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PP, PSOE y Cs fuerzan el recurso a la sentencia de Torre Village y dan un balón de oxígeno a los promotores

PP, PSOE y Cs han forzado con sus votos en el Pleno de este lunes 25 de marzo que el Ayuntamiento de Zaragoza recurra ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por la que se anula el Plan Especial municipal que permite la construcción del centro comercial Torre Village. La decisión de derecha y socialistas supone un balón de oxígeno para los promotores del outlet, que podrán seguir con las obras al menos hasta que el Supremo decida sobre la admisión del recurso municipal. Los mismos grupos han aprobado también un voto particular del PSOE para modificar el Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de forma que encajen los usos comerciales previstos en el área de Torre Village.

Mientras los defensores del recurso alegaban que debe presentarse para defender los intereses municipales porque la sentencia del TSJA no es firme, sus detractores, ZeC y CHA, alertaban de  un hecho incuestionable y es que la decisión da pie a los promotores a continuar con el desarrollo del proyecto pese a que éste se desarrolle en base a una decisión municipal (auspiciada también por PP, PSOE y Cs) que ha sido declarada ilegal por el TSJA, lo cual entraña el peligro de que cuando el Supremo se pronuncie ya esté prácticamente hecho el centro comercial y éste deba ser admitido por la vía de los hechos.

El portavoz de ZeC, Pablo Muñoz, ha asegurado al respecto que derecha y PSOE lo que pretenden es “que sea imposible aplicar la sentencia del TSJA por la fuerza de los hechos, porque el centro esté ya construido, como ocurrió con el hipermercado de la plaza Utrillas, que no se pueda pensar siquiera en pagar indemnizaciones a los promotores porque las tiendas ya estén en funcionamiento” (en la imagen superior facilitada por Torre Village, estado de las obras del centro comercial).

Informe del letrado

Tanto Muñoz como Asensio (CHA) han insistido además en que no tenía sentido plantear el recurso de casación ante el Supremo porque habitualmente el tribunal rechaza solicitudes de este tipo en casos de litigios urbanísticos juzgados por los tribunales superiores, como ha señalado el letrado municipal en su informe sobre la sentencia de Torre Village.

En ese informe del responsable jurídico municipal también se indica que si continúan las obras se producirá un importante perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento porque en caso de que se rechace el recurso o el Supremo avale la sentencia del TSJA, si el Consistorio quiere aplicarla debería afrontar costosas indemnizaciones por paralizar un centro ya construido y quizá en funcionamiento.

Pese a las advertencias del letrado municipal, PP, PSOE y Cs han persistido en recurrir la sentencia del TSJA, como ya hicieran en la gerencia de Urbanismo celebrada hace escasos días.

La decisión de recurrir la sentencia contra el Plan Especial municipal impulsado por los citados grupos que permitía la construcción del centro comercial de Torre Village supone que la sentencia del TSJA dejará de tener efectos jurídicos hasta que se resuelva el citado recurso y por tanto se paralizan las decisiones ya adoptadas por el gobierno municipal de ZeC de suspender las licencias de obras en los terrenos de la antigua Pikolin, puesto que dicha suspensión se adoptaba en base a la sentencia del TSJA.

Por tanto, los promotores seguirán solicitando licencias y ejecutando obra hasta la resolución definitiva del Supremo, ya que sus peticiones se ampararán en el Plan Especial municipal que permite el desarrollo del proyecto, que sigue vigente al recurrirse la sentencia en su contra.

El expediente, votado por PP, PSOE y Ciudadanos frente a la posición contraria de ZeC y CHA, al igual que en la Comisión de Urbanismo del miércoles pasado, incluye también un voto particular del Grupo Socialista para modificar el PGOU para que quepan los usos comerciales en los terrenos donde se ubicaba la antigua fábrica de Pikolín, en la carretera de Logroño

La DGA cubrirá el 100% de los daños de la riada, cifrados en 25 millones

Los daños de la última crecida extraordinaria del Ebro en el ámbito agrario ascienden a 25 millones de euros. El episodio se ha saldado con 14.000 hectáreas de cultivo afectadas y la muerte de casi 900 animales. Ante esta situación, el Gobierno de Aragón se ha comprometido a completar las indemnizaciones de los seguros agrarios hasta el cien por cien.

Así lo ha indicado el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, después de mantener un encuentro con los representantes de organizaciones agrarias.

Los 25 millones de euros en pérdidas ha señalado que son relativos al ámbito agrario, en cultivos y en infraestructuras, tanto privadas de explotaciones agrícolas como en redes de riego. Ha mencionado que ha habido unas 19.000 hectáreas inundadas, 14.000 pertenecientes a cultivos.

“En cuanto a la ganadería, hemos gestionado, con absoluta colaboración ejemplar por parte de los ganaderos, el traslado de 50.000 animales correspondientes a 62 granjas”, ha explicado Olona. No obstante, en cinco de ellas no fue posible extraer los animales trasladarlos y fueron atendidos en las propias instalaciones.

El consejero Olona, tras la reunión mantenida con los agricultores. Foto: Europa Press

Animales muertos

“Toda esta gestión de este número tan elevado de los animales ha contado con una actuación por parte de los ganaderos ejemplar, por nuestra parte hemos hecho lo que teníamos que hacer, poner a disposición todos los medios”, ha relatado.

Ha precisado que hubo problemas sólo en una granja de Villafranca, en la que había 2.400 cerdos que quedaron atrapados y murieron 94 animales. Ha mencionado que este percance no es atribuible al ganadero, “que hizo todo lo que tenía que hacer y más”, sino al propietario de los animales, “una empresa con la que ya se han tomado las actuaciones pertinentes por parte de este Departamento”.

Ha sido el Departamento de Desarrollo Rural el que este miércoles se ha tenido que hacer cargo de la extracción y traslado de estos animales. “Ha sido un punto negro”, ha aseverado.

También han muerto 200 ovejas del pastor Manuel Lázaro, quien también falleció en el municipio de Codos, el día 12, cuando fue arrastrado por el río Grío al intentar salvar su rebaño. Por otra parte, murieron 600 lechones en una granja a consecuencia de la crecida del río Arba.

“Los datos más abultados de muertes de ganado no han sido en realidad en la riada del Ebro, sino que han sido en la riada del Arba y del Grío”, ha puntualizado.

Complemento a los seguros

El consejero de Desarrollo Rural ha asegurado que el compromiso del Ejecutivo autonómico es complementar “al cien por cien” las indemnizaciones del seguro agrario. Es decir, “cualquier déficit o cualquier limitación que el seguro agrario no cubra en cuanto a daños en cultivos y en ganados los vamos a cubrir desde el Gobierno”.

Además, ha remarcado que habrá ayudas para la reparación de infraestructuras agrícolas, tanto de los propios agricultores como colectivas de las comunidades de regantes. Aunque se trata de infraestructuras que no sean objeto de seguro sí que se va a exigir a sus beneficiarios que tengan seguro (en la foto superior de Cadena Ser, tierras inundadas por el Ebro a su paso por Pina).

“Queremos potenciar y defender la política de seguro, por lo que los que quieran ser indemnizados nos tienen que mostrar que cuentan con seguro agrario”, ha aseverado Olona. Respecto al presupuesto, ha apuntado que el Gobierno de Aragón está pidiendo que colabore el Ejecutivo central.

Limpieza del cauce del río

Las organizaciones representantes de los ganaderos que han asistido a este encuentro han coincidido en reivindicar la limpieza del cauce del río Ebro para evitar crecidas de estas dimensiones.

De esta forma, el secretario general de Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG), José Manuel Penella, ha agradecido la celeridad de esta reunión y ha observado que ha habido más coordinación con las administraciones que en otras ocasiones. Ha destacado la buena labor que han realizado los ganaderos, a excepción de lo ocurrido en Villafranca, hecho que ha calificado de “inaceptable”, en referencia a los 94 lechones ahogados.

“Damos el año agrícola por perdido, en junio no se puede iniciar un año agrícola, hay que indemnizar la totalidad de los cultivos y estamos de acuerdo en que sea para los que están asegurados, ya que los agricultores han tenido tiempo para asegurar desde la riada de 2015”, ha opinado. También ha solicitado la excepcionalidad de la Política Agraria Común (PAC) y su adelanto.

Falta de presupuesto

El secretario general de la Asociación de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Aragón, Ángel Samper, ha remarcado su preocupación sobre que haya suficiente presupuesto para complementar los seguros. “Sin dinero no podemos obrar con acontecimientos de forma natural, hay que buscar recovecos dentro de la estructura financiera”, ha lamentado.

Asimismo, ha incidido en que hay que regular los ríos para que “acontecimientos ordinarios no se conviertan en extraordinarios”. De esta forma, ha reivindicado la importancia de los embalses para frenar las avenidas.

Crítica a las administraciones

El presidente de la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ARAGA), Jorge Valero, ha subrayado que “cada vez el río está peor” porque no se limpia. “Nos han comentado que están los embalses entre el 80 y 90 por ciento de la capacidad y están abriendo compuertas porque está la nieve todavía en el Pirineo”.

Ha agregado que desde ARAGA no le gusta que se hablen de ayudas en el caso de las crecidas: “Son indemnizaciones, porque las administraciones, que son las responsables de que el río esté en condiciones, no han hecho bien su trabajo”.