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Ayuntamiento amenaza con los tribunales a la DGA por los juzgados

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha anunciado que el Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZeC) emprenderá la vía judicial si en el plazo de un mes “improrrogable” el Gobierno de Aragón no revierte parte de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar.

Pablo Muñoz ha detallado que la reversión tiene que ser tanto de los suelos como del vuelo (edificio) y ha recordado que desde el Ayuntamiento esperan desde hace más de dos años con requerimientos formales a que se lleve a efecto.

“No vamos a dejar que sobre un edificio tan importante de la ciudad el Ayuntamiento no tenga nada que decir porque no nos están dando lo que nos deben”.

Ha precisado que la parte municipal corresponden a calles y parcelas de una parte del edificio viejo, otra del nuevo y otras de la ampliación que hace inviable el proyecto del Gobierno de Aragón de ubicar el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), por lo que hay que llegar a un acuerdo.

Propiedad de la ciudad

En 2016 el Gobierno de ZeC descubrió que una parte de los juzgados son de la ciudad porque en 1956 se cedieron al Estado y luego pasaron a la Comunidad autónoma, tres propiedades de unos 3.000 metros cuadrados en total para uso de juzgados y por un tiempo de durante 30 años. Cesión que se renovó en 1986 por el mismo periodo.

Antes de vencer ese plazo los edificios dejaron de prestar ese uso y se tienen que entregar al Ayuntamiento de Zaragoza. Se inicia el proceso de negociación en febrero de 2016 para entregar las partes que son municipales, pero desde el Gobierno de Aragón no hay contestación y se requiere en mayo de 2017 con una mesa de negociación y se llega a un acuerdo, que se ha incumplido, según han apuntado desde el Consistorio.

El último hito se produce en el debate sobre el Estado de la Ciudad con una resolución aprobada por la mayoría del pleno que dice que si, en el plazo de tres meses, no se ha logrado la reversión de los juzgados que se inicie la vía judicial para su reclamación.

Un mes de plazo

“Hemos dado la última oportunidad y si en 30 días no hay acuerdo se acudirá a los juzgados par reivindicar esa parte. La mano sigue tendida pero tiene el plazo de un mes”, ha manifestado el consejero municipal de Urbanismo.

Pablo Muñoz ha expuesto que el acuerdo pasa porque el Ayuntamiento renuncia a parte de la propiedad original de los inmueble y obtiene el uso del 55 por ciento del edificio principal que da a la plaza del Pilar. En concreto, sería una superficie de 4.768 metros y la utilización conjunta de la planta baja de la ampliación del edificio con sala comunes de 1.145 metros cuidaros e incluye los gastos y la rehabilitación conjunta. “Es un proyecto lógico y ecuánime para gestionar el principal edificio de la principal plaza del ciudad, pero la DGA lo ha desoído”, ha agregado.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se considera que sería un buen espacio para usos asociativos y es “perfecto” como sede de asociaciones vecinales, ecologistas y de la FAMP, además de albergar un espacio parecido a un centro cívico. “Es perfectamente compatible con el uso solo de mañanas del Gobierno de Aragón como sede del IASS”, ha apostillado Muñoz.

La oposición descarta la operación asfalto y cambia el destino de los 8,6 millones de remanente municipal

Los grupos de oposición municipal en bloque (PP, PSOE, Cs y CHA) han modificado el destino previsto por el gobierno de ZeC de los 8.6 millones de remanente del presupuesto de 2017 y han eliminado la operación asfalto, obras menores en la vía pública y modificado la compra de coches para la Policía Local previstos por la plataforma gobernante. A cambio, se mejorará el alumbrado de parques, se arreglará el entorno y accesos de La Romareda, se eliminarán barreras arquitectónicas, se actuará en caminos de barrios rurales y se comprarán autobuses eléctricos.

La oposición ha justificado estos cambios por la decisión de ZeC de tomar el control de los consejos de sociedades y patronatos municipales, y no por considerar las actuaciones aprobadas más acuciantes que las propuestas por el equipo gobernante. De hecho, el grupo del PP había solicitado en reiteradas ocasiones la puesta en marcha de la operación asfalto, que ahora ha aparcado junto con el resto de grupos.

El acuerdo alcanzado por la oposición durante la sesión de la Comisión de Economía celebrada este viernes 18 de mayo, establece que el millón de euros que ZeC quería destinar a la citada operación asfalto se dediquen a mejorar el entorno y accesos del estadio municipal de La Romareda y a cambiar el sistema informático de la Policía Local.

Por otro lado, los 2,5 millones que ZeC quería dedicar a actuaciones en parques y jardines se invertirán en eliminar barreras arquitectónicas, actuaciones en los caminos de barrios rurales afectados por la riada, a habilitar parques intergeneracionales, a vehículos de protección civil y a la recuperación de riberas.

Compra de buses polémica

Asimismo, la oposición, que desde hace semanas viene bloqueando proyectos de ZeC, ha acordado destinar los tres millones de euros que el Gobierno de Santisteve planteaba invertir en obras menores en la vía pública a reformar también el entorno y los accesos de La Romareda y a la adquisición de autobuses eléctricos, si bien en este punto el concejal de Economía, Fernando Rivarés (ZeC), ha planteado algunas dudas, ya que cree que la compra de autobuses “corresponde a la contrata adjudicataria”. Es por ello que teme que se pierda ese dinero, aunque el propio interventor lo ha negado.

Otra de las modificaciones aprobada por la oposición no requiere eliminar la cuantía económica, sino la denominación. Es decir, que los 700.000 euros para comprar vehículos para la Policía Local se dediquen a vehículos no contaminantes.

Respecto al millón de euros para actuaciones en alumbrado público que proponía ZeC, la oposición ha acordado dividir la cuantía en dos bloques: 600.000 euros a iluminación led en la calle de Cortes de Aragón y destinar los 400.000 euros restantes a iluminación en los parques José Antonio Labordeta, Torre Ramona y Tío Jorge.

El equipo de gobierno ha aceptado algunas de las propuestas pero otras se han aprobado sin su visto bueno.

Acuerdo frustrado

Rivarés ha asegurado que le habría gustado llegar a un acuerdo con la oposición. De hecho afirma que llamó a Partido Socialista y Chunta Aragonesista “hasta en cinco ocasiones” pero no le cogieron el teléfono.

Los grupos se escudan en “el golpe del 9-F”, cuando ZeC tomó el control de las sociedades municipales reduciendo la presencia de la oposición, pero Rivarés cree que este debate “debería de quedar fuera del remanente”.

El portavoz municipal del Partido Popular, Jorge Azcón, cree que la propuesta de ZeC era “mala, poco transparente y no decía la verdad”. Así, considera que estos votos acordados por la oposición responden a un acto de “responsabilidad”.

El socialista Javier Trívez ha asegurado que “tenemos argumentos de todo tipo para rechazar las propuestas de este Gobierno antidemocrático”.

La portavoz municipal de Ciudadanos, Sara Fernández, insiste en que su formación “seguirá defendiendo la democracia”. Reconoce que han acordado los votos porque es ZeC “quien ha decidido que no les parece bien ni lo que votamos en las sociedades ni lo que votamos en el Pleno”.

El portavoz municipal de Chunta Aragonesista, Carmelo Asensio, se ha mostrado satisfecho por poder reinvertir el remanente en inversiones para la ciudad y considera que la propuesta beneficiará a la ciudad. Sin embargo, lamenta la situación de “bloqueo” que ocasiona ZeC a quien acusa de llevar a la oposición a los tribunales “por tomar decisiones políticas”.

ZeC acusa al Real Zaragoza de querer arreglar La Romareda con dinero público

Zaragoza en Común ha salido al paso de la publicación de un escrito por parte de la Fundación Zaragoza 2032, dueña del Real Zaragoza, en el que se acusaba al actual Gobierno municipal de haber paralizado una operación, avalada por la anterior Corporación, para remodelar La Romareda. ZeC ha replicado mediante la publicación de otro comunicado en el que se precisa que el acuerdo suponía conceder el estadio sin concurso alguno durante 75 años a la entidad privada que regenta ahora el Real Zaragoza y que además el Ayuntamiento asumiera de forma íntegra la financiación de la reforma del campo de fútbol.

Nuevo capítulo a las disputas entre el Real Zaragoza y el Ayuntamiento por el caso Romareda. Este sábado, los patronos de la Fundación Zaragoza 2032, dueña del club, publicaban un comunicado en el que acusaban a ZeC de “aniquilar” un proyecto, aprobado por 29 concejales, para la reforma del estadio.

“Se negoció, y se obtuvo, un potente patrocinio que adelantaba cinco años de pago: así podía reducirse drásticamente la deuda y, por ende, invertir en el equipo. El cambio de gobierno municipal ha aniquilado esta solución; y, acto seguido, otra más, presentada por un solvente grupo hospitalario”, sostiene el comunicado de la Fundación.

Respuesta de ZeC

El equipo de gobierno no se quedó de brazos cruzados e, instantes después, emitió otro escrito en su página web en el que defendía que esta operación “hipotecaba para 75 años la acción del siguiente gobierno sin mediar debate alguno” y que el club pretendía que la reforma se realizara con dinero público.

“Lo más grave es que esa solución a los problemas económicos de la sociedad anónima deportiva se hacía a costa de las arcas públicas y de los impuestos de zaragozanos, ya que, según se establecía en la concesión administrativa, la reforma del estadio a la que se vinculaba la cesión la tenía que asumir íntegramente el erario municipal”, argumenta el escrito de Zaragoza en Común.

Zaragoza en Común añade que no ha cejado en buscar una solución a este asunto. “Las primeras estimaciones a trazo grueso realizadas por técnicos municipales hablan de que podrían ser necesarios unos 35-40 millones de euros” para la reforma del estadio, asegura en su escrito.

Alternativas

Para afrontar el proyectio ZeC plantea dos opciones: “Implicar a otros agentes para que aportaran financiación al proyecto: Gobierno de Aragón, DPZ, Federación Española de Fútbol” o “conseguir un inversor privado que a cambio de la parcela de terciario anexa al estadio llevase a cabo la remodelación”.

En este sentido, los patronos hacen mención al interés de un grupo hospitalario de adquirir esa parcela, mientras que el escrito del ZeC puntualiza que “la propia sociedad manifestó de manera verbal la cifra máxima a la que estaba dispuesto a adquirir el inmueble, siendo muy inferior a la cuantía necesaria para llevar a cabo la reforma integral”.

Finalmente, el escrito de ZeC plantea como otra solución “la búsqueda de una empresa que financie una parte importante de la reforma a través de una operación de naming y que el Ayuntamiento, a través de la venta de la parcela de terciario anexa, adelantase el resto, pagando el Real Zaragoza un canon anual que permita recuperar al Ayuntamiento el coste de la reforma de manera que la reforma no costase un céntimo a las arcas municipales”.

Asimismo, ZeC indica que los problemas financieros del Real Zaragoza podrían solventarse si supera su crisis deportiva, por lo que sugiere a los dueños del club que centren sus esfuerzos en ser “capaces de articular un proyecto deportivo serio para ascender a Primera División en una o dos temporadas”.

La DGA sólo reconoce 7,9 millones de los 39,5 que reclama el Ayuntamiento por el tranvía

El conflicto entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza por la deuda del tranvía se encona. Ambas instituciones mantienen serias diferencias por la cuantía que la DGA debería abonar al Consistorio y el concejal de Economía, Fernando Rivarés, no descarta acudir a los tribunales. Por su parte, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico solo reconoce 7,9 millones de los 39,5 millones que reclama el Ayuntamiento de Zaragoza del convenio del tranvía suscrito en 2009.

Soro ha relatado que tras el convenio de 2009 y a la vista de subvenciones del Fondo Local se han analizado si las cantidades reclamadas se puede deducir al convenio y “todo está sujeto a revisión y discusión”, ha recalcado.

Tras una reunión de la comisión de deudas entre ambas instituciones que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Zaragoza, el titular de Vertebración del Territorio ha detallado que el pasado mes de marzo el Ayuntamiento remitió las facturas del abono de 354 millones y que el compromiso del convenio recoge que se financia un 17 por ciento por cada institución y tras una revisión “exhaustiva” de deduce que “hay 192 millones que responden a cuantías subvencionables y otros 162 millones que no entran en convenio”.

José Luis Soro ha añadido que “si se parte de 192 millones reconocidos, el 17 por ciento que correspondería a la DGA son 32 millones y se han pagado 24 millones y la liquidación que procede son de 7,9 millones”, ha resumido.

A esto ha añadido que el Consistorio zaragozano reclama algunas “claramente fuera del convenio”, como el material móvil por 3 millones de euros, que en el convenio “no se contempla o los 8 millones por terrenos de los que 4 millones corresponden a los talleres del Actur y cedidos gratuitamente por la DGA”, entre otros.

Soro (segundo por la izda) y junto a él, Rivarés, charlan con concejales de CHA tras la reunión de este lunes. Foto: Europa Press

Auditoría

Por su parte, el consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha confiado en disponer esta primera quincena de julio de la auditoría externa sobre las obras de la línea 1 del tranvía para reunirse con el Gobierno de Aragón y analizar detalladamente las cuantías que se adeudan.

“Los convenios están para cumplirse y este deriva de un acuerdo con la DGA que se empeña en liquidar, sin que nadie lo pida, en 7,9 millones de euros porque no incluye los trenes y en una obra en la que circula un tranvía, que alguien me lo explique”, ha reclamado Rivarés, tras reunirse con el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro.

En declaraciones a los medios de comunicación, Rivarés ha señalado que la liquidación del Gobierno de Aragón en 7,9 millones de euros “es un calco de una que envió hace meses”, para justificar su rechazo porque hasta que no esté la auditoría sobre el coste financiero del tranvía “no hay nada que decir sobre una liquidación que nadie pide”.

Tribunales

Sobre la próxima reunión del miércoles DGA-Ayuntamiento ha avanzado que “no hay nada que decir” porque está a la espera de la auditoria, que es un informe “independiente de lo costes reales del tranvía y hasta que no esté no hay nada que aportar a una discusión poco seria”.

Rivarés ha aplaudido que Soro haya dicho que es una discusión política en la que “siempre cabe la negociación” y ha advertido de que no rechaza aunque no le guste nada “acudir a los tribunales”.

Ha aclarado que la vía judicial “no interesa a nadie porque serían cinco años hasta que diga un tribunal qué pasa sobre un convenio de 2009”, ha resumido.