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Simbólico ‘no banquete’ del ICA, cuyo recibo de 2017 se han negado a pagar 90.000 zaragozanos

La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) le ha recordado al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que tiene pendiente cerrar una reunión que le han solicitado en la que les exponga su propuesta de reforma del Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA). “Un mes sin tener la más mínima respuesta del Ejecutivo a la petición de RAPA, ni tan siquiera por cortesía. Este comportamiento nos hace preguntarnos si la tal propuesta gubernamental de reforma del ICA no sea más que una simple broma”, señala con ironía la RAPA.

Por esta razón la RAPA ha organizado en esta fecha de los Inocentes un “No banquete de Navidad” ante la sede de la DGA en plaza San Pedro Nolasco, justo después de que la DGA reconociera que unos 90.000 consumidores zaragozanos se han negado a pagar el recibo del ICA de 2017.

Como ha señalado la integrante de Podemos y de la RAPA Maribel Martínez: “Esta es la auténtica “Tart-ICA de Lambán”, que solo se comen los inocentes. Por eso hoy nos hemos comido el recibo del #ICAdeLamban, para celebrar que en la RAPA no perdemos el buen humor”.

El portavoz de RAPA S. Gracia, en pleno “no banquete”. Foto: RAPA

A base de agua

El menú del “No banquete” ha estado integrado por agua, “el único producto que nos surte el Instituto Aragonés del Agua a la ciudadanía, servido con espirituosos azules cosecha de RAPA”, acompañado por unos cantos rodados y para postre un pastel con forma de recibo del ICA.

Al acto reivindicativo han acudido, además de responsables y simpatizantes de la RAPA, el secretario general de Podemos-Aragón, Nacho Escartín, y el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar (ZeC).

Éste último ha señalado con ironía en su cuenta de Facebook que “hoy nos hemos pegado un atracón de recibos del #ICA. Lambán estará orgulloso de nuestro apetito. El menú seleccionado por la RAPA – Marea Azul Aragón ha consistido en obleas, piedras y el colofón: tarta “milrecibos”. El servicio excepcional y la compañía inigualable”.

La RAPA ha recordado que este viernes, 28 de diciembre, se cumple exactamente un mes desde que le solicitaran al presidente Lambán una reunión para conocer en detalle el contenido de su propuesta de reforma del ICA y el Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Aragón (PSDA).

Desde la entidad en defensa del agua pública entienden que “pagar dos veces por el mismo servicio” obligará a muchas familias aragonesas a recortar su gasto navideño. Esta es la razón por la que han convocado, en este día de los Inocentes, un “No Banquete de Navidad” ante la sede de la DGA.

Impago de recibos

La iniciativa de la RAPA se produce un día después de que el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, confirmara que al menos un 25% de los contribuyentes zaragozanos no han pagado el recibo de 2017 del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), es decir, unos 90.000 usuarios.

El dato es “muy similar” al del pasado ejercicio, según el consejero, cuando se registraron alrededor de 89.900 impagos, cifra que correspondía al 23,4% de los 364.197 recibos emitidos.

En relación con los zaragozanos que no han pagado el ICA, la diputada de Podemos, Marta de Santos ha señalado que “están pidiendo claridad y limpieza”, y ha subrayado que quienes se oponen a abonar el recibo “no son tontos, y aunque los impuestos hay que pagarlos, si no se toman medidas serias esto es lo que pasa”: un “alto grado de insumisos” que a De Santos “no me sorprende”.

Los asistentes al original acto posan ante las puertas de la DGA. Foto: RAPA

El 30% de los zaragozanos no ha pagado el ICA

El 30% de los zaragozanos no ha pagado el primer recibo, correspondiente a 2016, del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). Así lo ha confirmado la directora general del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, que se ha mostrado, a pesar de esto, contenta con la respuesta de los contribuyentes a esta tasa.

“Estamos satisfechos porque hemos alcanzado la recaudación media en la ciudad a pesar de toda la confusión y las informaciones en los medios, el 70% lo ha abonado”, ha explicado.

A los considerados como impagados se les enviará próximamente un segundo acuso de recibo, por correo certificado esta vez, en el que se les notificará los plazos en los que pueden hacer el pago. En concreto, si el contribuyente recibe la factura antes del día 15 de mes, se tendrá que abonar antes del cinco del siguiente, y si lo recibe pasado el día 15, lo podrá pagar hasta el 20.

Aquellos que vuelvan a no pagar se les comenzará a sumar un recargo ejecutivo que irá aumentando conforme se retrase el pago. Aquellos que han interpuesto un recurso están en el aire pendientes de resolución.

Torralba ha señalado que es posible que a muchos zaragozanos simplemente se les haya pasado el plazo por lo que confía que el porcentaje de pagos aumente con esta segunda ronda de notificaciones. La directora general ha añadido que el gasto económico de este segundo envío es de unos cuatro euros por cada recibo, y ha confirmado que se irá haciendo de manera laminada por toda la ciudad “para evitar un colapso en las oficinas de Correos”.

Y es que el 30% de los 369.000 contribuyentes en esta tasa supera las 100.000 personas, sin embargo a esa cifra hay que descontar los que sí que han presentado un recurso, por lo que la directora lo ha cifrado en cerca de 80.000 casos.

Mesa técnica del ICA

Datos que ha dado a conocer Torralba después del tercer encuentro que ha mantenido la Mesa Técnica encargada del estudio del ICA, y en el que tienen representación diferentes entidades vecinales y de consumo. El fin de esta órgano era sentar las bases de la propuesta de reforma que se estudiará en la Comisión de las Cortes creadas para este tema.

Precisamente en este encuentro se ha llegado a un acuerdo en los diez puntos imprescindibles que debe contener la nueva norma. Unos principios que desde RAPA han calificado como “filosóficos” y aplicables “prácticamente a cualquier campo de la vida”, y ante los que, han dicho, “no podíamos estar en contra”. Posición parecida a la de la Federación de Municipios y Comarcas, que ha valorado el esfuerzo del Ejecutivo por escuchar las peticiones de su organización para sacar adelante la norma más justa para Aragón.

Puntos que se resumen en la defensa de la eficiencia y la sostenibilidad, la coordinación y colaboración entre administraciones y entidades, la racionalidad en la gestión del tributo, la información y participación, el principio de recuperación de costes, la progresividad, el principio de quien contamina paga, la solidaridad, universalidad y equidad tributaria.

“Nuestro papel es circunstancial, lo dijimos al principio, no es aquí donde se van a decidir las cosas sino en las Cortes. Confío en que recogan estos puntos y los incorporen cuando estudien la reforma”, ha sentenciado el portavoz de Rapa José Ángel Oliván.

Aragón Press

El Consistorio se implicará contra impagos a trabajadores de los CTL

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado por unanimidad una moción de Chunta Aragonesista (CHA) por la que se insta al gobierno de la ciudad a reconocer la labor de diez trabajadores de dos Centros de Tiempo Libre de la ciudad (Miralbueno y Valdefierro), que llevan cuatro meses sin cobrar y a solventar de inmediato la situación. La consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, ha insistido en que esa solución es “muy complicada” por la legislación laboral y el contenido de los actuales pliegos de condiciones.

Así lo ha apuntado Broto durante el debate de la moción de CHA, para expresar su apoyo a los empleados de los Centros de Tiempo Libre Birabolas y Gusantina, que gestiona la empresa Gabinete Técnico de Trabajo Social y que lleva cuatro meses sin pagar a sus trabajadores.

Solución inmediata

En su defensa de la iniciativa, el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha transmitido su apoyo a los trabajadores y ha señalado al Gobierno de Zaragoza en Común que ahora es momento de reconocer su labor y su grado de compromiso.

Ha explicado que el objetivo de la moción es denunciar “lo que está pasando con estos diez empleados” y el incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de la empresa desde 2010 y ha recordado que es un servicio “cien por cien público y municipal” y por eso ha reclamado la implicación del Ayuntamiento, que es “al que le corresponde que se cumplan los pliegos”.

“No puede pasar ni un día más sin solución” ha sentenciado el portavoz de CHA quien ha acusado al gobierno municipal de no haber sancionado antes a la empresa porque “con dos faltas graves los pliegos de condiciones permiten rescindir el contrato al Ayuntamiento”.

A esto ha añadido que la situación ha cambiado porque la empresa ha presentado concurso de acreedores “y ahora se puede rescindir el contrato sin que la nueva empresa que lo tome deba asumir las deudas de Gabinete Técnico”.

Situación complicada

En su intervención, la consejera Luisa Broto ha destacado que poner en valor el trabajo significa “unos pliegos consecuentes” cuando los anteriores planteaban que una empresa adjudicataria que incumpliera los pliegos y tuviera un retraso en el pago tenía una sanción de 90 euros.

Broto, quien ha asegurado que desde el Gobierno han hecho un seguimiento “leal” de la situación, ha advertido de que la empresa “ha preferido recibir el dinero del Ayuntamiento y no pagar a sus trabajadores, porque le sale muy barato” no pagarles.

“La situación es muy complicada, pero hasta que no cambien los parámetros, la legislación laboral y de contratación es la que tiene sujeto al Ayuntamiento” ha reconocido Broto quien ha insistido en que “no hay posibilidad de cese”, lo que podría permitir la adjudicación a otra empresa, y que es el empresario el que tendría que renunciar a la gestión, con lo que perdería el aval.

Aportación municipal

La popular Reyes Campillo ha destacado que en el Pleno se habían aprobado pagos de facturas por 48.000 euros a esta empresa, por lo que el gobierno municipal debía personarse en el concurso de acreedores y tratar de que esos pagos se destinaran al abono de las nóminas de los trabajadores.

Lola Campos, del PSOE, cree que si diez trabajadores llevan cuatro meses sin cobrar el sueldo es “un problema político” que “viene de lejos y de unos pliegos elaborados en unas determinadas circunstancias que han cambiado”, ha abogado por una solución intermedia y ha defendido una aportación municipal que ayude a paliar la situación.

Desde Ciudadanos, Cristina García, quien ha destacado la importancia de la labor que desarrollan estos centros, ha calificado de “gravísima” la situación, ha subrayado que el Ayuntamiento debe implicarse y “de manera importante porque es un problema que se remonta a hace seis años” y ha destacado que es una “oportunidad de oro” para penalizar a las empresas que incurran en el impago de salarios.

El debate de la iniciativa ha contado con la intervención de un portavoz de los afectados, que ha pedido una solución “¡ya!” porque “no podemos aguantar más”, al tiempo que ha lamentado que “los encargados de educar y formar a los más jóvenes” sean los “peor pagados”, mientras que un representante del PAR ha abogado por no jugar “con el pan de los responsables del futuro de nuestros jóvenes”.

El Ayuntamiento rescindirá las contratas con empresas que deban dos nóminas a sus trabajadores

El Ayuntamiento de Zaragoza va a introducir una nueva cláusula en los pliegos de condiciones de las contratas que externalizan servicios públicos por la que si la empresa concesionaria deja de pagar las nóminas a sus trabajadores dos meses seguidos o más de dos meses alternos, el Consistorio resolverá unilateralmente el contrato sin derecho a indemnización por parte de la compañía afectada. CHA ya ha expresado su apoyo total a la implantación de la medida.

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha presentado esta mañana de jueves 26 de octubre esta nueva cláusula social de protección a los trabajadores de empresas que gestionan servicios municipales, que será aprobada este viernes por el gobierno municipal de ZeC y que a partir de ahora se aplicará “en todas las contratas que impliquen incorporación de mano de obra, es decir, prácticamente todas”, ha dicho Cubero, aunque no podrá afectar a las contratas actualmente en vigor.

La sanción más dura

En caso de que el Ayuntamiento decida resolver el contrato por incumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones salariales con sus trabajadores, “la contrata será adjudicada de forma automática a la empresa que hubiera quedado en segundo lugar en el proceso de selección”. Con esta medida se pretende que el servicio no quede sin prestarse en ningún momento por la resolución del contrato con la primera empresa.

Cubero ha subrayado que la cláusula introduce la medida sancionadora más dura que puede imponerse a una empresa de contrata, como es la resolución unilateral por parte del Ayuntamiento y sin derecho a indemnización, “porque consideramos que no respetar los derechos de los trabajadores es algo muy grave que no podemos permitir”.

También ha explicado que con esta medida de protección a los trabajadores de contratas “se hubiera evitado la situación actual de las trabajadoras del servicio 010 o de los Centros de Tiempo Libre (CTL) de Miralbueno y Valdefierro, que llevan cuatro meses sin percibir sus salarios”.

A este respecto, el grupo municipal de CHA va a presentar una moción al Pleno municipal en la que se valora el trabajo de los CTL y reclama la intervención del Ayuntamiento en la resolución del problema de la empresa Gabinete Técnico de Trabajo Social, “cuyo pliego de condiciones le obliga a dedicar el 85% de la cuantía del contrato al pago de los trabajadores”, ha indicado el concejal aragonesista Carmelo Asensio.

El edil de CHA ha asegurado que el Ayuntamiento puede intervenir para tratar de resolver estas anomalías y ·puede hacer “una inspección más rigurosa”. Pero Cubero sostiene que en la actualidad el Consistorio “no puede hacer absolutamente nada” para corregir esas irregularidades, y ha subrayado que la actual legislación en materia de contratación pública “protege a las empresas, pero no a los trabajadores”.

Dificultades para su aplicación

La nueva cláusula social que va a introducir ZeC y que cuenta “con todo el respaldo” de CHA, según Asensio,  está basada “en directivas europeas de 2014 que impiden una rebaja sustancial de las condiciones laborales de trabajadores de concesionarias de servicios públicos, y en la regulación de la contratación laboral, en la legislación laboral en general y en los convenios colectivos”, ha explicado Cubero.

En ese sentido, Asensio ha responsabilizado al Gobierno estatal del PP de “ir en contra de la dirección de la UE en materia de derechos sociales y de no aplicar las directivas de Bruselas”. El concejal de CHA sostiene que incorporar y aplicar la nueva cláusula social “va a ser complicado por las modificaciones en la contratación pública que ha introducido el Gobierno del PP”.

Acusaciones a políticos y jueces

Por su parte, Cubero considera que es “lamentable” que las administraciones locales deban encargarse de la protección de los trabajadores en este tipo de contrataciones y ha acusado a representantes políticos e instancias judiciales de no haber actuado hasta ahora en esta materia.

Respecto a las medidas similares adoptadas por el gobierno municipal que han acabado en los tribunales y en la actualidad se encuentran paralizadas, Cubero ha indicado que la introducción de esta nueva cláusula, “como las demás medidas que hemos adoptado”, cuenta con los informes favorables del director de servicios públicos y del responsable del área jurídica municipal.

A esto ha añadido que no tienen constancia de que otros ayuntamientos del Estado español hayan introducido en sus contrataciones cláusulas de este tipo, pero ha insistido en “nuestro deber es velar por los derechos de los trabajadores”, y que esta medida es un paso más en “la apuesta de ZeC por la aplicación de políticas sociales y de contratación pública responsable”

Trabajadoras del 010 inician una huelga por su “situación límite”

Las 14 trabajadoras del servicio de atención telefónica 010 del Ayuntamiento de Zaragoza han explicado que han comenzado este lunes, 2 de octubre y hasta el próximo día 15, debido a la “situación límite, insostenible e inhumana” por la que atraviesan.

La empresa adjudicataria de este servicio externalizado, Pyrenalia, tras dos años de continuos retrasos en el pago de salarios, les adeuda cuatro nóminas, que les han sumido en “un ahogo económico muy difícil de sobrellevar”.

En una nota de prensa, han recordado que esta empresa “aseguró a la jueza que estaba en disposición de seguir asumiendo el servicio, abandonándolo dos meses después y saliendo impune”.

Rehenes

“Somos rehenes de entresijos políticos y vemos cómo nos arrastran inevitablemente a perder nuestros puestos de trabajo tras veinte años de dedicación”, han criticado para lamentar que “es el servicio municipal mejor valorado y, paradójicamente, el peor tratado”.

Estas trabajadoras han dicho tener la sensación de que su futuro “se desvanece” al argumentar que no ven “la voluntad política necesaria para solucionar el problema”.

Al respecto, han agregado: “es más, nos hacen responsables de la situación por haber confiado en una propuesta que intentaba mejorar nuestras precarias condiciones de trabajo. Es evidente que se podía haber hecho mucho mejor y es lo que deseamos, pero tememos que, más que buscar una solución, sea más importante para algunos malograr una propuesta de un concejal incómodo.

Tras esta exposición han avanzado que han convocado una concentración para dar visibilidad a su “penosa” situación el miércoles, día 4, a las 19.00 horas, en la plaza de España, con la esperanza de “lograr una solución inmediata para un problema en el que nos sentimos atrapadas”.