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PP, PSOE y Cs tumban el cambio de nombre de calles avalado por expertos y por las leyes de memoria

PP, PSOE y Ciudadanos han vuelto a unir sus votos en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, esta vez para echar abajo el cambio de nombre de ocho calles de la ciudad, adscritas ahora a personajes relacionados con la dictadura franquista, para reconocer al ex Justicia Emilio Gastón y a siete destacadas mujeres del ámbito cultural y científico. Pese a que los cambios propuestos por el gobierno municipal de ZeC, y respaldados por CHA, contaban con el aval de expertos universitarios y se atenían al dictado de la ley estatal de memoria histórica y a la ley aragonesa de memoria democrática, los grupos críticos reclaman debate y negociación en los cambios de denominación de calles, además de que tanto PP como PSOE cuestionan algunas de las modificaciones.

El asunto ha dado lugar a una dura refriega verbal en el último Pleno de la actual legislatura municipal, que se ha abierto con la intervención desde el público de un representante de Vox (y ex concejal del PP) para oponerse al cambio de nombres porque responden “al sectarismo del alcalde”. Su intervención ha sido alabada por portavoz del PP, Jorge Azcón, quien ha subrayado que su grupo también se opone al cambio de nombres de calles, en un nuevo acercamiento de los populares hacia el partido ultraderechista.

De hecho el debate ha girado en torno a una moción de los conservadores que proponía “instar al Gobierno de Zaragoza a revocar los acuerdos adoptados para aprobar cambios de nombres de calles y a no adoptar unilateralmente nuevos acuerdos, así como estudiar la creación de una comisión en la que participen técnicos municipales y todos los grupos políticos para la denominación del viario urbano”.

Respetar la historia

El portavoz del PP ha insistido en los nombre de las calles debían “respetar la historia de la ciudad, independientemente de que guste o no guste” y ha advertido que los cambios aplicados de forma unilateral por el gobierno municipal podrían ser recurridos por vía judicial, como su grupo hizo con el cambio de nombre del pabellón Príncipe Felipe, porque la decisión sobre las modificaciones debía adoptarse con debate de todos los grupos y acuerdo de los mismos, para posteriormente ser aprobadas en Pleno.

A este respecto, Azcón ha hecho referencia a que en 2008, con el socialista Belloch de alcalde, se adoptó de esa forma el cambio de nombre de decenas de calles “y se acordó respetar los nombres de alcaldes”.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio ha replicado con dureza la intervención de Azcón y ha argumentado que los cambios propuestos tenían por objeto respetar las leyes de memoria histórica “que prohíben el reconocimiento de cargos elegidos por la dictadura franquista” y sobre todo pretendían “conmemorar a quienes lucharon, algunos y algunas dejando hasta su vida, por los ideales democráticos frente al fascismo”.

Asensio ha recriminado al PP que volviera a “escorarse a la derecha” en este asunto y ha sido tajante al señalar que personajes como Gómez Laguna o Cesáreo Alierta “no deben tener calle en esta ciudad” por su relación con el régimen franquista, mientras echaba en cara al concejal conservador Pedro Navarro que en unas declaraciones en prensa hubiera alabado la ‘labor social’ desarrollada por los reconocidos en el callejero; “¿qué labor social hicieron esos personajes?”, se ha preguntado el edil aragonesista.

Cumplir la ley

En parecida línea se ha expresado la vicealcaldes de ZeC, Luisa Broto, quien ha insistido en que los cambios de nombres de calles respondían al cumplimiento de las normativas de memoria histórica, donde se establece que se deben excluir del callejero personajes vinculados al régimen franquista desde el final de la II República (1936-39) hasta la aprobación de la actual Constitución (1978).

Respecto a los acuerdos municipales adoptados en 2008 sobre los cambios en el callejero ha indicado que en ese tiempo no había leyes de memoria histórica para respetar y que, en  todo caso, “en 2009 hubo un acuerdo municipal por el que se delegó en el gobierno de la ciudad lo relativo al cambio de nombre de calles. Por tanto, no se ha incumplido ningún acuerdo municipal ni se han alterado las formas, sino que simplemente se ha cumplido la ley”.

Broto ha añadido que además existía un acuerdo municipal que insta a feminizar el callejero zaragozano, donde apenas están reconocidas ilustres mujeres relacionadas con el devenir histórico de la ciudad.

Cambiar las formas

La concejala de Ciudadanos Cristina García y el portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, han insistido en que la moción del PP que sus grupos han apoyado pretende introducir un “cambio en las formas” de acometer los cambios de denominación en el callejero y tratar de buscar consensos.

A ese respecto, García ha mencionado modificaciones o asignaciones de viarios adoptadas por acuerdo de los grupos municipales, “el de la activista ecologista Berta Cáceres, por ejemplo”, mientras el representante socialista se refería al cambio de nombre de la plaza Miguel Merino por considerarse alcalde franquista, cuando en su labor como abogado había defendido y apoyado a numerosos sindicalistas frente al régimen dictatorial.

El conservador Azcón ha remarcado que Merino fue un alcalde del periodo de la Transición que debía ser reconocido y ha subrayado la oposición de su grupo a los cambios de nombres de calles “realizados de forma unilateral, sin rigor técnico y sin respetar la ley que obliga a negociarlo y a decidirlo en el Pleno”.

PP y C’s se muestran dispuestos a pactar con la ultraderecha para gobernar en la ciudad

Los grupos municipales del Partido Popular y de Ciudadanos han dejado la puerta abierta a futuros acuerdos con los ultraderechistas de Vox para hacerse con el control del gobierno municipal de Zaragoza. El PP lo ha hecho de forma explícita y hasta entusiasta, oponiéndose a una moción de CHA que proponía el compromiso de todos los grupos municipales de “rechazar acuerdos futuros con partidos políticos de ultraderecha que niegan los derechos humanos y quiebran los principios constitucionales de convivencia”, mientras C’s se ha abstenido y por tanto no ha rechazado posibles acuerdos con los neofascistas, algo que sí han descartado la propia CHA, ZeC y PSOE.

La propuesta de CHA de establecer un ‘cordón sanitario’ en la política local zaragozana y aislar a la ultraderecha ha caído en saco roto, al desmarcarse los grupos derechistas en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza celebrado este viernes 1 de febrero (en la foto superior, concejales de C’s, izda, y PP, en el salón de plenos).

La medida “preventiva” propuesta por los aragonesistas ha sido rechazada de forma airada por el portavoz del PP, Jorge Azcón: “¿me van a decir a mí si puedo hablar y pactar con mi ex compañero Julio Calvo?”, ex concejal del PP y ahora dirigente local de Vox, que ha intervenido en el Pleno.

Azcón ha saludado de forma efusiva al representante ultraderechista y ha asegurado que tras las elecciones de mayo “llega un cambio imparable”, dando por hecho que ese revolcón a lo que ha denominado como “un régimen que se acaba” llegará gracias a la colaboración de los neofascistas. De hecho, ha animado a C’s a “quitarse el miedo” y a reconocer abiertamente, como ha hecho su portavoz en Madrid, Begoña Villacís, la posibilidad de pactar con Vox para lograr la alcaldía.

Ciudadanos se desmarca

La repetición en Zaragoza de lo que el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha denominado como “el pacto de la vergüenza” en Andalucía parece que será un hecho si la suma de los apoyos cosechados por las fuerzas de la derecha les permite hacerse con el gobierno local.

La negativa de C’s a suscribir la propuesta de los aragonesistas así parece indicarlo, por mucho que la portavoz Sara Fernández se haya esforzado en echar balones fuera.

Fernández se ha limitado a señalar que su grupo pretende llegar a acuerdos “con partidos constitucionalistas, no con los populistas”, pero ella y sus compañeros de grupo han evitado comprometerse con la moción de CHA, pese a que ha subrayado que en Andalucía “sólo hemos pactado con el PP” y que todos sus acuerdos los suscriben mediante documentos firmados.

Defensa de la democracia

Frente a la sentencia del conservador Azcón de que la propuesta de CHA “se llama miedo” al cambio que se avecina, el aragonesista Asensio ha insistido en que la propuesta era un compromiso de “defensa de los valores democráticos y los principios constitucionales” que denostan los ultraderechistas, lo mismo que se está haciendo en países europeos como Alemania o Suecia, donde fuerzas democráticas de diverso signo ideológico han pactado para aislar a los neofascistas.

Asensio ha lamentado que PP y C’s hayan “perdido la oportunidad” de desmarcarse de Vox y les ha acusado de estar dispuestos a “vender los principios de la democracia por un sillón”, como ya han hecho en Andalucía.

En esas mismas línea, el portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha advertido a PP y C’s de que si pactaban con la ultraderecha “estarán haciendo suyo el populismo, el machismo, la postura contra una España plural o el antieuropeísmo que defiende Vox”. Y ha sentenciado en tono dramático: “van a desenterrar el franquismo desde la democracia, justo lo contrario de lo que hizo Adolfo Suárez, que facilitó la llegada de la democracia desde el franquismo”.

“Hidra de tres cabezas”

El tono del concejal de Zaragoza en Común Alberto Cubero ha sido mucho más duro contra las fuerzas de derecha, a las que ha acusado de constituir “una hidra de tres cabezas”, en referencia a PP, C’s y Vox, “que en el fondo son lo mismo”.

A ese respecto ha asegurado que PP y C’s “ya eran homófobos, xenófobos o ultranacionalistas. La diferencia es que Vox lo dice abiertamente y ellos lo reconocen sólo en la intimidad”.

Cubero ha asegurado que las tres fuerzas derechistas “van a pactar” porque “no tienen ningún escrúpulo” y ha señalado que “eso significa que votar a PP o a C’s significa alentar posturas “racistas y machistas”.

PP, PSOE y Cs votan a favor de paralizar la regulación de los patinetes

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos favorables de PP, PSOE y Cs, y la oposición de ZeC y CHA, ha resuelto este viernes 21 de diciembre que debería paralizarse el proceso de regulación de los patinetes, para solicitar la elaboración de un estudio técnico con arreglo al cual elaborar posteriormente una ordenanza completa sobre movilidad compartida. La decisión adoptada no va a paralizar no obstante la iniciativa de ZeC para sacar cuanto antes un concurso para adjudicación de licencias de patinetes, porque la potestad corresponde al gobierno municipal.

La decisión plenaria ha venido motivada por la presentación de una moción por parte del grupo del PSOE para paralizar el proceso porque a su entender no se está desarrollando de forma correcta.

La concejala de Movilidad, Teresa Artigas (ZeC) ha sostenido que los técnicos municipales se han reunido en varias ocasiones con responsables de las cuatro empresas de patinetes presentes en la ciudad para extraer información sobre comportamientos de los usuarios, necesidades, etc.

“Fruto de ese trabajo es la memoria que se ha entregado a los grupos municipales”, ha indicado Artigas, quien ha insistido también en que la decisión de limitar la concesión a dos empresas y reducir la presencia de vehículos hasta 1.700 patinetes en toda la ciudad, así como la presencia en todos los distritos, provienen igualmente de esas conclusiones técnicas.

Artigas ha asegurado que esas medidas garantizan la presencia de patinetes en todos los barrios de la ciudad, a la vez que evitan la aglomeración de vehículos en determinados puntos y la sobreocupación de espacio público.

Voluntad de bloqueo

La concejala de ZeC ha espetado al PSOE que la presentación de esta moción para paralizar la regulación de los patinetes es una muestra más de su voluntad de bloquear la gestión municipal y le ha recriminado que no haya realizado aportaciones al proyecto del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en materia de movilidad compartida.

“Tienen cero voluntad constructiva en materia de movilidad, cuando los grupos progresistas podríamos ponernos fácilmente de acuerdo para elaborar una buena regulación”, ha sentenciado Artigas.

A ese respecto la concejala socialista Lola Ranera ha explicado que su negativa a aportar propuestas al PMUS era muestra de protesta por la decisión de ZeC en febrero de copar las sociedades municipales y ha acusado al gobierno municipal de “soberbia” en materia de movilidad.

Ranera ha defendido imitar la opción planteada por el Ayuntamiento de Madrid para regular las diferentes alternativas de movilidad ciudadana compartida: “En Madrid –ha apuntado- se ha realizado un estudio sobre el estado y capacidad de las infraestructuras de movilidad, sobre el uso del espacio público, etc. y posteriormente se ha elaborado una ordenanza que ha sido debatida en el pleno”.

Frente a esta postura, Ranera ha criticado la adoptada por ZeC, que “abusa de los órganos de contratación del gobierno y pone en marcha el proceso sin contar con los demás grupos”.

La concejala socialista ha criticado que hasta ayer por la tarde el gobierno municipal no les hubiera entregado una memoria, “que no estudio”, sobre los patinetes.

Por otro lado, ha incidido en que la regulación debería ser global, contemplando todas las modalidades de movilidad compartida (bicis, motos, coches) y no sólo los patinetes, para a partir de ahí determinar las condiciones de las concesiones, el número de patinetes en la calle, su circulación y su estacionamiento.

Una oportunidad

La concejala de CHA Leticia Crespo ha considerado por el contrario que la memoria facilitada el jueves por la concejala de Movilidad, Teresa Artigas, “es el equivalente al estudio que están solicitando” y ha insistido en la urgencia de regular la presencia de los patinetes eléctricos de uso compartido, una realidad que “nos ha superado a todos y se está haciendo lo posible por adecuar la situación al interés de la ciudadanía”.

Crespo ha defendido que se limite la actividad de las empresas de movilidad compartida para que “su presencia no suponga un perjuicio sino una oportunidad”, y ha insistido en que demorar la regulación “no es la respuesta”.

Por el contrario, el grupo de Ciudadanos, por boca de su concejal Alberto Casañal, se ha mostrado partidario de apoyar la moción socialista y ha reclamado a ZeC que cuente con los demás grupos para regular la movilidad compartida.

Por su parte, el concejal del PP Sebastián Contín ha recriminado al gobierno municipal el retraso de los planes reguladores y sus carencias como la falta de un perfil del contratante o la falta de un canon para las empresas potencialmente concesionarias, lo que a su juicio discrimina “al principal servicio de movilidad compartida que es el taxi y que abona sus correspondientes tasas”.

También ha censurado la limitación de empresas y la reducción del número de patinetes, “que debería atender a la demanda que se produzca”, así como la intervención del gobierno municipal en las condiciones de contratación por parte de las concesionarias.

El PSOE municipal se alinea de nuevo con la derecha y decae una moción en el Pleno a favor de la república

El grupo municipal socialista ha votado en sesión plenaria contra la solicitud de convocar un referéndum de acuerdo a la Constitución para que la ciudadanía del Estado español decida entre monarquía y república. También ha rechazado que el Ayuntamiento de Zaragoza reafirme el compromiso con los valores republicanos y la apuesta por la “abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”, uniendo su voto contrario al de PP y Cs.

ZeC ha presentado en el Pleno de este viernes 23 de noviembre una moción para que el Consistorio zaragozano solicitara la retirada de prerrogativas legales al rey emérito, Juan Carlos I, de forma que se investigue su supuesta corrupción, y para que la ciudadanía se pronuncie sobre la forma de gobierno en el Estado español.

El PSOE, pese a su larga tradición republicana, sólo ha votado a favor un punto de la moción de ZeC en el que se insta al Gobierno de España a derogar el delito de injurias al rey y a la casa real (los artículos 490.3 y 491 del Código Penal), igualando la protección penal del honor de esta figura a la del resto de ciudadanos.

Bloque PP-PSOE-CS contrario a la república

Sin embargo, los socialistas han unido sus votos a los de PP y Cs para rechazar la petición por parte de la Corporación zaragozana de que en el Congreso de los Diputados se permita investigar en sede parlamentaria las acciones realizadas por Juan Carlos de Borbón desde el año 2014, momento en que deja de ser inviolable jurídicamente, y “sobre quien recaen indicios suficientes de delito”.

La negativa de la derecha y del PSOE tampoco ha permitido que prosperara el punto en el que se solicitaba al Gobierno de España a convocar un referéndum de acuerdo a la Constitución para que la ciudadanía decida entre monarquía y república.

Ese mismo bloque PP-PSOE-Cs ha hecho decaer la propuesta de que el Ayuntamiento de Zaragoza reafirme el compromiso con los valores republicanos y la apuesta por la “abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”, mientras los grupos de ZeC y CHA respaldaban en su integridad la moción presentada por los primeros.

Bancada de PSOE, ZeC y CHA (de izda a dcha) en la que no ha habido acuerdo. Foto: Aragón Digital

La ciudadanía, a favor de la república

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero (ZeC), ha justificado la presentación de la moción porque se cumple el 40 aniversario del pacto constitucional y después de cuatro décadas los ciudadanos siguen sin poder elegir entre república o monarquía y si se les dejara opinar “querían la república”, ha asegurado.

Cubero se ha referido al rey emérito como “corrupto” y “sinvergüenza”, mientras mostraba una fotografía en la que Juan Carlos de Borbón aparecía en una cacería junto al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, el exministro y expresidente de Baleares, Jaume Matas, ambos encarcelados por corrupción, y al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, investigado por el uso fraudulento de tarjetas de crédito en Caja Madrid.

En ese momento, ha asegurado que Juan Carlos I es igual de “corrupto” y “sinvergüenza” que los otros tres, pero no responde ante la justicia por su estatus de inviolable jurídicamente hasta su abdicación en 2014. A esto ha agregado que “mientras estos de la imagen se lucran de forma ilegal, se condena a chavales por quemar esta foto”.

Mucho que esconder

El concejal de ZeC ha recriminado a los concejales socialistas de seguir “directrices de Ferraz” y les ha pedido que votaran “en conciencia” y siguiendo los dictados de su “corazón republicano”, ruego que los socialistas no han atendido.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio se ha referido a la opacidad de la monarquía española y ha deducido que “quizá tenga mucho que esconder”.

El representante aragonesista ha subrayado que “el mejor gobierno es el de la gente y ésta se expresa de forma adecuada a través de un régimen como el republicano, donde se eligen todos los cargos”.

La concejal del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Cristina García, ha dicho que a nadie le han interesado los aforamientos hasta que Cs sacó este tema. Ha recordado que hay 9 artículos sobre la monarquía en la Constitución y le ha instado a ZeC a que consiga dos tercios de apoyos y abra el debate sobre monarquía o república en el Congreso de los Diputados.

Los ideales socialistas

El portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón (en la foto superior de Aragón Digital, de espaldas junto a otros integrantes del grupo socialista al inicio del Pleno), ha considerado poco fundamentada la moción de ZeC, aunque ha reconocido que el debate sobre monarquía o república merece “una reflexión”, pero a continuación ha añadido que “no habrá cambio hasta que no se produzca un consenso amplio”.

A ese respecto, Cubero ha responsabilizado a los socialistas de impedir un acuerdo a favor de la república, por su obcecación en la defensa de la monarquía borbónica, cuando “los ideales del PSOE son otros”.

“Los determinantes para que persista la monarquía son ustedes”, ha espetado el concejal de ZeC a los socialistas, a quienes ha acusado de alinearse con los grupos de la derecha “herederos del franquismo”.

El concejal del PP Pedro Navarro le ha respondido que “yo sólo soy heredero de mis padres”, al tiempo que ha defendido que “la monarquía actual garantiza las libertades públicas”.

La réplica final de Cubero ha subido de tono todavía más y ha definido a los integrantes del grupo popular como “fascistas en el fondo de su corazón”.

CHA propone que galletas Patria sea un espacio social del Rabal

El grupo municipal de CHA va a presentar en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza una moción para aumentar la protección del antiguo edificio de la fábrica de galletas Patria, ubicado en la avenida Cataluña, en el distrito del Rabal, para posteriormente destinarlo a equipamiento para el barrio.

La concejala aragonesista Leticia Crespo ha subrayado que El Rabal adolece de equipamientos sociales y que los vecinos de la zona reclaman desde hace tiempo dotaciones por lo que sería muy oportuno recuperar ese edificio para tal fin.

El inmueble data de 1909 y es obra del reconocido arquitecto Félix Navarro, autor también, entre otros edificios, del Mercado Central de Lanuza. Su estilo responde al eclecticismo de la época, con elementos neogóticos y otros vernáculos como el ladrillo cara vista, como puede apreciarse en la foto superior de David Giménez, en donde aparece parte de la fachada principal de la antigua fábrica.

Protección

Según CHA, el inmueble presenta un aceptable estado de conservación y en la actualidad goza de catalogación como punto de interés arquitectónico categoría C, lo que implica la conservación de fachadas y cerramientos en caso de llevarse a cabo alguna actuación.

El grupo aragonsesista propone en su moción que la antigua fábrica de galletas (y posteriormente concesionario de coches) ahora en desuso pase a ser catalogado con categoría A, lo que implicaría la conservación de todo el edificio.

Leticia Crespo ha insistido que ese cambio de protección arquitectónica es “muy sencillo” y que bastaría con que el actual equipo de gobierno iniciara un expediente al respecto.

Debate vecinal

Tras esa medida, que CHA inscribe dentro de su afán por proteger el patrimonio arquitectónico zaragozano, en este caso industrial, el grupo aragonsesista propone que se abra un debate político y social en El Rabal para decidir el destino del inmueble como equipamiento social para la zona.

A este respecto Crespo indicó que su grupo ya tiene pensada alguna propuesta, “pero preferimos esperar a que se abra el debate con los vecinos para contrastar opiniones y decidir finalmente de forma consensuada qué se hace con el edificio”.

Respecto al coste de las actuaciones en la antigua fábrica para reconvertirla en equipamiento social, “como ya defendimos con Casa Solans, la Harinera de San José, la azucarera del Rabal o la harinera de Casetas”, la concejala de CHA ha explicado que era un aspecto que debían analizar los técnicos.

Compromiso municipal para aumentar la atencion a domicilio en 6 millones los tres próximos años

Una sorprendente coincidencia entre PP, Ciudadanos y ZeC ha dado luz verde este viernes 1 de junio en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza a una moción por la que el Consistorio se compromete a incrementar en seis millones de euros en los próximos tres años el presupuesto para atención a domicilio, demandada sobre todo por personas mayores y cuya demanda registra una gran lista de espera.

El PP había presentado una moción para aumentar el presupuesto que el Ayuntamiento destina a atención domiciliaria, al objeto de reducir la lista de espera existente en la demanda de ese servicio, que supera las 4.200 personas.

El grupo municipal de Cs ha manifestado desde el primer momento que asumía el contenido y las propuestas planteadas en la moción popular y que la iba a respaldar.

Críticas al PP

Por su parte, tanto CHA como PSOE han sido muy críticos con el PP, al que han acusado de presentar esa propuesta en el Ayuntamiento mientras el anterior Gobierno de Aragón PP-PAR recortó el presupuesto dedicado a dependencia y atención social y el Ejecutivo estatal del PP ha asumido en 2017 sólo el 21% del presupuesto que le corresponde a Aragón para acción social, cuando debería haber corrido, como mínimo y por determinación legal, con la mitad de la partida.

La concejala del PSOE Lola Campos les ha espetado a los populares que carecen de legitimidad para solicitar mejoras en acción social, cuando sus gobiernos han recortado de forma sistemática las partidas dedicadas a tal fin.

Propuesta sorpresa de ZeC

La sorpresa ha saltado con la intervención de la vicealcaldesa de Derechos Sociaales, Luisa Broto (ZeC). Tras lanzar críticas hacia el PP en parecidos términos a las formuladas por socialistas y aragonesistas y de destacar el “incremento de cinco millones en la partida por parte de ZeC”, ha alabado sin embargo al PP “su deseo de eliminar las listas de espera” y le ha propuesto introducir una enmienda transaccional a su moción.

Broto, “recogiendo el espíritu positivo de su propuesta”, ha sugerido al PP incluir en la moción el compromiso del Ayuntamiento de incrementar en seis millones de euros en los próximos tres años la partida destinada a atención a domicilio, “siempre que esa medida sea posible dentro de las exigencias globales de los presupuestos municipales, y siempre que no implique el recorte de ninguna otra partida de carácter social”.

PSOE y CHA, en contra

El PP ha recogido rápidamente el guante y ha asumido la transaccional, que también ha sido aceptada por Cs.

Mientras tanto, desde la bancada de CHA se lanzaban miradas de escepticismo hacia la vicealcaldesa Broto y el PSOE, por boca de Lola Campos, seguía rechazando la moción popular pese a la inclusión de la propuesta de ZeC, porque a su juicio “adquirir un compromiso a tres años cuando la legislatura acaba dentro de un año es un canto a Cartagena”.

Finalmente, PP, Cs y ZeC han votado a favor de la moción que compromete un aumento del presupuesto municipal para atención a domicilio, mientras PSOE y CHA han votado en contra.

PSOE y CHA se suman a la derecha para tumbar una moción de apoyo municipal a la huelga feminista

Los grupos municipales de PSOE y CHA, que desde su gestación han expresado su apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo, han unido sin embargo sus votos este viernes 2 de marzo a los derechistas de PP y Ciudadanos en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para rechazar una moción de Zaragoza en Común (ZeC) que proponía debatir sobre la movilización de las mujeres y expresar el apoyo de la institución local a su convocatoria de huelga del 8-M.

El atípico Pleno que toda la oposición ha convertido en una sesión de reprobación alcalde y su grupo de gobierno, contenía en principio en el orden del día una moción del PSOE para votar el apoyo municipal a la huelga feminista.

Sin embargo, los socialistas, como el resto de los grupos de oposición, han retirado todas las mociones ajenas al acoso a ZeC por su decisión de copar los consejos de administración de las sociedades municipales, incluida esta sobre la movilización del 8-M.

Último Pleno antes de la huelga

Ante esa circunstancia, ZeC ha tratado de que el último Pleno antes de la huelga debatiera sobre su contenido y se pronunciara a favor de la convocatoria.

La concejala de la plataforma Arantza Gracia ha insistido en que el Ayuntamiento debía pronunciarse ante un acontecimiento que ha calificado de “histórico” y prestar su respaldo a una movilización de “importancia histórica”.

Pero su reclamación ha caído en saco roto y ni siquiera los grupos más afines a la propuesta feminista le han prestado su apoyo a la moción, resueltos como estaban a que el Pleno fuera un monólogo de acoso a ZeC, independientemente de la urgencia o la importancia de los asuntos que se tenían previsto tratar en la sesión antes de que la oposición se conjurara contra el equipo de gobierno municipal (en la foto superior de Aragón TV, las y los ediles de ZeC votando en solitario la propuesta).

Asensio (izda) y Crespo, con sus camisetas del 8-M

La concejala y el concejal del grupo de CHA han acudido al Pleno ataviados con camisetas alusivas a la lucha de las mujeres y a favor de la huelga.

El portavoz aragonesista, Carmelo Asensio, ha insistido en que su partido ha estado desde el principio con las convocantes de la movilización y ha participado activamente en la organización de la protesta, a la que ha animado a sumarse “a toda la ciudad”.

Pero finalmente, sus votos se han unido a los de la derecha para evitar que el Ayuntamiento se pronunciara a favor de la huelga, entre los abucheos del público afín a ZeC que ocupaba esta mañana el salón de plenos.

Declaración institucional

El mismo rechazo han mostrado las y los integrantes del grupo socialista, que han acusado a ZeC de traer la moción “para ocultar lo que en realidad es este Pleno: una reprobación al alcalde y a su grupo”, ha dicho el portavoz, Carlos Pérez Anadón.

El concejal socialista ha reclamado a Santisteve la convocatoria de una junta de portavoces para acordar esta semana que entra una declaración institucional de todos los grupos a favor de la huelga, en medio de un intenso abucheo por parte del público.

La portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, ha coincidido también en reclamar una declaración institucional, lo mismo que el portavoz del PP, Jorge Azcón, tras lo cual, los votos de sus grupos, unidos a los de los representantes de PSOE y CHA, han tumbado la moción de ZeC, mientras el público puesto en pie y con brazos en alto formando el triángulo símbolo del feminismo gritaba: “Que viva la huelga de las mujeres” (foto superior de Fabián Simón).

El debate político sobre el ICA se encrespa en vísperas de la manifestación por su derogación

La tensión política aumenta en torno al polémico Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) mientras se ultiman los preparativos de la manifestación de este domingo para solicitar su derogación y una gestión pública y transparente del agua. El controvertido tributo ha desatado una fuerte controversia en el Pleno municipal, donde PSOE, C’s y CHA han aprobado una moción socialista para reclamar inversiones hidráulicas en Zaragoza a cambio del cobro del ICA, mientras ZeC se quedaba solo en reclamar la derogación del impuesto. Por su parte, el secretario de Podemos Aragón, Nacho Escartín, volvía a reclamar la paralización del cobro para sentarse a negociar.

Con anterioridad al debate de la moción socialista sobre el ICA ha intervenido en el Pleno municipal el destacado ecologista José Luis Martínez, en representación del movimiento opositor al impuesto.

Martínez ha solicitado la derogación del tributo y ha recordado a PSOE y CHA que en 2012 suscribieron un documento en el que se consideraba el plan de saneamiento de aguas de Aragón como algo inviable, que aplicaba tecnologías inapropiadas y que preveía plantas depuradoras sobredimensionadas. “¿No sería más sensato plantear una moción suscribiendo esos compromisos que ustedes firmaron?”, se ha preguntado Martínez.

“Necesidad” de aplicar el ICA

Sus palabras han caído en saco roto. Es más, el concejal del PSOE Javier Trívez ha sostenido que su posición sobre el ICA “no ha variado”, al tiempo que ha reivindicado la “necesidad” de aplicar y cobrar el impuesto, porque si fuera una tasa municipal perdería su carácter “solidario”.

Trívez se ha mostrado abierto a negociar modificaciones en el tributo y ha recordado la oposición del actual Gobierno de Aragón PSOE-CHA al plan de saneamiento, “lo que no justifica la eliminación del impuesto”.

El portavoz de CHA; Carmelo Asensio, ha respaldado la moción del PSOE por la que se insta al gobierno de la ciudad y al Ejecutivo aragonés a que negocien fórmulas que permitan revertir la recaudación del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) en la ciudad en obras de mejora y renovación de la red de saneamiento y depuración de la capital aragonesa, “porque es casi idéntica a la que presentamos nosotros en 2007, sólo falta la rebaja de la tarifa municipal que también reclamábamos”.

Asensio ha insistido en que el ICA grava la contaminación de las aguas y que el plan de saneamiento de Aragón es inviable sin la participación de Zaragoza, que a cambio debe recibir inversiones en infraestructuras hidráulicas.

Para concretarlas y para determinar el contenido y el cobro del ICA el concejal aragonesista ha reclamado a ZeC que negocie con el Gobierno de Aragón, utilizando para ello la comisión bilateral contemplada en la Ley de Capitalidad.

Derogación

El concejal de ZeC Fernando Rivarés ha contestado negando que el ICA sea un gravamen a la contaminación; “se lo inventaron para sufragar el pufo del plan de saneamiento”, ha sentenciado, y ha agregado que el debate y la negociación debían versar “sobre ICA sí o no”, para añadir a continuación que “nosotros abogamos por el no; primero, derogar el impuesto, luego recuperar las negociaciones, que rompió la DGA en noviembre de 2015”.

Rivarés ha insistido en que es un impuesto “injusto, no medioambientalista, no progresivo y dirigido a pagar el plan de depuración, un chantaje del PAR a sus sucesivos socios de gobierno en el Pignatelli: PP y PSOE”.

El socialista Trívez ha replicado que “lo fácil es decir a la gente que no pague” y ha recordado que el impuesto fue creado en 2014 por el Gobierno aragonés que entonces dirigía el PP.

Con anterioridad a este debate, el Pleno municipal ha tumbado, con todos los votos de la oposición, una moción de ZeC que solicitaba el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza a la derogación del ICA y su respaldo a la manifestación de este domingo. La oposición a ZeC se ha cargado su propuesta, al tiempo que le han acusado de una mala gestión de este asunto y de haberlo utilizado políticamente para sus propios intereses.

Podemos prepara la manifestación

Al otro lado del escenario político, el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, ha insistido en que antes de cobrar el ICA hay que negociarlo con la sociedad, auditar las depuradoras construidas hasta la fecha y esperar al resultado de la comisión que investiga el plan de depuración.

Así lo ha señalado a los medios con motivo de una reunión de Podemos celebrada en su sede de Zaragoza para preparar su participación en la manifestación del domingo en la capital aragonesa, convocada por la Red de Agua Pública (RAPA) y la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) en contra del cobro del ICA.

Una protesta que, ha advertido, es fruto del desencanto social que ha llevado a “cientos de personas” a acudir a las reuniones convocadas por la RAPA para explicar el “chanchullo” del anterior plan de gestión y de depuración de aguas que aprobó el gobierno PSOE-PAR y el ICA.

Ha considerado que la medida planteada por el presidente de Aragón, Javier Lambán, para reformar el ICA es “un intento de desmovilización”, que aunque introduce la progresividad, que “nos parece fundamental”, incluye también una tasación del consumo de agua cuando, a su juicio, lo que hay que tasar es la contaminación.

El líder de Podemos le reprocha asimismo que no se hable del plan de depuración ni se evalúe qué es lo que hay que pagar.

El Ayuntamiento dotará de más recursos humanos y materiales al Centro de Protección Animal

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este viernes por unanimidad una moción de Ciudadanos por la que se insta al consistorio a dotar de los recursos humanos y materiales necesarios para el buen funcionamiento del servicio que se lleva a cabo en el Centro Municipal de Protección Animal en Peñaflor.

La propuesta pide, en su segundo punto, que se elabore un Plan Estratégico de Gestión Animal que revise los protocolos de acogida y adopción, para aumentar las campañas puntuales de responsabilidad ciudadana, realizar una promoción del propio CMPA y de su labor para lograr una mayor implicación de la ciudadanía a través del voluntariado.

Tras acordar una enmienda con el PP se ha incorporado un tercer punto que solicita al gobierno de la ciudad que entable negociaciones con el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para coordinar las tareas de recogida y acogida de animales, asegurando la atención a todos los animales “independientemente de su procedencia”.

La portavoz de C’s, Sara Fernández, ha indicado que el Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) atendió en 2017 a un total de 952 animales, de los que 711 fueron perros, con un índice de adopción del cien por cien. En las instalaciones de Peñaflor también se lleva a cabo la colocación de microchip, desparasitación interior y exterior, vacuna antirrábica.

Falta de personal

Fernández ha apuntado que hasta noviembre de 2017 era gestionado por una empresa externa y desde entonces se ha asumido la gestión directa y cinco trabajadores se encargan no solo de las instalaciones sino de todas sus actividades, un trabajo “imposible de asumir por esas cinco personas”.

Ha detallado que se trabaja en la construcción de un nuevo centro que atenderá la demanda real, pero “mientras, en este periodo de transición, hace falta que se dote al centro de los medios humanos y materiales necesarios”. Fernández ha agradecido su trabajo a los voluntarios, “pero jamás deberían sustituir a los trabajadores municipales”, ha dicho tajante, para preguntar cuándo y cómo se llevarán a cabo las seis nuevas contrataciones para estas instalaciones.

Actualmente, la plantilla de la Oficina de Protección Animal está integrada por dos operarios, un auxiliar administrativo, un oficial polivalente y un técnico, a los que se han incorporado dos operarios y un auxiliar administrativo en concepto de acumulación de tareas.

Centro más grande y moderno

Sara Fernández ha propuesto que se hagan más campañas de protección animal y adopción y que se de a conocer el trabajo que se lleva a cabo en estas instalaciones, así como facilitar el voluntariado, revisar los horarios del CMPA para facilitar “la interacción con los animales” y mejorar la atención profesional que se les presta.

“Hay que aprovechar este cambio de gestión para dar un impulso a la protección animal” y la coordinación con otras instituciones, como propone el PP, es “fundamental”, pero ha descartado que el CMPA tenga que hacerse cargo de la recogida de todos los animales abandonados de la Comunidad, porque es una competencia “que no le corresponde”.

El nuevo CMPA “por mucho que sea más grande y moderno no puede, por desgracia, asumir tantos animales como se abandonan en la Comunidad” y ha planteado al PP que revise su transacción para “sentarnos a hablar” con Gobierno de Aragón y Diputación de Zaragoza (DPZ) para evitar que haya animales que se queden sin atender, pero coordinando el servicio, “no asumamos lo que no nos corresponde”, ha dicho Fernández.

Centro público

Por su parte, el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha sostenido que en materia de protección animal “se ha avanzado mucho desde el consenso de todos los grupos políticos”.

Ha reconocido que la Oficina Municipal de Protección Animal necesita más personal porque el nuevo centro será cien por cien público, con mejores horarios de apertura, contará con la colaboración de voluntarios y, también, de otras instituciones para que ningún animal quede desatendido.

Cubero ha defendido que el centro tendrá calidad porque “será cien por cien público” y ha indicado que las instalaciones estarán antes de que finalice el año. Ha avanzado que se va a contratar a un veterinario y más operarios.

El Centro de Protección Animal, sin personal para gestionarlo

El Centro Municipal de Protección Animal (CEMPA) ha visto sensiblemente reducido su personal desde que concluyera en noviembre del pasado año la contrata de gestión por parte de una empresa privada. En la actualidad, el centro es atendido por tres trabajadores municipales (2 operarios y un administrativo), cuando antes había seis trabajadores y un veterinario. El grupo municipal de Ciudadanos va a presentar una moción en el próximo Pleno para que se corrija esta situación, que deriva en una inadecuada asistencia a los animales recogidos, un total de 952 (711 perros) en 2017.

La gestión del centro de Peñaflor ha sido asumida por el Ayuntamiento de Zaragoza desde hace dos meses, “lo cual nos parece bien, pero no se han puesto los medios humanos y técnicos suficientes para llevar a cabo una adecuada labor de asistencia a los animales recogidos”, ha denunciado la portavoz de C’s, Sara Fernández.

La situación en el CEMPA puede empeorar en las próximas semanas con el incremento de abandonos de animales que suele acompañar al término del periodo vacacional de Navidades.

En estos momentos, el Ayuntamiento dispone de cinco trabajadores en la Oficina de Protección Animal, los que ya había el pasado año, pero al disminuirse la plantilla en el CEMPA esos operarios de la oficina, “que antes simplemente supervisaban la labor de la empresa concesionaria”, ahora deben ocuparse también de tareas propias del centro de protección, ha explicado Fernández.

Las carencias en el área de protección animal las palía el trabajo desinteresado de en torno a 200 voluntarios que de forma irregular colaboran en “prestar atención y cariño a los animales”, ha indicado la concejala de C’s, quien ha insistido en que “en cualquier caso no pueden ni deben suplir el trabajo de los operarios municipales”.

Plan estratégico

Ciudadanos va a reclamar en su moción, además de una dotación de personal y técnica adecuada para el centro de protección, la elaboración y puesta en marcha de un plan estratégico de gestión animal en Zaragoza, con revisión de los protocolos de recogida y adopción, desarrollo de campañas para incentivar la responsabilidad ciudadana hacia los animales, promoción de la actividad del CEMPA y para incentivar la colaboración ciudadana en la protección de animales.

Respecto a las demandas planteadas por ciudadanos respecto al CEMPA, la edil de C’s ha indicado que “como mínimo deben reponerse los seis trabajadores que antes ejercían su labor en el centro” para paliar una situación que es transitoria hasta la apertura del nuevo centro de protección, que contará con una capacidad de acogida cuatro veces superior a la actual: 400 perros y 100 gatos.

En relación con el nuevo centro, la concejala de C’s ha indicado que su grupo no se opondrá a que su gestión sea municipal, “siempre que se le dote con la adecuada plantilla y medios técnicos”.