuidadoras de la dependencia. Un aspecto “fundamental”, ha dicho, y que siempre ha defendido el Gobierno de Aragón. “Nos parece fundamental porque cumplen un papel muy importante, nosotros hemos apostado por los servicios, pero hay familias que prefieren las cuidadoras en algunos casos y por eso deben tener derecho a la seguridad social”, ha concluido.

ZeC asume exigencias de la oposición para desbloquear 12,3 millones de inversión y pagos a proveedores

El gobierno municipal de ZeC va a someter a la aprobación de la comisión de Economía y posteriormente del Pleno nueve expedientes para desbloquear 59 proyectos impulsados por sociedades y patronatos municipales, tal y como solicitaba la oposición. Las propuestas serán votadas una a una en los citados órganos municipales, y si los grupos dan su aquiescencia, podrán gestionarse 12,3 millones ahora paralizados por la oposición, después de que ZeC decidiera el pasado mes de febrero hacerse con la mayoría absoluta en sociedades y patronatos municipales, tal y como autoriza al gobierno la Ley de Capitalidad de Zaragoza.

Tras esa medida, los grupos de oposición municipal (PP, PSOE, C’s y CHA) declararon indisponibles esas partidas y dejaron de ir a los consejos de los citados organismos, bloqueando su funcionamiento por falta de quórum y paralizando numerosas actuaciones, tanto inversoras como relativas a pago de proveedores.

En estos momentos hay 12,3 millones sin poderse gestionar, entre los que destacan los 2,1 millones de Imefez, los 2,8 millones de Zaragoza Vivienda (foto superior), los 1,8 millones de Zaragoza Desarrollo Expo o los 1,7 millones de Zaragoza Cultural.

Los grupos de oposición reclamaron que, si ya no tenían presencia en sociedades y patronatos de acuerdo con su representación en el Pleno, los asuntos de esos organismos debían someterse a la aprobación de comisiones y pleno municipales.

Ahora ZeC transige con esa exigencia, en lo que “no puede interpretarse como una cesión. No debe valorarse en sentido de victoria o derrota. Esto va de que por encima de estrategias políticas está el interés de la ciudad”, ha puntualizado el concejal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés.

Numerosos sectores afectados

Los nueve expedientes que ZeC someterá a comisión y Pleno afectan a casi 60 programas que en estos momentos no se pueden desarrollar, como mejoras en instalaciones deportivas, acciones previstas en el plan de lucha contra la pobreza infantil, programaciones en Harinera o teatros municipales, convenios con Atades, Universidad, comercio local u otras entidades, y el programa de apoyo a emprendedores, entre otros.

Rivarés ha subrayado que esas iniciativas están pactadas con PSOE y CHA, grupos con los que se llegó un acuerdo sobre los presupuestos, incluso algunas de ellas con C’s, y ahora esos grupos tendrán oportunidad de desbloquearlas con sus votos. “Queremos ejecutar correctamente el presupuesto”, ha sentenciado Rivarés.

A este respecto, el concejal ha precisado que a 30 de junio la ejecución del presupuesto de 2018 es del 42%, cinco puntos por debajo que el pasado año, debido, entre otras cosas, a esta paralización de la gestión de sociedades y patronatos.

Para poner remedio a esta situación, el gobierno de ZeC ha decidido “hacer lo que ellos dijeron que quieren que hagamos”, ha indicado Rivarés, quien ha invitado a los grupos “a mojarse” y a aprobar o rechazar los proyectos pendientes.

Pensionistas rechazan reglamento europeo “que promueve la privatización de pensiones”

Las protestas de los pensionistas han vuelto un mes después a la plaza del Pilar. Centenares de personas se han concentrado convocadas por la Coordinadora por la defensa del sistema público de pensiones de Zaragoza. Allí han mostrado su rechazo a una ley que está prevista que se vote este mes en el Parlamento Europeo, que consideran supondrá fomentar la privatización de las prestaciones en detrimento de las públicas.

Los manifestantes, amenizados por música reivindicativa, han exhibido pancartas en las que se podía leer “Contra unas pensiones de miseria” y “Movimiento de jubilados indignados”, entre otras.

El portavoz de la Coordinadora por la defensa del sistema público de pensiones, Miguel Angel Surroca, ha mostrado su rechazo al Producto Europeo de Pensiones Individuales, cuya propuesta de reglamento se votará en Bruselas en una semana. Para Surroca, esta medida perjudica a los asalariados más bajos y fomenta la privatización.

“Se nos está haciendo creer que no va a haber dinero para las pensiones y la privatización de pensiones es lo más sencillo. Es un misil en la línea de flotación de las pensiones públicas, porque dan un marchamo de legalidad a las pensiones privadas. Lo manejarán bancos, fondos de capitalización y eso nos hace ponernos a temblar”, ha señalado.

Sin dinero para las pensiones

A juicio del portavoz, la gente joven “se está creyendo que no va a haber dinero para las pensiones” y ha precisado que “no es verdad”. “Hay que administrarlo para lo que es importante, que cuando la gente llega a una edad en la que ya no puede trabajar”, ha subrayado.

Surroca ha lamentado que “no se hayan cumplido aún los objetivos”. En este sentido, ha puesto como ejemplo la subida del 1,6% que ha entrado en vigor esta semana, indicando que volverán a perder poder adquisitivo porque los precios están un 2,3% más caros.

Sobre el nuevo Gobierno socialista en España, Surroca ha apuntado que ellos defenderán “unas pensiones dignas gobierne quien gobierne” y ha pedido que “se blinden las pensiones en la Constitución”.

Campaña para reducir las bolsas de plástico, que dejan de ser gratuitas

Bajo el lema “No gracias, llevo la mía”, el Gobierno de Aragón ha lanzado una campaña de sensibilización ambiental coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva directiva referida a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras.

A través de un cartel que se ha repartido entre los tres servicios provinciales y que ha puesto disposición de ciudadanos, asociaciones y comercios en www.aragon.es para su difusión, el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad pretende reducir el consumo de este tipo de bolsas, apostando por la reutilización o el uso de las propias. Con este objetivo, también ha diseñado una saca de tela con el lema serigrafiado y que se repartirá entre la población aragonesa.

“La campaña que estamos poniendo en marcha desde el Gobierno va dirigida por un lado a los comercios, de manera que conozcan el calendario de cobro de las bolsas de plástico según la tipología y, por otro lado, a la sociedad en general para que conozca esta situación y, sobre todo, para que comiencen a utilizar bolsas reutilizables y a llevar las suyas propias cuando vayan a comprar”, ha explicado la directora general de Sostenibilidad, Pilar Gómez.

Gran cantidad de residuos

En la actualidad, el alto consumo de bolsas de plástico supone un uso poco eficaz de los recursos y la generación de gran cantidad de residuos. Las bolsas de plásticos dispersas provocan la contaminación en el medio ambiente, siendo especialmente grave en el caso de las masas de agua, una amenaza para los ecosistemas acuáticos a nivel mundial.

La mayoría de bolsas de plástico consumidas en la Unión Europea son bolsas de plástico ligeras (con un espesor inferior a 50 micras). Este tipo de bolsas se reutilizan menos que las gruesas, convirtiéndose más rápidamente en residuo, y dispersándose con mayor facilidad debido a su reducido peso.

Con la finalidad de dar solución a este problema, en el ámbito de la Unión Europea, El Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado una Directiva en 2015 para promover la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras, una normativa traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante un Real Decreto.

De esta manera, en España se prohíbe, a partir de este domingo, 1 de julio, la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico, a excepción de las muy ligeras (de menos de 15 micras) y las gruesas (de espesor igual o superior a 50 micras) con un porcentaje de al menos el 70% de plástico reciclado.

Precio fijado por el comerciante

El precio de cada bolsa de plástico lo fija el comerciante y oscila entre los cinco y los 15 céntimos. El comerciante debe informar a los consumidores de los precios establecidos, exponiéndolos al público en un lugar visible.

A partir del 1 de enero de 2020 se prohíben las bolsas de plástico fragmentable y las bolsas gruesas deben contener al menos un 50% de plásticos reciclado, y un año después se prohibirá la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras al consumidor, excepto si son de plástico compostable.

Estas medidas afectan tanto a las bolsas de plástico entregadas en los puntos de venta como a las que puedan suministrarse en la venta online y las entregadas a domicilio.

El Real Decreto también establece una serie de obligaciones para aquellos que ponen por primera vez bolsas de plástico en el mercado nacional. Estos son los fabricantes nacionales y los importadores de bolsas de plástico terminadas.

Es obligatoria su inscripción antes del 19 de agosto de 2018 en la sección de bolsas de plástico del Registro de Productores de Productos, adscrito a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, así como es obligatorio proporcionar la información anual relativa a la puesta en el mercado de bolsas de plástico. En breve se pondrá a disposición de los fabricantes la aplicación informática para su inscripción en el registro.

La DGA exige al Ayuntamiento el dinero del ICA antes de negociar sobre los antiguos juzgados

La solución sobre la remodelación del edificio de los antiguos juzgados de plaza del Pilar y su uso conjunto por parte del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a bloquearse, después de que este lunes 28 de mayo se haya suspendido la reunión técnica prevista al respecto. La DGA exige al Consistorio el abono de los recibos del ICA antes de negociar cualquier otro asunto que ataña a ambas instituciones.

La pasada semana, el consejero de Presidencia del Gobierno aragonés, Vicente Guillén, y el concejal de Economía del Consistorio zaragozano, Fernando Rivarés, acordaron fijar para este lunes una reunión técnica sobre el edificio de los antiguos juzgados.

Ese contacto entre ambos mandatarios parecía haber desencallado el conflicto institucional sobre el uso del edificio de la plaza del Pilar, después de que el gobierno municipal de ZeC amenazara con suspender la licencia de obras solicitada por la DGA hasta que no se fijara de forma oficial una distribución de espacios y usos del inmueble.

De hecho, en la comisión de Urbanismo del pasado jueves ZeC retiró el expediente en el que se proponía el bloqueo de la licencia tras acordar Guillén y Rivarés el inicio de negociaciones técnicas.

El dinero del ICA

Éstas deberían haber comenzado en la tarde de este lunes, pero al parecer el encuentro fue desconvocado de forma unilateral por el Gobierno aragonés, quien habría comunicado al Ayuntamiento que antes de emprender cualquier negociación sobre los antiguos juzgados o  convocar la bilateral institucional contemplada en la Ley de Capitalidad, debía fijarse una fecha concreta en la que el Ayuntamiento traspase a la DGA los 16 millones de euros que le correspondería abonar al Consistorio por la aplicación del impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) en Zaragoza, tributo al que se opone el gobierno municipal de ZeC.

Fuentes municipales criticaron la decisión del Ejecutivo aragonés e indicaron que el Ayuntamiento también podía exigir a la DGA los pagos por las obras del tranvía u otras compensaciones que le reclama por la urbanización de Plaza.

Las mismas fuentes indicaron que por ahora no hay otra fecha prevista para reanudar la negociación sobre el edificio de los antiguos juzgados, donde la DGA prevé instalar la sede de la gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), así como la dirección provincial de dicho organismo, cuya previsión es abrir las oficinas en plaza del Pilar a principios del próximo año.