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Vox da por roto el pacto municipal con el PP y se pasa a la oposición

El presidente de Vox en Zaragoza, Santiago Morón, ha dado por roto el acuerdo firmado con el PP en aquellos ayuntamientos donde entiende que no se ha cumplido, como el de Zaragoza, y ha asegurado que en la capital aragonesa pasarán a hacer una “oposición constructiva”.

El pasado martes, Vox hizo público en el Congreso de los Diputados el acuerdo alcanzado con el PP y Cs para la conformación de los ayuntamientos, en el que se hablaba de ceder “concejalías de gobierno” en aquellos donde la suma de los tres partidos alcanzaran mayoría.

Morón cree que este acuerdo no se ha materializado en el Ayuntamiento de Zaragoza y que Vox se ha quedado fuera del Gobierno municipal, por lo que considera rotas esas negociaciones, aunque esta situación, ha aclarado, no es irreversible.

Si el gobierno municipal reconsidera su postura, el grupo municipal de Vox hará lo mismo, pero si esto no ocurre harán una oposición “constructiva” y apoyarán sólo las iniciativas que están en línea con su programa electoral, lo que podría influir, ha dicho, en la aprobación de los presupuestos municipales.

“No vamos a apoyar los presupuestos u otras iniciativas si no somos partícipes y conocedores de esas medidas”, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes de Aragón, donde es presidente de su grupo parlamentario.

Sin contestación del alcalde

Morón ha afeado al alcalde popular, Jorge Azcón, que no haya contestado a un escrito en el que reclamaban una presencia en el equipo de Gobierno para “dar voz” a sus votantes. “De momento, no hemos recibido contestación”, ha lamentado Morón, quien ha insistido en que ellos están “abiertos” a negociar y “disponibles” para alcanzar cualquier tipo de acuerdo.

Ha recalcado, además, que ellos no han pedido ninguna concejalía o área de gobierno concreta dentro del Ayuntamiento, tan sólo tener una representación proporcional a su peso dentro del consistorio, donde tienen dos concejales. Estos dos ediles de Vox son necesarios para que PP (8) y Ciudadanos (6) alcancen una mayoría absoluta.

Morón ha recordado que hasta el 5 de julio todavía hay tiempo para conformar los equipos de Gobierno en los distintos ayuntamientos, pero ha reconocido que en Zaragoza se están designando a las personas encargadas. “Nadie nos ha dicho nada, así que entendemos que no cuentan con nosotros”, ha subrayado.

Por otro lado, Morón ha criticado el número de concejalías del Gobierno municipal de Jorge Azcón para indicar que este aumento no ayuda a mejorar la situación de las arcas municipales, más bien “engordan” la deuda del Ayuntamiento.

Y entiende que el PP lo ha hecho así para “contentar” a su socio del Gobierno, Ciudadanos, y para que, en resumen, “haya sillones para todos” (en la foto superior de cortesaragon.es, Santiago Morón jurando su cargo como diputado en las Cortes).

Podemos teme lo peor

Por su parte, el Portavoz del grupo municipal Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha vaticinado que tras el anuncio de Vox de que rompe el pacto con el PP que firmó para el Consistorio zaragozano, se producirán “grandes cesiones” hacia el partido de ultraderecha.

Rivarés apunta en una nota de prensa que el hecho de que en sólo diez días se rompa la mayoría que invistió al conservador Jorge Azcón como alcalde se debe a que al acuerdo se alcanzó “en unas negociaciones oscuras y realizadas en Madrid, donde han prevalecido más los intereses de los partidos firmantes que los de los zaragozanos y zaragozanas”.

Señala también que “la falta de palabra de PP y Cs para cumplir sus acuerdos, que eran secretos hasta ayer mismo”, aboca a una situación de inestabilidad “que sólo se resolverá con grandes cesiones a Vox después de la trampa que les tendió el PP”.

Así, a su juicio, se demuestra que el Gobierno de Zaragoza “sigue sustentado en Vox”, ya que “Azcón depende más que nunca de ellos”.

Por su parte, ha insistido en el compromiso de Podemos-Equo de “hacer todo lo posible para que esas cesiones no sean a costa de los derechos humanos, de los derechos sociales y de los derechos de la mayoría de vecinos y vecinas”.

La nueva normativa que echa a los patinetes de las aceras, lista para aplicarse pese a la oposición del PP

A lo largo del mes de mayo comenzará a aplicarse la nueva ordenanza que regula la circulación y establecimiento de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) compartida, tras la aprobación de la misma por parte del Pleno municipal con el voto en contra del PP. La normativa ha sido elaborada con la colaboración de todos los grupos que finalmente la han respaldado (ZeC, PSOE, Cs y CHA) y pretende preservar los espacios para uso exclusivo del peatón, así como promover la utilización de los VMP como sistema de desplazamiento no contaminante y sostenible.

La ordenanza aprobada en el Pleno de este martes 30 de abril  es un documento “de mínimos”, ha señalado el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz (ZeC), para poner orden ante la nutrida presencia de patinetes y bicicletas de uso compartido en la ciudad, cuya circulación y estacionamiento están planteando problemas para otros tipos de movilidad, en especial la peatonal.

De hecho, la nueva normativa prohíbe la circulación de patinetes eléctricos por las aceras y los reconduce a los carriles bici y a las calzadas de las calles unidireccionales con velocidad limitada a 30 km/h, además de establecer zonas de aparcamiento para estos vehículos y para bicis compartidas, que no se podrán estacionar en aceras u otras áreas peatonales.

Vacío legal

Tanto Muñoz como el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, han recalcado que la normativa venía a cubrir un vacío legal debido a la ausencia de regulación estatal para este tipo de vehículos de movilidad por parte de la Ley General de Tráfico, “que debe actualizarse”, ha subrayado el representante aragonesista.

El concejal Urbanismo ha subrayado en relación con esta misma cuestión que era absurdo que cada ciudad estuviera elaborando una regulación diferente para ordenar el tráfico de patinetes, “pero hasta que no haya una norma estatal que establezca criterios comunes, no queda otro remedio”.

Su observación ha sido corroborada por la concejala del PSOE Lola Ranera, quien ha calificado como “necesaria” la nueva ordenanza y ha resaltado el hecho de que contemple el establecimiento de una mesa de trabajo con representación de los grupos políticos municipales, técnicos de movilidad, Policía Local y las propias empresas concesionarias del servicio “para realizar estudios y evaluaciones que ayuden a mejorar la aplicación de la ordenanza”.

Una regulación que el concejal de Ciudadanos Alberto Casañal ha calificado como positiva, aunque ha insistido en que llegaba con retraso.

Oposición del PP

Todos los grupos que han aportado sugerencias al contenido de la nueva ordenanza y han aprobado su contenido, han coincidido en sugerir al PP que se sumara al respaldo a la nueva normativa.

Pero el concejal conservador Sebastián Contín ha sido tajante en su rechazo a la propuesta. Ha descalificado el contenido de la ordenanza por ser “un adefesio jurídico que acabará en triunfo judicial de quien la recurra” y ha añadido que aportaba inseguridad y confusión por ser contradictoria con la normativa que regula la circulación de bicicletas y con la ordenanza de tráfico rodado.

El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, le ha replicado que “si el PP veía fallos en la ordenanza podrían haber aportado votos particulares y seguramente habrían sido incorporados, como lo han sido los de otros grupos municipales”.

El Constitucional tumba el artículo que utilizó ZeC para controlar las sociedades municipales

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el artículo de la Ley de Capitalidad de Aragón en el que se apoyó ZeC para dejar sin voto en las sociedades municipales a los grupos de la oposición y asumir el control de las mismas por parte del equipo de gobierno municipal. La sentencia estima el recurso interpuesto por la Presidencia del Gobierno español contra dicho precepto al entender que vulnera la legislación básica estatal en relación al control de las bases de régimen local de los municipios mayores.

El tribunal rechaza los argumentos aducidos por las Cortes de Aragón y el Ejecutivo aragonés en sus escritos de impugnación del recurso y advierte que la interpretación (interiorización) del Estatuto de Autonomía “no puede hacerse en detrimento de la competencia estatal sobre las bases del régimen local”.

Señalan los magistrados que el Gobierno aragonés, al regular el régimen especial de la ciudad de Zaragoza como capital del territorio, ejerce una competencia en materia de desarrollo de la norma estatal sobre el régimen locales que “debe de respetar”.

Admiten que corresponde al pleno la creación de una sociedad mercantil para la gestión de servicios municipales regida por el ordenamiento jurídico privado, pero no faculta al gobierno local a decidir ya que priva al pleno de “un elemento esencial del funcionamiento democrático local”.

Contrario a la normativa estatal

Considera el tribunal que el artículo impugnado entra en contradicción “efectiva e insalvable” con la normativa estatal “al reducir el acuerdo de creación de la sociedad mercantil local a un acto vacío de una parte del contenido fundacional que le es propio”.

Advierte, además, que la Ley de Capitalidad, “al desapoderar al pleno de este ámbito de decisión, invade el espacio de autoorganización local garantizado por la normativa básica estatal, e incurre con ello en vulneración del artículo 149.1.18 de la Constitución”.

El TC estima el recurso de inconstitucionalidad en una sentencia en la que considera innecesario un pronunciamiento previo sobre el mantenimiento o suspensión del referido artículo, acordada el pasado 6 de septiembre.

Conflicto

Se zanja así el conflicto que se inició en febrero al recurrir ZeC a este artículo para dejar sin voto a la oposición en las sociedades municipales, ante el bloqueo constante, alegaron en el equipo de gobierno, al que se veían abocados los proyectos municipales.

Tal conflicto se creó en el Ayuntamiento que el alcalde fue reprobado en un pleno y el Constitucional, después del verano, estableció la suspensión cautelar de la medida hasta la sentencia, que es la que se ha dado a conocer este martes 18 de diciembre (en la imagen superior, el grupo municipal de ZeC vota en un Pleno, con el alcalde Santisteve en la cabecera, a la izquierda).

Entretanto, el regidor y su grupo descartaron el pasado mes de septiembre su propia propuesta y sentaron las bases para regresar a la situación anterior en la gestión de las sociedades municipales, con el fin de desbloquear doce millones en inversiones paralizados por los grupos de oposición para presionar a ZeC contra la polémica medida.

Vecinos y comerciantes, contra la segunda fase de Don Jaime

Los vecinos y comerciantes de la calle Don Jaime I de la capital aragonesa se han unido bajo un manifiesto que exige la paralización de las obras “de inmediato”. Este lunes, 22 de octubre, está previsto el inicio de la segunda fase de los trabajos de elevación de la calzada de esta calle, tras el parón propiciado por las Fiestas del Pilar de las obras ya iniciadas a finales de agosto.

Por todo ello, ante la “indefensión” de los vecinos y comerciantes de la zona, se ha redactado un manifiesto de manera conjunta para exigir la paralización de la segunda fase de las obras de la calle Don Jaime. Consideran que el gobierno de Zaragoza en Común y, principalmente, el consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, están ejecutando “una peatonalización encubierta”.

Entienden que la afirmación, por parte de Zaragoza en Común, de que todos los vecinos y comerciantes están de acuerdo con la obra es “completamente falsa”. De hecho, aseguran que el 98 por ciento de los comercios y vecinos “no quieren la actuación proyectada”.

La queja pública se sustenta en que los afectados por las obras, vecinos y comerciantes, desconocen un plan de movilidad previo, un estudio del alcance de las consecuencias de la semi-peatonalización o el número de afecciones que produce la obra.

Paralización

Según consta en el manifiesto, debido a que es la segunda fase de las obras “podemos estar ante un fraccionamiento en la ejecución”. Es un proyecto sobre el que “no hemos tenido oportunidad de alegar, ni de opinar sobre el asunto para defender los intereses de nuestros representados”.

Por todo ello, se insta en el manifiesto a una serie de acciones. Entre ellas, la paralización de la obra que tiene que comenzar este lunes, el posicionamiento del resto de grupos políticos ante las obras previstas, la movilización de todos los actores perjudicados para defender sus intereses y, por último, no se descarta interponer una demanda en los tribunales de justicia.

El manifiesto está firmado por la Asociación de Vecinos Reyes de Aragón, la Asociación del Taxi, Asociación de Vecinos Picarral-Salvador Allende, Asociación de Vecinos Vadorrey, Asociación de Comerciantes del entorno Don Jaime I y varios representantes de la Junta del Distrito Arrabal.

ZeC rectifica con las sociedades para evitar bloqueo de la oposición a 12 millones en inversiones

El gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZeC) ha decidido dar marcha atrás en su decisión del pasado mes de febrero de copar las juntas de las sociedades municipales y ha convocado el próximo lunes las juntas de Zaragoza Vivienda, Zaragoza Cultural, Zaragoza Deporte y Ecociudad Zaragoza con la participación de los grupos municipales en forma proporcional a su presencia en el Pleno municipal. La medida trata de desbloquear importantes proyectos millonarios para la ciudad que ahora permanecen paralizados porque la oposición impide la concesión de créditos, en protesta por su marginación de las juntas de las sociedades.

La decisión de ZeC, conocida a través de un comunicado del gabinete de prensa municipal, implica volver a la situación previa a la aplicación de la Ley de Capitalidad de Zaragoza, uno de cuyos artículos habilitaba al gobierno de la ciudad a hacerse con la mayoría absoluta en la gestión de las sociedades municipales.

El citado artículo fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno del Estado español, un recurso admitido por los magistrados constitucionales, quienes suspendieron cautelarmente su aplicación, pese a lo cual ZeC había mantenido su decisión de controlar las sociedades en solitario, en contra del acuerdo alcanzado por los grupos municipales a principio de legislatura para distribuir su presencia de forma proporcional a su número de concejales (en la foto superior, el portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón (izda) habla en el alcalde Santisteve en un receso de un pleno municipal).

Situación de bloqueo

En el comunicado en el que ZeC da marcha atrás a la polémica medida que había derivado en el bloqueo de una parte importante de la inversión municipal gestionada desde las sociedades, se señala que “tras la convocatoria de las juntas y el nombramiento de los consejeros de los distintos grupos municipales del Ayuntamiento, se procederá a la celebración de un pleno extraordinario con el fin de revocar la decisión sobre la indisponibilidad de créditos en las distintas sociedades y patronatos”.

El portavoz de ZeC, Pablo Muñoz, ha explicado que la decisión se ha tomado con el fin de “acabar con el bloqueo en el seno de las sociedades y patronatos que los grupos de la oposición mantenían”.

Muñoz ha cifrado en “más de 12 millones de euros” los proyectos e inversiones bloqueados “que afectan a proyectos como las subvenciones del Plan Local de Comercio, las ayudas a la innovación y el desarrollo empresarial, la promoción turística de la ciudad, las ayudas a comedores y escuelas infantiles, los Festivales de Cine de Zaragoza, la promoción de vivienda social de alquiler, la rehabilitación del parque público de vivienda, el proyecto de memoria histórica, las subvenciones a colectivos en materia cultural o inversiones deportivas como vestuarios en centros municipales, conservación y mantenimiento de centros e incluso el plan de lucha contra la pobreza infantil a través del deporte”.

Carta del alcalde a los grupos municipales

La marcha atrás de ZeC es valorada por su portavoz como “un ejercicio de responsabilidad”, a cambio del cual esperan “que los grupos cumplan con su palabra y desbloqueen todos los proyectos”.

La nota del gabinete municipal añade que “en el día de hoy, tres consejeros por las sociedades Zaragoza Cultural, Zaragoza Vivienda y Zaragoza Deporte y cuatro de Ecociudad Zaragoza han renunciado a los cargos con el fin de que los órganos guarden proporción con el pleno”.

Por otro lado, el alcalde ha remitido ya una carta a los portavoces de los distintos grupos municipales “con objeto de que estos designen a las personas que les representarán en los distintos consejos, en la proporción establecida al comienzo de la Corporación”.

El TC suspende el artículo de las sociedades de la Ley de Capitalidad pero ZeC dice que “no cambia nada”

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra el artículo de la Ley de Capitalidad relacionado con las sociedades municipales.

De esta forma, el TC ha suspendido la vigencia y la aplicación del artículo 14.1.u, en el que se apoyó el Gobierno de Zaragoza en Común para hacerse con la mayoría absoluta de los consejos de administración de las sociedades municipales, dejando a la oposición con un único representante por grupo.

Por parte del Gobierno de Zaragoza consideran que esto “no cambia nada la situación” porque esto “lo que hace es admitir a trámite a petición y sabíamos que era evidente que iba a pasar”. Ahora hay que esperar porque el Tribunal tiene de plazo al 3 de diciembre para decidir si levanta o mantiene la suspensión “y eso es lo que nos afectará”.

La vicelalcaldesa Luisa Broto insiste en que esto ha sido solo una providencia “que para nada cambia la situación actual del Gobierno de la ciudad”, ha subrayado. “Lo de hoy ha sido sólo un dar fe de que se va a tramitar”, ha insistido.

Broto asegura que la Asesoría Jurídica está valorando “todos los escenarios”.

Sin modificaciones

Por su parte, la portavoz adjunta de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Arantza Gracia, ha anunciado que no se modificará la representación de los grupos políticos en las sociedades municipales pese a que el Constitucional haya admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra el artículo que propició el fin de la proporcionalidad en las mismas.

En rueda de prensa después de una Junta de Portavoces convocada por PSOE, Ciudadanos y CHA para analizar la situación, tras la cual se ha conocido la admisión a trámite y la consiguiente suspensión del mismo, Gracia ha asegurado que “no hay ningún cambio de situación”.

La suspensión, ha dicho, no impide que el Gobierno de la ciudad siga realizando el mismo trabajo en las sociedades municipales, que controla desde el 9 de febrero gracias a la aplicación del artículo recurrido.

Volver a la normalidad

El recurso contra el artículo 14 de la Ley de Capitalidad, aprobada en Cortes de Aragón, fue presentado por el Gobierno de España el pasado 3 de agosto, por lo que el Tribunal Constitucional (TC) tiene hasta el próximo 3 de diciembre para decidir si suspende definitivamente el artículo o si levanta la suspensión.

Además de no cumplir con la suspensión del artículo, automática después de que el Boletín Oficial del Estado publique la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad, ha emplazado a la oposición municipal a que vuelva a la normalidad, ya que ZeC ha ofrecido a PSOE y CHA llegar a un acuerdo que incluya el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) o las ordenanzas fiscales y los presupuestos de 2019.

Ha acusado también a los grupos de la oposición de hacer “juego sucio” con los patronatos municipales, donde no se redujo su representación.

Críticas de la oposición

Por su parte, los cuatro partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza -PP, PSOE, Ciudadanos y CHA- han reiterado su “frustración” después de que el Gobierno de ZeC vaya a mantener su mayoría en las sociedades, pese al recurso al TC contra el artículo que lo permite, que este viernes se ha admitido a trámite.

El Consistorio zaragozano ha celebrado Junta de Portavoces, tal y como habían solicitado PSOE, Cs y CHA al alcalde para que éste informara de la situación en la que quedaban las cuatro sociedades municipales -Zaragoza Cultural, Zaragoza Vivienda, Zaragoza Deporte y Ecociudad- después del recurso de inconstitucionalidad presentado el 3 de agosto por el Gobierno central, del que se ha conocido su admisión a trámite justo después de la reunión.

El alcalde, Pedro Santisteve, ha declinado acudir a la Junta y la ha convocado en el despacho de la vicealcaldesa, Luisa Broto, quien tampoco ha acudido, y la única representación de ZeC ha sido la de su portavoz adjunta, Arantza Gracia (en la foto superior, en el centro, flanqueada por los representantes de los restantes grupos municipales).

Esto ha provocado fuertes críticas por parte de los portavoces opositores, como Carlos Pérez Anadón (PSOE), quien ha hablado de “pseudojunta de portavoces”, “espantada del alcalde” o “pantomima”; “una muestra más del ninguneo de Santisteve a la oposición”, ha destacado Sara Fernández (Ciudadanos); mientras que Carmelo Asensio (CHA) ha tachado la actitud del primer edil de “deplorable”, “lamentable falta de respeto” y le ha acusado de “chulería”.

La DGA defiende la constitucionalidad del artículo

Por su parte, el Gobierno de Aragón defiende la constitucionalidad del artículo 14 de la Ley de Capitalidad, pero no la “utilización” que el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha hecho del mismo.

Es el mensaje del consejero de Presidencia, Vicente Guillén, tras conocer la admisión a trámite por parte del TC del recurso presentado por el Ejecutivo central contra este punto.

No obstante, Guillén, quien ha afirmado que todavía no conocen “de manera oficial” la admisión a trámite, ha señalado que el Gobierno confía en las decisiones del Tribunal Constitucional, aunque “defenderemos nuestra posición política”.

Además, Guillén ha lamentado también la “grave crisis política” que se ha generado en el Ayuntamiento de la capital aragonesa después de que ZeC utilizara el artículo para hacerse con la mayoría absoluta de los consejos de administración de las sociedades municipales.

El alcalde remite el futuro de las sociedades municipales a la decisión que adopte el Constitucional

“Voy a hacer lo que hemos hecho siempre: someternos a la legalidad”, ha enfatizado este miércoles 8 de agosto el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, para avanzar que ha pedido informes a la asesoría jurídica en relación con el recurso, y sus consecuencias, planteado por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional respecto al artículo 14.1.u de la Ley de Capitalidad que ZeC aplicó para hacerse con el control de las sociedades y patronatos municipales. “Quien tiene que determinar la suspensión de la norma es el TC y si lo mantiene o la alza. Para ello tiene cinco meses de plazo para resolverlo y nos atendremos a lo que diga”, ha resumido el primer edil zaragozano.

Santisteve se ha mostrado enérgico en sus declaraciones respecto a esta polémica y ha cargado contra los grupos de la oposición. “La política, a veces, funciona al margen de la legalidad y me voy atener a lo que diga la legalidad”, ha dicho en respuesta a la petición de toda la oposición para que restituya la proporcionalidad en las sociedades municipales.

“No es de recibo que los grupos, que no están expulsados y que tienen sitio en los consejos de administración, donde les esperamos, quieran utilizar la mayoría para bloquear a un gobierno legítimo. Para eso está la moción de censura que no se atreven a plantear”, ha indicado con contundencia el alcalde, para agregar que “no se puede obstaculizar a las sociedades públicas con una mayoría de bloqueo”.

Sin efecto en los acuerdos adoptados

A su entender, “la legislación nos ampara y estoy encantado de que el TC se defina y entre a aclarar las deficiencias de la ley”, ya que el recurso “también plantea cosas que sería interesante que las aclare” el Constitucional, ha dicho.

Santisteve ha subrayado que “en absoluto” el recurso de inconstitucionalidad tiene efecto sobre los acuerdos adoptados en las sociedades municipales desde febrero, cuando ZeC asumió el control de las mismas, porque “cuando se suspenda la ley queda en limbo y después el TC emitirá una sentencia”.

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde ha expuesto que cuando se aprobó la Ley de capitalidad –publicada en el Boletín Oficial de Aragón en diciembre de 2017– “nadie tachó de inconstitucionaldad el artículo 14 y pasó los controles jurídicos, pero parece que ha molestado la aplicación de lo que fue validado por sus mentores y promotores”.

Críticas a Lambán

Santisteve ha mostrado su sorpresa por esta decisión al apuntar que el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, se comprometió con Zaragoza a defender la Ley en las Cortes por lo que a su entender es “incongruente” que vaya “en contra de sus actos al presionar a Pedro Sánchez” para que presente el recurso ante el TC y, en agosto, mes en el que ha apostillado se modificó el artículo 135 de la Constitución en 2011 tras un acuerdo entre PSOE y PP.

El alcalde ha considerado que “Lambán ha traicionado a los zaragozanos porque dijo que defendía la Ley de capitalidad y ha hecho lo contrario” para criticar que unas veces gira hacia Ciudadanos y el PP en el acuerdo sobre el Impuesto de Sucesiones y otras hacia la izquierda.

“Me preocupa la deriva del PSOE porque vemos votaciones con el PP y es muy de preocupar la deriva de Lambán a que vote con Podemos e IU y luego con PP y Cs, por si acaso”. “Hay que tener palabra y cumplir y los acuerdos que están para cumplirlos”, ha instado Santisteve (en la foto superior de Europa Press, Santisteve, tercero por la derecha, durante la presentación este miércoles del Mundialito de fútbol que se va a celebrar en Zaragoza).

En este sentido, se ha referido a los pagos debidos por el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza que “los retrasa” y se ha preguntado cómo luego puede pedir inversiones al Gobierno central, “mientras bloquea la inversión de 24 millones de Zaragoza de un crédito bancario; se lo tiene que hacer mirar”, ha reiterado.

Desobediencia institucional

Asimismo, ha considerado que “es lógico” que la inestabilidad política se traslade a los ayuntamientos que gestionan la vida de los ciudadanos y ha subrayado que “es inédita” la dejación de funciones de los representantes políticos al no acudir a las reuniones de los consejos de administración.

“Me sorprende esa desobediencia institucional interna y que nadie destaca, esa dejación de funciones que perjudica a los ciudadanos en patronatos y sociedades”, ha sentenciado.

Por otro lado ha dicho que “lo grave” del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de capitalidad que ha presentado el presidente del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez, es la “injerencia a la capacidad de autogobierno de la Comunidad y a la soberanía legislativa de las Cortes de Aragón”.

Ha recordado que este recurso de inconstitucionalidad surge tras el informe emitido por el Consejo de Estado a solicitud del anterior Gobierno del PP por lo que ha deducido que la acción tanto del PSOE, como del PP “contra Zaragoza es incomprensible”.

“Marca un antes y un después”, ha observado Santisteve, respecto a la relación del presidente Sánchez con los ayuntamientos del cambio, que “somos potenciales aliados”, para agregar: “Se lo tiene que mirar muy seriamente”.

ZeC asume exigencias de la oposición para desbloquear 12,3 millones de inversión y pagos a proveedores

El gobierno municipal de ZeC va a someter a la aprobación de la comisión de Economía y posteriormente del Pleno nueve expedientes para desbloquear 59 proyectos impulsados por sociedades y patronatos municipales, tal y como solicitaba la oposición. Las propuestas serán votadas una a una en los citados órganos municipales, y si los grupos dan su aquiescencia, podrán gestionarse 12,3 millones ahora paralizados por la oposición, después de que ZeC decidiera el pasado mes de febrero hacerse con la mayoría absoluta en sociedades y patronatos municipales, tal y como autoriza al gobierno la Ley de Capitalidad de Zaragoza.

Tras esa medida, los grupos de oposición municipal (PP, PSOE, C’s y CHA) declararon indisponibles esas partidas y dejaron de ir a los consejos de los citados organismos, bloqueando su funcionamiento por falta de quórum y paralizando numerosas actuaciones, tanto inversoras como relativas a pago de proveedores.

En estos momentos hay 12,3 millones sin poderse gestionar, entre los que destacan los 2,1 millones de Imefez, los 2,8 millones de Zaragoza Vivienda (foto superior), los 1,8 millones de Zaragoza Desarrollo Expo o los 1,7 millones de Zaragoza Cultural.

Los grupos de oposición reclamaron que, si ya no tenían presencia en sociedades y patronatos de acuerdo con su representación en el Pleno, los asuntos de esos organismos debían someterse a la aprobación de comisiones y pleno municipales.

Ahora ZeC transige con esa exigencia, en lo que “no puede interpretarse como una cesión. No debe valorarse en sentido de victoria o derrota. Esto va de que por encima de estrategias políticas está el interés de la ciudad”, ha puntualizado el concejal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés.

Numerosos sectores afectados

Los nueve expedientes que ZeC someterá a comisión y Pleno afectan a casi 60 programas que en estos momentos no se pueden desarrollar, como mejoras en instalaciones deportivas, acciones previstas en el plan de lucha contra la pobreza infantil, programaciones en Harinera o teatros municipales, convenios con Atades, Universidad, comercio local u otras entidades, y el programa de apoyo a emprendedores, entre otros.

Rivarés ha subrayado que esas iniciativas están pactadas con PSOE y CHA, grupos con los que se llegó un acuerdo sobre los presupuestos, incluso algunas de ellas con C’s, y ahora esos grupos tendrán oportunidad de desbloquearlas con sus votos. “Queremos ejecutar correctamente el presupuesto”, ha sentenciado Rivarés.

A este respecto, el concejal ha precisado que a 30 de junio la ejecución del presupuesto de 2018 es del 42%, cinco puntos por debajo que el pasado año, debido, entre otras cosas, a esta paralización de la gestión de sociedades y patronatos.

Para poner remedio a esta situación, el gobierno de ZeC ha decidido “hacer lo que ellos dijeron que quieren que hagamos”, ha indicado Rivarés, quien ha invitado a los grupos “a mojarse” y a aprobar o rechazar los proyectos pendientes.

La oposición impone la compra directa de buses eléctricos pese a las dudas sobre su legalidad

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado con el apoyo de todos los grupos y el voto en contra de ZeC destinar a la compra de autobuses eléctricos 2,4 millones de euros de los 8,6 millones del remanente de tesorería, a los que el equipo de gobierno quería dedicar a obras menores por toda la ciudad. Informes de varios departamentos técnicos municipales han puesto en duda que la Corporación pueda adquirir directamente los vehículos, debido a que el servicio se rige por una contrata con una empresa privada que ha de ser la encargada de comprar y regular la flota.

El consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha argumentado su oposición a que se compren autobuses porque hay un informe de Intervención que “manifiesta las dificultades que eso tiene y el pliego dice que es obligación de la contrata comprar sus autobuses”.

Ha añadido que hay otro informe de movilidad que indica que “no parece por tanto viable su tramitación administrativa y en el caso de que hubiera posibilidad, y como la vigencia de la contrata vence en 2023, hasta entonces los autobuses estarían parados”.

“No se puede ejecutar, y votar a favor es hurtar 2,4 millones a la ciudadanía, que se podrían dedicar a cosas muy importantes, porque de lo contrario, si se dedican a comprar autobuses, la oposición en una actitud hipócrita luego dirá que no se ejecutan porque no es viable”, ha esgrimido Rivarés.

Diversas interpretaciones

La concejal del grupo municipal de CHA, Leticia Crespo, ha respondido al consejero municipal que hay informes de Intervención que evidencian dificultades por los plazos, “pero no imposibilita jurídicamente la compra de autobuses”.

La portavoz del grupo municipal de Cs, Sara Fernández, ha dicho en coincidencia con CHA que el informe del Interventor señala que “no se impide hacer modificaciones crédito por destinar ese dinero del remanente a la compra de autobuses”.

El concejal del grupo municipal del PSOE, Javier Trívez, ha recordado que esta cuantía es una parte de los 8,6 millones de euros de remanente de tesorería que provienen “de dejar de invertir 20 millones de euros”. “Es el resultado del fracaso en la ejecución del presupuesto y no de una exitosa gestión”, ha precisado para pedir salvar este dinero por responsabilidad.

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha dicho que este expediente tiene una parte técnica y otra política, que es la “más importante” y “la realidad es que ZEC cree que, desde su minoría, tiene que tener la razón siempre, aunque la mayoría diga que el remanente se tiene que destinar a otra cosa, como al transporte eléctrico”.

Buena gestión económica

Rivarés ha contestado al PSOE que el remanente de tesorería de casi nueve millones de euros es “gracias a la buena gestión del equipo de economía”.

Ha aclarado que el contrato del autobús se puede cambiar en caso de aumento demográfico, desarrollo urbano de la ciudad y por incremento de las frecuencias debido a exposiciones y eventos, pero “lo que ustedes proponen no se puede hacer”, ha sentenciado.

Finalmente, ha recordado que se han comprado 32 autobuses eléctricos –con el capítulo 2 del presupuesto– sin el apoyo de la oposición y hay tres en pruebas para, de esta forma, dejar constancia de la apuesta de ZeC por la movilidad eléctrica.

Movilidad municipal desaconseja comprar buses eléctricos con los tres millones del remanente

El consejero municipal de Cultura, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha remitido este martes por la tarde a los grupos municipales un informe del departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana que desestima destinar los tres millones de euros del remanente a la compra directa de autobuses eléctricos.

Rivarés ha vuelto a alertar de que “este expediente va a pleno el lunes 25 y los grupos deberán volver a votar el dictamen de la comisión que podría hacer perder al Ayuntamiento 2,4 millones de euros, tal y como ya advirtió Intervención”.

El principal escollo que señala el informe es que la compra de autobuses se realiza con cargo a la contrata, actualmente prestada por Avanza, mediante un contrato de gestión de servicios. “La incorporación de vehículos a la flota por parte del Ayuntamiento, una vez iniciado el contrato, no responde a lo recogido en los pliegos que rigen el mismo, y además generaría una variación e el plan de renovación de la flota”, subraya el informe.

Modificación del contrato

Dicho documento también previene de que no es viable la tramitación administrativa de la incorporación de vehículos a la flota municipal, puesto que supondría “una modificación de contrato”.

En este sentido, el informe de Movilidad señala que también afectaría a conceptos como el mantenimiento de los autobuses, que actualmente tiene obligación de prestar Avanza.

El informe también dice que “aunque el Ayuntamiento tomara la decisión de adquirir varios autobuses de tecnología eléctrica, es bastante probable que no pudieran incorporarse a la flota de vehículos que prestan servicio en la red de bus urbano hasta que se licitara un nuevo contrato y se incorporaran como parte de la flota de un nuevo adjudicatario”.

Incertidumbres y dificultades

Por último, insiste en que “actualmente se están realizando pruebas con distintos modelos de autobues eléctricos, en desarrollo de la prueba piloto indicada en los pliegos, y que como resultado de éstas se elaborarán los correspondientes informes que establecerán las conclusiones de dichas pruebas y permitirán tomar decisiones sobre la tipología más conveniente para incorporar a la flota, pero siempre manteniendo la obligación de la empresa concesionaria de compra y mantenimiento del material móvil”.

Asimismo, el informe también destaca la complejidad de esta compra y su dilatación en el tiempo, que podría suponer que la entrega de los nuevos buses tuviera lugar en 2020.

“La medida de comprar autobuses con cargo al capítulo 6 del presupuesto municipal y su posterior utilización por parte de Avanza genera incertidumbres y dificultades de todo tipo; además el plazo previsible de su incorporación sería superior al procedimiento de la prueba piloto, que es el establecido en los pliegos que rigen el contrato”, han insistido los servicios técnicos municipales.

“No obstante, ya se está trabajando con la actual prueba piloto en que se disponga en 2019 de un número de vehículos eléctricos en la flota de bus urbano similar al que se podría adquirir con una partida aproximada de 2 millones de euros”, ha agregado el informe.