informe

Las agresiones a personal sanitario se agudizan por la feminización del sector

Es un problema que se ha agudizado en los últimos tiempos o al menos ahora se conocen más casos. Los trabajadores del sistema sanitario público y privado de Aragón sufren cada vez más agresiones de sus pacientes. El informe de Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Sanidad situaba hace unos días en 253 las agresiones sufridas en toda la Comunidad en 2018. La realidad es que se denuncian muchas menos: en la provincia de Zaragoza ese mismo año solo hay constancia de nueve casos judicializados. El aumento de las agresiones tiene que ver también con la feminización del sector sanitario. Ellas son las principales perjudicadas.

La gran mayoría de las agresiones son de carácter verbal (amenazas e insultos) y esto provoca que los trabajadores no lo consideren grave. “Hay gente que lo deja pasar en cuanto se le pasa el sofoco y ya no quiere denunciarlo. A veces son las propias compañeras las que tienen que convencer a la enfermera de que lo haga”, explica el presidente del Colegio de Enfermeros de Zaragoza, Juan José Porcar. Porque si no se llega a casos como el vivido hace apenas una semana, cuando un médico fue herido de arma blanca por un hombre en el centro de salud Univérsitas (en la foto superior, concentración de protesta en el citado centro tras la agresión)

Reincidentes

Los Colegios Oficiales de Médicos, Enfermeros y Odontólogos de Zaragoza piden mayor protección y seguridad para los empleados y, sobre todo, que se ponga el foco en los casos de “reincidentes” en el servicio sanitario a domicilio, muy habitual en Aragón debido al envejecimiento de la población. “Hay que hacer la asistencia compartida: los profesionales nunca deben ir solos. Existen situaciones problemáticas que están localizadas y los profesionales van acompañados de Policía Local”, apostilla la presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concepción Ferrer.

Las causas que explican el aumento de agresiones en el ámbito sanitario son la saturación de los servicios de urgencias y los centros de salud, la falta de libre elección de profesional, la desprotección, la pérdida de respeto en la sociedad y la feminización de la profesión. De hecho, como matiza Ferrer, las agresiones “se producen en mujeres jóvenes menores de 45 años con mayor incidencia y tienen miedo porque el agresor sabe quiénes son y dónde trabajan todos los días”. Querer disponer de informes que no se pueden facilitar, no aceptar que algunos trámites requieren tiempo o la prescripción de medicamentos, también estarían detrás del aumento de agresiones.

Medidas disuasorias

Desde 2018 existe la figura del Interlocutor Policial que media entre los centros médicos y los colegios profesionales para controlar, prevenir y frenar las agresiones. En las ciudades es un agente policial y en los núcleos rurales, un guardia civil. Este servicio contabilizó siete delitos en 2018, si bien el dato facilitado por el Colegio de Médicos era nueve (cinco doctores y cuatro enfermeros), dos no fueron considerados delito.

Los profesionales sanitarios piden más personal de seguridad en los centros de salud y la instalación de cámaras de seguridad como medida disuasoria, la penalización de las situaciones habituales o de reincidentes y la creación de un registro único que aglutine todas las agresiones registradas para poder contabilizarlas con mayor seguridad.

Además, van a poner en marcha un botón de alerta en el sistema informático de los ordenadores para que el trabajador pueda notificar un situ si la agresión se produce en la consulta con solo clickarlo. Un servicio que también se implantará en la asistencia a domicilio y que se ha puesto en marcha como proyecto piloto en el Centro de Salud Las Fuentes Norte.

Teléfono de ayuda

Por su parte, el Colegio de Médicos de Zaragoza ha optado por abrir un número de teléfono que estará disponible 24 horas de lunes domingo. Es el 601755044 al que los empleados podrán llamar para recibir asesoramiento y acompañamiento en caso de agresión. Concretamente, un colegiado le informará sobre cómo y dónde denunciar el hecho ante las autoridades policiales.

Los sanitarios que hayan sufrido una agresión en Zaragoza capital pueden ponerse en contacto con el interlocutor policial llamando al 976 469 925 o 976469926 o enviando un email a zaragoza.segpriv@policia.es. Si la agresión se produce en el ámbito rural serán atendidos en el 976711400, extensión 392, o en el email bdelbusto@guardiacivil.es.

La mujer aragonesa, con muy poca presencia en política municipal o en estudios de ingeniería e informática

La política municipal y la educación son dos de los ámbitos donde se plasman mayores diferencias entre hombres y mujeres en Aragón. Sólo el 18,5 % de los alcaldes elegidos en 2015 son mujeres, cifra que se eleva hasta el 29,6 % al hablar de concejalas. Respecto a estudios universitarios, la presencia femenina en Magisterio de Educación Infantil (94,5%), Psicología (83,3%) o Enfermería (81,4%) es abrumadora, mientras en las diversas Ingenierías e Informática (por debajo del 15,8%), en Deporte (15,4%) o en Marketing (19%) es mínima. Lo mismo ocurre en las diversas ramas de FP. Por otro lado, respecto a violencia machista, 1.011 mujeres contaban con protección policial por violencia de género en Aragón en 2018, tres veces más que en 2015.

Las referencias están contenidas en el informe “Datos Básicos de las Mujeres” y que publica este viernes el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En su introducción el informe indica que, “a pesar del gran avance hacia la igualdad hecho en nuestra sociedad, los datos reflejan una sociedad desigual que asigna a las mujeres la responsabilidad del ámbito doméstico y a los hombres la del ámbito público, basándose en una muy desigual valoración y reconocimiento económico y social”.

Política

Esa desigualdad resulta especialmente flagrante en el ámbito de la política municipal, donde el número de concejalas no alcanza el 30% y el número de alcaldesas se sitúa por debajo del 20%.

En las diputaciones provinciales, la representación femenina no llega al tercio del total, mientras que en las Cortes de Aragón sí que se alcanza una paridad casi total: 32 diputadas frente a 35 diputados.

El Senado es la única institución donde hay una paridad exacta, pues de los 14 senadores aragoneses 7 son mujeres, algo que no ocurre en el Congreso, donde trabajan 3 diputadas aragonesas frente a 10 diputados.

Educación

En estudios universitarios son las mujeres las que tienen mayor presencia con 15.809 matriculadas en el curso 2016/17, frente a los 13.879 chicos. Pero su distribución por áreas de conocimiento es muy desigual.

Ellas son mayoría en Educación (77,4%), Salud y Servicios Sociales (71,4%), Artes y Humanidades (60,9%) o Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Veterinaria (65,7%).

Pero las chicas representan una minoría en Informática (9,4%) o Ingeniería, industria y construcción (24,6%), mientras en Ciencias el porcentaje de hombres y mujeres está equilibrado (54,2% frente a 45,8%).

También resulta llamativo en el informe que son las mujeres las que ocupan la mayor parte de las plazas destinadas a la Formación Adulta en todos los tramos de edad salvo de los 18 a los 20 años, destacando el tramo de mayores de 65 años, donde estudian 4.646 mujeres frente a 927 hombres, cinco veces más.

Violencia machista

El informe del Instituto Aragonés de Estadística revela igualmente un importante incremento de las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia machista, lo que muestra que ésta sigue por desgracia muy vigente en la sociedad aragonesa, aunque las mujeres están denunciando más y reclaman mayor protección.

Un total de 1.011 mujeres contaban con protección policial por violencia de género en Aragón en 2018, tres veces más que en 2015, cuando el número de protegidas por el sistema de seguimiento integral VioGén de la Policía Nacional era de 332.

El informe indica también que existen en la comunidad aragonesa un total de 1.690 casos activos de violencia de género por la Policía.

Además, 208 mujeres en 2018 eran usuarias del servicio Atenpro de telelocalización que les permite pedir ayuda en situaciones de emergencia.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Aragón recibieron un total de 3.860 denuncias, 3.258 en la provincia de Zaragoza, 402 en la de Huesca y 200 en la de Teruel.

Ámbitos económico y deportivo

En el ámbito económico, el documento revela que las mujeres pensionistas en Aragón cobraron de media en 2017 12.127 euros al año, 5.751 euros menos que los hombres, brecha que a nivel estatal se cifra en 4.892 euros.

El informe también recoge que solo un 22 % de las licencias federadas pertenecen a mujeres, cifra que se reduce en algunos deportes como el fútbol (4,9 %), el ajedrez (1,2 %) o la caza (0,6 %), frente a otros en el que ellas son la mayoría como la montaña y la escalada (60 %), el patinaje (89,4 %) o la gimnasia (90,1 %).

De los 1.308.728 habitantes que residen en Aragón según el Padrón de 2018, un 49,3 % son hombres frente al 50,7 % de mujeres.

Las mujeres aragonesas cobran de media 5.500 euros menos al año que los hombres

“La precariedad en Aragón tiene rostro de mujer”, ese es el resultado del informe presentado por CCOO este viernes. Un informe que pone en evidencia las desigualdades que, año tras año, se perpetúan en el ámbito laboral para detrimento de las mujeres. Así, por ejemplo, ellas cobran 5.500 euros menos al año que ellos, situándose su salario medio en 16.400 euros frente a los 21.900 de los hombres.

El paro también se ceba más con ellas: son 3.500 paradas más que parados en la Comunidad. Y respecto al tipo de contrato, sigue imperando el de tipo temporal; de hecho, de los 290.000 contratos firmados por mujeres el año pasado, el 90% eran temporales.

Aunque aquí la diferencia con los hombres es mínima (89%), sí la hay en cambio en las jornadas que ellas efectúan. En un 39% es completa y en un 78% es parcial. Datos completamente opuestos a los del género masculino, donde el 61% son jornadas completas y el 21,5%, parciales.

El sindicato ha señalado que la razón que explica esta diferencia se halla en que ellas tienen que compatibilizar sus trabajos, en muchas ocasiones, con el cuidado de los hijos o de mayores. “No hay conciliación ni corresponsabilidad, las tareas domésticas siguen siendo un asunto femenino y por ello asumen más trabajo precario”, asegura la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud, Elena Pérez.

Por esto mismo, de las 2.194 excedencias solicitadas en Aragón en 2018 para hacerse cargo de asuntos familiares, 1.955 correspondieron a mujeres y solo 239 a hombres.

Desigualdad en aumento

Este es quizá el dato más llamativo de un informe que, por lo demás, demuestra cómo la desigualdad sigue aumentando. Bien es cierto que hay menos paro en Aragón a día de hoy, “pero la calidad del empleo que se está creando no mejora necesariamente las brechas para ellas, porque los hombres siguen accediendo a puestos con sueldos más altos”, explica el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina.

Esto se demuestra también por el sector de prevalencia de uno y otro colectivo, siendo los servicios donde más mujeres hay, el 85%. Le siguen industria, con 28.000 trabajadoras y, en menor medida, agricultura y construcción.

En muchas casos, la razón de fondo es la “estereotipación” de ciertos oficios más técnicos. Así, son muchas menos las chicas que acceden a carreras científicas que chicos, lo que luego redunda en las expectativas salariales de unos y otros.

Es uno de los problemas a resolver según la plataforma sindical, si se aspira a conseguir más igualdad entre los trabajadores. “Hay que fomentar la promoción profesional sin estereotipos de género”, comenta Pérez, “la situación de las mujeres no mejorará mientras su tiempo y su talento no se valore igual que el de los hombres; debemos combatir la idoneidad de las mujeres para determinados puestos y valorar las capacidades de las personas sin concepción sexuada”. Además de que no existe falta de formación entre las mujeres, dado que un alto porcentaje están perfectamente preparadas.

Huelga el 8M

En la línea de reivindicaciones laborales del Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo u 8M, CCOO ha anunciado ya la convocatoria de paros durante 2 horas y su apoyo a las manifestaciones que se produzcan ese día.

Eso sí, desde el sindicato consideran que desde el año pasado “se ha producido un salto” cualitativo, por lo que la lucha feminista se ha hecho extensible al plano social y a otras muchas formas de discriminación que sufren las mujeres, paralelas al trabajo.

También por ello, el “Informe de la Mujer Trabajadora 2018” que hoy han presentado, aunque no es nada halagüeño, cobra una dimensión distinta, impulsado por los vientos del último 8 de marzo.

El Justicia desaconseja modificar la ley de custodia compartida

Un informe del Justicia de Aragón, Ángel Dolado, desaconseja la propuesta de reforma de la preferencia de la custodia compartida en la Comunidad desde el punto de vista sociológico y de perspectiva de género además de por los problemas que plantea desde el punto de vista del Código Foral.

Así se recoge en el Informe sobre Custodia Compartida que le fue solicitado al Justicia por el Grupo Parlamentario del PAR tras conocer la postura de los partidos parlamentarios de izquierda de modificar la ley que regula la custodia de los hijos de padres separados y que este lunes ha remitido a las Cortes de Aragón (en la foto superior de Europa Press, el Justicia en una comparecencia en las Cortes de Aragón).

No obstante, Dolado advierte que este documento no implica una recomendación sino una opinión jurídica.

De acuerdo con los estudios sociológicos analizados por el Justicia, las custodias compartidas se imponen cuando hay acuerdo entre los progenitores; en caso de desacuerdo en el 70,8 % de los casos se concede a la madre y con independencia de la preferencia por la custodia compartida el juez siempre actúa en interés del menor.

Además, se señala que con este nuevo modelo, “todos ganan: los hijos comparten progenitores, estos comparten gastos (ninguno paga) y la mujer puede acceder con más facilidad al mercado laboral, deja de depender de la asignación compensatoria y de la pensión de los hijos”.

Ley sin problemas de aplicación

En su informe, el Justicia asegura que esta ley, tras ocho años de vigencia, no ha ocasionado problemas de aplicación sino que se ha conseguido una consolidada jurisprudencia que ofrece seguridad en la aplicación de la ley.

Además advierte que la modificación de esta regulación, ya consolidada y con buen funcionamiento, traería consigo “grandes dosis de inseguridad” y el riesgo de modificar situaciones familiares consolidadas.

Según Dolado, las modificaciones que se pretenden llevar a cabo en el artículo 80 de la ley afectan a toda la regulación, que toma como premisa la custodia compartida, por lo que “si se modifica un aspecto esencial se produce un desequilibrio absoluto del resto de los preceptos”.

Tampoco resuelve “ningún problema práctico y ocasiona muchos más al no tener en cuenta la sistemática conjunta del Código Foral” ya que cualquier reforma “debe ser sometida para su informe a la Comisión aragonesa de Derecho Civil, para evitar que se desmorone la coherencia interna de esta norma foral”.

Desde el punto de vista social, la reforma, según Dolado, puede suponer un paso atrás en la igualdad entre hombres y mujeres y desatiende el derecho del menor a estar con ambos progenitores a pesar de la ruptura de la convivencia entre estos, además de la reducción de la ligitiosidad que supone.

Por último incide en su propuesta de la figura del coordinador de parentalidad como auxiliar del juez para conocer la realidad de cada familia, tras la ruptura de la pareja, ya que los procesos de familia contenciosos no siempre garantizan que se hayan podido tener en cuenta todas las reales circunstancias de cada uno.

La ciudad mejora en educación, dependencia o movilidad, pero sigue a la cola en innovación

La capital aragonesa y su entorno han mejorado en el 2017 en indicadores estratégicos como la educación, la atención a la dependencia o la movilidad aunque, según el último informe del Observatorio Urbano Ebrópolis, sigue a la cola en innovación.

Estas son parte de las principales conclusiones del informe anual de indicadores de Ebrópolis -con datos relativos a 2017 en la capital aragonesa y municipios cercanos- que han sido presentadas este jueves por la vicepresidenta del observatorio, Elena Giner, y las integrantes del equipo técnico Mar Rodríguez y Laura Fuertes (foto superior de zaragoza.es).

El informe, que se puede descargar en la página web de Ebrópolis, mide y compara diferentes indicadores estratégicos, que valora con un característico semáforo: rojo si están lejos del objetivo marcado, ámbar si están estancados y por tanto en “alerta” y verde si evolucionan favorablemente.

De los 76 indicadores analizados, seis de ellos mejoran en este informe su valoración (de negativa a alerta o de alerta a positiva) y un total de 31 se encuentran en situación positiva, cuatro más que en el informe anterior.

Recuperación

Después de que tanto Zaragoza como Aragón empeoraran sus indicadores aceleradamente con la llegada de la crisis, el documento refleja cómo la recuperación está llegado durante este 2017 al país, si bien de forma más lenta que en otros territorios españoles.

Por ejemplo, por primera vez en varios años el Producto Interior Bruto (PIB) aragonés crece más que la media española y supera incluso la media europea, mientras que la disminución del paro propicia que esta tasa sea la más baja en nueve años y mejor que la media estatal.

“El año pasado, con datos del 2016, veíamos que no se terminaba de ver ese repunte, esa salida de la crisis y esa mejora de indicadores. Efectivamente, en el informe de este año podemos ver que de 15 indicadores generales hay 8 que pasan a estar en verde”, ha explicado la consejera municipal y vicepresidenta de Ebrópolis.

Datos positivos

La esperanza de vida con buena salud (72,5 años), la tasa de asociacionismo en Zaragoza, el número de pernoctaciones en la provincia (más de 2,2 millones en 2017), el uso de Internet en los hogares o el uso de transporte público urbano (con 185 viajes de media por habitante al año) son algunos de los indicadores que avanzan por la buena senda.

Así, Giner ha destacado los buenos resultados en derechos sociales (por ejemplo, en ayuda a domicilio), en movilidad y en factores como la calidad del aire, con un mayor número de días con respecto al año.

Los indicadores turísticos siguen una buena evolución en 2017, año con el mayor número de eventos realizados en un ejercicio desde el 2008, año de la Exposición Internacional de Zaragoza.

Desempleo, en rojo

Eso sí, el rojo se detiene en puntos como la tasa de desempleo de la población extranjera, las plazas públicas en residencias y en centros de día o en el tipo de tenencia de vivienda, con un alto porcentaje de viviendas en propiedad.

Y aunque han mejorado, todavía están lejos del objetivo indicadores tan importantes como el PIB (aunque se sitúa en la media europea se pretende estar 20 puntos por encima de ella) o la tasa de paro en Aragón, con especial atención al desempleo juvenil, femenino y de larga duración.

El informe destaca también la persistencia de la brecha de la desigualdad económica, pese a una mejoría y al aumento de la renta media, aunque con una reducción del riesgo de pobreza y de exclusión.

Innovación, el gran reto

La innovación se presenta como la gran asignatura pendiente, con una inversión destinada a investigación y desarrollo con respecto al porcentaje del PIB que ha bajado en Aragón, situándose en un 0,87 % frente al 2 % de la media española.

En este sentido, el documento insta a incrementar la inversión tanto pública como privada y a que se lleven a cabo políticas que incentiven la investigación, la innovación y el emprendimiento.

En la Estrategia Zaragoza 2020 y su desarrollo, Ebrópolis recomienda también cambios en el sistema económico y productivo, con una apuesta por la diversificación y la reindustrialización, ya que se ha perdido porcentaje del sector industrial, aunque en relación a España siga manteniendo un cierto peso.

La Asesoría Jurídica asegura que el Ayuntamiento debe incluir las 14 plazas de 010 en plantilla municipal

El Gobierno de Zaragoza en Común llevará al Pleno de enero la inclusión en la plantilla de los catorce puestos de las trabajadoras del 010. Será la décima vez que lo intente, y lo hará con un nuevo informe de la Asesoría Jurídica en el que se aclara que, “sea cual fuere” el resultado de la vía judicial contencioso administrativa, “no es modificable ni destruible la subrogación declarada por el orden social y que, por lo tanto, pase lo que pase con la sentencia firme, no se podrá variar ni un ápice el proceso de municipalización y subrogación”.

La municipalización del 010 se llevó a los tribunales a través de la vía de lo Social, que apoyó la remunicipalización; y a través de la vía del Contencioso Administrativo, que se pronunció posteriormente declarando nulo el proceso.

El pasado mes de noviembre, Zaragoza en Común volvió a llevar al Pleno municipal la inclusión de las catorce plazas del 010 en la plantilla municipal, que supone el último paso para cerrar el proceso de municipalización del servicio de manera definitiva.

Sin embargo, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos sumaron votos para retirar el expediente argumentando que faltaba un informe de la Asesoría Jurídica que analizara la situación del servicio después de la sentencia no firme del Contencioso Administrativo.

Informe tajante

El informe ha llegado ahora y también recoge que, en la situación actual, el Ayuntamiento tiene el deber de incluir a las trabajadoras en plantilla y lo argumenta en base al artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público y al 90.1 de la Ley de Bases de Régimen Local. La asesoría jurídica dice que el expediente que en noviembre PP, PSOE y CS obligaron a retirar es una obligación legal de los 31 concejales aprobarlo en Pleno.

Ahora que ya está el informe, por décima vez, se llevará al Pleno de enero la inclusión de las plazas en la plantilla municipal y lo hará “no sólo con los informes favorables, con otro del interventor y con este último de la asesoría jurídica”, ha insistido el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, quien, esta vez sí, “confía en que sea la última y no haya una nueva excusa para intentar retrasar lo que es una obligación legal”.

Y es que, si no se incluyen esas plazas en la plantilla municipal, Cubero alerta de las consecuencias porque se estaría incumpliendo la ley “y ahora que ya se sabe, si no se incluyen, se incurrirá en un delito de prevaricación”. Una vez incluidas en la plantilla, se sacarán los puestos a Oferta de Empleo Público.

Cubero ha recordado que desde hace ocho meses el Consistorio está pagando el salario de estas empleadas, tras realizar una modificación presupuestaria, y ha dicho que a pesar de la prórroga presupuestaria se van a poder seguir abonando sus retribuciones.

Uno de cada cuatro asalariados en Aragón no llega a mileurista

Uno de cada cuatro asalariados en Aragón cobra en salarios de catorce pagas menos de mil euros brutos al mes y tres de cada cuatro personas con sueldos más bajos, de 391 euros, son mujeres, según el último informe de Comisiones Obreras sobre pobreza y desigualdad laboral, con datos de 2017.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO-Aragón, Sonia García, ha desgranado este jueves 20 de diciembre en una rueda de prensa las principales cifras de ese estudio que evidencia, ha incidido, que “la salida de la crisis se ha cebado con los trabajos peor remunerados”.

Ha precisado, al respecto, que hasta 38.100 personas en Aragón perciben salarios “claramente de pobreza”, de 391 euros en catorce pagas, mientras que 39.800 cobran 733 euros y 45.600 de 968, y en conjunto suman el 27,4 % de los trabajadores por cuenta ajena en Aragón.

Ha advertido de que quienes tiene salarios más bajos “no sólo son pobres, sino que cada vez lo son más”, ya que aunque los trabajadores de todos los tramos salariales han perdido poder adquisitivo, ha sido mayor entre quienes menos cobran, en concreto el 14,37 % frente al 5,71 % perdido por quienes más sueldo ganan.

Más desigualdad y más pobreza

Según este estudio, la desigualdad ha crecido en Aragón, ya que el diferencial en la cuantía del salario entre quienes menos cobran y los que tiene el sueldo más alto ha pasado en diez años de siete a uno a diez a uno, hasta situarse en 456 euros al mes en doce pagas en el primer caso y en 4.640 euros al mes, en el segundo.

Pero ese diferencial ha subido no porque hayan crecido más las remuneraciones más altas, sino porque las más bajas no acaban de recuperarse.

“La sociedad se está empobreciendo”, ha resumido García, quien ha apuntado que el factor que determina los salarios más bajos es el altísimo porcentaje de personas que en ese colectivo tienen jornada parcial, el 95,8 % de los 38.100 asalariados de ese tramo salarial, no así si son temporales (el 49,8 %) o fijos (el 50,2 %).

Y principalmente son mujeres las que acceden a jornadas parciales, tres de cada cuatro, por lo general de muy pocas horas, que trabajan en el sector privado, pero también a los jóvenes, y afecta tanto a empleados españoles como a extranjeros, aunque en el caso de estos últimos les repercute en mayor medida por su porcentaje en el conjunto de asalariados de otros países.

García ha señalado también que los trabajadores con salarios más bajos se concentran en sectores de bajo valor añadido, con alta contratación temporal y presencia de mujeres (en la foto superior de rtve.es, mujeres trabajando en una oficina).

Medidas correctoras

Una radiografía que demuestra que “la desigualdad sigue en aumento como resultado del modelo que se escogió para la salida de la crisis” y que la mejora de la economía no se está trasladando a los trabajadores porque no se han conseguido reducir los niveles de pobreza.

Ante esta situación “estructural” del mercado laboral, Comisiones Obreras plantea entre otras medidas el registro horario, para aflorar las jornadas “en b” en las contrataciones parciales y las horas extra, ya que según las estimaciones del sindicado, en su conjunto podrían generar hasta 30.000 empleos en Aragón.

También ha destacado el preacuerdo alcanzado con el Gobierno para reequilibrar la negociación colectiva para recuperar la ultractividad de los convenios y la prevalencia de los convenios sectoriales frente a los de empresa, así como los frutos que ha dado el plan de choque de la Inspección de Trabajo para el control de los contratos a tiempo parcial.

En cuanto a la subida salarial a los empleados públicos anunciada por el Gobierno, ha considerado que puede ser un incentivo para que los sueldos crezcan en el ámbito privado, pero lo importante es el cumplimiento del cuarto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que recoge incrementos entre el 2 y el 3 por ciento.

La renta media de alquiler supera ya a la cuota de préstamo hipotecario

La media del alquiler en Aragón (entre 502,5 euros y 465 euros mensuales en 2016) supera ya a la cuota media del préstamo hipotecario (462,42 euros), según un informe de la Asociación de Usuarios, Bancos, Cajas y Seguros Aicar-Adicae.

Las principales conclusiones del documento han sido presentadas este martes 23 de octubre en Zaragoza por el vicepresidente de la asociación en Aragón, Antonio Berrueta; la coordinadora Icíar Gardeta; la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, Rosa María Cihuelo; y la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, María Martínez.

Y una de las principales reflexiones del estudio es que pagar un alquiler está llegando a equipararse a aportar una cuota hipotecaria en Aragón, después de que la renta del alquiler haya subido un 7,5 % entre 2014 y 2016.

“El acceso a la vivienda habitual es un derecho amparado constitucionalmente que, lejos de ello, se está convirtiendo en un negocio cuyos máximos perjudicados son los consumidores o los inquilinos”, ha manifestado la coordinadora de Aicar-Adicae.

Grandes inversores, banca y legislación

De hecho, según la asociación, el aumento de rentas de alquiler entre el 2012 y el 2016 ha sido del 5-7 % de variación media, frente a un situación de crecimiento negativo del IPC (Índice de Precios al Consumo).

Entre las razones de este aumento en las rentas de alquiler, la coordinadora ha citado el efecto de los grandes inversores, la legislación favorable hacia la banca, la reforma de la ley para las “Socimis” y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013.

Tal y como ha manifestado la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, el comprar una vivienda significa en la mayoría de los casos el “mayor acto de consumo” en la vida, por lo que es necesario que “estemos informados y conozcamos nuestros derechos”.

Asimismo, ha abogado por que se trabaje para que sea posible acceder al alquiler, ya que responde a una “parte vital” de los ciudadanos a la hora de independizarse.

Más pisos en alquiler

Y volviendo a los datos de Aragón, no solo ha aumentado el precio del alquiler, sino que también las viviendas que se arriendan, en concreto, desde el 2013 la vivienda en alquiler ha crecido de 80.700 inmuebles a los 96.600 de 2017.

Un incremento a pesar de que Aragón se encuentra entre las tres comunidades con mayor porcentaje de hogares donde se reside en régimen de propiedad, solo por detrás de La Rioja y País Vasco. En porcentajes, un 83,3 % de hogares responden a este régimen en el territorio.

Movilidad municipal desaconseja comprar buses eléctricos con los tres millones del remanente

El consejero municipal de Cultura, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha remitido este martes por la tarde a los grupos municipales un informe del departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana que desestima destinar los tres millones de euros del remanente a la compra directa de autobuses eléctricos.

Rivarés ha vuelto a alertar de que “este expediente va a pleno el lunes 25 y los grupos deberán volver a votar el dictamen de la comisión que podría hacer perder al Ayuntamiento 2,4 millones de euros, tal y como ya advirtió Intervención”.

El principal escollo que señala el informe es que la compra de autobuses se realiza con cargo a la contrata, actualmente prestada por Avanza, mediante un contrato de gestión de servicios. “La incorporación de vehículos a la flota por parte del Ayuntamiento, una vez iniciado el contrato, no responde a lo recogido en los pliegos que rigen el mismo, y además generaría una variación e el plan de renovación de la flota”, subraya el informe.

Modificación del contrato

Dicho documento también previene de que no es viable la tramitación administrativa de la incorporación de vehículos a la flota municipal, puesto que supondría “una modificación de contrato”.

En este sentido, el informe de Movilidad señala que también afectaría a conceptos como el mantenimiento de los autobuses, que actualmente tiene obligación de prestar Avanza.

El informe también dice que “aunque el Ayuntamiento tomara la decisión de adquirir varios autobuses de tecnología eléctrica, es bastante probable que no pudieran incorporarse a la flota de vehículos que prestan servicio en la red de bus urbano hasta que se licitara un nuevo contrato y se incorporaran como parte de la flota de un nuevo adjudicatario”.

Incertidumbres y dificultades

Por último, insiste en que “actualmente se están realizando pruebas con distintos modelos de autobues eléctricos, en desarrollo de la prueba piloto indicada en los pliegos, y que como resultado de éstas se elaborarán los correspondientes informes que establecerán las conclusiones de dichas pruebas y permitirán tomar decisiones sobre la tipología más conveniente para incorporar a la flota, pero siempre manteniendo la obligación de la empresa concesionaria de compra y mantenimiento del material móvil”.

Asimismo, el informe también destaca la complejidad de esta compra y su dilatación en el tiempo, que podría suponer que la entrega de los nuevos buses tuviera lugar en 2020.

“La medida de comprar autobuses con cargo al capítulo 6 del presupuesto municipal y su posterior utilización por parte de Avanza genera incertidumbres y dificultades de todo tipo; además el plazo previsible de su incorporación sería superior al procedimiento de la prueba piloto, que es el establecido en los pliegos que rigen el contrato”, han insistido los servicios técnicos municipales.

“No obstante, ya se está trabajando con la actual prueba piloto en que se disponga en 2019 de un número de vehículos eléctricos en la flota de bus urbano similar al que se podría adquirir con una partida aproximada de 2 millones de euros”, ha agregado el informe.

Los delitos de violencia machista aumentaron un 18% en 2017

Los delitos de violencia contra la mujer aumentaron un 18,08 por ciento en Aragón en 2017 respecto al año anterior, y derivaron en un total de 422 sentencias de las que un 81 por ciento fueron condenatorias.

Este es uno de los datos que ha destacado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, en una comparecencia ante la comisión Institucional de las Cortes de Aragón para informar sobre las líneas generales de la memoria de actividades del alto tribunal aragonés en 2017.

En su comparecencia, Bellido ha hecho referencia al progresivo incremento a lo largo de los últimos tres años de las sentencias por delitos contra la mujer, que sólo a lo largo del año pasado generaron centenares de órdenes de protección en favor de las denunciantes, un 80,25 por ciento de las cuales fueron aceptadas.

Clima social favorable y no incremento del maltrato

El presidente del TSJA ha asegurado que desconoce las causas del aumento de estas denuncias, aunque a título personal ha confiado en se deba a un clima social favorable y no a un incremento real de los casos de maltrato.

Ha admitido, sin embargo, que las cifras de desestimiento a las denuncias por parte de potenciales víctimas son “altas”, situación que ha relacionado a la posible falta de independencia económica de algunas de las afectadas, aunque ha advertido de que “si la víctima no quiere declarar, la presunción de inocencia es un principio rígido”.

Manuel Bellido se ha referido a las líneas principales de la memoria, que constata un incremento del 5,7 por ciento de los casos tramitados debido a un aumento global del 14 por ciento de las causas civiles, principalmente por las demandas vinculadas a las “cláusulas suelo”.

Esto se ha derivado en un aumento de la tasa de litigiosidad (número de asuntos por cada mil habitantes) del 4,4 por ciento, hasta situar a Aragón en una de las autonomías que más litigios plantea.

El presidente del TSJA, durante su intervención en las Cortes. Foto: cortesaragon.es

Más asuntos interpuestos que resueltos

El magistrado ha relacionado esta situación, que ha derivado, por primera vez, en el hecho de que el año pasado se interpusieron más asuntos de los que se resolvieron, con las necesidades de la justicia aragonesa, tanto de personal y medios como de adecuación a las nuevas herramientas digitales.

Bellido ha valorado la creación, el próximo 30 de junio, de un nuevo juzgado de primera instancia en Zaragoza que permitirá aliviar la tarea de los órganos especializados en casos de familia, incapacidades y cláusulas suelo.

Ha añadido, además, que el incremento de tres jueces en el juzgado especializado en cláusulas suelo permitirá mejorar el número de resoluciones de estos casos, aunque ha insistido en la falta de otro juzgado de instrucción más y la dotación de un nuevo magistrado en la sección VI de la Audiencia de Zaragoza.

En su intervención, se ha referido al proceso de implantación del expediente digital a través del sistema Avantius, para el que ha pedido “flexibilidad en los plazos”.

Ha considerado necesario que coexista el expediente electrónico con el papel, y ha demandado una formación adecuada para el personal de justicia en relación con el sistema y una asistencia técnica cualificada que, en la actualidad, “no está siendo lo excelente que sería necesario”.

Falta de medios

En el turno de intervenciones, la posición más crítica la ha mantenido el parlamentario del PP Fernando Ledesma, quien ha atribuido las dificultades de los juzgados en cuanto a personal y medios, y en relación al expediente electrónico, en el hecho de que el Gobierno aragonés “no cree en la administración de justicia”.

Por su parte, el diputado de Podemos Carlos Gamarra ha reprochado a los tribunales aragoneses las medidas cautelares dictadas a favor del mantenimiento de aulas en colegios concertados, decisiones que ha calificado de “ideológicas y no judiciales” y que, a su juicio, se inmiscuyen en el trabajo de planificación de la Administración.

En respuesta a esta afirmación, Bellido ha incidido en que no puede “entrar a valorar” el contenido de las sentencias a causa del carácter “sacrosanto” de la independencia judicial, aunque ha advertido de que los casos no siempre son iguales y que las decisiones, apoyadas siempre sobre leyes, son recurribles.