Estado

Los ecologistas reclaman que el nuevo gobierno local declare el estado de emergencia climática

Más de una quincena de colectivos sociales y ecologistas han reclamado este lunes al nuevo Gobierno de Zaragoza que declare el estado local de Emergencia Climática, así como una actuación rápida y contundente para evitar “los peores escenarios indicados por la ciencia”.

Se trata de la réplica local de una iniciativa a nivel estatal para este lunes como primer día hábil de los ayuntamientos recién constituidos, ha informado Ecologistas en Acción Zaragoza (una de las organizaciones firmantes) en un comunicado.

Esta emergencia climática, según los proponentes, requiere también de compromisos reales y vinculantes mucho más ambiciosos que los actuales para hacer frente a las emisiones de gases de efecto invernadero o la pérdida de biodiversidad, que puede ocasionar un “colapso” de todos los sistemas naturales, incluido el humano.

Medidas propuestas

Reducir a cero las emisiones netas de carbono de manera “urgente y prioritaria”, frenar las nuevas infraestructuras de combustible fósil, la reducción de los niveles de consumo y transporte o un cambio en el modelo energético son algunas de las medidas que proponen para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados.

En el caso de la capital aragonesa, esto pasa por reflejar todas estas propuestas en la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza (ECAZ 3.0).

A la iniciativa se han adherido Amigos de la Tierra Aragón, la Asociación Naturalista de Aragón (Ansar), la Asociación de Cultura Popular Alborada, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Aragón, Colectivo Patatús, Ecologistas en Acción Zaragoza, Extinction Rebellion Zaragoza, Fondo Natural, Frente Cívico Cinco Villas y Fridays for Future Zaragoza.

Así como la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, Greenpeace Zaragoza, Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura, Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica, Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), Viaje a la Sostenibilidad y WWF Zaragoza.

Hacienda cifra ahora en 189 millones la deuda del tranvía y condiciona presupuesto municipal

Una nueva carta del Ministerio de Hacienda establece que Zaragoza debe abonar 189 millones de euros por la deuda del tranvía y no los 84 millones que corresponden a la subvención del billete, como así trasladó el Ministerio el pasado 8 de noviembre. Si esto se hace firme, impediría al Ayuntamiento recurrir a préstamos externos para realizar inversiones y por tanto pondría en entredicho todo el proyecto de presupuesto municipal elaborado por ZeC.

El consejero de Economía y Hacienda, Fernando Rivarés, ya ha anunciado que de confirmarse la postura estatal tomarían otras medidas, como elaborar un plan de reducción de deuda.

En la reunión del 8 de noviembre, el Ministerio y la Intervención, tal y como ha recordado Rivarés, acordaron que “en todo caso” la parte de la deuda que habría que imputar al Ayuntamiento sería “la parte de riesgo que asume el Consistorio”, que es el 20% de su participación en la Sociedad Mixta Los Tranvías de Zaragoza y que es “exactamente la subvención del billete”. Ahora, la misiva de la Subdirección General de Relaciones Financieras de las Entidades Locales sostiene lo contrario.

Nueva reunión

Rivarés ya ha pedido una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para aclarar esta carta que comprometería a Zaragoza durante los próximos 23 años que quedan de contrato de tranvía, así como todos los proyectos de inversión, valorados en su conjunto en más de 20 millones de euros, porque todos requieren de financiación externa. Sería así, al menos, hasta que se aprobara el plan de reducción de la deuda al que tendría que recurrir el Gobierno de Zaragoza.

“Ni siquiera el ministro Montoro, del PP, trató de esta manera a los zaragozanos”, ha sentenciado Rivarés, quien no se explica que el Ministerio “incumpla su palabra y no esté dando por buena la cifra que debe computar como deuda según los técnicos de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento, tal y como dijo el propio subdirector general que haría en noviembre”.

El consejero tiene claro que esta decisión responde únicamente a criterios políticos y que obedece, además, a motivos electorales del Partido Socialista. “La mentira política del Gobierno de Pedro Sánchez viene diez años después del tranvía y no entendemos nada”, ha aseverado Rivarés, quien ha hecho hincapié en que “técnicamente el trabajo y los informes son impecables y políticamente no encuentro otra explicación que no sea una decisión política de acoso y derribo”.

Sigue la tramitación del presupuesto

Según Rivarés, el PSOE de Pedro Sánchez “no soporta que en Zaragoza se hayan hecho las cosas bien y pretenden atarnos de pies y manos para que esta ciudad no avance”. Algo, ha reiterado el consejero, que “no van a conseguir”.

En este sentido, lo que también ha dejado claro Rivarés es que el gobierno de Zaragoza seguirá la tramitación del presupuesto conforme lo previsto y mantiene el objetivo de aprobar las cuentas en la comisión del 15 de marzo con el respaldo del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista.

“Cuando se tenga que acudir a los bancos para pedir financiación externa, ya se verá cómo se hace”, ha apuntado el consejero.

CHA pide una junta de portavoces

El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha solicitado una Junta de Portavoces extraordinaria y urgente presidida por el alcalde, Pedro Santisteve, para que explique el contenido de la carta enviada por el Ministerio de Hacienda, que obliga a contabilizar toda la deuda del tranvía en la contabilidad municipal, exceptuando el IVA.

“No entendemos la respuesta del Ministerio, especialmente después de las conversaciones mantenidas para que el Ayuntamiento sólo contabilice como deuda la parte que subvenciona del billete del tranvía”, ha lamentado el portavoz aragonesista tras conocer la noticia.

Carmelo Asensio ha anunciado, además, que solicitará un informe de intervención para conocer qué incidencia puede tener el dictamen en la tramitación de las cuentas para este año, que se encuentran en pleno proceso de negociación, para saber si puede seguir tramitándose.

“Nuestro objetivo fundamental sigue siendo que Zaragoza tenga Presupuesto en 2019. La ciudad no puede pararse”, ha recalcado.

El templo de San Juan de los Panetes vuelve a ser propiedad del Estado

El templo de San Juan de los Panetes pasa a ser de nuevo propiedad del Estado y no de la Iglesia católica, después de que el Ayuntamiento de Zaragoza solicitara la apertura de un expediente de investigación sobre la propiedad del inmueble, que ha finalizado con su inscripción en favor del Ministerio de Cultura.

El Estado rectifica así con este acto, con el que concluye el proceso administrativo abierto, y recupera la titularidad de uno de los numerosos edificios que la Iglesia católica inmatriculó en la capital aragonesa en los años 80 del siglo pasado.

La resolución, a la que ha tenido acceso Efe, está fechada a 16 de enero de 2019 y entró en el Ayuntamiento el pasado día 24.

En ella se indica que ya se ha producido la inscripción de San Juan de los Panetes en favor del Ministerio de Cultura en el Registro de la Propiedad número 2 de Zaragoza.

Proceso

El proceso comenzó con el acuerdo del Gobierno de Zaragoza del 31 de marzo de 2017, por el que se solicitaba a la Administración General del Estado que abriera un expediente de investigación sobre la titularidad de este templo y de la iglesia de Santiago el Mayor.

El Estado decidió renunciar a la propiedad sobre la La Seo de San Salvador, la iglesia de La Magdalena o la de Santiago, al no ser sedes vacantes.

Sin embargo, San Juan de los Panetes es un Bien de Interés Cultural con categoría de monumento desde 1933 y está incluido en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha mostrado a Efe su “satisfacción” por haber aportado luz a un “oscuro proceso” en el que los datos apuntan a hasta “30.000 y 40.000 bienes inmatriculados” a raíz de la modificación hipotecaria aprobada por el Gobierno del popular José María Aznar.

Ha asegurado que su actuación “nada ha tenido que ver con creencias religiosas”, sino que la única pretensión era esclarecer la titularidad de los templos, ya que con algunos “emblemas” del mudéjar de la ciudad había “serias lagunas”.

El Pleno municipal pide reforzar las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, por unanimidad, una moción del PSOE en la que se insta los grupos políticos con representación en las Cortes Generales a reforzar las medidas contenidas en Pacto de Estado en materia de violencia de género, con el objetivo de combatirla la visión machista de superioridad del hombre sobre la mujer.

Entre los apartados de la moción figura la repulsa del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza a “todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores”.

Asimismo, se ha aprobado rechazar cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas.

Rechazo

El último apartado recoge el rechazo a la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, “dando así cobertura a políticas irresponsables que suponen un altísimo riesgo de agravar el problema”, afirma el texto.

La defensora de esta moción, la concejal del PSOE Lola Campos, ha aportado el dato de que se han asesinado a 976 mujeres desde que se contabilizan las cifras y hay 150.000 denuncias anuales. “En este tiempo se han encendido las luces de alarma tras la irrupción de una formación que venido a poner en duda la palabra de las mujeres”, ha agregado.

Campos también ha dicho que han sido 47 las mujeres asesinadas en 2018 y esta pasado mes de enero una de las asesinadas tenía 95 años y otra 17. “Es un problema interclasista e intergeneracional que debería afectar a todos, incluso a los que solo tienen en la cabeza prejuicios y machismo”, ha opinado.

Devaluar el debate

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha abundado en que “debe ser un compromiso de todos la lucha contra la violencia de género”. “Parece mentira que hablemos de esto porque haya grupos que se cuestionen estos datos”.

Ha precisado que no se trata de ideología de género, sino de un asunto que atañe a todos y cuestionarlo “supone atacar las libertades de la mitad de la población”.

La concejal del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Cristina García, ha subrayado el compromiso de “siempre” contra la violencia machista y la protección a las víctimas de esta lacra social.

Ha recordado que con la aprobación de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género se comprometieron mil millones en cinco años y ha pedido la evaluación de los programas de dicho pacto. “Está muy bien comprometer presupuesto, pero que sea una realidad y que los 200 millones anuales sean para que cada año haya menos violencia machista”.

“No queremos extremos: ni unirnos a grupos que cuestionan la violencia de género, ni tampoco a los que no quieren la unidad de España”, ha dicho García.

Esta frase ha suscitado las críticas de la socialista Lola Campos porque es “devaluar” el debate. “Hoy estamos de mujer y del peligro que supone romper el consenso en la lucha contra el maltrato porque negociar con machistas es introducir elementos de duda”, ha sentenciado la socialista.

“Sin igualdad, no hay democracia y queremos respeto educación en igualdad y que lo conquistado no nos lo va a quitar nadie, al menos, mientras lo podamos impedir”, ha enfatizado Lola Campos.

Pacto insuficiente

La concejal de Educación e Igualdad, Arantza Gracia, ha tildado de “oportunista e insuficiente” el Pacto contra la Violencia de Género porque las 200 medidas que buscan concretar la ley “no se han puesto en marcha”.

“Es cojo y es oportunista porque a la mas mínima oportunidad se cuestionan los derechos de las mujeres para conseguir un puesto en la Junta de Andalucía”, ha apuntado.

Arantza Gracia ha advertido de que el feminismo no es una moda “es una ideología que ha venido a transformar de raíz esta sociedad que es en el fondo donde está la violencia machista; el camino lo estamos andando de la mano de muchos compañeros y a los políticos que intentan quitarnos los derechos a las mujeres no les vamos a dejar mercadear con nuestros derechos”.

La concejal del grupo municipal del PP, Patricia Cavero, ha pedido que el presupuesto que se apruebe se ejecute y ha reiterado que el PP defiende “siempre lo mismo”.

Ha recordado que el Pacto contra la violencia de género, de hace tres años, contiene 214 medidas y recogía el compromiso de más de 408 millones de euros el primer año para todo el territorio estatal.

Zaragoza y otras cuatro ciudades reclaman que el 0,25% del PIB financie el transporte urbano

Zaragoza, València, Madrid, Barcelona y A Coruña han propuesto que los Presupuestos del Estado destinen el 0,25 % del PIB (unos 2.500 millones de euros) a financiar el transporte público urbano e interurbano, a partir de criterios objetivos como número de viajeros, población o distancia recorrida.

Los concejales de Movilidad de esas cinco urbes se han reunido este jueves en València con el alcalde de esta ciudad, Joan Ribó, para impulsar una propuesta de ley de financiación de este transporte, que se llevará al Congreso en marzo por Compromís y Unidos-Podemos si el Gobierno no presenta antes una propuesta.

Estas cinco ciudades plantean la creación de un fondo estatal que financie adecuadamente el transporte de los municipios de más de 50.000 habitantes siguiendo criterios objetivos -como el número de viajes, el total de kilómetros recorridos, la cobertura y la eficiencia-, y con compromisos plurianuales.

Ese fondo debería dotarse anualmente en los Presupuestos Generales del Estado con un importe no inferior al 0,25 del PIB del año anterior (equivalente este año a 2.500 millones de euros), y se destinaría tanto a los transportes urbanos y metropolitanos como a proyectos de inversión que mejoren la movilidad.

Ribó ha explicado que València y su área metropolitana suman un millón y medio de habitantes, lo que la convierte en la tercera área de España y debería recibir las ayudas estatales en función de ello, y ha destacado que esta propuesta permitiría además hacer frente a los acuerdos para prevenir el cambio climático.

“Estamos ante una ley fundamental para València y para todas las grandes ciudades”, ha afirmado Joan Ribó, mientras que el concejal valenciano de Movilidad Urbana, Giuseppe Grezzi, ha destacado que España es el único país sin una ley de financiación estable de este transporte y con criterios objetivos.

Los concejales de Movilidad de Madrid, Inés Sabanés; de Barcelona, Mercedes Vidal; de Zaragoza, Teresa Artigas; y de A Coruña, Daniel Díaz, han reivindicado la necesidad de que se regule la financiación del servicio público de transporte colectivo urbano, lo que permitiría aumentar el número de usuarios y que esa financiación no esté sometida a “vaivenes”.

Los diputados de Unidos-Podemos Sergio Pascual y de Compromís Joan Baldoví, presentes también en la reunión, han indicado que en septiembre se aprobó en el Congreso instar al Gobierno a reunirse con las ciudades en el plazo de seis meses para crear un marco estable de financiación del transporte, y que si no cumple esa obligación registrarán esta propuesta. EFE

Zaragoza y otras cuatro ciudades impulsan una ley para financiar el transporte público

Los concejales de movilidad de las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y A Coruña se reunirán el próximo 24 de enero en la ciudad de Valencia para presentar un anteproyecto de ley que han preparado para lograr una financiación del transporte público por parte del Estado.

“Una novedad de la propuesta de Ley es que prevé también financiación para inversiones en infraestructuras de transporte público limpio, eficiente y de alta calidad, entre las que podría estar un proyecto como la línea 2 de tranvía de Zaragoza”, ha subrayado la concejal de Movilidad del Ayuntamiento de la capital aragonesa, Teresa Artigas, quien participará en la presentación de este jueves.

Los entes municipales responden así a la propuesta apoyada de manera unánime por todos los grupos en la Comisión de Fomento en septiembre y que instaba al Gobierno a crear en el plazo de seis meses una mesa que analizase la financiación del transporte público urbano.

Este documento, consensuado entre los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña y Zaragoza, debe ser el punto de partida para buscar una unanimidad en el arco parlamentario sobre una cuestión que debe estar por encima de cuestiones partidistas, sostiene el Consistorio zaragozano.

Movilidad sostenible

Con la ley se busca tener un marco normativo que regule el traspaso de recursos a las entidades locales competentes en materia de transporte urbano y metropolitano, recogiendo obligaciones derivadas del traspaso, orientadas a maximizar una movilidad ambientalmente sostenible, integrada, intermodal, interoperable, segura, tecnológicamente avanzada y con los más elevados estándares de calidad para los ciudadanos.

De manera paralela, se busca garantizar la reducción de emisiones de efecto invernadero derivado de la movilidad urbana en vehículos privados a motor de combustión, coadyuvando así con los compromisos adquiridos por el Estado español con la ratificación del Acuerdo de París; y en concreto, no sobrepasar el límite de 1,5 grados centígrados del calentamiento global.

El anteproyecto se presentará en la primera fase de plena tramitación de los presupuestos generales del Estado aunque sus responsables han dejado claro que el espíritu de la ley es el de dotar de estabilidad y suficiencia a las cuentas de los operadores del sector, garantizando un mínimo suficiente, independiente de los acuerdos presupuestarios de cada momento político.

Los Presupuestos del Estado de 2019 prevén inversiones de 525 millones en infraestructuras en Aragón

Prácticamente toda la inversión que prevé hacer el Estado en Aragón, según el proyecto de presupuestos del Estado para 2019 presentado este lunes 14 de enero en el Congreso, corresponde a proyectos de los ministerios de Fomento y de Transición Ecológica y sus empresas públicas asociadas, que destinarán a la Comunidad alrededor de 525 millones de euros de los 539,6 consignados.

Son estos dos ministerios inversores los que aglutinarán el 97,3 por ciento del total de la inversión, especialmente Fomento que, junto con las empresas públicas Adif, Renfe y Enaire, consignan para Aragón 403 millones de euros.

En este apartado, la autovía A-23 (Sagunto-Frontera Francesa) recibe 75 millones de euros, especialmente para el tramo Congosto de Isuela-Arguis (56,18 millones; foto superior) y para el tramo Monrepós-Caldearenas (17,1 millones), mientras que el desdoblamiento de la N-232 entre Figueruelas y Mallén se consigna con 28,83 millones (24,92 para el tramo Figueruelas-Gallur y 3,83 para el tramo Gallur-Mallén).

Para cinco tramos de la A-21 (Pamplona-Huesca) se fijan 18,5 millones de euros y otros 9,79 para el tramo Siétamo-Huesca de la A-22 (Huesca-Lérida).

La inversión para el desdoblamiento de la N-II es testimonial, con 800.000 euros que destina Fomento para esta obra, al igual que lo son los 200.000 incluidos en la partida para el desdoblamiento de la N-232 entre Fuentes de Ebro y Valdealgorfa.

Otras de las actuaciones previstas por Fomento en carreteras son 4,9 millones para el tramo Castellón-Ráfales de la N-232; un millón para el Congosto de Ventamillo, y dos para la variante de Alcorisa.

Inversiones en ferrocarril e hidráulicas

En cuanto al ferrocarril, la adecuación de apartaderos y renovación de vías de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza suma una inversión prevista de 72 millones de euros a ejecutar por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en las provincias de Teruel y Zaragoza, mientras que Renfe incluye partidas para la compra de material por 12,6 millones de euros.

Respecto a la línea Huesca-Canfranc, se incluye una partida de 5,65 millones por parte de Adif, para la mejora y adaptación al tráfico internacional.

La sociedad estatal Enaire prevé por su parte inversiones de 17,44 millones en el Aeropuerto de Zaragoza, sobre todo para la adecuación del área de movimiento de aeronaves (8,8 millones) y 4,7 para la ampliación de la plataforma comercial.

En cuanto a obras hidráulicas, el ministerio de Transición Ecológica prevé una inversión de 36,37 millones de euros para la primera fase de las obras de Biscarrués-Almudévar y 13,28 para las obras del recrecimiento de Yesa. Para esta fin, el ministerio incluye una partida de 17,7 millones en los presupuestos territorializados por Comunidades para Navarra.

Además, la sociedad Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) incluye una partida de 6,63 millones de euros para el recrecimiento del embalse de Santolea, en Teruel.

Otras partidas

La sociedad estatal de Infraestructuras Agrarias, por su parte, incluye partidas de inversión por 19,6 millones de euros en la provincia de Huesca, especialmente para la comunidad de regantes de Molinar del Flúmen (11,9 millones) y para la de Orillena (3,12 millones).

Otros ministerios que prevén inversiones en Aragón son el de Cultura, con 1,2 millones de euros para conservación y restauración de bienes culturales, o Defensa, con un millón para inversiones militares en infraestructuras y otros bienes.

Además, los presupuestos consignan sin territorializar, dentro de la sección 22 (la correspondiente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública) otros treinta millones de euros para transferencias a Aragón para financiar proyectos del Fondo de Inversiones de Teruel.

El Estado autoriza rebaja catastral del 7% pedida por el Ayuntamiento para todos los inmuebles

Todos los inmuebles de Zaragoza verán reducido en 2019 su valor catastral en un 7%, lo que supondrá una bajada efectiva en los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y también de otros tributos como el impuesto sobre la plusvalía o las declaraciones por vivienda en el IRPF. El Ministerio de Hacienda ha confirmado, mediante Decreto Ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado 29 de diciembre, que acepta la solicitud del Ayuntamiento de Zaragoza de actualizar el valor catastral con una reducción general del 7%.

El Ayuntamiento de Zaragoza trasladó al Ministerio esta solicitud en enero de 2018, al cumplirse el plazo establecido de cinco años desde la última actualización, la de 2013, que supuso una subida fuerte de los valores catastrales -y, por tanto, del IBI y la plusvalía- en numerosos barrios de la capital aragonesa.

Ordenanzas fiscales

De esta forma, se hará efectiva la reducción del IBI que el Gobierno de Zaragoza programó a través de las Ordenanzas Fiscales de 2019, aprobadas el pasado mes de octubre.

Cabe recordar que las Ordenanzas incluían la bajada del tipo impositivo general al 0,42, lo cual, unido a esta revisión catastral aprobada por el Ministerio, supondrá una reducción del IBI de entre un 3% y un 12% para la práctica totalidad de las viviendas, locales, pequeños comercios, talleres e industrias de Zaragoza.

El consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha expresado su satisfacción por la confirmación ministerial, que “es una magnífica noticia que nos vuelve a situar en una de las ciudades con el IBI más bajo y que nos permite bajar a todas las casas y todos los comercios de proximidad el IBI entre un 4 y un 12%, y eso es muy importante”, ha señalado Rivarés.

Rebajado un 35% en los  últimos años

El Ayuntamiento de Zaragoza asegura en una nota de prensa que de esta forma se confirma en 2019 la continuidad de su política de reducción progresiva del IBI impulsada en los tres últimos años. Desde 2016, Zaragoza ha bajado este impuesto desde el 0,64 al 0,42 (que es lo que puede hacer un Ayuntamiento en una ley estatal como la actual) para el conjunto de viviendas e inmuebles que suponen el 99,8% de las existentes en la ciudad, incluidos comercios, oficinas, o negocios situados en los bajos o en los pisos. Esto supone una rebaja de tipo del 35% en esta legislatura.

Las nuevas ordenanzas fiscales de 2019 situarán a Zaragoza como la ciudad con el tipo más bajo en aplicación del IBI de todas las capitales de provincia españolas. De los 28.172 inmuebles destinados al comercio, a 27.805 (el 98,6%) se le bajará el recibo en torno al 9% de media y casi un 10% a los talleres o locales destinados a la industria.

Santisteve y otros ocho alcaldes del “cambio” piden al Estado reformar el bono social energético

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, junto a representantes de Cádiz, Valencia, Pamplona, Santiago de Compostela, Rivas-Vaciamadrid, Barcelona, Madrid y Sant Feliu de Llobregat, ha enviado una carta a la Ministra de Transición Ecológica proponiendo cinco cambios para mejorar la aplicación del bono social.

La misiva se ha remitido hoy para la reforma de una ayuda que es, hasta la fecha, la única estatal relacionada con la pobreza energética.

El Bono Social es un descuento regulado por el Gobierno Central destinado a personas con dificultades para pagar la factura de la luz, según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa (en la imagen superior, participantes en una manifestación en Zaragoza contra los estragos de la pobreza energética).

Falta de medidas efectivas

Los alcaldes y alcaldesas firmantes de la misiva señalan “una profunda preocupación” por el problema de la pobreza energética y por la falta de medidas efectivas para asegurar el acceso a los suministros básicos de las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

La carta propone cinco cambios en el bono social: el primero se refiere a la cobertura de regulación del bono social, el segundo que las empresas energéticas estén obligadas a adaptar los contratos de las familias vulnerables a sus necesidades reales, entre otros.

Además, solicitan que la aplicación del bono social sea automática, como sucede en Portugal desde el año 2016, pues la tramitación está impidiendo el acceso al bono social a miles de familias.

El Estado retira un recurso y da un permiso, lo que permitirá urbanizar El Portillo y prolongar Tenor Fleta

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha informado que Adif ha retirado el recurso contencioso-administrativo interpuesto sobre los suelos del Portillo, lo que permitirá comenzar a urbanizar la zona. Por otro lado, el Ministerio de Fomento ha otorgado su autorización para iniciar la prolongación de Tenor Fleta.

Adif interpuso un recurso hace unos años contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que fueran de uso residencial y terciario los suelos donde se asentaba la antigua estación ferroviaria de El Portilllo.

“Se ha desatascado al retirarse el recurso y la regeneración de los suelos contaminados lo determinará la justicia, pero el Ayuntamiento no la pagará”, ha resumido Pablo Muñoz.

En rueda de prensa, el consejero municipal ha manifestado que la obra, de casi 10 millones de euros del traslado del mando ferroviario “no tiene que ver con los gastos de urbanización y de esta forma se asegura que no lo pagará el Ayuntamiento, sino ZAV”, en referencia a la sociedad estatal Zaragoza Alta Velocidad participada por el Gobierno de España en un 50 por ciento y por el Ejecutivo de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza en un 25 por ciento cada una.

El acuerdo que ha dado a conocer Muñoz en rueda de prensa recoge además que “se permite utilizar lo que hay encima de las vías, pero que no se compute como aprovechamiento urbanístico y no se tenga que pagar nada”.

Prolongación de Tenor Fleta

Pablo Muñoz también ha informado de la autorización del Ministerio de Fomento, tras el compromiso verbal con el anterior Gobierno central del PP, para iniciar la prolongación de la avenida Tenor Fleta hasta conectarla con la Z-30 (en la imagen superior de zaragoza.es, Muñoz explica la prolongación de Tenor Fleta, cuyo plano del proyecto aparece al fondo).

De esta forma, Fomento permite utilizar la parte superior del “cajón” por el que discurren las vías del ferrocarril que se pavimentará, asfaltará y se habilitará con carril-bici. Afecta a un área de unos 20.000 metros cuadrados.

“Después de diez años lo hemos conseguido y ha sido el Gobierno de Zaragoza en Común”, ha dicho con satisfacción Muñoz. Esta autorización, por escrito, de Fomento permite utilizar la zona soterrada para desarrollar el proyecto que está en licitación.

“Es histórico, es importantísimo”, ha enfatizado Muñoz para apuntar que se podrá licitar en unos meses para luego iniciar el proyecto que “será realidad en esta corporación porque las obras estarán en marcha el próximo año”.

Mejora de la escena urbana

Por otro lado, Pablo Muñoz ha comentado que en la comisión de Urbanismo ha sido aprobada, por unanimidad, la ordenanza de escena urbana, que es un documento “complejísimo” que protege la fisonomía y características de las calles, con especial énfasis en los distritos de Casco Histórico y Centro.

Ha citado ejemplos como el paseo de la Independencia, Gran Vía, plaza de los Sitios, plaza del Pilar o calle Conde Aranda que no tienen una normativa y, a partir de ahora se les mantiene la estética que muestran.

“Hay un montón de normas que obligan a que los planes parciales tengan recorridos verdes, conservar el color histórico de las fachadas o el mobiliario urbano. En una protección global”, ha añadido.

Por otro lado, el consejero municipal de Urbanismo ha lamentado la “desfachatez” del PP al no apoyar la ampliación de los terrenos de Mercazaragoza, que ha obligado a retrasar el expediente. “Por fastidiar a ZeC ha fastidiado a Mercazagoza y al empleo de los ciudadanos. Es una mezquindad intentar tumbar este proyecto y lo intentaremos acelerar”.