Gobierno de Aragón

Las retribuciones de los empleados públicos de Aragón suben un 2,25%

Las retribuciones de los 54.000 empleados del sector público autonómico de Aragón han experimentado un aumento del 2,25 por ciento desde el 1 de enero, cantidad que puede aumentar un 0,25 por ciento adicional a partir de julio, si el PIB alcanza o supera el 2,5 por ciento.

Así lo ha acordado este martes el Consejo de Gobierno de Aragón al dar luz verde a un Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma, ha informado el Ejecutivo en una nota de prensa (en la imagen superior de Aragón Digital, trabajadoras del Salud a las que afectará la mejora salarial).

En el caso de que el PIB crezca por debajo del 2,5 por ciento, la subida se ajustará de manera proporcional en función de la reducción que se haya producido sobre el 2,5 por ciento previsto en este Decreto-Ley. De esta forma el aumento salarial oscilará entre el 2,3 y el 2,45 por ciento si el PIB sube entre el 2,1 y el 2,4 por ciento.

El coste económico de este incremento es de 39.586.976,43 euros en lo que se refiere a la subida del 2,25 por ciento, sumándose 2.248.760,19 euros si se aplica la subida que implicaría el aumento mencionado del PIB.

Los fondos adicionales se elevan a 3.374.205 euros, a lo que se añaden 3.455.938,83 euros del incremento retributivo del profesorado de la enseñanza concertada.

Fondos para afrontar las subidas salariales

El importe necesario se obtendrá de la generación de crédito como consecuencia de mayores ingresos de los comunicados por el Estado y de inejecuciones en el Presupuesto de 2018, dada la situación de prórroga presupuestaria en Aragón.

El Decreto-Ley aprobado este martes contempla un incremento en concepto de fondos adicionales del 0,2 por ciento de la masa salarial para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones, que fueron negociados el pasado mes de noviembre en la Mesa General de Negociación.

La norma también habilita a la generación de fondos adicionales correspondientes a 2019, previa negociación colectiva, en un porcentaje del 0,25 por ciento, aumentando hasta el 0,3 por ciento en las Administraciones en situación de superávit presupuestario en 2018.

Recuperar el poder adquisitivo

Con este Decreto-Ley se traslada de forma urgente la legislación básica a la normativa presupuestaria de la Comunidad autónoma con el fin de garantizar la recuperación del poder adquisitivo del personal al servicio del sector público de Aragón, señala la DGA en su nota de prensa.

El Gobierno aragonés subraya que de esta forma se transfiere al ámbito del empleo público autonómico el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 21 de diciembre por el que el Ejecutivo central daba vía libre a un incremento retributivo del sector público en 2019, en consonancia con los compromisos asumidos con los sindicatos en materia de función pública.

Con esta medida el Gobierno central garantizaba que la subida salarial se aplicara a los empleados públicos de las Administraciones estatal, autonómica y local, y también al sector público empresarial, incrementándose las retribuciones de más de 2,5 millones de empleados públicos. El Gobierno de Aragón ha pactado con los sindicatos que este incremento sea el máximo permitido.

La DGA impulsa un plan para intentar dar empleo a 2.000 mujeres

Lograr la inserción laboral de 500 mujeres es el reto mínimo marcado para el programa “Preparadas para el empleo”, una apuesta del Gobierno de Aragón, CEOE, Cepyme, UGT y CCOO con la que se espera atender, de forma individualizada, al menos a 2.000 participantes. Por tanto, el propósito es conseguir, como mínimo, la inserción laboral del 25 por ciento de las mujeres que se prevé atender por medio de este programa, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre con una dotación de 4,8 millones y cuyo desarrollo se extenderá hasta mayo de 2020.

La consejera de Economía, Marta Gastón, ha explicado este jueves 10 de enero los objetivos de esta iniciativa acompañada por los presidentes en Aragón de CEOE y Cepyme, Fernando Callizo y Aurelio López de Hita, y los líderes de UGT y CCOO, Daniel Alastuey y Manuel Pina, quienes han coincidido en la conveniencia de poner en marcha un programa específico para la inserción laboral de la mujer dado el éxito que han tenido otros planes dirigidos a colectivos concretos, como el de parados de larga duración.

Según Gastón, se trata de un plan novedoso que marcará la “diferencia” en una apuesta firme por el avance de la igualdad y no discriminación de la mujer en el empleo y la formación, que ha contado en su diseño con la participación de los agentes sociales y que incluye un trato personalizado con itinerarios propios para cada una de ellas.

Mayor paro en las mujeres

La necesidad de una iniciativa de este tipo es “clara”, ha apuntado Gastón, dada la “brecha” de género que evidencian las cifras de paro en esta fase de recuperación de la economía.

Así, ha advertido de que el paro registrado en general desde el inicio de la legislatura, en julio de 2015, se ha reducido un 27,9 %, pero lo ha hecho de forma más acusada entre los hombres (con una caída del 33,8 %) que entre las mujeres (el 23,1 %).

La consejera ha resaltado además que la “brecha” de género entre los desempleados ha crecido, ya que al inicio del mandato era de 10,8 puntos (del total de parados, el 44,6 % eran hombres y el 55,4 % mujeres) y ahora se eleva a 18,2 puntos (el 59,1 % mujeres y el 40,9 % hombres).

“Conforme se recupera la economía asciende la brecha” y ante esa situación y la precariedad laboral que afecta a las mujeres “no podíamos quedarnos de brazos cruzados”, ha aseverado la consejera, quien ha destacado la participación de los agentes sociales como aliados perfectos por su conocimiento del mercado laboral.

El programa está destinado a mujeres desempleadas inscritas en el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), mayores de 30 años y con necesidades de cualificación o recualificación formativa o profesional.

Atención especial

Las mujeres que viven en el medio rural, las que hayan sufrido violencia machista o las que tengan reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33 por ciento tendrán una atención especial y no se les exigirá que cumplan el requisitos de edad ni la necesidad de cualificación o recualificación.

Las participantes en el programa dispondrán de incentivos económicos “casi testimoniales”, ha explicado Gastón, además de por desplazamientos (aunque el objetivo es que sean los menores posibles), serán 200 euros para las que tengan responsabilidades familiares, de hasta 200 para las que realicen programas de formación y de hasta 375 euros para las que se inserten en el mercado laboral.

Según los cálculos del programa, se atenderá a un mínimo de 400 mujeres que vivan en el medio rural de acuerdo con las necesidades que detenten el Inaem.

Además, se llevará a cabo una prospección con empresas para lograr el máximo número de inserciones laborales posibles y desarrollar nuevas estrategias futuras, y la meta es que participen al menos 400.

La asociación vecinal de San José critica que derivar pacientes al San Juan de Dios es privatizar la sanidad

La Asociación Vecinal del barrio de San José de Zaragoza ha denunciado la derivación al Hospital San Juan de Dios de 65.000 pacientes crónicos complejos de las zonas de salud de Torrero, Venecia y San José Sur porque considera que se trata de una privatización de la Atención al Paciente Crónico Complejo.

En una nota de prensa la entidad vecinal reacciona al reciente convenio firmado entre el Gobierno de Aragón y dicho centro hospitalario, que quedará integrado en la red del Salud y atenderá ahora a los pacientes crónicos de dichas áreas de la ciudad.

“Lo que era un parche para aliviar la carencia de recursos propios y de paso, sostener el mantenimiento de la actividad de instituciones ajenas, se convierte en la solución para la construcción de un sistema de salud sostenido con fondos públicos que no tiene nada que ver y está a años luz de lo que sería un sistema de salud público”, denuncia el vocal de la asociación en una nota de prensa.

Ahorro de costes sobre los trabajadores

Esta organización considera que la posible ventaja de ahorro de costes, “si la hubiera”, descansaría sobre los trabajadores del Hospital San Juan de Dios, que tienen “unas peores condiciones laborales que los de los centros públicos, por lo que los intereses económicos primarían sobre los puramente sanitarios, lamenta la asociación de vecinos.

La asociación vecinal también solicita “a la mayoría parlamentaria que defendía en su programa electoral un modelo sanitario público que eleve su voz en las instituciones y revierta este proceso”.

Desde la Comisión de Salud de esta organización abogan por destinar el dinero públicos a soluciones “más eficientes, justas y transparentes” como son “las que primen la atención en su domicilio y el alivio de la carga en el entorno familiar que se soportan principalmente a hombros personas de edad avanzada y/o mujeres”.

“Lo que exigimos es realizar una inversión desde la público, para lo público y con participación democrática en lugar de entregar los recursos al beneficio privado”, concluye Arenas.

La DGA anuncia que todos los municipios del Pirineo dispondrán de depuración dentro de ocho años

El Gobierno de Aragón ha desbloqueado el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, tras la resolución de los cuatro contratos de concesión. De este modo, el Ejecutivo asegura que va a cumplir con su compromiso “político y jurídico” de que todos los núcleos de población del Pirineo dispongan de sistemas de depuración en el año 2026. La DGA abonará cinco millones en indemnizaciones a las empresas adjudicatarias.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, al indicar que se trata de atender “la obligación adquirida con el Estado, que declaró la depuración del Pirineo de interés general y encomendó su ejecución al Gobierno de Aragón”, por lo que este plan Pirineos es “un ejercicio de responsabilidad política y también jurídica”, además de que cumple también con la directiva marco del agua.

El Gobierno aragonés pone en marcha un programa de actuaciones directas, por valor de 74,3 millones de euros para las 19 depuradoras pendientes en localidades con más de mil habitantes equivalentes, a ejecutar entre 2019 y 2024.

Estas depuradoras se consideran prioritarias por su mayor tamaño y se abordarán por el Instituto Aragonés del Agua mediante contratos de obra con un año de pruebas de funcionamiento.

Los núcleos beneficiados son Ansó, Astún, Candanchú, Canfranc estación, Canfranc pueblo, Castiello de Jaca, Echo-Siresa, Villanúa, El Pueyo de Jaca-Escarrilla-Tramacastilla-Sandiniés-Panticosa, Piedrafita de Jaca, Sallent-Formigal, L’Aínsa, Boltaña, Broto-Oto, Torla, Fiscal, Bielsa, Cerler y Benasque-Anciles.

Subvenciones

Asimismo, se establece un programa de convocatoria de subvenciones por valor de 46,3 millones de euros, entre 2019 y 2026, para financiar el cien por cien del coste del resto de las depuradoras previstas, lo que permite dar entrada a la iniciativa municipal y atender a sus preferencias en cuanto a prioridades, dimensionamiento y tipología, sin perjuicio de que el Gobierno de Aragón mantenga la responsabilidad asumida frente al Estado.

De acuerdo con el convenio, las instalaciones de pequeño tamaño son más de 250, ya que se incluye a todos los núcleos de población habitados. Las condiciones de la convocatoria garantizarán que las ayudas se asignen priorizando el tratamiento de los núcleos con mayor carga contaminante o cuyo tratamiento resulte prioritario por razón del punto de vertido.

La resolución de los contratos de concesión permite también que el Gobierno de Aragón obtenga la prioridad de los proyectos construidos redactados y los terrenos adquiridos por las concesionarias, lo que facilitará la ejecución de estos programas.

Plan fallido

Las depuradoras del Pirineo fueron declaradas de interés general del Estado y encomendadas al Gobierno de Aragón mediante el convenio firmado en 2008 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad.

Las actuaciones se planificaron en el marco del Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, cuyo desarrollo estaba previsto realizar mediante colaboración público privada a través de cuatro contratos de concesión de obra pública.

Los contratos se licitaron y adjudicaron durante los años 2009 y 2010, pero pronto empezaron a surgir todo tipo de dificultades para su desarrollo. Muestra del estado de parálisis en el que el Ejecutivo encontró el fallido Plan Pirineos es que en 2015, fecha en la que concluía el plan estatal en el que se enmarca, solo se habían construido y puesto en explotación veinte de las 297 instalaciones previstas.

Las instalaciones ejecutadas, en la zona P2 correspondiente al río Gállego, son la depuradora de Biescas (imagen superior) y 19 corresponden a pequeños núcleos integradas en el mismo nido o conjunto de instalaciones.

En el caso del río Gállego, según ha precisado Olona, la resolución del contrato es parcial y el concesionario seguirá ejecutando las veinte instalaciones y ha recordado que en junio de 2017 fue cuando el Ejecutivo autonómico acordó la resolución de los contratos de obra pública vinculados al fallido plan.

Cinco millones de indemnizaciones

Ese proceso de resolución concluyó en octubre de 2018 y supone la liberación de los vínculos jurídicos con las concesionarias y va a permitir abordar la depuración del Pirineo con nuevos instrumentos de actuación, según la DGA.

La resolución de los contratos, cuyo importe inicial ascendía a 353 millones de euros, implica anular un gasto autorizado total de 313 millones de euros.

Joaquín Olona ha remarcado que esta decisión implica “un importante ahorro económico financiero y ha precisado que en el caso de las 250 instalaciones corresponden a “núcleos muy pequeños y serán instalaciones muy sencillas”, agregando que las prioritarias son las 19 depuradoras en grandes poblaciones del Pirineo.

Asimismo, ha precisado que la resolución de los contratos implica el pago de 5 millones de euros a las adjudicatarias por la propiedad de los terrenos y los proyectos redactados. Olona ha comentado que esa cifra era de 5,8 millones, pero “la Administración debe ser indemnizada en algún caso con 0,8 millones, por eso el pago previsto es de 5 millones”.

El consejero ha sostenido que, en todo caso, “se va a producir un ahorro económico financiero relevante”, una cantidad que no se ha cuantificado porque “hay que hacer demasiadas especulaciones al dejar la opción a los ayuntamientos de gestionar o no directamente estas instalaciones”.

La DGA advierte del riesgo para la democracia por irrupción de Vox

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, el socialista Vicente Guillén, ha alertado de “los riesgos que tiene la irrupción” de Vox, “un partido de extrema derecha” para “la democracia y posiblemente para la convivencia democrática”.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que en las elecciones celebradas este domingo en Andalucía Vox haya obtenido 12 escaños en el Parlamento autonómico de esa Comunidad, logrando por primera vez representación en una institución española.

El PSOE ha ganado las elecciones andaluzas, pero ha bajado de los 47 a los 33 diputados; el PP ha obtenido 26 escaños, si bien en los anteriores comicios logró 33; Cs ha subido de 9 a 21; y Adelante Andalucía, la alianza de Podemos e Izquierda Unida, ha sumado 17 diputados, frente a los 15 y 5 que obtuvieron, respectivamente, por separado en los anteriores comicios. Esto supone que los partidos de izquierdas no puedan sumar para gobernar y sí los de derechas.

El consejero de Presidencia de Aragón ha señalado que “los resultados son absolutamente insatisfactorios, sin ninguna duda”, para su partido, el PSOE “porque es la fuerza más votada, pero ha bajado siete puntos y esa no es una buena noticia”.

No obstante, ha añadido que lo más importante ya no es esto, sino “la irrupción, con la fuerza que lo ha hecho, de un partido de ultraderecha que se llama Vox y que aparece por primera vez en las instituciones, en este caso en el Parlamento andaluz, ni más ni menos que con 12 escaños”.

Según Guillén, si bien “estas son unas elecciones autonómicas de Andalucía”, territorio que tiene “unas circunstancias propias y específicas”, la conclusión sustancial para “quienes creemos en la democracia, en la Constitución y el Estado de Derecho” es “la irrupción de una fuerza política de extrema derecha”, algo que ya ha ocurrido en muchas países de Europa hace unos años, “pero que en España no lo habíamos vivido”.

Preservar la convivencia democrática

El consejero ha considerado estos resultados “altamente preocupantes para la democracia y posiblemente para la convivencia democrática” y “es algo de lo que tenemos que tomar nota todas fuerzas políticas, fundamentalmente aquellas que hacen del constitucionalismo su ‘leitmotiv'”.

Por eso, ha pedido que todos los partidos “hagamos una reflexión de por qué ha pasado esto, de los riesgos que tiene la irrupción de este partido de extrema derecha y cómo va a afectar no solamente en los próximos procesos electorales, sino en la propia convivencia democrática de todos los españoles”.

El consejero de Presidencia ha opinado que “es fácil deducir” que lo que ha ocurrido en Andalucía “pueda suceder en el resto de territorios de España” y Vox tenga entrada en diferentes parlamentos, para añadir que, “sobre todo, tenemos que estar muy atentos a lo que pueda pasar en el caso de unas hipotéticas elecciones generales”.

Circunstancias diferentes en Aragón

Guillén ha descartado que en Aragón pueda ocurrir lo que en Andalucía, que la izquierda no logre suficiente mayoría para gobernar, ya que “las circunstancias socio económicas y políticas de Andalucía son bien diferentes”.

En concreto, ha detallado que Aragón es la primera Comunidad en creciendo económico de toda España, cuando “no era así hace cuatro años” y también es una de las Comunidades “donde mejor está evolucionando el paro”, algo que tampoco ocurre en Andalucía.

Guillén ha esgrimido, además, que la Comunidad aragonesa es “donde mayor crecimiento han experimentado las políticas sociales y donde más sensibilidad ha habido con los colectivos excluidos” y por tanto “eso también tendrá que ser valorado”.

Ha añadido que Aragón es una de las autonomías “en las que sectores tan importantes como la automoción, la agroalimentación o la logística más están creciendo y más empleo están generando”.

Por eso, ha sintetizado, puesto que en esta Comunidad “se ha dado un cambio sustancial desde el punto de vista socioeconómico, si lo comparamos con la anterior legislatura, espero que eso lo tengan en cuenta los aragoneses y en mayo puedan revalidar su confianza en el PSOE”.

El PAR ratifica a Aliaga como candidato a presidente de la DGA

La Comisión Ejecutiva extraordinaria del PAR ha ratificado este martes 27 de noviembre a su presidente, Arturo Aliaga, como candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las próximas elecciones autonómicas.

Así lo ha anunciado el secretario general del Partido Aragonés, Joaquín Serrano, al término de la sesión en la que se ha adoptado esta decisión por unanimidad y que descarta la celebración de primarias en el caso de la candidatura a la Presidencia.

El motivo, ha dicho Serrano a los medios, es que “no cabía ninguna duda” respecto al candidato porque “no hay ningún partido que tenga un líder tan consolidado como Arturo Aliaga”.

En la reunión también se han aprobado las normas que van a regular el proceso de primarias para la elección de los candidatos del PAR en las capitales de Zaragoza, Huesca y Teruel, que empieza mañana.

Los días 12 y 13 de diciembre son los plazos para presentar las candidaturas. En el caso de que solo haya una lista el candidato se proclamaría el día 14 y si hubiera más de un aspirante las votaciones se llevarían a cabo el día 18 y la proclamación el 21 de diciembre, mientras que hasta mediados de enero no se cerrarán las listas de los candidatos a las cabeceras de comarca.

Candidaturas

Según Serrano, de momento, desde las organizaciones locales se han presentado las candidaturas que lidera Fernando Carrera en Huesca; Sergio Larraga, presidente del Comité municipal, en Zaragoza; y Julio Esteban en Teruel, Ayuntamiento donde actualmente es concejal.

En la Ejecutiva se ha abordado además la confección de la organización de la campaña electoral para su puesta en marcha a principios de enero.

Serrano ha apuntado que las de mayo van a ser unas elecciones “fundamentales” para este partido y para Aragón porque el PAR va a ser “determinante”.

También ha asegurado que entre los retos importantes que “estoy convencido de que lo vamos a conseguir” figuran recuperar la presencia del PAR en los Ayuntamientos de Huesca y Zaragoza.

Hasta el momento, con 400 candidaturas cerradas, el 82 % de la población aragonesa va a disponer de una lista del PAR, aunque, según el secretario general, el objetivo es llegar al 96 %, lo que comportaría unas 600 candidaturas.

Ley de Memoria Histórica permitirá sancionar acciones como la del manto fascista de Virgen del Pilar

La colocación de un manto de la Falange a la Virgen del Pilar no podrá ser sancionada por el Ejecutivo aragonés amparándose en la Ley de Memoria Democrática ya que, según ha explicado el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, la norma todavía no ha sido publicada en el BOA.

De hecho, será este jueves 22 de noviembre cuando se haga pública aunque tendrán que pasar tres meses para que pueda entrar en vigor. Aun así, Guillén ha destacado que, cuando pueda aplicarse esta ley sí que se sancionarán acciones como esta.

Asimismo, el consejero de Presidencia ha informado que este miércoles ha llamado personalmente al arzobispo aunque no ha podido ponerse en contacto con él porque se encuentra de viaje.

Acto premeditado

No obstante, el mismo miércoles se ha remitido desde el Gobierno de Aragón una carta a la institución eclesiástica mostrando su rechazo y preocupación por lo sucedido.

Un hecho que, según Guillén, “no fue casual” (en la foto superior, responsables del Cabildo explicando que la colocación del manto fue “un error”), sino que fue “absolutamente premeditado”. En este sentido, ha precisado que en la víspera al suceso el grupo de la Falange hizo un llamamiento para que sus afines fueran a ver el manto de la Virgen.

El consejero ha insistido además en la importancia de que lo sucedido “nunca más vuelva a ocurrir”. “Lucharemos para que exhibiciones de símbolos fascistas no se hagan en lugares públicos y desde luego la Basílica de Pilar, patrimonio de todos los aragoneses, creyentes y no creyentes, no debe ser el lugar de exhibiciones de símbolos de este tipo”, ha destacado.

Las familias podrán inscribirse en el banco de libros escolares entre el 14 de diciembre y el 31 de enero

Las familias aragonesas con hijos en edad escolar podrán solicitar su inclusión en el banco de libros de texto entre el 14 de diciembre y el 31 de enero de 2019. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha publicado las instrucciones a los centros para ponerlo en funcionamiento el curso próximo.

En una nota de prensa, el Departamento ha indicado que los centros educativos sostenidos con fondos públicos han recibido este lunes las instrucciones, que establecen que cada colegio o instituto tendrá que crear en el seno de su Consejo Escolar una comisión encargada de este sistema, que deberá estar formada por un miembro del equipo directivo, un representante del profesorado y otro de las familias, además de otro por parte del alumnado en el caso de la ESO.

Podrán colaborar asimismo otros miembros de la comunidad educativa que así lo deseen. La constitución de este órgano en los centros debe llevarse a cabo antes del próximo 14 de diciembre, fecha tope en la que tendrán que comunicar también qué órgano se encargará de su gestión: el propio centro, su AMPA o una librería de proximidad, que se elegirá tras la suscripción de un convenio con la Federación de Libreros.

Como ya explicitaba la orden publicada en septiembre, la inclusión en este banco es voluntaria, y aquellas familias que se adhieran se comprometen a entregar en su centro educativo los libros que sus hijos están utilizando este año en buen estado de conservación.

 

Precio al 10% del coste real

Esto les da derecho a recibir los lotes para el curso 2018-2019 por un precio no superior al 10 por ciento de su coste. Por otra parte, los beneficiarios de una beca de material curricular seguirán recibiéndola como hasta ahora, con la única diferencia de que, a partir de este curso, todos aquellos que perciben estas ayudas deberán dejar los libros en su centro una vez terminado el periodo de clases.

Las instrucciones establecen asimismo que los colegios deberán decidir los materiales para el próximo curso antes de la finalización del segundo trimestre del presente curso, para que puedan comenzar a prepararse los lotes para el siguiente.

Por su parte, aquellos centros que ya disponían de algún tipo de servicio similar, adaptarán su funcionamiento a esta nueva regulación.

Mientras tanto, se está terminando de desarrollar la aplicación informática que centralizará la información de los bancos de libros de todos los centros de la Comunidad, que estará disponible durante el segundo trimestre de este curso, ayudando a simplificar la labor de los centros.

A través de esta aplicación se realizarán trámites como las altas o bajas del sistema o la resolución de incidencias como pueden ser pérdidas o traslados de centro.

Como especifica la orden, los libros y materiales curriculares objeto del sistema serán los correspondientes a los cursos de tercero a sexto de Educación Primaria y a los de la Educación Secundaria Obligatoria. Los libros de primero y segundo de Primaria son material fungible y, por lo tanto, no reutilizable posteriormente.

Los médicos amenazan con huelga si no se atienden sus reivindicaciones

Los sindicatos médicos no descartan medidas de convocatoria de huelga si la Administración aragonesa no tiene en cuenta las reivindicaciones y se recuperan los derechos perdidos durante la crisis, especialmente económicos.

Así lo han constatado el presidente del Sindicato de Médicos de Atención Primaria, Leandro Catalán, y la secretaria general de CESM Aragón, Mercedes Ortín, durante la presentación XXXII Congreso Aragonés de Atención Primaria que se va a celebrar los próximos 15, 16 y 17 de noviembre en Zaragoza (en la imagen superior, médico de un centro de salud de una localidad de la provincia de Zaragoza atendiendo a un paciente).

Catalán ha denunciado que desde 2007 no se están actualizando los niveles de atención continuada y que los médicos españoles son los peores pagados de Europa, y en el caso de Aragón, ésta es la tercera comunidad por la cola con el precio de la hora de urgencia más barato, y ha apuntado que en el caso de la Atención Primaria el presupuesto “apenas supone el 15 % del total de Sanidad”, el mismo que cuando se recibieron las transferencias en 2001.

“No nos dejan ejercer la vocación de médicos”, ha lamentado Mercedes Ortín quien ha pedido a la Administración que “nos escuche”.

Pacto sobre la sanidad

Los dos responsables sindicales han incidido asimismo en la falta de médicos y de sustituciones lo que obliga a cerrar consultorios como en Sos del Rey Católico, cerrar consultas o triplicar otras.

El problema de la cobertura, según Catalán “se está yendo de las manos” porque además se necesitan mejores contratos y de más larga duración “si queremos que los médicos se queden en Aragón” pero también que se compensen los gastos que asumen los médicos del medio rural.

Es por lo que consideran necesario adecuar el Mapa Sanitario (aprobado en 1986) a la situación actual de la población aragonesa y que tenga en cuenta cuestiones como la dispersión geográfica, el territorio y el envejecimiento, además de un Pacto Sanitario para que la Sanidad “no sea utilizada como herramienta política”.

Mientras que en 2013 la Administración cifraba en un 30 % el número de médicos que se iban a jubilar en el plazo de cinco años, Ortín y Catalán han incidido que ahora se desconoce el número porque “el escenario va cambiando” y no se sabe si ahora las jubilaciones son “a los 65, 67 o 70” años.

Consultas saturadas

Piden asimismo que se limiten los actos de la agenda de los médicos del sector a veinticinco pacientes de demanda, más dos concertados y cinco no presenciales porque actualmente son abiertas y pueden implicar hasta 45 atenciones con el consiguiente retraso en las citas.

De las dos mil tarjetas por médico de familia, reclaman que se reduzcan a 1.100-1.300 para pediatría y 1.500 atención primaria, lo que contribuiría a crear más trabajo.

“Fuimos los principales sufridores de la crisis, superamos el 10 % de recortes y las pagas extraordinarias no se están percibiendo” ha lamentado el presidente del sindicato de Médicos de Atención Primaria quien reclama esa recuperación de derechos y no descarta acaban en una convocatoria de huelga si la administración no se sienta a negociar con el colectivo sanitario.

El ICA bloquea el presupuesto y la bilateral DGA-Zaragoza

El Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) sigue enfrentando a PSOE y Podemos y es la causa de que no avancen algunas negociaciones determinantes para el futuro político inmediato de Aragón. El presupuesto para 2019 sigue bloqueado porque DGA y Podemos mantienen sus discrepancias respecto al controvertido impuesto y la reunión bilateral Gobierno de Aragón-Ayuntamiento de Zaragoza sigue sin fecha por las discrepancias en la forma de gestionar el tributo.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha reiterado este martes tras el Consejo de Gobierno que el Ejecutivo “tiene interés” en aprobar las cuentas de 2019 con las fuerzas de izquierda pero, eso sí, “sin apriorismos”. Con ello se refería a la negativa de la DGA a aceptar las cinco medidas que presentó Podemos para iniciar la negociación presupuestaria.

Una de esas medidas se refiere a la reforma del ICA. Podemos ha planteado dos propuestas de modificación sobre la mesa, una de la Red de Agua Pública de Aragón y otra de un catedrático de la Universidad de Zaragoza, pero el Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre ellas.

Reforma ya redactada

Es más, Guillén ha confirmado este martes que ya tienen una propuesta de reforma redactada “que va en la misma línea que la del catedrático” pero que se publicará cuando el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, dé la orden.

El Gobierno de Aragón se niega a fijar una fecha tope para llegar a un pacto sobre los presupuestos pero Guillén insiste en que se acaba el tiempo: “El acuerdo político no tiene límites pero la legislatura acaba en marzo de 2019 y el tiempo apremia si de verdad estamos dispuestos al acuerdo”. El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, sí que dijo hace unas semanas que el acuerdo debería llegar en noviembre.

El ICA también es el “principal escollo”, según Guillén, para la celebración de la Comisión Bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que sigue sin fecha. “Rivarés –consejero de Economía de Zaragoza- contacta conmigo de muchas maneras, pero sabe que el gran escollo lo tenemos en el ICA porque la DGA quiere que se trate y el Ayuntamiento no”, ha aclarado Guillén (en la foto superior, el alcalde y la vicealcaldesa zaragozanos, en un acto en contra del ICA).