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Las familias monoparentales podrán solicitar su carné a partir del 14 de mayo

Las familias monoparentales de Aragón podrán solicitar su reconocimiento, título y carné a partir del próximo 14 de mayo, en virtud de la orden por la que se regulan los requisitos para esta calificación que publica este miércoles el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

La Dirección General de Igualdad y Familias se encargará de la tramitación, resolución y reconocimiento de las familias monoparentales, así como de la expedición de un carné para cada una de las personas que componen la familia y el plazo máximo de resolución de las solicitudes presentadas será de 6 meses, según ha informado el Gobierno aragonés (en la imagen superior, logotipo de familias monoparentales).

Pueden considerarse monoparentales aquellas familias en las que los hijos únicamente estén reconocidos legalmente por un único progenitor; constituidas por una persona viuda o en situación equiparada con hijos que dependan de ella o en las que la persona que encabeza la unidad familiar acoja a uno o varios menores mediante la correspondiente resolución administrativa o judicial, por tiempo igual o superior a un año.

También la que tenga en situación de acogida permanente a mayores de edad que cumplan los requisitos establecidos en la orden, a aquellas situaciones en las que una de las personas progenitoras haya abandonado el domicilio familiar y sus obligaciones económicas y parentales o en las que la persona que encabeza la unidad familiar con hijos a cargo haya sufrido violencia de género.

Guarda y custodia

Se reconoce también como monoparental la situación en la que la persona que encabeza la unidad familiar tenga la guarda y custodia exclusiva de los hijos y no haya percibido la pensión por alimentos establecida judicialmente o que, aun percibiendo la pensión por alimentos establecida judicialmente sus ingresos familiares sean inferiores a 1,5 veces el IPREM vigente.

Además, para que se reconozca y mantenga la condición de familia monoparental los hijos deben ser menores de 26 años, excepto en los casos en que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %; convivir con la persona progenitora o depender económicamente de la persona progenitora.

Según informa el Gobierno de Aragón, la persona que encabeza la unidad familiar debe estar empadronada en algún municipio de la Comunidad con un periodo mínimo de doce meses ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.

Categorías

Las familias monoparentales se clasifican en dos categorías: general (formada por la persona que encabeza la unidad familiar y un hijo) y especial (con dos o más hijos, con un hijo con discapacidad, cuando la persona que encabeza la unidad familiar haya sufrido violencia de género…).

En Aragón, según el estudio sobre Familias Monoparentales realizado en 2018 por el Área de Estudios e Innovación Social y la Fundación Tomillo para el Ejecutivo, existen 57.122 personas viviendo en familias monoparentales que tienen a cargo menores de 25 años.

La mayoría de los progenitores, más del 75 %, de las familias monoparentales son mujeres.

El 69,1 % de las personas que viven en familias monoparentales lo hacen en núcleos urbanos y el 58 % residen en la ciudad de Zaragoza, mientras que el 8 % de estas familias reside en municipios inferiores a 2.000 habitantes.

Las familias monoparentales tienen una renta media 7.642 euros inferior al promedio, lo que impulsa su riesgo de pobreza, que se sitúa en el 23,7 % (8 puntos más que el conjunto de la población).

PSOE, CHA, Podemos e IU piden cambiar la custodia compartida

Los grupos de izquierda de las Cortes han presentado una proposición no de ley para modificar el Código del Derecho Foral de Aragón en materia de custodia para que ninguna forma, ni siquiera la compartida, sea preferente y se tenga siempre en cuenta “el interés del menor en cada caso concreto”.

Coinciden así PSOE, CHA, Podemos e IU en su exposición de motivos con la medida acordada en el encuentro de Jueces y Abogados de Familia que tuvo lugar en Madrid en octubre de 2015, organizado por el Consejo General del Poder Judicial, y que concluyó que la guarda y custodia compartida se otorgará en función del interés del menor en cada caso concreto y que ninguna forma de custodia debe ser preferente.

Recuerdan además que ninguna de las normativas actualmente vigentes en el Estado prevén la posibilidad de adoptar la custodia compartida como la individual generalizada o prejuzga qué clase de custodia debe adoptarse con carácter general, salvo excepciones, y que todas ellas establecen que sea el juzgador o el tribunal el que resuelva lo que sea más beneficioso para el menor atendiendo a sus circunstancias.

Ningún modelo preferente

Y añaden que, en Aragón, sin embargo y siendo pionera en esta materia, la ley de 2010 previó la adopción con carácter preferente de la custodia compartida en caso de ruptura y en el supuesto de desacuerdo de los progenitores al respecto, lo que “contraviene lo deseable”, y no tuvo en cuenta tampoco la dedicación anterior a los cuidados de los menores como elemento de análisis a la hora de determinar el régimen de custodia que sí se han incluido en legislaciones más novedosas.

Por ello, los grupos de la izquierda en las Cortes proponen que el juez adopte la custodia compartida o individual de los menores atendiendo a su interés, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno de los progenitores y atendiendo además a la edad de los hijos, su arraigo social y familiar o su opinión cuando tengan suficiente juicio o si son mayores de 12 años, con especial atención a los mayores de 14.

Plantean también que se considere la aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de hijos, las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres, la dedicación de cada progenitor al cuidado de los hijos durante el periodo de convivencia y cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia.

Asesinada una mujer en Monzón por su expareja, que tuvo una orden de alejamiento en 2013

Una mujer senegalesa de 42 años y vecina de Monzón (Huesca) ha sido asesinada este domingo en su domicilio, en el que se encontraban sus dos hijos, al parecer por su expareja, que ya ha sido detenido, según han confirmado fuentes de la Delegación de Gobierno en Aragón. El presunto asesino tuvo una orden de alejamiento de la víctima en 2013

La mujer, Rokhaya D., ha sido atacada con un arma blanca en su domicilio y en presencia de sus dos hijos presuntamente por el padre de los mismos y ex pareja sentimental, también de origen senegalés y vecino de la localidad oscense de Binéfar, según las citadas fuentes.

La mujer víctima de este nuevo crimen machista deja huérfanos a dos hijos de corta edad. Frente al edificio y de forma espontánea  se han congregado vecinos y amigos de la asesinada para condenar el crimen (en la imagen superior de Radio Huesca, un coche de la Guardia Civil y vecinos concentrados junto a la casa donde ha ocurrido el asesinato)..

Trabajaba en las brigadas municipales

El alcalde de Monzón, Álvaro Burrell,  convocaba este mismo domingo Junta de Portavoces y a su conclusión la Corporación condenaba el asesinato de la vecina de la ciudad y decretaba tres días de luto en los que las banderas lucirán a  media asta.

Burrell señalaba que la víctima vivía desde hace una década en Monzón y que trabajaba en la actualidad en una de las brigadas del Ayuntamiento, lo que le proporcionaba un salario con el que trataba de sacar adelante a sus hijos, tras divorciarse de su pareja.

También ha confirmado el primer edil montisonense que Rokhaya D. había denunciado a su pareja por malos tratos hace cinco años, pero su petición había sido archivada.

Puntualización

Sin embargo, parece que la mujer asesinada presuntamente por su expareja no lo había denunciado por violencia machista en los últimos cinco años aunque el hombre, senegalés de 48 años y residente en Binéfar, sí tuvo una orden de alejamiento de la víctima durante dos meses en 2013.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios la Subdelegada del Gobierno en Huesca, Isabel Blasco, antes de participar, junto al alcalde, Álvaro Burrell, y cientos de vecinos en la concentración de repulsa celebrada en Monzón contra el asesinato de esta senegalesa de 42 años a manos, presuntamente, de su expareja y padre de sus dos hijos, de 4 y 8 años.

Menores que estaban en el domicilio en el momento del ataque, realizado con un arma blanca, y que han quedado bajo custodia de la familia materna, según Blasco. El hombre ha sido detenido y se encuentra custodiado por la Guardia Civil.

Esta última víctima eleva a 3 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en Aragón en lo que va de año y a 45 en el conjunto del Estado español. Los asesinatos han determinado que 37 menores hayan quedado huérfanos

La muerte de esta mujer en Monzón coincide con la conmemoración este domingo, 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer, contra la que miles de personas han clamado en varias ciudades españolas.

El problema más grave

El Ayuntamiento de Monzón, donde se ha producido este último crimen machista, ha decretado tres días de luto y ha convocado una concentración de repulsa a las 19.00 horas en la plaza Mayor.

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha condenado en un comunicado el asesinato. La directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo, ha expresado su repulsa a este asesinato y a la violencia contra las mujeres que ha calificado como “el problema más grave” que tiene la sociedad en estos momentos.

La violencia de género “nos lastra como sociedad y lastra la democracia, que no puede ser plena mientras la mitad de ella viva insegura y en riesgo solamente por el hecho de ser mujer”, ha concluido.

La DGA confirma el refuerzo de la seguridad en puntos de encuentro

La directora general de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón, Teresa Sevillano, ha subrayado que la seguridad en los puntos de encuentro de la Comunidad “continúa siendo un objetivo prioritario” para su área y que por ese motivo se ha reforzado “de manera muy importante”.

Así lo ha expuesto Sevillano en la Comisión parlamentaria de Ciudadanía y Derechos Sociales, en la que ha comparecido a propuesta de la consejera del ramo, María Victoria Broto, y del PAR, para explicar la seguridad en dichos centros.

En materia de organización, Sevillano ha resaltado diversas medidas de seguridad en cada punto de encuentro y actuaciones especiales para casos de violencia, informan fuentes parlamentarias en una nota de prensa.

Según ha expuesto la directora general de Igualdad y Familias, desde el año pasado se ha implementado la coordinación con el sistema judicial y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “para reforzar y regular el protocolo de actuación”, de obligado cumplimiento para los usuarios y para las personas que desarrollan su trabajo en estas instalaciones.

Botón antipánico

Sevillano también ha confirmado que todos los puntos asumieron una valoración previa por parte de la Unidad de Policía Adscrita y que todos han adoptado sus recomendaciones, como, por ejemplo, la disposición de un botón antipánico conectado a una central de alarmas.

La directora general de Igualdad ha incidido en la formación “específica” que reciben todos trabajadores, ha asegurado que se mantiene el contacto “casi diario” con estos centros y ha ratificado su acuerdo con el desarrollo de puntos diferentes para casos de maltrato, pese a que, ha matizado, “excede” de sus competencias.

Según Sevillano, en 2016 se atendieron en estos centros a 2.692 personas, cien más el pasado año, y se recibieron once quejas y ocho en el Justicia, todas ellas contestadas.

La directora general ha adelantado asimismo que se está trabajando en los nuevos puntos de Jaca y Cinco Villas (en la foto superior de cortesaragon.es, Sevillano durante su comparecencia en las Cortes).

Espacios diferenciados

La diputada del PAR Elena Allué ha abogado por “reforzar todas las herramientas y recursos” de estos recintos y que se les dote de espacios diferenciados para aquellos menores que tengan que cumplir visitas con personas condenadas por malos tratos, aunque ha advertido de que “estos lugares no deberían ser los que cubren las necesidades de parejas con violencia de género”.

Por su parte, la popular Marián Orós ha denunciado “carencias de información entre los puntos, el Departamento o el Justicia” que si no se mejoran, ha lamentado, hace “imposible la inmediatez”.

Orós también ha abogado por “reflexionar sobre si es beneficioso o no que los puntos de encuentro generales sean los mismos que los que necesitan las familias que sufren violencia de género” y ha destacado el desarrollo del Pacto de Estado por la Violencia que incluye medidas para los usuarios de los puntos de encuentro.

La socialista Pilimar Zamora ha preguntado por los indicadores de calidad para valorar el servicio, por si se necesitan informes de los puntos de encuentro, y cada cuánto o cómo se realizan las encuestas de satisfacción y si tienen en cuenta a los menores.

“Los feminicidios son solo la punta de iceberg de las discriminaciones y la violencia”, ha comentado desde Podemos Amparo Bella, quien ha recordado a la mujer asesinada en uno de estos centros en Zaragoza.

Beneficiar al menor

Desde Ciudadanos, Desirée Pescador ha subrayado la necesidad de “tomar medidas urgentes en la vigilancia de los puntos de encuentro, ya que, a día de hoy, no existen estos servicios”, ha apostado por la “contratación de vigilancia hasta que se regule” y ha pedido evaluaciones de los profesionales ante la a su juicio “poca experiencia” de los recién licenciados que se están contratando.

La diputada de IU Patricia Luquin ha considerado que estos centros deberían ser “un punto neutral que beneficiase al menor y el uso de las familias con problemas, pero en estos puntos muchas mujeres maltratadas deben entregar sí o sí a sus niños y esto es un problema”.

Luquin ha puesto en duda si las personas que trabajan en estos centros tienen las herramientas para mantener la seguridad y la calidad del servicio y se ha mostrado interesada por los baremos de la contratación, así como por la formación de las personas que prestan el servicio.

Unicef Aragón propone dar una prestación universal de entre 10 y 150 euros al mes por hijo

Unicef Aragón ha propuesto conceder una prestación universal de entre 10 y 150 euros por hijo, en función de la renta, para luchar contra la pobreza infantil, dado que en Aragón hay una importante “desigualdad” interna, pese a que la Comunidad Autónoma ocupa el cuarto lugar por renta en el conjunto de España. La propuesta se ha efectuado en el transcurso de la presentación del informe titulado “La infancia en Aragón 2017: Desigualdad, la cara oculta de la crisis”.

De llevarse a cabo esta medida, las familias en pobreza severa, con ingresos por debajo del 30 por ciento de la renta mediana aragonesa –según el IPREM 20.000 euros anuales–, percibirían una prestación mensual de 150 euros por hijo; las situadas en pobreza alta, con ingresos por debajo del 40 por cien de la renta mediana, cobrarían 100 y las familias en pobreza moderada o riesgo de exclusión, que alcanzarían el 60 por cien de la renta mediana, 50 euros mensuales por hijo. Para el resto de familias se abonarían 10 euros mensuales por hijo en una sola vez o se aplicarían desgravaciones fiscales en la declaración de IRPF.

El informe señala que el coste global anual sería de 13.357.800 euros para el primer tramo; 7.743.600 para el segundo y 26.966.000 para el tercer tramo, con un importe total de 48.067.800 euros, a lo que se añadirían 20.602.080 euros para las familias que quedan fuera de los umbrales más bajos, sumando un total de 68.669.880 euros.

Informe encargado por las Cortes

La presidenta de Unicef Comité de Aragón, Pilar de la Vega, ha presentado en rueda de prensa, este lunes 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño, el informe mencionado, que han encargado las Cortes de Aragón a través de la Comisión de seguimiento del Pacto por la Infancia firmado por todos los Grupos Parlamentarios durante la legislatura pasada.

Unicef pretende introducir en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma una dotación que supondría el 0,9 por ciento del gasto total y equipararía a la región a países como Irlanda o el Reino Unido, donde el Estado ya otorga esta prestación.

Pilar de la Vega ha expuesto que la elaboración del informe se debe a la carencia de cifras sobre la desigualdad en la infancia en Aragón, aunque Unicef hace un informe de ámbito estatal cada año desde 2010. Para llevarlo a cabo han encuestado a más de 3.000 padres y alumnos de Primaria y Secundaria con la colaboración del sociólogo David Baringo y la ayuda del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

De la Vega ha hecho notar que aunque “nunca salimos mal” y la comunidad ocupa un buen lugar según el criterio de la renta, es la penúltima, solo por delante de Extremadura, en función de los datos internos de desigualdad: “Hay mucha diferencia entre el más alto y el más bajo”, ha lamentado, recalcando que las familias que ganan menos son, en general, las que tienen más hijos y soportan una mayor desigualdad, siendo muchas de ellas de origen extranjero.

Un momento de la presentación del informe en las Cortes. De izda a dcha: García Madrigal (PSOE, Violeta Barba (presidenta) Pilar de la Vega (Unicef) y Torres (PP)

Pobreza cronificada

“Si no se da una salida, se puede cronificar la pobreza, la exclusión”, ha alertado De la Vega, de ahí la propuesta de Unicef Comité de Aragón de “cambiar el paradigma” y dar una prestación universal por hijo a cargo, que beneficiaría especialmente a los niños y niñas en una situación más “acuciante”.

La prestación universal “permitiría un correcto desarrollo” en aspectos como la salud, la educación y el futuro laboral, ha dicho la presidenta de Unicef Aragón, quien se ha preguntado “si es admisible que la infancia pague el coste de las desigualdades”.

Tras recordar que las comunidades autónomas se hacen cargo del 88 por ciento del gasto dedicado a la infancia, Pilar de la Vega ha animado a “buscar una salida para ellos”.

La presidenta de Unicef Aragón ha resaltado que las Cortes son el único parlamento de España que cuenta con una Comisión de Seguimiento del Pacto por la Infancia, agradeciendo su “sensibilidad” y solicitando “compromiso”.

Pacto por la Infancia

También han intervenido la presidenta de las Cortes autonómicas, Violeta Barba, y los vicepresidentes primero y segundo, Florencio García Madrigal (PSOE) y Antonio Torres (PP).

Barba ha llamado la atención sobre los “preocupantes” datos que arroja el informe de Unicef, a los que “intentaremos dar respuesta desde las Cortes”, apostando por “una sociedad sin pobreza infantil y sin desigualdad”. Ha dejado claro que “la unidad es indispensable para afrontar este tipo de actuaciones”, comentando que el Pacto por la Infancia se volverá a reunir en próximas fechas.

Florencio García Madrigal ha destacado que “queremos proteger el derecho universal de la infancia”, abogando por poner en marcha “las actitudes, los recursos y los instrumentos” para hacer frente a “uno de los cánceres del mundo”, en alusión a “la desigualdad creciente”.

Ha dicho que “hemos avanzado con nuevas inversiones en Educación” y luchando contra la “vulnerabilidad”, añadiendo que las Cortes están tramitando la Ley de Renta Social Básica.

Antonio Torres ha puesto de relieve el “acuerdo unánime” de las Cortes en apoyar a la infancia trabajando “todos unidos de la mano”, un asunto en el que “no debe haber nunca descanso”, aplaudiendo la decisión de la cámara de “trabajar codo con codo” con Unicef.

La actividad en las Cortes de Aragón con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño se ha completado con la celebración de un pleno infantil, en el que 70 escolares han ejercido de diputados y han solicitado la adopción de más medidas contra el acoso escolar.

Centenares de personas exigen justicia para Juan Rivas

Centenares de personas -con una destacada presencia de mujeres- se concentraron este sábado en la plaza España para mostrar su apoyo a Juana Rivas, la madre gaditana que el 26 de julio decidió esconderse para no permitir que sus hijos volvieran con su padre condenado por maltrato.

También hubo actos en Huesca y Teruel y en una veintena de ciudades españolas, que reunieron a miles de personas.

“La manifestación es por todas las Juanas Rivas que hay, que son muchas. Este caso ha sido muy mediático este verano pero lo cierto es que sufriendo lo que está sufriendo está mujer, que no es otra cosa que violencia institucional, tenemos a muchas mujeres a lo largo y ancho del Estado español”, declaraba Josefina Musulén, integrante de la Coordinadora de Organizaciones Feministas, organización convocante del acto en Zaragoza.

En la concentración se vieron dos pancartas, en una de ellas se leía “Frente a la violencia institucional, respuesta feminista”, y en la otra “Somos, sobrevivientes de violencia machista”. Durante el acto se leyó un comunicado.

El papel de la Justicia

Al finalizar la lectura los y las asistentes rompieron en aplausos y gritaron: “¡Frente a la violencia institucional respuesta feminista!”, “¡Nos queremos vivas, ni una más!”.

“Hay que pensar todo el camino que tienen que recorrer estas mujeres no solo con su maltratador sino con las instituciones y en este caso con la justicia. La Justicia tiene que reinventar la forma de mirar a las mujeres. Entendemos que los profesionales que en este momento están impartiendo justicia, en muchos casos, no tienen la formación ni la información suficiente para amparar a las mujeres maltratadas”, añadía Musulén.

“Entendemos que un maltratador no puede ser un buen padre. Además están utilizando a los niños y niñas como moneda de cambio y como forma de chantaje para seguir maltratando a las madres. Con lo cual, no es que quieran estar con sus hijos sino que quieren seguir ese maltrato a través de ese vínculo que queda”, remarcaba.

El acto contó con representación de cargos de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza (Arantza Gracia y Pablo Muñoz) y de Podemos en las Cortes de Aragón (Amparo Bella), entre otras personas.

AraInfo