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Un juzgado confirma el cierre de un bar por no impedir que se sacaran bebidas a la calle

El Juzgado nº2 de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza ha confirmado el cierre administrativo contra el bar “La Enagua”, situado en la zona de Moncasi, por utilizar el espacio público como ampliación del aforo del establecimiento y confirma la resolución del Ayuntamiento en la que deja sin efecto la Declaración Responsable por incumplir la obligación de no sacar bebidas a la calle.

Desde la Asociación de Vecinos y Comerciantes La Huerva se ve esta sentencia como “histórica” pues, además de reconocer el uso de la calle como ampliación del aforo del establecimiento, se incide en “el expreso deber de evitar que se saquen las bebidas para su consumo en la vía pública”.

Además, la sentencia reconoce que “bajo la apariencia de un bar, lo que en realidad se ha establecido es un local de venta de bebidas para llevar”.

Obligación del local

Este hecho es sumamente importante, pues reconoce la obligación de cualquier tipo de local, independientemente de su licencia, a establecer las medidas necesarias para que no se saquen bebidas al exterior.

El presidente de La Huerva, Carlos Monge, afirma que “es una sentencia demoledora y vergonzante para el propietario del establecimiento. En ella se reconoce su mala praxis y que faltó a la verdad en el momento de pedir la declaración responsable.

Además, también afirma que ha favorecido el consumo de alcohol en la calle de una manera consciente y sostenida en el tiempo, y que su establecimiento desarrollaba una doble actividad planificada desde el primer día en un lugar propicio para ello por su historia y por el tipo de clientela de la zona”.

Aragón Press

Un juzgado ratifica la sanción a Echenique por la situación laboral irregular de su asistente

El Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza ha ratificado la sentencia que la Tesorería General de la Seguridad Social impuso en abril de 2017 al secretario general de Organización de Podemos, Pablo Echenique, por la contratación irregular de un asistente personal, y declara que sí que existió relación laboral especial por cuenta ajena entre ellos. El juzgado confirma la existencia de “relación laboral especial por cuenta ajena” entre el político y el trabajador entre marzo de 2015 y abril de 2016, así como la sanción de 1.039 euros.

La sentencia, dictada por la jueza Itziar María Ochoa el pasado 10 de enero, estima la demanda interpuesta por la Seguridad Social contra Echenique y declara que esta relación era laboral, a los efectos de alta y cotización del asistente, Eduardo P.S., en el sistema general de empleados del hogar de la Seguridad Social.

La infracción que reconoce la jueza se refiere al periodo entre marzo de 2015 y abril de 2016 en el que Eduardo P.S., según la sentencia, acudía de lunes a sábado, y algún domingo, una hora por la mañana al domicilio del número dos de Podemos para ayudarle a levantarse, asearse y vestirse, pero nunca fue dado de alta en la Seguridad Social.

El precio de los trabajos estaba fijado en once euros por hora, que Echenique abonaba en efectivo.

Relación laboral por cuenta ajena

La demanda se formuló de oficio por parte de la Seguridad Social con el objetivo de que se declarase esta relación laboral por cuenta ajena, a lo que Echenique alegó en su día que esta se enmarcaba en un supuesto de arrendamientos de servicios y que no se daban las condiciones necesarias para considerar esta relación como laboral por cuenta ajena.

En un tuit publicado este martes tras conocer la sentencia, Echenique asegura su intención de recurrirla y mantiene que la ley de dependencia estatal y la orden aragonesa que regula las prestaciones del sistema para la atención a la dependencia posibilitan que los asistentes profesionales pueden “funcionar como autónomos”.

“La sentencia no atiende a esta legislación que puede afectar a miles de familias. Por eso, la recurriré”, apunta Echenique.

El secretario de Organización de Podemos ha mantenido que siempre creyó que su asistente estaba dado de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social y que, por lo tanto, había contratado a un profesional autónomo, pero la sentencia rebate “dichas creencias” acerca de la “no laboralidad” de la relación, en tanto en cuanto no se aportaron facturas por la prestación de estos servicios “ni consta documento alguno que avalase dicha naturaleza no laboral”.

El juzgado deniega la petición de paralizar las obras de Don Jaime

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza no ha admitido la medida cautelarísima de paralizar las obras de elevación de la calzada en la calle Don Jaime I, solicitada por la Asociación de Vecinos Reyes de Aragón, con el apoyo de comerciantes y algunas asociaciones vecinales.

La Asociación Reyes de Aragón solicitó la medida cautelarísima de suspensión de ejecución de las obras, al considerar, que como han comenzado este lunes, 22 de octubre de 2018, no están avanzadas y por tanto no se perjudica el interés público, siendo preferible que se paralice en este momento inicial.

En el recurso, se argumenta que hay “manifiestos incumplimientos legales” perpetrados por el Ayuntamiento de Zaragoza. Entre ellos, la “vulneración” de la Ley de Contratos del Sector Público por no haber existido ni concurrencia, ni adjudicación, ni transparencia, así como la “inexistencia” de un proyecto completo de la obra por tener un precio de más de 300.000 euros.

El auto judicial de la magistrada-juez María José Cía Benítez detalla que no se admite la medida cautelarísima solicitada porque “no se pone de manifiesto el concreto perjuicio que sufre la recurrente –los afectados– por la realización de las obras” (en la imagen superior de Europa Press).

No obstante, la juez accede a la medida cautelar para escuchar a la parte demandada, el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre las múltiples acusaciones de delitos que argumentan los afectados de elevación de la calzada en la calle Don Jaime.

Incumplimientos

Entre los “incumplimientos” legales por parte del Ayuntamiento, los recurrentes sostienen que no existe un proyecto de obra completo que abarque toda la calle, dado que los proyectos de obras que superen los 300.506,05 euros, y sucede en las obras de Don Jaime, hubiera permitido a la Asociación –y al resto de interesados y afectados– presentar las alegaciones convenientes.

El recurso contencioso administrativo argumenta también que el Consistorio “incumple” la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que impone al Ayuntamiento de Zaragoza la obligación de licitar dicho proyecto de obras una vez aprobado, puesto que “no ha existido ni publicidad, ni concurrencia, ni transparencia de la licitación, ni adjudicación, ni procedimiento alguno, ni formalización de los contratos”.

Con este auto judicial, el gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) deberá alegar todo lo que considere respecto a la medida cautelar de las obras de Don Jaime I para lo que dispone de un plazo máximo de dos días hábiles.

Real Zaragoza deberá pagar 47.000 euros por las obras de La Romareda

El Real Zaragoza tendrá que abonar 47.040 euros por las obras de mantenimiento que ejecutó el Ayuntamiento en el estadio de La Romareda en verano de 2016, según la sentencia notificada hoy al Consistorio por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, que establece también que las arcas municipales deberán afrontar el pago de 106.245 euros.

El juzgado ha estimado parte del recurso que presentó el club y que rechazaba el pago de los trabajos de mantenimiento ejecutados por el Consistorio, que reclamaba al Real Zaragoza 153.275 euros, aunque establece que éste deberá pagar 47.040 euros al Ayuntamiento, “con los intereses legales desde la fecha de finalización de las obras”.

Establece además que “había un deber de conservación diligente del espacio cedido”, ya que el campo es de propiedad municipal, “obligándole a realizar las obras necesarias y debiendo responder de los daños por omisión o acción”, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La sentencia considera asimismo que se debe tener en cuenta que la cesión es por diez años, un plazo superior al normal de cinco años, por lo que parece claro que pueda haber “algo más que deterioros por el simple paso del tiempo”, cuando en una estructura como un campo de fútbol, “la intemperie obliga a una labor activa de mantenimiento”.

Daños por omisión

Así, el Real Zaragoza debe responder de aquellos daños que, por acción o, en este caso, por omisión, “le sean achacables”, según apuntan las fuentes, que añaden que lo que se excluye es que deba responder el club de daños que se deban “al transcurso del tiempo desde su construcción o a defectos estructurales, de construcción o diseño”.

El coste de las obras que el Ayuntamiento atribuyó al Real Zaragoza ascendía a 153.285 euros, por lo que los 106.245 que no tiene que abonar el club tiene que pagarlos el consistorio dado que el juez considera que se refieren a cuestiones estructurales o a fallos de diseño iniciales como la falta de impermeabilización del graderío.

La sentencia reconoce que el Zaragoza está obligado a la conservación diligente del espacio cedido y de su contenido, debiendo realizar las obras que sean necesarias para ello y respondiendo de los daños que puedan ocasionar sus miembros y usuarios, que los trabajos deberán contar con la autorización previa del Ayuntamiento y que las actuaciones quedarán en beneficio de la parcela sin derecho a percibir ningún tipo de indemnización.

Obras necesarias

Por otra parte, la sentencia reconoce que al llegar al acuerdo debería haberse hecho un estudio técnico del estado del campo, de sus problemas, de las causa de los mismos y de los deberes que se imponía al Zaragoza, aunque sólo fuese por el uso casi exclusivo que había tenido de La Romareda hasta entonces.

El Gobierno de Zaragoza estudia la sentencia junto con los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, según ha indicado el consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, quien ha apuntado que se sienten “satisfechos” de que se reconozca que se trataba de obras “necesarias”, que no se acometieron por el club ni por el equipo de Gobierno anterior.

Y ha añadido que “si responsables de Urbanismo y Deportes hubieran hecho sus deberes y hubieran querido defender el interés general y económico del Ayuntamiento por encima de sus relaciones con la directiva del club atando todos los cabos sueltos, hoy la ciudad se podría haber ahorrado los 106.245 euros”.

Prisión para el hombre que mató a su pareja el domingo en Delicias

La magistrada del juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Zaragoza ha dictado auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para David Pellicer, el presunto autor de la muerte de su pareja el pasado domingo en el barrio de Delicias.

El hombre ha pasado a disposición judicial esta misma mañana y comenzó su declaración ante la magistrada a las 13.00 horas, quien tras escuchar el relato de los hechos al detenido y al Ministerio Fiscal, ha decretado prisión provisional para el hombre.

Al hombre, de 39 años de edad, se le considera presunto responsable de un delito de asesinato tipificado en el artículo 139 del Código Penal, con la agravante de parentesco, informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Fin de la relación

Según señala en la nota de prensa el TSJA, fue la intención de la mujer de poner fin a la relación sentimental entre ambos lo que motivó la agresión del hombre que acabó causándole la muerte.

En el auto dictado a primera horas de la tarde la jueza solicita a la policía judicial el rastreo de los móviles de ambos por si puede suponer una posible aportación de nuevas pruebas a la causa.

Por el momento el juzgado sigue a la espera de recibir el informe anatómico forense con los resultados de la autopsia.

El hombre fue detenido tras personarse en la madrugada del pasado lunes en la Jefatura Superior de Policía para confesar que había matado a su pareja, con quien tenía una hija de 10 años que en el momento del asesinato se encontraba fuera del domicilio.

El 010 es servicio municipal tras la sentencia firme de un juzgado

El servicio de atención telefónica del 010 que prestaba de forma externalizada la empresa Pyrenalia, pasará definitivamente a ser municipal tras la sentencia firme del Juzgado número 2 de lo Social de Zaragoza, que plantea que debe prestarse desde lo público y subrogar a las trabajadoras.

Con esta sentencia, que ninguna de las partes ha recurrido –ni la empresa, ni el Ayuntamiento ni las trabajadoras– y que en su día interpusieron las empleadas del servicio externalizado al no cobrar sus nóminas se da por terminado este litigio.

“La sentencia avala el proceso de remunicipalización y plantea que el servicio del 010 debe pasar prestarse desde el ámbito de lo público –Ayuntamiento de Zaragoza– y subrogar a las trabajadoras desde el 1 julio de 2017”, ha resumido el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero.

Alegría de Cubero

“Ha sido un proceso largo, costoso y muy difícil para las 14 trabajadoras, pero ha terminado de forma alegre y feliz para todos. Se ha ratificado la voluntad del Gobierno de remunicipalizar servicios con esa sentencia que ya es firme”, ha descrito.

Cubero ha reconocido que “desgraciadamente ha tenido que ser una sentencia judicial la que ponga fin a este proceso de remunicipalización tras 15 meses muy difíciles, pero es una alegría porque avala el proceso de rescate de servicios”, ha expuesto.

En rueda de prensa, el consejero municipal ha explicado que la empresa adeuda a las trabajadoras las nóminas desde octubre a diciembre de 2017 y esos pagos se han comenzado a tramitar en Tesorería a cargo del capítulo 2 del presupuesto municipal en la partida de Pyrenalia.

Además, el Ayuntamiento ya se hizo cargo de las nóminas comprendidas entre julio y septiembre de 2017 y ha confiado en que la nómina de marzo ya la cobren como empleadas subrogadas.

Objetivo cumplido

“Entendemos que el objetivo del Gobierno de Zaragoza en Común está cumplido al cien por cien y esperamos que la negociación con los sindicatos sea con el mayor consenso posible para la inclusión en la plantilla municipal de estos 14 puestos de trabajo”, ha confiado el concejal.

Cubero ha informado de que se ha dado orden al servicio de Personal para que ejecute la sentencia y se den de alta en la Seguridad Social como trabajadoras municipales, al tiempo que se inicia el trámite para ver cómo se gestiona el servicio desde lo público.

El concejal ha precisado que las trabajadoras del 010 pasan a ser empleadas municipales con la categoría de personal laboral indefinido no fijo y que deben subrogarse en esa categoría con su convenio, el del telemarketing, con las mismas condiciones y salario que disponían como empleadas de Pyrenalia.

No obstante, Cubero ha indicado que “la intención es corregir la precariedad del telemarketing y se convocará una reunión con los representantes sindicales que son sus representantes legítimos para determinar cómo afrontamos este asunto”.

Respecto a la posibilidad de que las plazas del 010 salgan a oferta de empleo público y las trabajadoras o trabajadores que las ocupen pasen a formar parte de la plantilla municipal, el concejal ha insistido en que esa posibilidad quedaba a expensas de la negociación con los representantes sindicales.

El Ayuntamiento paga 4 nóminas atrasadas a las empleadas del 010

El Ayuntamiento de Zaragoza va abonar este jueves 28 de diciembre a las 14 trabajadoras del servicio municipal de información telefónica 010 sus nóminas atrasadas de junio a septiembre de este año que les adeuda la empresa Pyrenalia, concesionaria del servicio. El pago supone un desembolso de unos 80.000 euros, que el Ayuntamiento detrae de los 20.000 euros al mes de la cuota de la concesión que no abona a Pyrenalia desde el mes de junio por incumplimiento del contrato.

El pago de las nóminas se va a producir tras el acuerdo alcanzado por el Consistorio con la empresa y ratificado por el titular del juzgado de lo social que entiende del caso planteado por las trabajadoras del 010, quienes reclamaron el abono de sus nóminas después de que una jueza de instrucción paralizara cautelarmente el pago por parte del Ayuntamiento.

Ahora, la Corporación, que es considerada responsable subsidiaria, ha acordado el pago de las nóminas, mientras Pyrenalia renuncia en ese mismo acuerdo a reclamar las deudas por el impago de las cuotas por parte del Consistorio, según ha explicado el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, quien ha puntualizado que las arcas municipales también han abonado las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Nuevo concurso

Las trabajadoras del 010 presentaron este primer recurso para el cobro de cuatro de las nóminas que se les adeudan y deberán presentar un nuevo recurso para reclamar el abono de los salarios a partir de octubre. El concejal ha señalado a este respecto que el Ayuntamiento seguirá dispuesto a continuar pagando sus nóminas.

Esta predisposición municipal permitirá que “en breve plazo”, según ha señalado Cubero, se saque de nuevo a concurso el pliego de condiciones para la contrata del servicio 010, que tras ser rechazada la municipalización del mismo por los votos de PP, PSOE y C’s, quedó desierta en el primer intento porque las empresas potencialmente optantes al servicio renunciaron a asumirlo por no querer cargar con las deudas de Pyrenalia. “Ahora, la contrata podrá salir a concurso sin que arrastre deudas”, ha puntualizado Cubero.

Tras el acuerdo adoptado por el juzgado y el Ayuntamiento, el procedimiento del recurso planteado por las trabajadoras del 010 no llegará a someterse a juicio, que había sido fijado para octubre de 2018.

Respecto a la continuidad del servicio, el segundo mejor valorado por la ciudadanía tras el de bomberos según los resultados del barómetro de opinión municipal, Cubero ha destacado que la nueva situación la garantizaba y que en el próximo concurso, ya sin deudas pendientes, habrá empresas que pujarán por su gestión.

 

El TSJA avala al Ayuntamiento en su intento de revocar varias inmatriculaciones de la Iglesia

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha abierto la puerta la posibilidad de que varios templos de Zaragoza vuelvan a ser de titularidad pública, al estimar, en sendas sentencias, los recursos presentados por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la medida cautelar, adoptada por el juzgado de lo Contencioso número 5 de Zaragoza, recogida en un auto que suspendía el apartado primero del acuerdo del Gobierno de Zaragoza referido a la nulidad y rectificación registral por parte del Arzobispado de Zaragoza de la Catedral de San Salvador (La Seo), la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, San Juan de los Panetes y de Santiago el Mayor en Zaragoza.

Los acuerdos de la corporación municipal, de fechas 27 y 31 de marzo de 2017 expresan que “por la asesoría jurídica municipal se ejerciten, en el momento que proceda, las pertinentes acciones administrativas y judiciales declarativas de dominio y de posible nulidad y rectificación registral practicada respecto de los templos de San Juan de los Panetes y de Santiago el Mayor en Zaragoza a favor del Arzobispado de Zaragoza, con la finalidad de dilucidar y proteger el dominio y la utilización pública de los citados bienes”, y lo mismo para La Seo y de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena.

Ante el juzgado de lo Contencioso número 5 de Zaragoza, el Arzobispado de Zaragoza solicitó –en dos recursos distintos– la suspensión de los acuerdos municipales.

El juzgado adoptó entonces la medida cautelar al considerar que no constaba un informe jurídico previo al acuerdo, siendo éste un requisito “esencial” para advertir a la corporación de la viabilidad jurídica de las acciones que pretendían llevar a cabo. Este razonamiento llevó a la
magistrada a considerar que el acuerdo municipal era nulo, por lo que adoptó la medida cautelar.

El Tribunal Superior discrepa

Discrepa la sala del TSJA de este criterio y mantiene en las sentencias ahora dictadas que “no puede afirmarse que el acuerdo recurrido sea manifiestamente nulo” porque el acuerdo fue precedido del oportuno dictamen.

No obstante, matizan los magistrados a este respecto que la sala no puede entrar a valorar en estas sentencias el fondo de la cuestión ya que “no se cuentan con todos los elementos precisos para resolver” y porque resulta improcedente efectuar en este momento consideración alguna sobre si el acuerdo cumple o no las exigencias.

No aprecian los magistrados que la ejecución de los acuerdos municipal pueda generar perjuicios irreparables o de difícil reparación, si no que los perjuicios serían los derivados de las acciones judiciales que llevara a cabo el Ayuntamiento contra el Arzobispado de Zaragoza, amparándose en los acuerdos.

Entienden los magistrados del TSJA que podría verse gravemente afectado el derecho fundamental del Ayuntamiento a la tutela judicial efectiva ya que al suspender el acuerdo municipal, se imposibilitaría al Ayuntamiento el poder ejercer acciones judiciales.

Por ello, y basándose en estos razonamientos, estiman el recurso presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza y revocan el auto de
suspensión del acuerdo municipal dictado por el juzgado.