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El TSJA declara nulo el plan de Torre Village, cuyas obras de construcción podrían paralizarse

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado sentencia en el caso de los terrenos de la antigua fábrica de colchones de Pikolín. En ella, declara nulo de pleno derecho el Plan Especial del Área de Intervención aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos de Pp, PSOE y Cs, para la construcción del complejo comercial Torre Village, cuyas obras ahora podrían paralizarse.

El Tribunal, estimando el recurso presentado, declara la nulidad del Plan Especial del Área por vulneración del principio de jerarquía normativa y por infracción de instrumento de planeamiento de rango superior, al ir más allá de lo que el Plan General de Ordenación Urbana establece, introducir usos no contemplados, y por convertir en dominante un uso no contemplado como tal en el PGOU.

Recreación del proyectado centro comercial

Recurso vecinal

El pasado 23 de diciembre de 2016, ‘Yo compro en Las Fuentes’ y otros diez colectivos más presentaron recurso contencioso administrativo en el TSJA contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, de 24 de octubre de 2016, de aprobación definitiva del Plan Especial del Área de Intervención H-61-5. En su recurso solicitaban a la Sala que se declarara la nulidad absoluta del acuerdo o, en su caso, se anulara la resolución.

Los magistrados en su sentencia expresan que el Plan Especial ha entrado en cuestiones que afectan a la estructura general del urbanismo de la ciudad y que corresponden en exclusiva al Plan General de Ordenación Urbana. Inciden en que un Plan Especial no puede nunca sustituir al PGOU en lo que a clasificación del suelo se refiere, fijación de la estructura general y, en este caso en concreto, en materia de limitación de usos. Entienden, por ello, que se ha vulnerado el principio de jerarquía normativa.

Vía inadecuada

Reconocen los magistrados en su sentencia que el PGOU dista de ser claro a la hora de identificar el uso dominante de los sectores de las Zonas H –terrenos en los que estaba ubicada la antigua fábrica de Pikolín y en los que ahora se prevé la construcción del outlet Torre Village–, y que la ampliación de los usos no se ha hecho por la vía adecuada, que sería la modificación del PGOU, si no completando en el Plan Especial la regulación de usos posibles y añadiendo usos admisibles no previstos en el PGOU.

Por ello, concluyen que el Plan Especial transforma la configuración inicial del PGOU, que establecía los terrenos como polígono industrial, en un parque comercial o centro comercial con establecimientos de venta de saldos y ocasión alterando con ello las limitaciones de uso establecidas previamente e introduciendo nuevos usos no previstos en el PGOU.

En este sentido, aclaran que la situación no es comparable al plan parcial que permitió la construcción del complejo Puerto Venecia.

Posible paralización

El concejal responsable de Urbanismo, Pablo Muñz, ha señalado que todavía han de estudiar la sentencia, pero que en todo caso abre la posibilidad de que el Ayuntamiento decida paralizar las obras del centro comercial (foto superior).

La iniciativa contó desde el principio con una fuerte oposición vecinal, respaldada por el equipo de gobierno de ZeC.

Los opositores a Torre Village argumentan que Zaragoza está ya saturada de grandes superficies y que un nuevo centro no está justificado, porque además supone un nuevo revés al comercio de proximidad, que la actual Corporación defiende como articulador de la vida en los barrios.

Además se agumenta en contra que Torre Village promovería las compras mediante largos desplazamientos con vehículos privados, en contra de las políticas de movilidad sostenible auspiciadas por ZeC e imprescindibles para luchar contra el cambio climático.

En cualquier caso, la sentencia del TSJA determinará algún aplazamiento en la concesión de licencias de apertura y otras, siempre que el proyecto no quede definitivamente aparcado.

Grandes superficies, estaciones de tren o bus y centros educativos tendrán que instalar desfibrilador

Las superficies comerciales de más de 2.500 metros cuadrados, las estaciones de trenes y autobuses en poblaciones de más de 25.000 habitantes y centros educativos deberán disponer de desfibriladores, según ha acordado este martes el Consejo de Gobierno de Aragón, que ha aprobado el nuevo decreto que regula el uso de este dispositivo fuera del ámbito sanitario.

Los desfibriladores automatizados externos (DEA) tendrán que instalarse, asimismo, en aeropuertos, centros de ocio, deportivos y piscinas con un aforo igual o superior a 300 personas; centros de trabajo con más de 250 trabajadores; residencias de más de 200 plazas; hoteles de más de 100 plazas y en una patrulla de las policías locales en los municipios que las tengan, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Como novedad, hasta ahora sólo se consideraban competentes para utilizar estas herramientas a los médicos y enfermeros y al resto de personas solo si recibían formación específica para su uso fuera del ámbito sanitario. Ahora se incluyen los Técnicos en Emergencias Sanitarias, dando cumplimiento así al compromiso adquirido con este colectivo.

Respecto al resto de personas no relacionadas con el ámbito sanitario, el decreto establece que deberán estar formadas a través de las entidades acreditadas en Aragón, que deben seguir un programa específico cuyo temario se detalla también en el decreto.

Posibilidad de uso por cualquier ciudadano en caso de urgencia

Queda recogido en el Decreto el Mapa Autonómico de ubicación de desfibriladores fuera del ámbito sanitario de Aragón y su regulación, y se contempla que puedan ser incluidos en él los desfibriladores dependientes de los Ministerios de Defensa e Interior; se simplifica la documentación de comunicación de disponibilidad de desfibriladores y se incluye la declaración responsable firmada; y se ajusta la dotación material mínima a lo más básico e indispensable.

Se recoge la posibilidad de que se puedan instalar DEAS en la vía pública o en lugares a la intemperie, así como en vehículos de transporte público.

En caso de emergencia, si no existiera personal entrenado disponible para el uso del desfibrilador, el decreto recoge que cualquier ciudadano podrá utilizar cualquier dispositivo de la red, siguiendo las instrucciones de los servicios de emergencias, con independencia de la ubicación y de la propiedad o titularidad de los aparatos.

Desfibriladores en dependencias de la DGA

Por otro lado, el Gobierno de Aragón sacará a licitación antes de finales del mes de febrero un Acuerdo Marco para homologar el suministro –mediante arrendamiento y servicio de gestión integral– de una serie de desfibriladores destinados a dependencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y entes públicos adheridos.

El objeto de este acuerdo es definir las características técnicas que deberá reunir el alquiler y gestión integral de equipamientos asociados con la cardio protección. Contempla tres lotes diferenciados por provincias, con una duración de dos años y una posible prórroga de otros dos. Las tres modalidades incluyen el suministro-alquiler de maletines de oxigenoterapia y reanimación y mantenimiento integral de todo el equipamiento.

Los equipos podrán colocarse en vitrina homologada, con conexión al Sistema de Emergencias 112 y sin instalación en vitrina ni conexión con el 112.

Los desfibriladores deberán incluir un programa pediátrico y un sistema de ayuda al diagnóstico, así como mensajes de voz o escritos para realizar la RCP en adultos y niños; un sistema de autotest ‘automátic’ del equipo con una frecuencia diaria y, además, la memoria interna deberá poder registrar y almacenar como mínimo los primeros 15 minutos del evento.

Ayuntamientos adheridos

Las empresas licitadoras deberán estar autorizadas para impartir la formación oficial tanto inicial como continuada que acredita para el uso de los desfibriladores al personal no médico ni de enfermería.

Como criterios de adjudicación se prevén entre otros, el precio del alquiler mensual del equipo en las modalidades previstas, así como de la formación inicial y continuada, individual o por grupos.

Las empresas y entidades que van a formar parte del Acuerdo Marco de Homologación del suministro son los departamentos del Gobierno de Aragón y sus organismos autónomos, el ITA, el Instituto Aragonés del Agua, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, las empresas públicas Suelo y Vivienda de Aragón, Expo Zaragoza Empresarial, el Parque Tecnológico Walqa o el Centro de Estudios de Física del Cosmos.

También se adhieren trece ayuntamientos de la Comunidad: Villastar, Pastriz, Altorricón, Ainsa, La Puebla de Alfindén, Montanuy, Bonansa, Maluenda, Alcubierre, San Mateo de Gállego, Ansó, Monroyo y Torre de Arcas.

Podemos propone que el gran comercio cierre festivos y domingos

Podemos ha propuesto que se abra un “proceso de diálogo” para tender a que las grandes superficies no puedan abrir domingos y festivos. Mientras tanto, piden que solo puedan abrir ocho de estos días al año y no diez como hasta ahora. Estas son algunas de las medidas que recoge la proposición no de ley que defenderá la formación morada este jueves en el Pleno de las Cortes.

El diputado de Podemos Román Sierra ha explicado que la proposición también incluye un plan a nivel estatal que apueste por la digitalización pero que grave con impuestos a estas empresas tecnológicas.

Otro plan que proponen se centraría en la reactivación del sector para “destacar el papel de cohesión social que tiene el pequeño comercio”.

Por último, le piden al Gobierno de Aragón que vigile el mercado inmobiliario de locales comerciales “por si se convierte en tendencia que grandes inversores compren todos los locales”. En este sentido, exigen que se grave fiscalmente a los grandes tenedores de espacios vacíos.

Defensa del comercio de proximidad

La portavoz de Podemos en las Cortes, Maru Díaz, ha explicado que hay 60 calles comerciales en Zaragoza que aglutinan el 40% del pequeño comercio y que han cerrado 1.000 locales “debido al gran impacto de la crisis”.

Otra causa que ha denunciado Díaz es que “se ha primado otro tipo de consumo en las grandes superficies” que ha afectado al comercio más familiar.

En este sentido, ha asegurado que de cada un puesto que crean las grandes superficies se destruyen dos en el comercio de proximidad.

Díaz pide que esta situación, al igual que la de la liberalización de la compra en Internet, se revierta “para apostar por medidas que lleguen al comercio de proximidad para dar oxígeno a pymes y autónomos y mantener los negocios abiertos”.