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La DGA impulsa un plan para intentar dar empleo a 2.000 mujeres

Lograr la inserción laboral de 500 mujeres es el reto mínimo marcado para el programa “Preparadas para el empleo”, una apuesta del Gobierno de Aragón, CEOE, Cepyme, UGT y CCOO con la que se espera atender, de forma individualizada, al menos a 2.000 participantes. Por tanto, el propósito es conseguir, como mínimo, la inserción laboral del 25 por ciento de las mujeres que se prevé atender por medio de este programa, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre con una dotación de 4,8 millones y cuyo desarrollo se extenderá hasta mayo de 2020.

La consejera de Economía, Marta Gastón, ha explicado este jueves 10 de enero los objetivos de esta iniciativa acompañada por los presidentes en Aragón de CEOE y Cepyme, Fernando Callizo y Aurelio López de Hita, y los líderes de UGT y CCOO, Daniel Alastuey y Manuel Pina, quienes han coincidido en la conveniencia de poner en marcha un programa específico para la inserción laboral de la mujer dado el éxito que han tenido otros planes dirigidos a colectivos concretos, como el de parados de larga duración.

Según Gastón, se trata de un plan novedoso que marcará la “diferencia” en una apuesta firme por el avance de la igualdad y no discriminación de la mujer en el empleo y la formación, que ha contado en su diseño con la participación de los agentes sociales y que incluye un trato personalizado con itinerarios propios para cada una de ellas.

Mayor paro en las mujeres

La necesidad de una iniciativa de este tipo es “clara”, ha apuntado Gastón, dada la “brecha” de género que evidencian las cifras de paro en esta fase de recuperación de la economía.

Así, ha advertido de que el paro registrado en general desde el inicio de la legislatura, en julio de 2015, se ha reducido un 27,9 %, pero lo ha hecho de forma más acusada entre los hombres (con una caída del 33,8 %) que entre las mujeres (el 23,1 %).

La consejera ha resaltado además que la “brecha” de género entre los desempleados ha crecido, ya que al inicio del mandato era de 10,8 puntos (del total de parados, el 44,6 % eran hombres y el 55,4 % mujeres) y ahora se eleva a 18,2 puntos (el 59,1 % mujeres y el 40,9 % hombres).

“Conforme se recupera la economía asciende la brecha” y ante esa situación y la precariedad laboral que afecta a las mujeres “no podíamos quedarnos de brazos cruzados”, ha aseverado la consejera, quien ha destacado la participación de los agentes sociales como aliados perfectos por su conocimiento del mercado laboral.

El programa está destinado a mujeres desempleadas inscritas en el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), mayores de 30 años y con necesidades de cualificación o recualificación formativa o profesional.

Atención especial

Las mujeres que viven en el medio rural, las que hayan sufrido violencia machista o las que tengan reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33 por ciento tendrán una atención especial y no se les exigirá que cumplan el requisitos de edad ni la necesidad de cualificación o recualificación.

Las participantes en el programa dispondrán de incentivos económicos “casi testimoniales”, ha explicado Gastón, además de por desplazamientos (aunque el objetivo es que sean los menores posibles), serán 200 euros para las que tengan responsabilidades familiares, de hasta 200 para las que realicen programas de formación y de hasta 375 euros para las que se inserten en el mercado laboral.

Según los cálculos del programa, se atenderá a un mínimo de 400 mujeres que vivan en el medio rural de acuerdo con las necesidades que detenten el Inaem.

Además, se llevará a cabo una prospección con empresas para lograr el máximo número de inserciones laborales posibles y desarrollar nuevas estrategias futuras, y la meta es que participen al menos 400.

El Plan de Vivienda podría contar con 7 millones de subvención directa de la Unión Europea

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha confiado en que el Plan de Vivienda 2018-23 pueda lograr una subvención directa del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 7 millones de euros del programa ELENA (European Local Energy Assistance) para cubrir los costes de elaboración de los proyectos de obra.

El programa ELENA es una línea de ayudas a entes locales y regionales para atraer financiación destinada a proyectos en materia de energía sostenible.

Para poder optar a ELENA el ente local tiene que presentar un proyecto que supere los 50 millones de euros y se subvenciona el 90 por ciento de los costes de desarrollo de proyectos de obra, auditorías iniciales, asistencia técnica para todos los procesos de licitación y traducción de documentos.

De esta forma el Consistorio zaragozano se ahorraría esta cuantía, y además está a la espera de la confirmación definitiva de que el 50 por ciento de este Plan de vivienda, que asciende a 72 millones de euros, cuente con financiación del BEI y que, previsiblemente, el organismo europeo lo anunciará en el tercer trimestre del año.

Será entonces cuando el alcalde llevará al pleno el plan para su debate y votación por todos los grupos municipales, de los que ha asegurado que “desde hace meses están al corriente de este plan”.

Punto de inflexión

El Plan de Inversiones en Vivienda 2018-23 contempla la construcción de 308 viviendas nuevas que se destinarán a alquiler social y se propone rehabilitar 842 inmuebles del parque público.

Santisteve se ha mostrado convencido de que este Plan marcará un antes y un después en la ciudad porque desde hace 25 años “no se hacía algo como esto y además se introduce la rehabilitación, en casi un 50 por ciento, del parque público de vivienda”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Santisteve ha aseverado que este plan “influirá en el tejido empresarial y Zaragoza será puntera en cumplir con la normativa de la edificabilidad ambiental, además de dinamizar este sector”.

Apoyo empresarial

El alcalde y el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, se han reunido este martes con la Junta Directiva de la Asociación de Constructores Contratistas de Obras de Zaragoza, encabezados por su presidente, Juan Carlos Bandrés, quien ha señalado que este plan es una “gran y deseable noticia” y ha mostrado su respaldo a iniciativas como esta y con el deseo de que “vayan en aumento”.

Bandrés ha enfatizado que este plan “tiene dimensión nacional” y ha animado a darle publicidad en el conjunto de España dadas las cifras de edificación y rehabilitación que maneja.

“Somos un sector que apuesta por la mejora de la calidad del trabajo porque ahora se exige una reestructuración de las empresa y estamos predispuestos a colaborar en esta iniciativa, que es más grande de lo que podamos percibir en este momento”.

Juan Carlos Bandrés ha precisado que los 1.300 empleos que inicialmente generaría este plan “podrían ser muchos más” para apostillar que de los 72 millones de inversión previstos al sector le afectarían unos 52 millones. “Es una cifra muy importante y dinamizadora de un sector que necesita impulso”, ha apostillado Bandrés.

Las casas rurales se clasificarán por espigas hasta cinco categorías

Los alojamientos rurales de Aragón se clasificarán por espigas, con un número de hasta cinco, en lugar de en las dos categorías de básica y superior, según recoge el nuevo Decreto de Reglamento de Casas Rurales que hoy se ha analizado en el Consejo Territorial de Turismo y donde se ha alcanzado un consejo “altísimo”.

Así lo ha manifestado el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de Aragón, José Luis Soro, a los medios tras la reunión que se ha celebrado hoy con el objetivo de avanzar en la tramitación previa a la aprobación de esta norma “cuanto antes”, ya que contribuye potenciar el turismo rural como “un elemento de vertebración territorial fundamental”, ha subrayado Soro.

Ha informado de que aquellas casas rurales que poseen una categoría básica recibirán una espiga, mientras que las de categoría superior se clasificarán con tres espigas. Asimismo, ha explicado que aquellas que deseen tener una categoría superior y cumplan los requisitos pertinentes, podrán pedirlo a las comarcas.

El consejero también ha señalado al respecto que algunos requisitos que se fijaron en un primer borrador para obtener la categoría de cuatro o cinco espigas se han eliminado, como que haya bidé o el servicio almohadas a la carta.

Accesibilidad

El nuevo Decreto establece un sistema que “garantiza la accesibilidad universal del turismo y los derechos de las personas con discapacidad”, al mismo tiempo que “es sensible con la realidad de las casas rurales de Aragón”, ha apuntado el consejero.

De esta forma, las casas rurales que tengan una superficie útil no accesible de más de 200 metros cuadrados deberán tener, entre otras cosas, un ascensor. Dentro de esta premisa se excluyen aquellos alojamientos que tengan una habitación accesible en la planta baja, según ha destacado Soro.

Una constante de las casas rurales ha sido la de incrementar el número de habitantes máximo para que se pueda ubicar una casa rural. De esta forma, el nuevo borrador contempla que podrán estar ubicadas en asentamientos de 2.000 habitantes en lugar de 1.000 habitantes como se recogía en un principio.

El consejero ha aclarado que las 1.556 casas rurales que hay actualmente inscritas en el registro de Aragón no van a tener que cumplir los requisitos del nuevo Decreto porque “no tiene carácter retroactivo”.

Por su parte, algunos responsables comarcales como la vicepresidenta de la Comarca del Bajo Aragón, Ana Belén Andreu; la técnica de la Comarca del Aranda, Mariser Gascón, y el presidente de la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe, José Luis Bergua, se han mostrado “satisfechos” y han agradecido el trabajo desarrollado desde el Gobierno de Aragón, pues “han tenido en cuenta muchas de las alegaciones que se presentaron”.

Asimismo, han destacado la necesidad de facilitar las cosas en el medio rural para favorecer los asentamientos allí y combatir la despoblación.

El Tribunal de Contratos avala las cláusulas sociales en el concurso de Parques y Jardines

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Albero Cubero, ha aplaudido el fallo del Tribunal Administrativos de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) sobre las cláusulas sociales de los pliegos de la contrata de parques y jardines porque es “un aval” para los trabajadores y un “varapalo” a la patronal del sector, la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (ASEJA) que lo recurrió.

En su fallo, el TACPA avala todas y cada una de las cláusulas sociales que introdujo el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) en los pliegos de condiciones en los que se “garantizan unas condiciones laborales dignas, con un servicio de mayor calidad, se introducen criterios medioambientales en la ejecución del contrato. Impide la minoración de las condiciones laborales, se recoge el plan de igualdad, un bolsa de trabajo, y se multiplican por diez las sanciones mas graves” ha enumerado Cubero.

El Gobierno de Zaragoza ha recibido el fallo del TACPA el pasado miércoles, 28 de marzo, y es la respuesta al recurso presentado por Aseja el pasado 15 de enero al pliego de condiciones de la contrata de parques y jardines aprobada por el Gobierno de la ciudad el 13 de diciembre de 2017, que incluye “cláusulas sociales pioneras en nuestro país, reconocida por observatorios”, ha enfatizado.

Pérdida de tiempo

En rueda de prensa, Cubero ha trasladado su agradecimiento a quienes han redactado los pliegos y también a los trabajadores que se presentaron como interesados en el proceso.

“Estamos enormemente orgullosos del pliego, que supone un varapalo para la patronal, porque su objetivo era precarizar las condiciones laborales de los trabajadores. Hoy los tribunales nos dan la razón a los trabajadores”, ha sentenciado.

Cubero ha lamentado que este proceso ha supuesto “perder” cuatro meses de tramitación y conlleva que se tendrá que volver a sacar a concurso con todas las cláusulas sociales “avaladas” y se adjudicará, previsiblemente a finales de este año frente a la vuelta del verano que era la previsión inicial.

Ha asegurado que ese retraso no supone un coste económico para el Ayuntamiento “más allá de la precariedad por el recurso inútil de la patronal. Asimismo, el plan de poda no se hará hasta que se adjudique el contrato.

Más cláusulas sociales

Cubero ha reconocido que Aseja puede recurrir por la vía judicial ordinaria ante el TSJA este fallo del TACPA, pero ha estimado que “sería una irresponsabilidad supina cuando le han dado este varapalo desde el TACPA y demostraría que la patronal se encuentra mejor en una situación contractual de precariedad y sin cláusulas sociales a cumplir porque su objetivo es solo tener beneficios”, ha criticado.

Por ello, ha apelado a la responsabilidad del sector tras es “varapalo” del TAPCA y que “deje funcionar al servicio de contratación para sacar a concurso el pliego”. Asimismo, ha anunciado que ante las próximas contratas a sacar a concurso estudiarán el decálogo de cláusulas sociales tipo para aplicar a todos los contratos.

El fallo del TACPA y la nueva Ley de contratos del sector público dibujan un escenario en el que las cláusulas sociales son realidad que han venido para quedarse, ha expresado para apostillar que el Gobierno municipal seguirá introduciendo cláusulas sociales dado este nuevo escenario. “No descartamos que se haga un decreto de cláusulas sociales que se podría llamar decreto de parques y jardines”, ha ironizado.

Satisfacción del comité de empresa

El comité de empresa de FCC parques y jardines ha calificado de “histórico” para los trabajadores de las contratas de Zaragoza el fallo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) que avala jurídicamente las cláusulas sociales y laborales del pliego de esta contrata, que supone un “mazazo” a las “pretensiones de recortes” de la patronal y a las políticas que han venido ejecutando los gobiernos municipales anteriores.

El comité de empresa ha señalado que el TACPA “ha dado la razón” a las alegaciones del comité de empresa y ha considerado que estas cláusulas “se ajustan a derecho”.

El TACPA ha dado el visto bueno a una batería de cláusulas como “la obligación de mantener el empleo y las condiciones laborales, abonar puntualmente los salarios, prohibición de despidos, incorporación de la mujer, planes de igualdad y de acoso laboral y sexual, planes de vigilancia de la salud y evaluación de riesgos laborales; así como puntuar en la licitación las ofertas de formación continua de las y los trabajadores, el compromiso de integrar la plantilla con personal indefinido, la creación de una bolsa de trabajo y medidas de conciliación familiar”, entre otras que han enumerado.

Los empresarios recurren ante el Tribunal de Contratos el pliego del concurso para Parques y Jardines

La gestión del servicio municipal de Parques y Jardines auspiciada por ZeC ha vuelto a sufrir un nuevo revés con el anuncio por parte de la patronal española del ramo de la presentación de un recurso judicial contra el pliego de condiciones elaborado por la Concejalía de Servicios Públicos y Personal para sacar a concurso la actividad en la zona de la margen derecha del Ebro, que ahora presta la empresa FCC (en la margen izquierda lo cubre Umbrela). El recurso se opone a buena parte de las condiciones laborales y sociales que el equipo de gobierno de ZeC pretende requerir a la empresa que vaya a cubrir el servicio, además de a una larga serie de condiciones técnicas y económicas de la futura contrata.

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero (ZeC), vuelve a enfrentarse a un severo obstáculo frente sus pretensiones de modificar las condiciones en la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de zonas verdes, tras descartar el interventor del Ayuntamiento la municipalización de dicha actividad impulsada por el citado concejal.

Cubero ha explicado que el pasado viernes 12 de enero el Ayuntamiento recibió un preaviso por parte de Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (Aseja), a la que pertenece FCC, de que iba a presentar un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) contra el pliego de condiciones de la futura contrata (la actual venció en 31 de diciembre) elaborado por el Ayuntamiento zaragozano. El plazo para presentar el referido recurso concluye este martes 16 de enero, pero Cubero da por hecho que los empresarios trasladarán su acción al tribunal.

El concejal ha explicado que el recurso afecta a 22 cláusulas del pliego de condiciones para la futura contrata de mantenimiento y limpieza de zonas verdes de la ciudad, 18 de las cuales son de carácter administrativo y cuatro de carácter técnico.

Entre las condiciones recurridas figura el precio de la contrata o la no división de la misma por bloques.

Contra los requisitos laborales y sociales

Entre éstas últimas el concejal ha destacado que la patronal de parques y jardines se mostraba contraria a la obligación establecida en el pliego de que la empresa concesionaria asuma y ponga en práctica un plan de conciliación familiar entre la plantilla de la empresa. “Estas empresas se gastan millones en marketing diciendo que defienden la conciliación, pero a la hora de la verdad la recurren”, ha apostillado Cubero.

También consideran los empresarios que es inasumible el compromiso de crear una bolsa de empleo para cubrir los puestos de la plantilla, un requisito que a juicio del concejal pretende “garantizar la objetividad en la contratación, evitando favoritismos a familiares y amigos”.

El recurso se opone igualmente a la obligación empresarial de tener que contratar de forma indefinida a la práctica totalidad de la plantilla. “Ya lo es en la actualidad”, ha precisado Cubero, “entonces, ¿qué pretenden? ¿que la plantilla se transforme en eventual?”

La condición de no minorar las actuales condiciones de la plantilla de Parques y Jardines también ha sido recurrida por la asociación empresarial, así como las sanciones contempladas en el pliego. “Les parece desproporcionado establecer una sanción máxima de 300.000 euros en una contrata de 43 millones, cuando lo que son escandalosos son los baremos actuales, que contienen una sanción máxima de 3.000 euros”, ha dicho en tono indignado Cubero, a lo que ha añadido que “parece que quieren seguir incumpliendo los pliegos”.

Contra la contratación pública responsable

Cubero considera que la reacción de la patronal es “contra la contratación pública responsable, contra las mejoras laborales y sociales de los trabajadores y contra los compromisos ambientales”, y ha subrayado el hecho de que entre las empresas recurrentes se encuentre Ferrovial, recientemente condenada por soborno en el ‘caso Palau’ que implicaba en Cataluña también a políticos de la extinta CiU. “Empresas condenadas por corrupción ahora van en contra de las mejoras laborales y medioambientales”, ha sentenciado el concejal.

El representante de ZeC ha indicado que reacciones como ésta “explican por qué defendemos la municipalización de los servicios públicos que bloquean PP, PSOE y C’s, defendiendo a estas empresas que corrompen a políticos”.

Ante esta situación, Cubero considera que “si no podemos municipalizar ni tampoco aplicar una contratación responsable, entregamos las llaves del Ayuntamiento y que gobiernen ellos”.

Mantener los requisitos

Pese a ese signo de impotencia, Cubero se ha mostrado resuelto a mantener las condiciones requeridas por el gobierno municipal en el pliego de condiciones, “porque están totalmente avaladas por responsables técnicos y jurídicos del Ayuntamiento”. Su defensa se desarrollará ante el TACPA y “también en la calle, junto con la plantilla de FCC”, ha asegurado el edil.

Tras la presentación este martes del recurso empresarial, se abre un plazo de 15 días para que el Ayuntamiento presente sus alegaciones y a continuación el tribunal podría imponer una suspensión cautelar del concurso hasta que tome una decisión definitiva al respecto.

Cubero ha indicado que en ciudades como Madrid también se recurrió ante el tribunal de contratos y ante la jurisdicción administrativa un pliego de condiciones con cláusulas sociales similar al ahora impulsado en Zaragoza y los jueces rechazaron los recursos, según Cubero, quien espera una sentencia aquí en los mismos términos.

El concejal ha insistido en que el servicio, que en la actualidad se presta mediante la fórmula de reconocimiento de obligaciones (FCC pasa facturas al Ayuntamiento por el coste del servicio ya que ha concluido la contrata y ésta no se ha prorrogado), se está prestando con normalidad desde el 1 de enero y que el recurso empresarial al futuro concurso no va a afectar a las labores cotidianas en los parques y jardines de la ciudad.

La empresa no informa

En relación con esto mismo, Cubero ha informado de que, “pese a que se lo hemos pedido hace un mes”, la empresa FCC no ha remitido todavía al Ayuntamiento el cálculo de los costes de los trabajos, “siendo que los realiza desde hace cuatro años y no creo que tenga muchas dificultades para cuantificarlos”.

El concejal ha sentenciado con sorna que FCC “no ha tenido tiempo de calcular la certificación porque estaba preparando el recurso contra el pliego”, una acción que ha cogido por sorpresa al Ayuntamiento puesto que la empresa “en ningún momento nos advirtió de que iba a acudir a los tribunales contra las condiciones de la futura contrata, que les habíamos comunicado hace tiempo de forma verbal”.

Cubero, que a lo largo de la legislatura ha impuesto decenas de sanciones a FCC por incumplimientos en la contrata de Parques y Jardines, no duda de que esta empresa tiene intención de presentarse de nuevo al concurso “y por eso intenta flexibilizar las condiciones a través del recurso de la patronal a la que pertenece”, una iniciativa que a su entender ha sido promovida por la propia FCC.

Universidad y Ayuntamiento forman futuros empresarios de economía social

Unos 60 alumnos de la Facultad de Economía y Empresa se están formando con una asignatura específica en el conocimiento e impulso de la economía social y solidaria. Otros 20-25 alumnos participan también en esta iniciativa desarrollada por la Universidad de Zaragoza en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, que aporta 60.000 de los 75.000 euros con que cuenta el proyecto, con el se que busca formar emprendedores que pongan en marcha empresas alineadas en este tipo de economía alternativa.

El germen de este ambicioso proyecto se encuentra en la Facultad de Economía y Empresa, pero el objetivo de las instituciones implicadas es que el espíritu emprendedor se extienda por todos los ámbitos de la universidad pública zaragozana y desde ahí a la sociedad.

Así lo han explicado la concejala de Educación e Inclusión, Arantza Gracia, y la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza, quienes han subrayado que el proyecto iniciado el pasado mes de septiembre es “pionero” y pretende continuar en próximos cursos.

La edil ha insistido en que el modelo económico actual es “insostenible en lo medioambiental y en lo social, por eso debemos impulsar otras alternativas que parten del concepto de solidaridad”, a las que ha calificado como viables desde el punto de vista social y económico.

La vicerrectora ha explicado que la Universidad comparte ese criterio: “se trata de investigar y de aplicar esa investigación en el desarrollo de proyectos de economía transformadora”.

Tres niveles de actuación

Pilar Zaragoza ha explicado que la formación de los alumnos se realiza a tres niveles. Por un lado, generando un espacio de trabajo colectivo, donde se está desarrollando una nueva empresa de inserción en Zaragoza centrada en el sector de la limpieza y que espera generar entre 3 y 7 puestos de trabajo a lo largo del próximo año.

En ese mismo ámbito, un grupo de docentes está desarrollando un proceso de consultoría formativa en colaboración con la fundación Adunare para que alumnos universitarios expliquen los conceptos de la economía social y solidaria en ámbitos fuera de la universidad.

Además, se ha instaurado un premio para reconocer las iniciativas de economía social surgidas desde la comunidad universitaria. Los proyectos propuestos han ido enviando vídeos explicativos a una dirección de Facebook y los premios se entregarán este miércoles 20 de diciembre.

El segundo ámbito del proyecto es el de la investigación colectiva, para elaborar un directorio de entidades de economía social y un estudio del emprendimiento cooperativo en Zaragoza.

El tercer espacio es el de participación de la comunidad universitaria, que pretende promocionar el consumo responsable en el ámbito universitario, donde se está realizando una encuesta de consumo responsable entre la comunidad universitaria, se ha celebrado un encuentro estatal universitario y se está ultimando una iniciativa para difundir la economía social en centros educativos de Secundaria y Bachillerato.

Complemento docente

La iniciativa conjunta de Ayuntamiento y Universidad para promover la economía social entre el alumnado universitario funciona en la actualidad como un complemento docente de la enseñanza reglada que reciben los estudiantes de economía y empresa.

No les proporciona créditos para su titulación futura, “los alumnos acuden por interés en aprender y porque creen en este tipo de economía”, ha indicado la vicerrectora Pilar Zaragoza, quien ha precisado que el objetivo es “darles formación en valores para que se desarrolle en esa línea empresarial el talento que se forma entre los alumnos de la institución educativa”.