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Plan de choque para reducir la espera en valoraciones de discapacidad

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha puesto en marcha un plan de choque para reducir el tiempo de espera de las valoraciones de discapacidad en la provincia de Zaragoza, una tarea que hasta ahora se llevaba a cabo en los dos Centros de Atención a la Discapacidad de Zaragoza, situados en el Actur y la calle Santa Teresa de Jesús de la capital aragonesa.

Ya se ha puesto en marcha un plan de refuerzo de personal que, en global, supondrá la contratación de 11 personas más: tres trabajadores sociales, dos médicos, dos psicólogos y cuatro auxiliares administrativos, de los que ya se han incorporado los tres trabajadores sociales y los dos médicos, que se encuentran en fase de formación. Estos se sumarán a las 28 personas que ya hacen en estos momentos las valoraciones de discapacidad.

Atención a la discapacidad

Por otra parte, se va a crear un centro de referencia de atención a la discapacidad en la antigua sede de la Dirección Provincial del IASS, en el paseo Rosales, que quedó vacía tras el traslado de esta a los antiguos juzgados de la plaza del pilar.

Ya se han comenzado obras en este edificio, sobre todo relacionadas con la climatización y la adecuación de espacios. Se espera que el traslado del personal a las nuevas instalaciones pueda llevarse a cabo en el mes de julio.

Los actuales Centros de Atención a la Discapacidad seguirán acogiendo, de momento, las valoraciones de discapacidad a menores de 12 años y el Programa de Atención Temprana para niños de menos de 6 años con dificultades de desarrollo.

Aprobada por unanimidad la Ley de Discapacidad para impulsar un Aragón más accesible e inclusivo

El último pleno ordinario de la legislatura de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves por unanimidad la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, una norma transversal para garantizar la igualdad de oportunidades con especial incidencia en el empleo.

La norma, a través de sus doce artículos, reorienta las actuaciones públicas garantizando su transversalidad, pone el acento en el reconocimiento de las capacidades diferentes y da prioridad a las políticas de empleo dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades. Velará por una educación inclusiva mediante la elaboración de un censo de alumnado con discapacidad y garantizando la accesibilidad de los centros. Establece medidas contra la discriminación y avanza en atención infantil temprana coordinando los ámbitos de Salud, Educación y Servicios Sociales.

Máximo consenso

Los grupos parlamentarios se han congratulado del consenso alcanzado en torno a esta Ley, uno de los pocos textos que han salido adelante con el máximo consenso tras un trabajo en ponencia en el que se admitieron el 93 por ciento de las 435 enmiendas presentadas por los grupos, ha destacado la coordinadora, la socialista Pilar Zamora, quien ha enfatizado que es una ley no sólo importante para las personas con discapacidad, sino para el conjunto de la sociedad porque persigue garantizar los derechos y propiciar una sociedad inclusiva.

Una ley pionera que va más allá de lo regulado por otras comunidades, ha agregado, que responde a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, que tiene que ver con un modelo de convivencia frente a los que excluyen al diferente y que es el “broche de oro” a una legislatura caracterizada por políticas sociales.

Porque ha sido el Gobierno PSOE-CHA, tomando como base un protocolo firmado con CERMI, el que ha remitido a las Cortes el proyecto de ley frente a otros que tuvieron la oportunidad y no lo hicieron.

Garantizar derechos

Sin embargo, para la diputada del PP Marian Orós, se trata de una norma que se presentó “tarde y mal” después de tres años de reivindicaciones, a finales del año pasado, y sin las aportaciones de las entidades y sin memoria económica, aunque gracias al esfuerzo de todos se ha pactado un texto que garantiza los derechos de las personas con discapacidad “huyendo de paternalismos” y obliga a remover los obstáculos para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

Desde Podemos, Raúl Gay ha insistido en que los derechos no se promueven, sino que se garantizan y defienden “con uñas y dientes” y ha subrayado que ésta no es una ley más, aunque ha lamentado que queden en el limbo una dirección general de la discapacidad que podría coordinar todos los ámbitos desde el gobierno y la figura concreta del mediador laboral ante tasas de desempleo “vergonzosas”.

Elena Allué, del PAR, ha asegurado que se trata de una ley fundamental, hecha para que permanezca en el tiempo y no solo para reconocer derechos, sino de garantías, en especial para el empleo, y no sólo público con una reserva del 8 %. En este sentido, ha advertido de que de las 100.000 personas con discapacidad en Aragón, el 65 por ciento son mujeres y sólo 16 % de ellas tiene empleo, y la desigualdad es también la base de la violencia de género.

Incidencia especial en el empleo

Desirée Pescador, de Ciudadanos, tras incidir en que sacar adelante este texto no ha sido tarea fácil, ha destacado su carácter transversal, al actuar en materia de sanidad, educación, vivienda o empleo, con especial sensibilidad hacia las niñas y las mujeres, con un plan de acción integral.

Patricia Luquin, de IU, también ha resaltado el acuerdo en esta ley, porque es fundamental para garantizar derechos, con recursos, teniendo en el empleo la “espina dorsal” para garantizar la independencia económica de las personas con discapacidad e incluyendo un régimen sancionador con multas de entre 300 euros para infracciones leves y un millón, para las muy graves, porque debe calar en al sociedad que “nadie es más que nadie”.

Finalmente, Gregorio Briz, de CHA, ha celebrado para las entidades sociales que trabajan por las personas con discapacidad la aprobación de esta ley, que es el “colofón” a la actuación del Gobierno aragonés a lo largo de la legislatura ante la demanda social de “pacto de estado”, como supone esta legislación, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad (en la imagen superior, representantes de las asociaciones de discapacitados, a las puertas de las Cortes).

Personas con discapacidad mueven la agricultura ecológica

El Centro Especial de Empleo de Gardeniers de Atades ha inaugurado este miércoles 27 de junio su nueva Planta de Transformación de verduras, hortalizas y frutas ecológicas en Mercazaragoza. Una instalación pionera en Aragón que cuenta con el respaldo económico del Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (IMEFEZ-Zaragoza Dinámica).

En concreto, el Consistorio ha aportado 250.000 euros con cargo al Presupuesto de 2017 en materia de formación e inclusión sociolaboral y otros 250.000 euros para este fin contemplados en el Presupuesto de 2018.

Al acto han asistido el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve; la concejala de Educación e Inclusión y vicepresidenta de IMEFEZ, Arantza Gracia; y la concejala de Movilidad y Medio Ambiente, Teresa Artigas; junto al presidente de Atades, Jesús Soto; su director gerente, Félix Arrizabalaga, y trabajadores y trabajadoras que desarrollarán su labor en este centro.

El innovador proyecto dará empleo inicialmente a 17 personas (13 de ellas con discapacidad), y la plantilla podrá incrementarse cuando la planta alcance su pleno rendimiento (en la foto superior, un empleado empaqueta calabacines ecológicos).

La nueva planta permitirá transformar sus productos no sólo al área de agricultura ecológica de Gardeniers sino también a otros productores agrícolas de Aragón y zonas limítrofes. Hasta ahora, no existía en la Comunidad Autónoma una instalación de estas características que permita realizar todo este proceso.

Desarrollo local

La apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza por este proyecto se enmarca en las políticas municipales de desarrollo local y creación de empleo en el territorio, apoyando en este caso también el sector agrícola de proximidad.

El proyecto cuenta con una clara perspectiva de sostenibilidad medioambiental, ya que permite la comercialización de productos de cercanía, y fomenta la red local de huertas agroecológicas, de la que proceden estas hortalizas.

La planta cuenta con equipamiento industrial para la transformación de verduras, hortalizas y frutas, en segunda gama en dos líneas de producción: la primera para elaborar salsas de tomate, sofritos y confituras; y la segunda para conservas y cremas vegetales. Y producto fresco, verduras, hortalizas y frutas en bandejas higienizadas listas para el consumo.

Los productos que se elaborarán en la Planta de Transformación serán destinados a detallistas, hostelería y restauración de colectividades en circuitos de proximidad así como otros canales de distribución y exportación.

El Centro Especial de Empleo Gardeniers está dividido en dos áreas: en el área de la agricultura ecológica y en el área de jardinería y mantenimiento de jardines.

En agricultura ecológica trabajan 24 personas de las que 20 tienen diferentes tipos de discapacidad. En la actualidad cuenta con 22 hectáreas de cultivo certificado por el Comité de Agricultura Ecológica de Aragón en Alagón y San Mateo de Gállego.

El IASS aumentó en 2017 en 146 las plazas concertadas de discapacidad

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) dio en 2017 otro “fuerte impulso” al Acuerdo Marco para la contratación de plazas dirigidas a personas con discapacidad intelectual, física o mixta con la concertación de 146 plazas más de las existentes.

La directora provincial del IASS en Zaragoza, Noelia Carbó, ha explicado, en un comunicado del Gobierno de Aragón, que con esta ampliación y el “consiguiente esfuerzo económico” se han contenido las listas de espera existentes para personas con discapacidad y se ha garantizado que estas pasen de forma normalizada del sistema educativo al de servicios sociales.

Según el balance de la atención que el IASS lleva a cabo a las personas con discapacidad, el sistema público de servicios sociales atiende diariamente a 5.860 personas con discapacidad frente a las 4.797 que eran atendidas al inicio de legislatura.

En relación a los niños atendidos, se ha pasado de los 2.242 de 2015 a los 2.822 en la actualidad.

Desde el punto de vista económico, el presupuesto para la atención a la discapacidad, incluyendo la atención temprana, ha pasado de 39 millones de euros en 2015 a 44,4 millones en 2017.