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Los sindicatos mantienen la huelga de profesores tras fracasar la negociación con la DGA

Los sindicatos CGT, STEA-i y CCOO han decidido continuar con las movilizaciones en el sector educativo, en especial la huelga de docentes en Primaria y Secundaria convocada el 23 de mayo, después de haber constatado que en la Mesa Sectorial de Educación (MSE) el Gobierno de Aragón no ha ofrecido “ninguna propuesta”. Los profesores reclaman una reducción de las horas lectivas para poder desarrollar mejor su función formativa.

En la mesa sectorial, según denuncian en un comunicado conjunto los sindicatos, el secretario general técnico del departamento, Felipe Faci, “ha impedido la negociación al exigir la desconvocatoria de la huelga sin ofrecer ninguna propuesta”.

Según apuntan, la administración “ha dilatado la negociación” para no revertir los recortes que implantó el PP y ha confundido al profesorado al negociar en febrero las 19 horas en Secundaria, mientras que ahora mantienen 20, lo que consideran “el principal escollo de la negociación”.

Aseguran que los sindicatos han acercado sus posturas a las propuestas del gobierno pero que éste “ha endurecido las suyas” y ahora “no hay acuerdo por el chantaje que se ha producido sin ofrecer contrapartida, ni para el cuerpo de maestros ni para los de enseñanzas medias”.

Los sindicatos explican que la “excusa” siempre había sido la ausencia de presupuesto, debido a que la Comunidad estaba intervenida por el Gobierno central por el exceso de déficit, pero le han preguntado a Faci por la nueva situación en Aragón, que ha cumplido el déficit, y éste “no ha contestado”.

Por todo ello, mantienen la huelga y hacen un llamamiento a su seguimiento “ante la intransigencia del Departamento de Educación”.

Educación pide que se desconvoque el paro

Por su parte, el secretario general técnico del Departamento aragonés de Educación, Felipe Faci, ha instado a los sindicatos a que desconvoquen la huelga para seguir negociando la reducción de las jornadas lectivas.

Educación ha reiterado a las organizaciones convocantes su propuesta de reducir las jornadas lectivas para profesores y maestros mayores de 55 con efectos en el curso 2019/2020 y para el resto del profesorado en un calendario de 3 años, oferta que los sindicatos rechazan.

El secretario general técnico ha remarcado que Educación y sindicatos comparten objetivos, pero no calendario, y ha aseverado que “no es comprensible” que un proceso de negociación se rompa con una huelga que tiene “un marcado carácter político y a tres días de las elecciones”.

Faci ha recordado que durante esta legislatura han alcanzado múltiples acuerdos con los representantes de los trabajadores que, ha asegurado, han supuesto la mejora de las condiciones laborales, la contratación de 1.500 profesores más, una oferta pública de empleo de más de 3.000 plazas y un incremento del gasto de personal de más del 20 por ciento.

Concluye sin acuerdo la reunión de Avanza y trabajadores en el SAMA para evitar paros en el bus urbano

La reunión entre los trabajadores y la dirección de la contrata del autobús urbano, Avanza Zaragoza, en la sede del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) ha concluido sin acuerdo, pero la empresa se ha comprometido a presentar una propuesta el próximo lunes, 11 de marzo. El motivo de esta reunión era mediar ante la convocatoria de paros parciales programados por el comité de empresa para los días 13, 15, 20, 22 de marzo como medida de presión para exigir unos tiempos de recorrido más acordes al trazado de las líneas de autobús.

Desde el comité de empresa se ha pedido a la dirección que las propuestas las hiciera en la reunión del SAMA, pero no han accedido, ha informado el presidente del comité de empresa y representante del Sindicato Aragonés de Trabajadores del Transporte (SATTRA), José Manuel Montañés.

“No se ha llegado a ningún acuerdo y se ha levantado la sesión sin avenencia, Avanza no ha traído ninguna propuesta para tratar de desconvocar los paros, tan solo se ha limitado a decir que en el tema horarios ellos no pueden hacer nada y es el Ayuntamiento de Zaragoza quien debe hacerlo, por lo tanto le pasa la pelota al Ayuntamiento sin querer hacer nada”, ha indicado el citado representante laboral.

En el resto de asuntos como la apertura de expedientes por no realizar los recorridos en el tiempo estipulado, no ha habido propuesta alguna de la empresa, ha asegurado el comité. “Ni tan si quiera decir que van a respetar las resoluciones de inspección de trabajo que les impiden obligar a los trabajadores a realizar algunas tareas, Avanza no ha querido entrar en ningún punto”, han asegurado los representantes laborales.

La empresa replica

Por su parte, la empresa Avanza ha afirmadoque la “actitud beligerante” del comité de empresa ha hecho “imposible” alcanzar un acuerdo en el SAMA que permitiera desconvocar la huelga.

En una nota de prensa, Avanza ha destacado su “disposición al diálogo”, lamentando que el comité de empresa “se ha negado a escuchar cualquier planteamiento”.

“Esta nueva convocatoria de huelga por parte del Comité de Empresa, que en esta ocasión coincide con el periodo preelectoral, está basada en una reivindicación de cambio de los horarios del servicio, incrementando el tiempo de viaje de las líneas, cuando ésta es una competencia exclusiva del Ayuntamiento, donde la empresa no puede decidir”, sostiene Avanza.

Adicionalmente, “se han añadido una serie de reivindicaciones incoherentes y argumentos insostenibles por su falta de veracidad, como se ha demostrado en el SAMA”, ha añadido la empresa concesionaria del bus urbano.

A pesar de ello, Avanza se ha comprometido a entregar una propuesta para la mayor parte de las reivindicaciones, “lo que ha sido rechazado por el comité por considerarlo insuficiente”.

Fracasa la primera negociación en el tranvía y la empresa denuncia la huelga por considerarla ilegal

La empresa Tranvías Urbanos de Zaragoza ha impugnado la convocatoria de huelga de conductores en la línea del tranvía de la capital aragonesa para las Fiestas del Pilar por considerarla ilegal. La denuncia se ha producido este viernes 28 de septiembre, después de que fracasara el primer encuentro negociador entre empresa y trabajadores para evitar los paros, tras más de nueve horas de reunión en el SAMA (Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje).

A lo largo del encuentro parece que ambas partes han acercado posturas sobre algunas de las reivindicaciones planteadas por los conductores, pero sin llegar a acuerdos concretos en cuento a las modificaciones del calendario laboral denunciadas pñor los trabajadores, que la empresa se habría comprometido a revisar, según fuentes laborales.

Nueva cita

Ambas partes se han citado para el próximo martes 2 de octubre, a solo tres días del comienzo de los paros parciales previstos, que afectarían entre los días 5 y 13 de octubre a dos tramos horarios: entre las 11.00 y las 14.30 y entre las 18.30 y las 22.00, salvo el 12 de octubre.

Respecto a la denuncia presentada por la empresa, ésta ha señalado en un comunicado que ha analizado “las irregularidades detectadas en la convocatoria de huelga, promovida por un solo sindicato sin la capacidad legal suficiente”, y a partir de ahí la Dirección de la Empresa ha decidido tomar las acciones legales pertinentes para velar por los intereses de la ciudadanía y trabajadores.

Disposición al diálogo

No obstante, la empresa ha mostrado su disposición al diálogo con su asistencia a la reunión de hoy en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje donde, aseguran dichas fuentes, se ha constatado que cumple “escrupulosamente” con el convenio colectivo en vigor y con los acuerdos comprometidos con sus trabajadores y su disposición a encontrar soluciones respecto a las nuevas reivindicaciones de los convocantes.

La dirección de la empresa apela “a la cordura y responsabilidad” del Sindicato Ferroviario para evitar unos paros que, de realizarse, lamentan, “perjudicarían gravemente a los usuarios del tranvía, tanto a los que se desplazan regularmente como a los que lo hacen para disfrutar de las actividades programadas para las Fiestas”, unas fechas en las que el “buen funcionamiento de los servicios públicos es especialmente importante debido a la gran afluencia de personas en la ciudad”.

La derecha fracasa un su bloqueo al presupuesto municipal, que sale con ZeC, PSOE y CHA pese a la crisis

PP y Ciudadanos han intentado esta mañana del lunes 26 de febrero bloquear en el Pleno el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza de 2018, que sin embargo ha sido aprobado de forma definitiva en el Pleno con los votos de ZeC, PSOE y CHA, pese a sus disputas por el tema de las sociedades municipales. La ciudad cuenta ya con nuevas cuentas para este año, que contemplan unas inversiones de 65 millones de euros y un fuerte impulso a las políticas sociales.

Como estaba previsto, el PP ha presentado su propuesta de retirada del dictamen de los presupuestos y ha invitado a PSOE y CHA a sumarse a su iniciativa, con los consabidos argumentos de que si consideraban que ZeC había dado un golpe de mano copando los consejos de administración de las sociedades municipales no podían votar a favor del presupuesto, un documento que el portavoz conservador, Jorge Azcón, ha calificado como “el acto político  más importante del Ayuntamiento cada año” y les ha acusado de “dar carta de naturaleza a un acto antidemocrático”.

Por su parte, la portavoz de C’s, Sara Fernández, ha dicho que el presupuesto debía utilizarse como herramienta para “tratar de devolver la democracia a este Ayuntamiento” y presionar con ello a ZeC para que modifique su decisión respecto a las sociedades.

Ambos grupos derechistas han insistido en que el respaldo de socialistas y aragonesistas al presupuesto municipal era la moneda de cambio por el respaldo de Podemos al presupuesto del Gobierno de Aragón, en manos de PSOE y CHA, lo que se producirá dentro de dos días.

PSOE y CHA defienden la aprobación

Frente a esa crítica, tanto el concejal del grupo del PSOE Javier Trívez, como el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, han reconocido que les importa aprobar el presupuesto de Zaragoza y el presupuesto de Aragón, lo cual han justificado por la necesidad de llevar adelante las inversiones previstas en ambos programas financieros, así como el resto de iniciativas sociales que contemplan.

Ambos ediles han rebatido a populares y C’s con dureza. Asensio ha espetado al PP que no iban a caer en “la trampa del cuanto peor, mejor, en la que es especialista el gobierno más corrupto, incompetente e incapaz de sacar adelante el presupuesto del Estado, una situación que quiere trasladar aquí”, y ha subrayado que su partido “no está pillado por Lambán, sino por los ciudadanos”.

El socialista Trívez les ha dicho a los populares que “cómo no nos va a preocupar que Aragón y Zaragoza tengan un presupuesto progresista. Y también nos preocupa que España no tenga presupuesto, ¿y saben por qué no lo tiene? porque gobiernan ustedes”.

A Ciudadanos les ha recriminado que les critiquen a ellos por aprobar el presupuesto de ZeC con reticencias, cuando en el Congreso estatal el PP les ningunea con el incumplimiento de los pactos que tienen suscritos “y si llega algún momento en que presentan presupuestos, los apoyarán”, para concluir dirigiéndose a ambos grupos de la derecha acusándoles de que son “incapaces de plantear ninguna alternativa”.

Tregua en la crisis

Tanto PSOE como CHA han preferido no ahondar en la crisis desatada por las sociedades municipales y ambos han insistido en que respaldaban el presupuesto “por responsabilidad” hacia la ciudadanía.

“Si se bloquea el presupuesto y se prorroga el de 2017, se descartan 65 millones de inversión y se bloquean las políticas sociales”, ha indicado el aragonesista Asensio, quien se ha mostrado contrario a “utilizar el presupuesto como arma de presión política”. Además ha dicho que su grupo debía aprobar el documento económico porque se habían incorporado todas sus enmiendas.

Por su parte, el socialista Trívez ha reconocido que para su grupo era más complicado dar el visto bueno al proyecto presupuestario de ZeC, por el maltrato de este grupo a sus propuestas y por su actitud ante las sociedades municipales. “Pero si no lo aprobáramos, nos acusarían de paralizar Zaragoza y Aragón”, ha concluido.

Finalmente, la tregua entre los grupos de izquierda se ha expresado gráficamente en la imagen de todos sus concejales otorgando el voto a favor de los presupuestos municipales (foto superior de zaragoza.es), desbaratando “el intento de bloqueo destructivo de la derecha”, como lo ha calificado el responsable de Economía y Cultura del gobierno, Fernando Rivarés (ZeC), quien ha indicado al PP que “falta de democracia es vetar 47 propuestas en el Congreso. No puede dar lecciones de democracia el partido más corrupto y tiránico”, al tiempo que ha recomendado al portavoz del grupo popular, Jorge Azcón, que “haga alguna vez alguna propuesta en positivo”.

La RAPA anima a presentar recursos contra el cobro del ICA

La Sala Venecia del barrio zaragozano de Torrero acogió este pasado jueves la presentación de la ‘Campaña contra el ICA’ que la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha puesto en marcha para informar a la ciudadanía e invitarles a que presenten un Recurso de Oposición contra el cobro del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). Es una acción gratuita, amparada por la Ley General Tributaria, y que asegura que si el recurso es finalmente estimado las personas que hayan reclamado tendrán derecho a la devolución de las cantidades abonadas.

El recibo para el cobro de este impuesto, enviado por el Instituto Aragonés del Agua (IAA), ya ha llegado a los barrios de Las Fuentes, San José y Torrero, tal y como indicaron representantes de RAPA en la rueda de prensa ofrecida el pasado miércoles 18.

El impreso del recurso -que se puede descargar en este enlace– será recogido por todas las entidades ciudadanas que forman la RAPA. En la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ), también podrán hacerlo en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas (excepto viernes tarde). Asimismo, se ha habilitado el teléfono 876 64 70 68, en horario de mañanas, para informar de la campaña.

Impuesto injusto

A juicio de RAPA, este es “un impuesto injusto y abusivo para pagar los desfases presupuestarios de un Plan de Depuración, desproporcionado e ineficaz, que solo beneficia a los intereses privados”.

Con dos procesos judiciales abiertos por el Ayuntamiento contra el ICA, pendiente el Instituto Aragonés del Agua (IAA) de su disolución y de una Comisión de Investigación Parlamentaria tras un demoledor informe de la Cámara de Cuentas (CC) y, a pesar del reciente reconocimiento del presidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, que ha mostrado su disposición a “replantearlo”, la DGA está cobrando el ICA a la población zaragozana.

“El ICA es la herramienta del Gobierno de Aragón para financiar el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Dicho Plan pretende depurar las aguas residuales del 28% de la población aragonesa que, en 2001, carecía este servicio”, reconoce la propia DGA. Finalmente, ha resultado tener un coste doble que el de la media en el Estado español.

Método cuestionado

La DGA optó por el método concesional. La Cámara de Cuentas de Aragón  ya lo cuestionaba en 2011 y en su informe más reciente señala que el coste de construcción de las depuradoras (EDAR) es casi el triple por concesión que por gestión directa, y casi el cuádruple del coste de explotación (el IAA hubiera contado con financiación estatal con otro tipo de contrato).

Las EDARs construidas usan innecesariamente tecnologías de depuración muy costosas en instalaciones sobredimensionadas. La recaudación del ICA en la mayoría de las 11 zonas de depuración no  supera el 30% de sus costes de construcción y explotación.

“Se ha generado así un enorme déficit que se pretende compensar con la recaudación del ICA a todos los aragoneses. Cubrir esa deuda desproporcionada no es solidario, sino abusivo”, advierten desde RAPA.

“Además –continúan explicando-, Zaragoza necesita ya millones de euros para su propia depuración”. La Cámara de Cuentas estima que el Plan gastará 3.209 millones de euros en el periodo 2014-2045. Para recaudar esa cantidad, las tarifas deberán crecer a un ritmo de un 3,7% anual, lo cual supone recaudar en Zaragoza casi 543 millones de euros. “Sin éstos, la insostenibilidad del disparatado Plan se pondría en evidencia”, subrayan.

No es un impuesto realmente

A pesar de su nombre, el ICA no es un impuesto pues no se cobra en función de la capacidad económica personal. Es una tasa por la prestación del servicio de agua (abastecimiento saneamiento y depuración). “Vulnera la ley al cobrar varias veces por el mismo servicio, ya pagado en las tasas municipales”, matizan.

Del mismo modo, está pendiente la sentencia del Tribunal Constitucional que el 14 de junio de 2016, admitió a trámite el recurso del Ayuntamiento de Zaragoza contra el pago del ICA por suponer doble tributación e invadir competencias municipales y otro ante el Tribunal Superior de Aragón.

Tampoco es un impuesto “ambiental”, porque su tarifa no favorece el ahorro de agua (consta de una parte fija desproporcionadamente alta y una variable sin tramos progresivos), bonifica a localidades que no tienen depuradora y exime a la agricultura, ganadería, etcétera. “Es decir, tiene un mero afán recaudatorio”, apuntan desde RAPA.

“Ante esta situación, no podemos dejar que nos apliquen una tarifa (que cada año va a ser mayor que la anterior) para sufragar un Plan desproporcionado e ineficiente que debería revisarse antes de exigirnos más esfuerzo”, aseveran.

Información de AraInfo

Defensores de la gestión pública del agua sugieren a zaragozanos que demoren el pago del ICA

La organización Red de Agua pública de Aragón (RAPA) recomienda a las/os zaragozanas/os que demoren el pago del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), cuyos primeros recibos ya están llegando a los buzones en barrios como San José, Torrero o Las Fuentes. La RAPA niega que esté impulsando una insumisión fiscal, pero asegura que “hay tiempo” para pagar los recibos, mientras se prepara una “amplia movilización social” que lleve al Gobierno de Aragón a replantear su política de saneamiento, para que éste se financie con precios ajustados y mediante tasas y no con un impuesto “que no es ecológico y cuya recaudación puede utilizarse para lo que quieran”.

“Cada ciudadana/o que haga lo que estime oportuno. Pero lo que está enviando el Gobierno de Aragón no es un recibo. Hay tiempo. No hay ninguna prisa por pagar”.

Así de contundentes se han expresado este miércoles 18 de octubre los representantes de RAPA Julián Sampériz y José Ángel Oliván (este último también responsable de la Unión de Consumidores de Aragón) sobre el inicio del envío por parte de la DGA a domicilios zaragozanos de los cargos por el controvertido ICA.

La RAPA además considera que “sería sensato paralizar el pago del ICA hasta la resolución de los recursos judiciales que se han interpuesto” contra el mismo, dos de ellos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que coincide con esta organización en considerar el gravamen como lesivo para la ciudadanía y cuyo objetivo es sufragar el fracaso del plan de saneamiento de la DGA, que ha dejado un agujero millonario en las arcas aragonesas.

Movilización social

Esta organización defensora de la gestión publica del Agua en Aragón está en contacto con otras fuerzas sociales y políticas para iniciar en breve una intensa campaña para forzar a la DGA a reconducir la gestión del saneamiento y revisar la política del Instituto Aragonés del Agua.

Hasta que eso no se produzca, la RAPA considera que no se puede poner en marcha el proceso de cobro del ICA a las/os zaragozanas/os porque lo consideran “injusto”, ya que la capital aragonesa sanea sus aguas residuales desde hace 15 años con depuradoras financiadas mediante el recibo del agua que pagan sus ciudadanas/os. “El ICA significa volver a abonar lo que ya se está pagando. Además, la DGA sostiene el argumento de que quien contamina, paga. Zaragoza no contamina, por tanto, no debe pagar”, ha dicho Sampériz.

Los dos representantes de RAPA coincidieron en señalar que “todo es reconducible” y que con voluntad política se puede echar atrás el proceso del cobro del ICA a Zaragoza, que ha contado desde el principio con una fuerte oposición social y municipal.

Respecto a la actitud del Ayuntamiento de Zaragoza en el conflicto, cuyo alcalde ha sido y es muy beligerante contra el impuesto y defensor de la gestión pública del agua, Sampériz sostiene que ha hecho “hasta donde legalmente ha podido. Ha hecho lo que no quedaba más remedio que hacer”. Oliván, por su parte, ha sido más crítico y ha asegurado que “el Ayuntamiento no ha actuado bien. Ha entregado a la DGA datos sobre el consumo de sus ciudadanas/os, algo que no se puede hacer con arreglo a la normativa vigente”.

Oliván ha añadido que precisamente el ICA se está aplicando “según el consumo de agua, no según lo que se vierte” y ha insistido en que se están mandando a los domicilios comunicaciones sin acuse de recibo “que no existe ninguna obligación de contestar”.

Replanteamiento

La RAPA sostiene, han explicado Sampériz y Oliván, que se debe replantear “todo el plan de aguas, todo el plan de saneamiento y revisar el papel del Instituto Aragonés del agua, buscando los responsables del desastre de un programa fracasado y ruinoso”.

La organización considera que el Gobierno de Aragón debe reconocer esas circunstancias y ponerse a negociar para determinar con fuerzas sociales y políticas “cómo se financia el desastre”.

Los representantes de RAPA han insistido en que asumen que se debe pagar la depuración “y  los fraudes”, pero en paralelo “fijar responsabilidades” y en cualquier caso no realizar la financiación mediante un impuesto, sino “con un precio público o tasa, que es finalista, en donde se paga lo que cuesta el servicio y ante el que las/os ciudadanas/os pueden defenderse porque los datos están claros. Ahora nos encontramos con un impuesto cuya cuantía puede modificar el Gobierno, independientemente del coste de la depuración”, explicaron Sampériz y Oliván.

Pedir perdón

Estos han solicitado al Gobierno de Aragón que “pida perdón a las/os zaragozanas/os por llamarlos insolidarias/os al oponerse al pago del ICA, cuando resulta que se les está imponiendo unos cargos muy superiores a los que deberían afrontar”.

A este respecto han insistido que desde el Pignatelli se quiere plantear el asunto “como un enfrentamiento entre Ayuntamiento de Zaragoza y DGA, cuando es un problema que afecta a todos los aragoneses. De hecho, hay otras localidades como Fabara o Bielsa que también han interpuesto recursos y la RAPA lleva varios años peleando por este asunto, no sólo en Zaragoza, sino en todo Aragón”.

Los representantes de la citada organización insinuaron que el plan de saneamiento gestionado desde el Instituto Aragonés del Agua en las legislaturas precedentes PSOE-PAR y PP-PAR había beneficiado a determinadas empresas y que los responsables del desaguisado “son conocidos”.