finanzas

La Cámara de Cuentas pone en entredicho las finanzas de la DGA

El presupuesto de Aragón de 2017 fue insuficiente para cubrir necesidades e imprevistos y la Comunidad necesitará si no crecen los ingresos, dado el grave desequilibrio patrimonial que presenta, seguir endeudándose para financiar gasto corriente o reducirlo en al menos 349 millones.

Esa es una de las conclusiones del informe de fiscalización de la cuenta general de Aragón de 2017 elaborado por la Cámara de Cuentas que afecta a trece entidades que representan el 97 % de un presupuesto de gasto de 5.831 millones, el 96 % del personal y el 86 % del activo total.

Según la auditoría, las cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio y de su situación financiera a 31 de diciembre de 2017, así como del resultado económico y del presupuestario, excepto por 19 salvedades, entre las más significativas, “una provisión insuficiente” para hacer frente a responsabilidades, probables o ciertas, por 114 millones.

Entre esos riesgos, la Cámara destaca 25 millones reclamados judicialmente por el Ayuntamiento de Zaragoza en cumplimiento del convenio para la financiación del tranvía, 20 millones de posible reclamación del Estado en concepto de devolución de fondos del FITE no ejecutados y 15 millones por el pago de prestaciones a la dependencia reconocidas y no pagadas.

Compromisos futuros sin contabilizar

El órgano fiscalizador también advierte de compromisos futuros que no figuran contabilizados, como las amortizaciones del préstamo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), los compromisos pendientes con Zaragoza Alta Velocidad por 69 millones, con Aramon por 13,5, con los centros de enseñanza concertada por 150 millones al año y con el Estado por la deuda procedente del sistema de financiación de 2008-2009 que, en total, asciende a 495 millones.

En materia de personal, la Cámara de Cuentas de Aragón echa en falta el reflejo en las cuentas del compromiso retributivo con los funcionarios, por la devolución de la paga extra de 2012, por 20 millones, y con el personal sanitario jubilado, en concepto de complementos de pensión, por otros 15 millones.

La Cámara de Cuentas incide además en el grave desequilibrio patrimonial de la comunidad por el endeudamiento financiero que, al cierre del ejercicio, era de 8.553 millones, el saldo negativo de los fondos propios, por 3.309 millones y remanente de tesorería, también negativo, de 532 millones de euros, lo que evidencia la dificultad para cumplir con las obligaciones a corto plazo.

Reducción de fondos propios

Estas cifras empeoran si se tienen en cuenta los ajustes identificados por la Cámara, que reducen los fondos propios hasta 3.633 millones de euros y el remanente de tesorería hasta 590 millones de euros, de forma que si los ingresos no aumentan, la Comunidad necesitará seguir endeudándose para financiar el gasto corriente o bien reducir sus gastos en, al menos, 349 millones de euros.

La Cámara de Cuentas constata que Aragón incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria al situarse su déficit en 332 millones, 116 más del objetivo fijado en el 0,6 % del PIB, mientras que la desviación en la regla de gasto fue del 3,2 %, superior al objetivo del 2,1 %. Ambos incumplimientos obligan a la Comunidad a elaborar un Plan Económico-Financiero.

Por el contrario, Aragón sí cumplió los objetivos de deuda financiera (21,5 % del PIB regional) y el objetivo de sostenibilidad de la deuda comercial, con un periodo medio de pago inferior a los 30 días de plazo legal.

El informe también destaca, como incumplimiento de legalidad, la insuficiencia del presupuesto inicialmente aprobado para hacer frente a la actividad de la Comunidad por 272 millones, si bien apunta que los mayores ingresos finales permitieron aprobar modificaciones por 253 millones.

A pesar de ello, los auditores de la Cámara estiman que el gasto realizado en 2017 sin cobertura presupuestaria adecuada y suficiente llegó, al menos, a 37 millones.

Contrataciones poco rigurosas

Además, para el órgano fiscalizador la Comunidad incumplió el procedimiento de contratación por un importe al menos de 211 millones, que fueron adjudicados sin expediente administrativo ni formalización de contrato (182 millones correspondieron a compras de farmacia hospitalaria, 16 a gasto en implantes, 8 a los servicios de rutas escolares y 5, a servicios de atención a menores y ocupación de plazas residenciales).

La Comunidad tampoco publicó las licitaciones y adjudicaciones de sus contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, incumplió la obligación de comunicar a la Cámara todos los contratos y, según los auditores, el gasto no comunicado ascendió a 448 millones (437 del Salud).

En cuanto a los contratos menores, se ha detectado riesgo de fraccionamientos al identificar 198 proveedores adjudicatarios de dos o más contratos menores de similar objeto. El importe acumulado de estos contratos ascendió a 12,7 millones.

En materia de personal, en 2017 se mantuvieron incumplimientos señalados en las auditorías de años anteriores, como la existencia de complementos salariales sin cobertura en una norma o reglamento y el pago del complemento de productividad por 104 millones con carácter fijo cuando es un complemento variable y asociado al especial rendimiento.

La Cámara de Cuentas (en la imagen superior, en una reunión con el consejero de Presidencia de la DGA, Vicente Guillén, a la izda) concluye su informe con recomendaciones, entre ellas, fijar en la Ley de Presupuestos el límite del endeudamiento a corto plazo permitido para garantizar la plena cobertura legal de las operaciones que se suscriban o aprobar una nueva Ley de la Función Pública que incluya la estructura retributiva y la carrera profesional de los funcionarios.

La auditoría ya se ha remitido al presidente de Aragón y a las Cortes para su presentación y debate en pleno.

El Ayuntamiento prevé rebajar su deuda amortizando créditos y reduciendo inversiones

El Ayuntamiento de Zaragoza va a dedicar 21,1 millones de los 25 millones del remanente de tesorería, inicialmente previstos para inversiones financieramente sostenibles, a amortizar deuda y sanear la situación económica municipal, lastrada después de que el Ministerio de Hacienda le haya imputado los 189 millones de deuda del tranvía. Además, al estar prorrogado el presupuesto de 2018 no se solicitarán los 23 millones de créditos bancarios previstos en el proyecto de 2019. El objetivo es que la deuda municipal a final de año esté por debajo del 110% de su capacidad económica, límite legal que impide solicitar préstamos o acudir al Fondo de Impulso Económico (FIE) estatal que permitiría afrontar pagos de sentencias contrarias al Ayuntamiento, como la de FCC u otras.

Las medidas se inscriben dentro de un reajuste del plan de deuda municipal, que permitiría dejar el nivel de endeudamiento el 31 de diciembre en un máximo del 109,96% y que ahora, tras la imputación de la deuda del tranvía, se sitúa en un 116,9%, lo que impide al Consistorio acudir a financiación externa para inversiones.

El concejal de Hacienda, Fernando Rivarés (ZeC), ha presentado este martes 15 de abril el citado plan, que contempla un cambio drástico en la política económica del gobierno municipal de ZeC, donde en ningún caso se preveía destinar a amortización de deuda los fondos del remanente de tesorería, previstos inicialmente para inversiones.

El cambio se aplica, según Rivarés, “por un ejercicio de responsabilidad, para que el próximo Ayuntamiento que surja de las elecciones no esté hipotecado por la cuantía de la deuda y la imposibilidad de acudir a créditos o al FIE”.

Finanzas bloqueadas

El concejal de Economía ha insistido en que la imputación de la deuda del tranvía es “injusta y una aberración contable”, por lo que seguía adelante la previsión de su gobierno de acudir a los tribunales para tratar de rebatir la decisión de Hacienda.

Pero la resolución de ese hipotético contencioso “puede tardar tres años y entre tanto la situación financiera del Ayuntamiento no puede estar bloqueada”, ha indicado el concejal de ZeC.

Rivarés ha esgrimido un correo electrónico de responsables de la Hacienda estatal en el que se da el visto bueno al plan de reajuste de deuda porque “las previsiones son correctas, prudentes y se asume íntegramente la deuda del tranvía” (imagen superior de zaragoza.es)

Con ese respaldo de las autoridades estatales, Rivarés ha contactado con los grupos de PSOE y CHA para tratar de garantizarse su apoyo al reajuste del plan de deuda en el Pleno del próximo día 30 de abril. A ese respecto ha indicado que CHA ya le ha mostrado su buena disposición, mientras sigue pendiente el pronunciamiento del PSOE.

Próximo presupuesto

A partir de la hipotética aprobación plenaria, el reajuste se pondría en marcha de forma que la próxima Corporación, en torno al mes de septiembre, pueda pergeñar un nuevo presupuesto para 2019 en el que no se contemplaría la captación de préstamos externos con destino a inversiones para no elevar el nivel de deuda y porque “no tendría mucho sentido pensar en inversiones para tres meses de ejercicio presupuestario”, ha matizado Rivarés.

El nuevo presupuesto sí que podría solicitar fondos del FIE para hacer frente a las sentencias condenatorias que implican pagos millonarios por parte del Ayuntamiento zaragozano, así como hacer frente a la deuda del tranvía, porque ambos conceptos se han tenido en cuenta en los cálculos de los actuales responsables municipales en sus planes de reducción de la deuda.

A ese respecto, Rivarés ha precisado que el máximo que puede solicitar al FIE la Corporación zaragozana son 27 millones de euros pero para hacer frente a las necesidades actuales bastaría con pedir 11 millones.