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Paralizada la adjudicación de las 77 viviendas de los Depósitos de Pignatelli

El Gobierno de Zaragoza ha decidido este martes, en sesión extraordinaria, suspender el proceso de adjudicación de las 77 viviendas libres previstas en el entorno de los Depósitos de Pignatelli hasta que se resuelva el contencioso iniciado por el Gobierno de Aragón contra el expediente.

Esta decisión viene motivada por el hecho de que en dicho expediente se solapaban las obras de construcción de viviendas con las de urbanización de la zona, vinculando unas a otras, ha explicado en rueda de prensa el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano.

Prudencia

Ante esta situación, y pese a que el tribunal no impuso medidas cautelares tras la impugnación del Gobierno autonómico, el Ayuntamiento ha optado por mostrarse “prudente” y “respetuoso” con las resoluciones judiciales y esperará la sentencia definitiva, que calculan que tardará entre 6 y 7 meses.

Serrano ha indicado que en este momento se debía convocar a la mesa para abrir los sobres -se habían presentado cuatro empresas a la licitación- y que el proceso “se retomará en cuanto sea prudente retomarlo”.

No obstante, ha recalcado que, dado que el proyecto de urbanización tampoco está elaborado, el retraso total en el expediente será algo menor, de entre 3 y 4 meses.

Iniciativa “rara”

El consejero ha calificado también el proyecto elaborado por la corporación anterior de “raro” y de obedecer a “determinadas prisas políticas”, al vincular la urbanización a la construcción de viviendas y ni siquiera especificar cómo debe producirse esa urbanización.

Sin embargo, ha señalado que no se prevén cambios en el proyecto de Depósitos del Pignatelli, aprobado por unanimidad durante el mandato anterior, ya que tampoco hay una redacción clara ni concreta en el mismo.

“No estamos rediseñando ni redefiniendo nada porque no estaba diseñado ni definido”, ha aseverado.

Del mismo modo, ha anunciado que iniciará conversaciones con el Gobierno de Aragón para ver si ambas instituciones pueden llegar a un acuerdo por el que no tengan que esperar a la resolución judicial.

Viviendas sociales de alquiler

Por otro lado, el Gobierno de la ciudad ha aprobado la cesión gratuita a la sociedad municipal Zaragoza Vivienda de 2.700 metros cuadrados de suelo para la construcción de las 30 viviendas protegidas en régimen de alquiler previstas en el mismo proyecto, con el compromiso de que los locales, las zonas verdes y los viales de acceso aparejados vuelvan a revertir en el Ayuntamiento.

No obstante, tampoco se podrán iniciar al no estar adjudicada la obra principal y, como consecuencia, las de urbanización, e irán todas ellas en un único proceso, ha añadido el consejero.

Entendimiento con la DGA

La portavoz del Gobierno municipal, María Navarro, ha resaltado que esta decisión obedece a dos aspectos fundamentales para la coalición PP-Cs: la prudencia y el diálogo con la DGA.

Prudencia porque, con la cantidad de sentencias condenatorias que acumula el Consistorio, no pueden “lanzarse a la justicia” como se ha hecho en mandatos anteriores sin estudiar profundamente los casos.

Diálogo con el Gobierno de Aragón, en todas las áreas y no solo en Urbanismo, porque “siempre será mejor llegar a acuerdos, con independencia del color político, que judicializar la política”, ha remachado.

Casi 3.900 aragonesas fueron víctimas de violencia machista en 2018, un 1,4% más que en 2017

Un total de 3.864 mujeres fueron víctimas de la violencia machista en 2018, lo que supone un aumento de un 1,4% frente al año anterior. De estas, 2.629 eran españolas y 1.235 extranjeras. Estas cifras ponen de manifiesto que el porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 en la comunidad fue de un 58,3%, es decir, un 1,3% más que las registradas en el año anterior.

Según los datos hechos públicos este viernes 8 de marzo por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en Aragón, en 2018 el número de denuncias presentadas en los juzgados aragoneses de Violencia sobre la Mujer aumentó un 5% frente al año anterior.

Paralelamente, el porcentaje de renuncias de las mujeres (cuando se acogen a la dispensa para no declarar como testigo) descendió en un 8,3.

El número de sentencias condenatorias en los juzgados de Violencia sobre la mujer aumentó un 28,3 % y en los juzgados de lo Penal el 33,6%.

De las condenas dictadas por los juzgados de violencia, en el 36,7% de los casos se trataba de personas de nacionalidad española y en el 18,5% de hombres extranjeros. En los juzgados penales, aunque con cifras ligeramente inferiores, se siguen detectando incrementos siendo el 29,2% de los hombres de nacionalidad española y el 6,5% extranjeros.

Más enjuiciados

El número de personas enjuiciadas en los juzgados de Violencia sobre la mujer pasó de las 425 en 2017 a las 543 en 2018, lo que supone un incremento de 27,8% en tanto que en los juzgados penales el aumento del número de enjuiciados ha pasado de los 745 a los 804 en 2018, un 7,9% más.

Los juzgados de violencia sobre la mujer ingresaron el pasado año 3.974 asuntos penales en total, (un 15,7% más que el año precedente) y se abrieron 1.208 Diligencias Urgentes (6,2% más). Los mayores incrementos en estos juzgados se produjeron sin embargo en las Diligencias Previas con un incremento del 31,9% y en los juicios por delitos leves con un 30,2%.

Por su parte, los juzgados penales ingresaron 845 nuevos asuntos -523 fueron Procedimientos Abreviados y 322 Diligencias Urgentes-.

Por lo que a órdenes de protección se refiere, los juzgados de violencia sobre la mujer incoaron un total de 715 órdenes, de las cuales se adoptaron 589 y 126 fueron denegadas.

El Ayuntamiento de Zaragoza y 33 familias presentan una querella por crímenes del franquismo

El Ayuntamiento de Zaragoza y 33 familiares y víctimas de la represión franquista han presentado en los juzgados la llamada “querella argentina”, en la que acusan a 25 cargos de la dictadura de crímenes contra la humanidad y genocidio en concurso con asesinatos, desapariciones forzosas o torturas.

Los acusados con “nombre y apellidos” son siete policías de la Brigada Político-Social, siete gobernadores militares y 11 gobernadores civiles, sin perjuicio de que la lista se pueda aumentar con la investigación judicial.

El Consistorio ha actuado como acusación popular, mientras que las 33 familias lo hacen como acusaciones particulares, coordinadas por el abogado Javier Checa, de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza.

Dos etapas

En declaraciones a los medios, Checa ha explicado que han dividido los delitos en dos etapas: 1946-1944 y 1965-1977.

En la primera, se han documentado sobre todo asesinatos y desapariciones forzosas, mientras que en el tardofranquismo son sobre todo torturas y delitos relacionados con la represión, así como un asesinato producido en 1977.

No obstante, ha reconocido que la relación de delitos presentada es “ínfima” con respecto a la represión global que se dio durante la dictadura franquista.

En cuanto a los plazos, el abogado ha señalado que lo primero será ver si se admite o no a trámite la querella y después el titular del juzgado de instrucción citará a declarar a aquellos querellados y querellantes que siguen vivos y comenzará con la investigación de los hechos.

Querellados todavía vivos

La acusación particular no conoce con certeza cuántos de estos querellados siguen todavía con vida, pero sí que saben que “alguno de ellos vive”.

Los hechos incluidos en la querella se limitan exclusivamente al partido judicial de Zaragoza.

Antes de la presentación de la querella en los juzgados, las 33 familias han sido recibidas en el Ayuntamiento de Zaragoza por el alcalde, Pedro Santisteve (foto superior de zaragoza.es).

Allí, el primer edil zaragozano ha reivindicado a los funcionarios de la casa y ediles represaliados por el régimen “genocida” de Franco, así como el papel desempeñado por las sociedades memorialistas en la lucha por la historia y la dignidad de sus familias.

Ha puesto en valor también homenajes como el realizado por la ciudad a las “13 Rosas” o que hoy Zaragoza se una a Valencia o Rivas Vaciamadrid, donde las querellas ya han sido admitidas a trámite.

Derechos Humanos

Por último, Santisteve ha recordado que la Carta Magna recoge los Derechos Humanos y ha criticado la “tremenda amnesia constituyente”, en referencia al “olvido” a la legitimación de la Segunda República.

La presentación de esta querella es resultado de una moción presentada por el CHA en 2015 y aprobada con el voto de todos los grupos municipales, a excepción del PP.

En ella también se incluía la colocación de una placa en la Casa Consistorial en homenaje a los cargos públicos y trabajadores municipales “asesinados por defender la democracia” o la eliminación de los últimos vestigios franquistas presentes en las calles zaragozanas, ha señalado el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, quien ha declarado que “hoy es un día grande para la ciudad de Zaragoza y para la democracia”.

Hacer justicia

En ese sentido, ha recalcado que las medidas no pueden quedarse solo en el reconocimiento, sino que es necesario hacer “justicia con mayúsculas”, no “revancha” ni “venganza”, a lo que ha añadido que “en un país normal, civilizado y democrático” estos hechos estarían ya juzgados y sus responsables, encarcelados. “Manda narices” que tuviera que ser la justicia argentina la que abriera el procedimiento y no la española, ha protestado.

En total, hay 96 hechos denunciados de la guerra y la posguerra y 13 procedentes de los últimos años del franquismo.

Asimismo, la oficina de atención a las víctimas del franquismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha recopilado 52 asesinatos, 46 detenciones ilegales (42 de ellas desapariciones forzosas) y 11 casos de torturas.

Aprobada la licencia de obras de reconversión de los antiguos juzgados para Servicios Sociales

El consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido este miércoles 25 de julio al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) la licencia urbanística y de apertura para la reforma de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar para sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

La adjudicación de los trabajos, presupuestados por 1.090.879 euros y que ejecutará la empresa Urbamed Infraestructuras, se hará oficial tras el plazo de quince días hábiles por recurso especial de contratación, después se formalizará el contrato para dar comienzo a los trabajos, cuya duración prevista es de 91 días naturales.

Además, se ha adjudicado, por 39.235 euros el contrato de dirección de obras a Magen Arquitectos, firma que también resultó ganadora del contrato de proyecto de obra formalizado en octubre del pasado año por más de 54.000 euros, informan fuentes del Gobierno de Aragón en una nota de prensa (en la foto superior de Gobierno de Aragón, la consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto (dcha), junto a la secretaria general del IASS, Eva Salas, y a la arquitecta del IASS, Esperanza Blanco, en el edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar).

Dos fases de obras

Se trata de la primera fase de obras de acondicionamiento para que los antiguos juzgados alberguen la Dirección Provincial del IASS y a sus 141 funcionarios, que empezarán a trasladarse al edificio a principios de 2019.”.

Mientras se trabaja en la planificación de la segunda fase de obras, cuyo proyecto ya fue adjudicado por 66.550 euros, el pasado mes de mayo, a Magen Arquitectos y se está pendiente de licitación de los de dirección y ejecución de obra.

En esa segunda fase se acondicionarán el resto de instalaciones que acogerán las direcciones generales del departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales: Gabinete de la consejera; Secretaría General Técnica; Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales; Instituto Aragonés de la Mujer; y las direcciones generales de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado; Protección de Consumidores y Usuarios, e Igualdad y Familias.

El volumen de funcionarios que se trasladarán a los antiguos juzgados es de unos 500 y únicamente permanecerá en su ubicación actual, el Instituto Aragonés de la Juventud, que se mantiene en la sede de Franco y López.

Las obras que se van a llevar a cabo (en la zona más nueva de los antiguos juzgados) se centrarán en la climatización de los edificios y en la mejora de la accesibilidad, un aspecto en el que se trabaja con CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), según dichas fuentes.

La DGA exige al Ayuntamiento el dinero del ICA antes de negociar sobre los antiguos juzgados

La solución sobre la remodelación del edificio de los antiguos juzgados de plaza del Pilar y su uso conjunto por parte del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a bloquearse, después de que este lunes 28 de mayo se haya suspendido la reunión técnica prevista al respecto. La DGA exige al Consistorio el abono de los recibos del ICA antes de negociar cualquier otro asunto que ataña a ambas instituciones.

La pasada semana, el consejero de Presidencia del Gobierno aragonés, Vicente Guillén, y el concejal de Economía del Consistorio zaragozano, Fernando Rivarés, acordaron fijar para este lunes una reunión técnica sobre el edificio de los antiguos juzgados.

Ese contacto entre ambos mandatarios parecía haber desencallado el conflicto institucional sobre el uso del edificio de la plaza del Pilar, después de que el gobierno municipal de ZeC amenazara con suspender la licencia de obras solicitada por la DGA hasta que no se fijara de forma oficial una distribución de espacios y usos del inmueble.

De hecho, en la comisión de Urbanismo del pasado jueves ZeC retiró el expediente en el que se proponía el bloqueo de la licencia tras acordar Guillén y Rivarés el inicio de negociaciones técnicas.

El dinero del ICA

Éstas deberían haber comenzado en la tarde de este lunes, pero al parecer el encuentro fue desconvocado de forma unilateral por el Gobierno aragonés, quien habría comunicado al Ayuntamiento que antes de emprender cualquier negociación sobre los antiguos juzgados o  convocar la bilateral institucional contemplada en la Ley de Capitalidad, debía fijarse una fecha concreta en la que el Ayuntamiento traspase a la DGA los 16 millones de euros que le correspondería abonar al Consistorio por la aplicación del impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) en Zaragoza, tributo al que se opone el gobierno municipal de ZeC.

Fuentes municipales criticaron la decisión del Ejecutivo aragonés e indicaron que el Ayuntamiento también podía exigir a la DGA los pagos por las obras del tranvía u otras compensaciones que le reclama por la urbanización de Plaza.

Las mismas fuentes indicaron que por ahora no hay otra fecha prevista para reanudar la negociación sobre el edificio de los antiguos juzgados, donde la DGA prevé instalar la sede de la gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), así como la dirección provincial de dicho organismo, cuya previsión es abrir las oficinas en plaza del Pilar a principios del próximo año.

El IASS prevé estar en plaza del Pilar a inicios de 2019 tras desbloquear la licencia el Ayuntamiento

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) espera poder trasladarse a principios de 2019 al edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, después de que este miércoles 23 de mayo el Ayuntamiento de Zaragoza haya eludido la denegación de la licencia de obras al Gobierno de Aragón y de que ambas instituciones vayan a negociar los usos del inmueble. El instituto calcula que unos 100.000 ciudadanos pasarán anualmente por la nueva sede, en la que trabajarán 500 personas.

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha dado este miércoles marcha atrás y ha retirado el expediente que iba a suspender la licencia de reforma de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. El responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha anunciado que toma esa decisión porque el Gobierno de Zaragoza ha reanudado las negociaciones con el Gobierno de Aragón y existe un “principio de acuerdo”.

Muñoz ha retirado el expediente para no perjudicar la negociación. El concejal ha destacado que se han establecido reuniones entre ambas instituciones y que se el acuerdo se sustanciará en el marco de una reunión bilateral.

El Gobierno de Aragón había anunciado que estudiaría medidas judiciales si se suspendiera la licencia de los juzgados.

Reunión bilateral

En cuanto a la retirada del expediente sobre el tema de la Comisión de Urbanismo, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha negado que el Gobierno de Aragón haya tenido algo que ver.

“No ha habido ni acercamiento ni alejamiento. No ha habido ningún tipo de negociación. Niego la mayor”, ha aseverado al respecto. Lo que sí ha habido, ha precisado el consejero de Presidencia, es un “acercamiento” para constituir unos equipos técnicos de trabajo de cara a la reunión bilateral que tendrá lugar entre las dos instituciones.

El previsible desatasco del contencioso entre los gobiernos territorial y local despeja el desarrollo del proyecto del Ejecutivo aragonés para trasladar al edificio de plaza del Pilar la sede provincial del IASS de Zaragoza, así como la gerencia territorial del organismo.

Obras hasta final de año

La previsión apuntada por el propio gerente del IASS, Joaquín Santos, es que las obras de adecuación del edificio se desarrollen hasta final de año y que a principios de 2019 se produzca el traslado de personal y la apertura de oficinas al público.

En la actualidad, las dependencias provinciales del instituto de servicios sociales se distribuyen en cinco sedes distintas en otros tantos puntos de Zaragoza, “lo que dificulta el acceso correcto a los servicios por parte de la ciudadanía y la gestión interna por parte de los propios trabajadores de las institución”, precisó Santos.

El nuevo logotipo presentado este miércoles

El gerente del IASS subrayó que el traslado a plaza del Pilar redundará en beneficio de miles de personas e impulsará el desarrollo de los servicios sociales, “que necesitan una mayor visibilización social, que a su vez impulse su debate y su progreso a nivel político y social. El cuarto pilar del estado del bienestar necesita ocupar un lugar destacado en la ciudad”, sentenció Santos.

Esta pretensión de potenciar la presencia y por tanto la valoración de los servicios sociales se relaciona también con el cambio de logotipo para el sistema público de servicios sociales de Aragón, que fue presentado también este miércoles.

El proyecto de instalación de los servicios sociales en la parte del edificio de plaza del Pilar que corresponda al Gobierno de Aragón cuenta con un presupuesto de más de dos millones de euros.

Santos aseguró que el Ayuntamiento de Zaragoza dispone de toda la información necesaria sobre los planes del Gobierno de Aragón a ese respecto.

RAPA y Ecologistas preparan acciones judiciales contra el Plan de Depuración y el ICA

La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) y Ecologistas en Acción van a pedir ante el Gobierno de Aragón la nulidad del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración de las Aguas (PASD), que anularía igualmente el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). Si su solicitud no prospera, acudirán a los tribunales.

Esta nueva acción para intentar frenar el impuesto autonómico que estas organizaciones consideran injusto ha sido presentada por los miembros de RAPA Maribel Torrecilla (presidenta) y José Ángel Oliván; el representante de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Óscar García; y el presidente de Ecologistas en Acción en Aragón, José Ángel Moncallola.

El proceso comenzaría con una solicitud de revisión de oficio del decreto del 2009 por el cual se aprobó la revisión del PASD y que deberá valorar el Consejo Consultivo de Aragón en un plazo de 6 meses.

Si la solicitud fuera desestimada, RAPA y Ecologistas en Acción acudirán al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de forma conjunta, ya que los ecologistas se pueden acoger a la justicia gratuita por su labor a favor del medioambiente.

Causas de nulidad

Las causas de nulidad que recoge el documento que van a presentar se basan en que el plan incumple la Directiva de Hábitats porque “existía la obligación de realizar previamente la adecuada evaluación, cosa que no se hizo”, argumentan, y en que incumple igualmente la Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica, al tener “efectos significativos en el medio ambiente”.

En tercer y último lugar, desde RAPA y Ecologistas en Acción manifiestan que tampoco cumple la Directiva Marco del Agua al no realizarse el análisis coste-eficacia y de conformidad con el principio de que “quien contamina paga”.

Para RAPA y Ecologistas en Acción la “omisión de este análisis coste-eficacia” provocó en la aplicación del PASD la sobrestimación de los caudales de aguas residuales, la “tendenciosa opción por la depuración intensiva”, el favorecimiento de la gestión privada y sobrecostes que “han hecho inviable su sostenibilidad económica”.

“Tendenciosa e insostenible”

En conclusión, la presidenta de la RAPA ha hecho énfasis en que esta revisión del PASD del 2009 es “obsoleta, tendenciosa, insostenible económicamente y ambientalmente y socialmente ineficaz” (en la foto superior, imagen de la rueda de prensa de RAPA este martes 22 de marzo).

José Ángel Oliván ha recordado que ya están empezando a llegar las cartas certificadas a los usuarios que no pagaron el recibo del ICA, unos 100.000, a los que ha instado a “que mantengan la moratoria de pago y recurran” mediante las hojas de recurso que proporcionan desde la misma organización.

Asimismo, la Red de Agua Pública de Aragón ha anunciado un acto para protestar contra el ICA y la gestión actual de las aguas el próximo 23 de abril en Fabara (Zaragoza), pueblo que ha mantenido un “modelo de gestión de su depuración alternativo”.

Más de 3.800 denuncias por violencia contra la mujer en 2017

A lo largo del pasado año 2017 se registraron en los juzgados aragoneses 3.860 denuncias por supuestos delitos de violencia contra la mujer. Se trata de un 22,1% más de denuncias que el año anterior. En ellas, 3.812 mujeres resultaron ser víctimas. Por nacionalidades 2.310 eran españolas y 1.502 extranjeras. El incremento mayor en número de víctimas (un 34,2%) se produjo entre las extranjeras y en un 15,3% de los casos fueron las mujeres españolas las que aparecían como víctimas.

Según datos facilitados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género hechos públicos este lunes, el mayor número de denuncias corresponde a las presentadas por familiares o terceras personas. Pese a ello, el número de denuncias presentadas por las propias víctimas en los juzgados ha aumentado en un 21,2% frente a 2016.

Por lo que a renuncias se refiere, un total de 519 mujeres se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar como testigo, lo que supone un 42,6% más que el año anterior.

A lo largo del año se enjuiciaron a 425 varones resultando condenados 215 españoles y 130 extranjeros. En porcentajes se aprecia sin embargo que, frente a las condenas dictadas en 2016, se ha incrementado en un 11,1% las de hombres extranjeros y en un 3,9% las de españoles.

En cuanto a órdenes y medidas de protección se refiere en Aragón se incoaron 785, se inadmitieron 15, se denegaron 140 y se adoptaron 630.

Casi mil denuncias por violencia machista en Aragón en 2º trimestre

Los juzgados aragoneses recibieron en el segundo trimestre de 2017 un total de 970 denuncias por violencia machista, una cifra que coincide con el número de mujeres maltratadas, de las que 625 fueron españolas y 345 extranjeras, informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Estas cifras suponen que el índice de denuncias y el índice de mujeres víctimas de violencia de género, por cada 10.000 mujeres, es en Aragón de 14,57 para ambos conceptos.

Y colocan a Aragón entre los ocho territorios del Estado español con menor número de denuncias, según la estadística publicada este lunes 23 de octubre por el Poder Judicial.

Por provincias aragonesas, Teruel es la que se registra el mayor porcentaje de denuncias presentadas por las propias mujeres con un 84,2 %, seguida de Zaragoza con un 59,5 % y Huesca con un 52,6 %.

La oscense, sin embargo, es la que registra el mayor porcentaje de denuncias presentadas por parte de lesiones, con un 18,5 %, seguida de Teruel con un 7 % y Zaragoza con un 4 %.

En cuanto a resoluciones condenatorias el porcentaje de condenas en Aragón fue del 81,20 % y es también Teruel la provincia que mantiene el mayor porcentaje, con un 94,4 %, seguida de Huesca, con un 85,2 %, y Zaragoza con un 76,4 %.

Por delitos la cifra mayor la alcanzan los cometidos por lesiones y malos tratos, 656, seguidos por el de quebrantamiento de medidas (78) y contra la libertad (70).

Incremento del 18% en el Estado español

En el conjunto del Estado, los juzgados recibieron en el segundo trimestre de 2017 un total de 42.689 denuncias por violencia machista, lo que supone un incremento interanual del 18 %, según esta estadística, en la que figuran 40.366 mujeres víctimas de maltrato (un 20,7 % más).

En el mismo periodo, se elevó también en tres puntos el porcentaje de sentencias condenatorias a maltratadores, que representaron el 67,2 por ciento del total de fallos dictados (8.885 condenas de 13.230 sentencias).

Destaca el descenso del número de mujeres que renuncian a declarar contra sus parejas, que siguen haciéndolo el 10,5 %. Entre abril y junio de 2017 se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar 4.263 mujeres, frente a las 4.341 del mismo periodo de 2016 (un 1,8 % menos).

Siguen siendo las mujeres extranjeras las que más renuncian a declarar contra su agresor (el 13,4 extranjeras y un 9,3 españolas).

El aumento de denuncias un 18 % (han pasado de 36.166 denuncias en el segundo trimestre de 2016 a 42.689) significa un incremento de víctimas, en este caso del 20,7 % (de 33.440 mujeres a 40.366).

Más solicitudes de protección

El observatorio judicial refleja un incremento de siete puntos en las solicitudes de órdenes de protección (se pidieron 10.242, 9.586 un año antes) y cuatro puntos en la concesión de las mismas por parte de los órganos judiciales.

La violencia de género se da de forma dispar en los distintos territorios y la ratio de víctimas por cada 10.000 supera la media estatal (17) en Baleares (26,3), Murcia (21,8) y Comunidad Valenciana (21,3), mientras que la más baja se da en Castilla y León (10,8) y Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco (ligeramente superiores a 11).

Casi un 70 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales, mientras que el Poder Judicial aprecia un ligero descenso de las presentadas por familiares de las víctimas (sólo fueron el 2 %)

Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 15,25 por ciento de los casos.

En un 50 por ciento de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección; un 3 por ciento de las víctimas que pidieron protección fueron mujeres menores de edad.

Acuerdo Ayuntamiento-DGA sobre los antiguos juzgados, donde irán servicios municipales y el IASS

El edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar albergará servicios socioculturales y comunitarios municipales todavía por definir y servicios sociales del Gobierno de Aragón. Ayuntamiento y DGA ya han llegado a un acuerdo sobre el futuro del inmueble, de 25.000 metros cuadrados, de los que un 55% quedarán a disposición municipal, mientras el restante 45% lo aprovechará el Gobierno de Aragón.

Así lo ha manifestado el concejal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés (ZeC), contestando a una pregunta del grupo municipal de Ciudadanos en la Comisión Municipal de Hacienda celebrada este viernes 15 de septiembre.

Rivarés ha precisado que el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz (ZeC) y el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno (PSOE), ya han acordado el reparto del edificio y ahora resta que la comisión bilateral de ambas instituciones, que presiden el propio Rivarés y el consejero de Presidencia de la DGA, Vicente Guillén, formalice el acuerdo y determine las afecciones económicas del mismo.

El Ayuntamiento de Zaragoza había solicitado al Ejecutivo territorial la reversión total del edificio, ubicado en terrenos municipales cedidos en su día al Ministerio de Justicia para la instalación de los juzgados y que posteriormente pasó a titularidad de la DGA con la transferencia de las competencias en materia de Justicia.

Condiciones por concretar

La concejal de C’s Sara Fernández ha recriminado a Rivarés que “ahora resulta que hemos cedido un 45% del inmueble al Gobierno de Aragón. ¿Vamos a cobrar algo de la DGA?”.

Rivarés le ha refutado y ha insistido en que las condiciones concretas del acuerdo y las afecciones económicas del mismo todavía no están estipuladas.

A ese respecto, cabe señalar que ambas instituciones mantienen criterios distintos, puesto que mientras el Ayuntamiento reclama la reversión del edificio, Patrimonio del Gobierno de Aragón sostiene que el Ayuntamiento cedió en su día los terrenos, pero la edificación corrió por cuenta del ministerio, por lo que ante cualquier cesión del inmueble al Consistorio se le debería computar el coste de la edificación.

Usos

Por lo que respecta a los usos futuros del céntrico edificio, la DGA tiene previsto instalar allí diversos organismos de servicios sociales, ahora desperdigados por varios puntos de la ciudad: gestión de Ciudadanía y Derechos Sociales y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (ahora, en paseo de María Agustín); la dirección Provincial del IASS (ubicada en el paseo de Rosales, a la entrada del Parque Miraflores); y Consumo y Familia (todavía en la plaza de la Convivencia, en dependencias de Sanidad, departamento al que perteneció en la anterior legislatura). La DGA quiere concentrar estos servicios en la plaza del Pilar y facilitar así la atención a los ciudadanos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza destinará el 55% del edificio que le corresponde según el acuerdo con la DGA, “a servicios socioculturales y comunitarios todavía por definir”, ha señalado Rivarés.