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Santisteve requiere a PP, PSOE y Cs que asuman su responsabilidad sobre el plan de Torre Village

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha exigido a los grupos municipales del PP, PSOE y Ciudadanos (Cs) que asuman su responsabilidad por haber aprobado con sus votos, en 2016, el plan especial del ‘outlet’ de Torre Village y que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha declarado “nulo de pleno derecho” porque los usos previstos van más allá del Plan Especial de Ordenación Urbana (PGOU) y por tanto se vulnera el principio de jerarquía normativa.

Puesto que la empresa promotora del proyecto de Torre Village, Grupo Iberebro, ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del TSJA, el alcalde ha emplazado a ver qué pasa en los tribunales.

“Cuando ya se ha generado todo el problema se pasa a la Administración pública, pero hay que ver la responsabilidad que ha llevado a que esto no se hiciera conforme a la legalidad”. “Cuando estudiemos el tema y se valore la sentencia se podrá dar una respuesta mas concreta”.

De esta forma, el alcalde ha emplazado a conocer las decisiones judiciales que se adopten y ha añadido que tendrán que consultar a los servicios jurídicos y al área de Urbanismo al recordar que el hipermercado de Utrillas “es un desgraciado precedente en este campo”.

Así, ha confiado en que “entre el conocimiento a las formaciones políticas que han gobernado 20 años la ciudad para que según que errores no se vuelvan a cometer” (en la foto superior, Santisteve, tercero por la izquierda, con gesto adusto en el acto de colocación de la primera piedra de Torre Village).

Se veía venir

Para el alcalde esta sentencia del TSJA “parecía que era la crónica anunciada del desastre en Zaragoza que han supuesto las grandes superficies” para defender el pequeño comercio.

Como dato ha indicado que por cada puesto de trabajo que crea una gran superficie se pierden 1,5 empleos en la ciudad o más y ha incidido en que “eso se decía desde Eccos y otras entidades asociativas”.

Por ello, el Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZeC) se planteó una “estrecha alianza” con el pequeño comercio porque permite hacer trama urbana frente a las grandes superficies que provocan desplazamientos de vehículos “contaminación y no se entra a comprar en la ciudad”.

Santisteve ha narrado que esta situación desde ZeC se había revertido, pero “se bloqueó” por PP, PSOE y Cs al aprobar el plan especial de Torre Village en los terrenos de la antigua fábrica de colchones Pikolin.

“Parecía que había que respetar según que modelos de actuación previos y se ha visto que la legalidad está por encima y que había que ir a una modificación del PGOU y que el Gobierno de Aragón podría haber sido más cuidadoso y no tramitar por vía de urgencia este proyecto cuando había serias dudas de lo que podría ocurrir”, ha subrayado Santisteve.

Responsabilidades políticas

El alcalde sostiene que se ha generado un “grave problema jurídico” y ha opinado que “son obras que no deberían haber comenzado a la vista de la sentencia”.

Asimismo, ha observado que, al final, los ciudadanos son los paganos para abundar en que hay que ver las responsabilidades políticas. “Tenemos que ver si hablamos de modelos de ciudad y planeamientos urbanísticos acordes con la ciudad porque este plan especial lo ha roto en n mil pedazos”.

Sobre posibles indemnizaciones a la promotora ha confiado en que “no sea otro ICA porque se juega con el dinero público con poca responsabilidad”. Finalmente, ha reiterado que ZeC “ya advirtió e hizo lo posible pero no lo logró y ahora que den la cara quienes tan alegremente dieron el visto bueno”.

El Plan de Vivienda que respalda el tejido social vuelve a topar con el desacuerdo de los grupos políticos

Mientras el tejido social y vecinal de la ciudad se vuelca en favor del Plan de Vivienda 2018-2023, las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento de Zaragoza mantienen sus discrepancias sobre el proyecto, que prevé inversiones por 72 millones de euros para construcción de nuevas viviendas públicas (más de 300) y rehabilitación de otras (más de 800) con criterios medioambientales. El desacuerdo político amenaza con bloquear la iniciativa, que ha sido respaldada por 33 entidades zaragozanas de todo tipo y signo ideológico.

El Pleno municipal de este viernes 21 de diciembre ha debatido sobre el proyecto de vivienda y sobre la financiación del 50% del mismo mediante un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI), un préstamo que necesita de la aprobación del órgano municipal para aplicarse. El alcalde, Pedro Santisteve, y el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, han introducido en el orden del día una proposición sobre la aprobación del citado crédito por parte del BEI.

Santisteve ha recordado que a lo largo de la semana se ha reunido con los portavoces de los grupos municipales para debatir sobre el plan, que a su entender pondría a la ciudad “a la cabeza en cumplimiento de nuevas normativas ecoeficientes y en construcción de viviendas públicas de calidad”, por lo que todos los grupos podrían respaldarlo “y lograr un consenso político que debería sumarse al consenso social”.

El alcalde ha asegurado que el plan no supondría la estrangulación financiera de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, encargada de desarrollarlo, y ha dicho que como mucho afectaría al 32% de su presupuesto.

Críticas

Las conciliadoras palabras del alcalde han topado con las críticas de los restantes grupos municipales. Hasta el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, que se ha mostrado abiertamente partidario de respaldar el plan, ha criticado que ZeC lo hubiera traído a debate plenario este viernes, “cuando ya fue aprobado en el mes de mayo por el gobierno municipal”.

Asensio ha acusado a ZeC de actuar en solitario con un proyecto que “debería enriquecerse con las aportaciones de todos los grupos” y ha expresado su sospecha de que ZeC no lo habría traído a pleno si no fuera porque el crédito del BEI necesita de la aprobación del órgano de representación municipal.

Todos los grupos municipales han reprochado al gobierno de ZeC la falta de información sobre pormenores del Plan de Vivienda y por ello consideraban inoportuno debatir este viernes sobre el mismo.

En esa línea se ha expresado la concejala de Ciudadanos Cristina García (“estoy alucinada, esto es absurdo”), para posteriormente acusar a ZeC de “no querer aprobar un proyecto de ciudad, que debería salir por unanimidad, pero se niegan a negociar con los restantes grupos municipales”.

“Engaño” al BEI

El portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, además de reprochar también la oportunidad del debate plenario, ha entrado a criticar de nuevo, como lleva haciendo su grupo desde hace varias semanas, determinadas cifras del proyecto.

Anadón ha acusado a ZeC de haber “engañado” al BEI con los datos del plan y ha insistido en que las viviendas nuevas pueden salir por unos 170.000 euros y no por los 115.000 que apunta el gobierno municipal. El concejal socialista ha asegurado que esas cuantías son insostenibles y ha vuelto a criticar las condiciones del préstamo del BEI, que a su entender hipotecarían las cuentas municipales.

El portavoz socialista se ha mostrado partidario de un plan de promoción de vivienda pública con criterios ecoeficientes, pero considera que el presentado por ZeC es “poco realista”, para a continuación ponerse a disposición de negociar sobre el plan, “pero no para que ZeC se apunte un tanto electoral, que es lo único que pretende”.

Las diferencias entre socialistas y la coalición progresista han vuelto a subir de tono y el concejal de Vivienda, Pablo Híjar (ZeC), ha calificado de “infantil” la acusación de que hubieran engañado al BEI, además de seguir insistiendo en que el coste de los pisos se situaría en torno a los 115.000 euros, según los cálculos efectuados por los técnicos municipales.

Híjar ha acusado a los socialistas de no mantener criterios uniformes respecto al proyecto de vivienda en Zaragoza, y ha asegurado que la secretaria estatal de Vivienda, con quien mantuvo un encuentro recientemente, no sólo respaldaba el plan sino que lo ponía como ejemplo para otras ciudades.

Optimismo de Híjar

El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha acusado a ZeC de querer visibilizar sus diferencias con el PSOE en torno al plan y ha asegurado que éste no va a salir adelante por el enfrentamiento entre los grupos de izquierda.

A este respecto, Híjar se ha mostrado más optimista y ha abogado por continuar las negociaciones para lograr el entendimiento entre los grupos de izquierda “y alguno de la derecha”, en referencia a Cs, de forma que pueda ser refrendado en el pleno del próximo mes de enero.

El concejal de ZeC ha insistido en que éste no era su plan, sino una iniciativa compartida “por todos los agentes que intervienen en las políticas públicas de vivienda”, para apostillar que todos los grupos deberían sumarse a un proyecto que va a solucionar los problemas de vivienda de 1.150 familias zaragozanas (en la foto superior, vecinos de viviendas sociales del Actur, que se verían beneficiadas por las rehabilitaciones previstas en el Plan 21018-2023, reclaman esas actuaciones para mejorar sus pisos).

Híjar ha subrayado su optimismo sobre las posibilidades de sacar adelante el proyecto con acuerdo municipal y ha insistido en que “todos los planteamientos que han expuesto hasta ahora los grupos municipales son asumibles, por lo que podemos aprobar el plan en enero”.

Respaldo social y político al consejo sectorial de igualdad

El nuevo Consejo Sectorial de Igualdad estará formado inicialmente por 16 entidades, siete instituciones y todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza. Así lo han consensuado este miércoles 25 de abril en la sesión constituyente en la que han participado todas las portavoces de los grupos municipales. Ha sido el último paso para la creación de este foro, que próximamente arrancará su actividad con la primera sesión plenaria.

En el Consejo Sectorial de Igualdad estarán representadas 16 asociaciones y organizaciones que desde diversos ámbitos trabajan en Zaragoza por la promoción de la igualdad y la diversidad de género y colectivo LGTBIQ, además de las 7 instituciones recogidas en el propio Reglamento del Consejo: Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Delegación del Gobierno, Jefatura Superior de Policía de Aragón, la Cátedra de la Igualdad de Género de la Universidad de Zaragoza, representación de organizaciones sindicales, Asociación de Periodistas de Aragón y Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales (ARAME).

Participación y coordinación

Para ampliar aún más las miradas en este foro, el Consejo invitará en los próximos días a otras entidades e instituciones que por distintas razones trabajen la igualdad de género.

El Consejo Sectorial de Igualdad tendrá como finalidad facilitar la participación y coordinación de las acciones y estrategias entre instituciones, organizaciones y ciudadanía para fomentar la igualdad y la diversidad entre géneros en la ciudad (en la foto superior de zaragoza.es, reunión previa para impulsar el órgano el pasado mes de junio de 2017).

Como todos los consejos sectoriales, se concibe como un órgano de participación, información, control y asesoramiento, de naturaleza consultiva en el ámbito municipal. Dependerá del Consejo de la Ciudad y estará estructurado en Pleno del Consejo, Comisión Permanente y Mesas de trabajo.

Sólo ZeC y C’s hacen públicos sus gastos y la Intervención Municipal los reclama a todos los grupos

La Intervención General Municipal, órgano encargado de fiscalizar toda la gestión económica del Ayuntamiento de Zaragoza, recomienda a los grupos municipales hacer públicos los gastos realizados con la partida del presupuesto que reciben, para facilitar así el control presupuestario.

Actualmente solo los grupos municipales de ZeC y C’s hacen pública esa información, que desde la Intervención General Municipal quieren conocer para comprobar que el gasto “se ajusta a lo dispuesto en la normativa aplicable”.

Desde el Consistorio recuerdan en un comunicado que ZeC y C’s sí que aportan esta información de forma “voluntaria”, después de que el PP y PSOE en abril de 2016 “forzaran con sus votos la retirada en la Comisión de Economía de una propuesta del consejero Fernando Rivarés para que Intervención fiscalizara la aportación presupuestaria que reciben todos los grupos”.

La Intervención General Municipal es el órgano encargado de controlar y fiscalizar toda la gestión económica del Ayuntamiento.

Su recomendación sobre los gastos de los grupos municipales figura en el Plan de Control Financiero, de Eficacia y Auditoría Pública para 2018 aprobado esta semana en la Comisión de Economía y tiene como objetivo mejorar tanto el control de la ejecución del presupuesto como la transparencia.