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Concluye sin acuerdo la reunión de Avanza y trabajadores en el SAMA para evitar paros en el bus urbano

La reunión entre los trabajadores y la dirección de la contrata del autobús urbano, Avanza Zaragoza, en la sede del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) ha concluido sin acuerdo, pero la empresa se ha comprometido a presentar una propuesta el próximo lunes, 11 de marzo. El motivo de esta reunión era mediar ante la convocatoria de paros parciales programados por el comité de empresa para los días 13, 15, 20, 22 de marzo como medida de presión para exigir unos tiempos de recorrido más acordes al trazado de las líneas de autobús.

Desde el comité de empresa se ha pedido a la dirección que las propuestas las hiciera en la reunión del SAMA, pero no han accedido, ha informado el presidente del comité de empresa y representante del Sindicato Aragonés de Trabajadores del Transporte (SATTRA), José Manuel Montañés.

“No se ha llegado a ningún acuerdo y se ha levantado la sesión sin avenencia, Avanza no ha traído ninguna propuesta para tratar de desconvocar los paros, tan solo se ha limitado a decir que en el tema horarios ellos no pueden hacer nada y es el Ayuntamiento de Zaragoza quien debe hacerlo, por lo tanto le pasa la pelota al Ayuntamiento sin querer hacer nada”, ha indicado el citado representante laboral.

En el resto de asuntos como la apertura de expedientes por no realizar los recorridos en el tiempo estipulado, no ha habido propuesta alguna de la empresa, ha asegurado el comité. “Ni tan si quiera decir que van a respetar las resoluciones de inspección de trabajo que les impiden obligar a los trabajadores a realizar algunas tareas, Avanza no ha querido entrar en ningún punto”, han asegurado los representantes laborales.

La empresa replica

Por su parte, la empresa Avanza ha afirmadoque la “actitud beligerante” del comité de empresa ha hecho “imposible” alcanzar un acuerdo en el SAMA que permitiera desconvocar la huelga.

En una nota de prensa, Avanza ha destacado su “disposición al diálogo”, lamentando que el comité de empresa “se ha negado a escuchar cualquier planteamiento”.

“Esta nueva convocatoria de huelga por parte del Comité de Empresa, que en esta ocasión coincide con el periodo preelectoral, está basada en una reivindicación de cambio de los horarios del servicio, incrementando el tiempo de viaje de las líneas, cuando ésta es una competencia exclusiva del Ayuntamiento, donde la empresa no puede decidir”, sostiene Avanza.

Adicionalmente, “se han añadido una serie de reivindicaciones incoherentes y argumentos insostenibles por su falta de veracidad, como se ha demostrado en el SAMA”, ha añadido la empresa concesionaria del bus urbano.

A pesar de ello, Avanza se ha comprometido a entregar una propuesta para la mayor parte de las reivindicaciones, “lo que ha sido rechazado por el comité por considerarlo insuficiente”.

El SAMA cita a la empresa FCC y trabajadores para evitar la huelga

El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) ha citado al comité de huelga de Parques y Jardines de Zaragoza y a la dirección de FCC a una reunión este viernes, 1 de marzo, para intentar que ambas partes lleguen a un acuerdo y se puedan evitar los paros convocados a partir del día 6.

El comité de empresa ha recordado en un comunicado que los trabajadores piden a la dirección de FCC que se avenga al cumplimiento íntegro del pacto laboral y la normativa vigente en seguridad y salud, reconozca la negociación colectiva, realice un plan de formación para los empleados en horario laboral y entregue toda la documentación que le ha requerido.

Los trabajadores de FCC Parques y Jardines aprobaron el 20 de febrero en asamblea la convocatoria de siete jornadas de huelga para el mes de marzo, en forma de concentraciones, que comenzarán el 6 de marzo si no se atienden sus reivindicaciones y continuarán los días 12, 14, 19, 21, 26 y 28.

La Policía Local tendrá unidad de mediación en conflictos vecinales

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este viernes que la Policía Local disponga de una Unidad de Mediación para colaborar en la resolución de conflictos vecinales. Contará inicialmente con ocho miembros: dos oficiales y seis policías, y tendrá como objetivo la cooperación en la resolución de conflictos privados cuando la unidad sea requerida para ello.

La concejal delegada de Policía Local del Ayuntamiento, Elena Giner, ha asegurado que la creación de este tipo de unidades es “una herramienta importante que mejora la gestión de determinados conflictos particulares a través de la adopción voluntaria de resoluciones pacíficas, evitando así la vía judicial”.

No se trata, ha explicado, de que la Policía Local no actúe en primera instancia cuando se produzca un conflicto, sino de que, cuando éste pueda ser solucionado “a través del diálogo”, sea así.

En definitiva, se trata de introducir un cambio de modelo dirigido a la prevención como estrategia para resolver y gestionar los conflictos, intentando anticiparse a los problemas y trabajando en las causas.

Curso de formación

Entre las situaciones en las que podría intervenir figuran los conflictos de convivencia social y vecinal, molestias ocasionadas por ruidos, por obras o por animales domésticos, salubridad e higiene o por ocupación de espacios públicos o de uso común, entre otros.

Para la creación de la Unidad de Mediación se ha realizado la preceptiva negociación con la representación sindical, en la que se han analizado las propuestas formuladas, recogiéndose en la propuesta del Gobierno los acuerdos alcanzados.

Los candidatos que deseen cubrir los puestos que integran esta nueva Unidad de Mediación deberán realizar el Curso Universitario de Mediación en Ámbitos Policiales de la Universidad de Zaragoza.

Dicho curso es el fruto del convenio firmado el pasado mes de junio entre la Universidad y el Ayuntamiento de Zaragoza con esta finalidad, y consta de 150 horas de clases y 60 días presenciales.

Plan municipal para ayudar a las familias que residen sin contrato en viviendas de bancos

El Ayuntamiento de Zaragoza desea regularizar la situación de las familias que residen sin contrato en viviendas propiedad de entidades bancarias. Por ello, el gobierno de la ciudad ha aprobado este viernes un Programa municipal para la mediación y acción pública en casos de ocupación de viviendas propiedad de bancos.

El objetivo es favorecer el acceso a la vivienda de familias zaragozanas en situación de especial vulnerabilidad que se encuentran en una situación irregular respecto a su residencia habitual, según ha detallado en rueda de prensa el concejal de Vivienda y Deporte del consistorio, Pablo Híjar.

Híjar ha subrayado que debido a la crisis “hay una mayor cronificación de la pobreza y exclusión, cada vez más población no puede acceder a una vivienda a través de una hipoteca o de un contrato de alquiler” y ha detallado que 7.000 personas están viviendo “sin un título de propiedad o contrato de arrendamiento en la ciudad”.

Mediación en casos de desahucio

Hasta el momento, el programa de mediación en casos de impago de arrendamiento de la Oficina Municipal de Vivienda ya admitía de forma excepcional la mediación en procesos de desahucio a precario o por ocupación de vivienda –propiedad de personas jurídicas–.

El número de expedientes de mediación abiertos por ocupación de viviendas aconsejaba un marco de actuación adecuado a la complejidad del fenómeno.

Según se explica en el programa aprobado, se trata de un fenómeno que necesita de una visión integral partiendo del reconocimiento del estado de necesidad de las familias que sin alternativa habitacional logran un techo en las viviendas vacías que la crisis disemina especialmente en los barrios tradicionalmente obreros y populares –normalmente propiedad de personas jurídicas–.

Criminalización de las familias

El abordaje de esta cuestión debe partir de romper con el círculo vicioso que presupone la criminalización de las familias afectadas por el fenómeno. Esto significa garantizar el acceso a ayudas y prestaciones sociales; garantizar el seguimiento social y el apoyo de las familias; o favorecer la mediación y los acuerdos de regularización o realojo, frente a la judicialización de casos de ocupación.

El siguiente paso a dar será la elaboración de protocolos específicos de coordinación y actuación de las instituciones y departamentos del Ayuntamiento que intervendrán en el programa. Además se formará a los profesionales implicados sobre sus objetivos, desarrollo así como sobre los aspectos técnicos y legales de la ocupación.

Híjar ha recalcado que se trata de que los servicios municipales “se coordinen de forma más efectiva para hacer un trabajo más general y con una visión mucho más abierta” y ha advertido de que quedan excluidas de este programa “las viviendas particulares y públicas”.

Las emergencias de vivienda se detectan sobre todo en el alquiler, donde los precios no bajan de 400 €

El problema de la vivienda y la emergencia habitacional se están trasladando en Zaragoza de las ejecuciones hipotecarias por compra de pisos al mercado del alquiler, donde las dificultades se están cronificando para familias en situación de exclusión social. Las mediaciones por impago de alquileres que no bajan de 400 €/mes por parte del Ayuntamiento se han triplicado respecto a las de deuda hipotecaria, aunque ambas han descendido un 30% en 2017, un dato que contrasta con los datos provisionales ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial, que no recogen dicho descenso en el caso de los alquileres, sino más bien la tendencia contraria.

El concejal de Vivienda del Consistorio zaragozano, Pablo Híjar, ha reclamado una intervención inmediata en el mercado del alquiler por parte de las administraciones competentes. “Es necesario limitar los precios mediante el establecimiento de cuantías medias, incentivos a propietarios u otras bonificaciones, además de implantar medios coercitivos”, ha reclamado el edil de ZeC, que ha lamentado la negativa de parlamentarios de PP y C’s en el Congreso de  los Diputados a la adopción de esas medidas cuando se las plantearon recientemente una representación de concejales de las grandes ciudades del estado.

Híjar ha alertado de que en el mercado de alquiler se está produciendo “una burbuja que nadie quiere frenar”. A este respecto ha señalado que fue un error rebajar de cinco a tres años la duración de los contratos y “en períodos muy cortos los inquilinos deben afrontar importantes subidas a las que no pueden hacer frente”.

Desplazamiento al extrarradio

La situación está originando en Zaragoza el desplazamiento de inquilinos (normalmente, personas jóvenes y/o de bajo poder adquisitivo) hacia el extrarradio de la ciudad por no poder asumir los precios de la ciudad consolidada. Un hecho que se agudiza en otras grandes ciudades del Estado español por la presión turística en los cascos antiguos y en el centro urbano.

El hecho constatado por los responsables municipales de vivienda es que se está produciendo “una exclusión habitacional que se está cebando cada vez en más personas y es muy difícil salir de esa situación de agobio”, ha asegurado Híjar.

Ante este panorama,  el concejal ha insistido en la necesidad de aumentar el parque público de vivienda, tanto el del Gobierno de Aragón como el municipal.

En el año 2017 la Oficina Municipal de Vivienda ha mediado en un total de 272 casos en los que había riesgo de desahucio por impago de alquiler o deuda hipotecaria. En todas las situaciones se ha tratado de familias deudoras de buena fe por causas sobrevenidas y todas ellas han obtenido una alternativa habitacional o acuerdo, han señalado Híjar y el coordinador de la citada oficina, Sergio Castells.

Ambos han insistido en que es muy significativo el aumento de los expedientes abiertos en el programa de impago de alquiler (199) que triplican los de deuda hipotecaria (73).

El concejal ha subrayado “las grandes dificultades de las familias para pagar y/o encontrar alternativas para arrendar viviendas puesto que el precio de mercado no baja de 400 euros, cantidad económica que muchas personas no pueden asumir, sobre todo en los casos en los que son perceptores de ingresos sociales y prestaciones, a lo que se suma en numerosas ocasiones la necesidad de contar con un aval”.

Datos concretos

En cuanto a los datos concretos de los programas de mediación en deuda hipotecaria y en arrendamiento, para los que el Ayuntamiento firma convenios anuales con el Gobierno de Aragón y los colegios de abogados y trabajadores sociales, el coordinador de la Oficina Municipal de Vivienda, Sergio Castells, ha destacado que en el primer caso disminuyen desde que en 2013 se llegara al punto álgido.

Así, se tramitaron 73 expedientes, un 30 por ciento menos que el año anterior, lo que ha achacado a que los bancos “se piensan más” los procedimientos tras los casos de cláusulas abusivas y reclamaciones.

La mitad de las mediaciones corresponden a personas que tienen cuotas pendientes pero sin demanda de ejecución, un 26,46 por ciento lo hace ante la previsión de que esto pueda suceder y un 22,9 por ciento se sitúa en el contexto más difícil, los que ya tienen pendientes ejecuciones hipotecarias.

Predominan las parejas con hijos (41,11 por ciento), con ingresos por desempleo o prestaciones sociales (40 por ciento) o del trabajo (30 por ciento), que suelen ser “precarios”, mientras que menos de la quinta parte no perciben ningún tipo de ingreso.

El 63,13 por ciento son de origen español, cerca de un 20, de origen americano y el resto, de África o Europa.

Entre los resultados, destacan las refinanciaciones (36,12 por ciento), las mediaciones sin acuerdo (22,9 por ciento), las daciones en pago (13,66 por ciento) y los desistimientos (12,75 por ciento), mientras que la entidad bancaria más afectada es Ibercaja en 26 casos, seguida de Kutxabank en 9 y BBVA en 7.

Mediación por arrendamiento

En lo relativo a la mediación por arrendamiento, programa que comenzó en 2015 y registró un repunte “importante” en 2016, también descendieron un tercio el pasado año, de 300 a 199, de los que 32 hacen referencia a ocupaciones de viviendas.

Casi la mitad de los solicitantes tenían pendiente una demanda de desahucio, mientras un 35,21 por ciento lo hacían por previsión antes de tener cuentas pendientes.

En este caso también predominan las parejas con hijos (40,17 por ciento), pero aparecen con fuerza las familias monoparentales con hijos (35,21 por ciento).

Casi un 60 por ciento tenían ingresos por desempleo o subsidios, mientras un 16,2 eran procedentes del trabajo y un 12,23, por pensiones, y casi dos terceras partes eran también españoles.

En total, 59 de los expedientes finalizaron con un cambio de vivienda, 43 con acuerdos de mediación, 36 con realojos por parte del Gobierno de Aragón, 34 con renuncias o desistimientos, 14 con realojos por la sociedad municipal Zaragoza Vivienda y otros 14 sin acuerdo.

En las ocupaciones destacan siete cambios de vivienda y siete casos archivados por no cumplir requisitos.

 

 

 

CHA exige la mediación municipal para evitar “semana de inmovilidad”

El grupo municipal de CHA ha reclamado la intervención mediadora “inmediata” del Ayuntamiento de Zaragoza para tratar de evitar los paros coincidentes el próximo mes de octubre y en plenas Fiestas del Pilar del bus urbano y del tranvía, cuyas convocatorias de huelga amenazan con colapsar el transporte público en la ciudad en unas fechas críticas. CHA va a presentar una moción “preventiva” en el pleno de la próxima semana en la que se insta al equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) a que se “implique” para evitar las anunciadas huelgas.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha asegurado que el Consistorio cuenta con los instrumentos precisos para mediar entre empresas y trabajadores con el fin de evitar los paros inicialmente previstos.

A ese respecto ha precisado que a las empresas que gestionan los servicios de transporte público “les puede exigir el cumplimiento de los pliegos de las contratas, que prevén respetar determinadas condiciones laborales por parte de su plantilla”.

Incumplimientos

Asensio se ha referido a la empresa del bus urbano, porque “no cumple la incorporación de personal de refuerzo, ni los turnos, ni los cuadros de marcha, ni ha instalado los aseos comprometidos a final de las líneas, ni tampoco ha reforzado la flota de acuerdo con las exigencias de la contrata”.

También añadió que el Consistorio puede amenazar a las empresas con la adopción de medidas sancionadoras, “como se ha hecho con FCC respecto a la gestión de las alcantarillas”.

El concejal de CHA ha insistido en que el Ayuntamiento debía tomar inmediatamente la iniciativa “para evitar que después de la Semana de Movilidad pasemos a la semana de la inmovilidad” y ha recordado que en la huelga de autobuses del pasado año la gestión municipal “fue desastrosa. Se llegó tarde y al final se recurrió a un mediador externo al que hubo que pagar mucho dinero. Lo lógico es que esa mediación la desarrolle el propio Consistorio”.

Respecto a las características de la mediación, Asensio ha puntualizado que no debía tratarse “en absoluto” de una disposición municipal a asumir los costes de las reivindicaciones de los trabajadores de las empresas que detentan los servicios.