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Los trámites para solicitar la dependencia se simplifican para resolverlos en menos de seis meses

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha modificado el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el acceso a las prestaciones por dependencia, con el objetivo de que dentro de año y medio el proceso se solvente en menos de seis meses (plazo máximo marcado por la legislación), cuando en la actualidad la gestión en Zaragoza se prolonga más de ocho meses.
La medida entrará en vigor el 10 de junio y supone una simplificación de los trámites, que serán más rápidos y ágiles y se desarrollarán íntegramente por vía informática.
A partir de ese día ya no será necesario personarse físicamente para informarse sobre los requisitos para solicitar la prestación, que se hará por teléfono o telemáticamente, lo que permitirá reducir los plazos del procedimiento, así como también la documentación requerida.
El gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Joaquín Santos, y el jefe del servicio de Coordinación de la Gestión de las Prestaciones, Óscar Embid, han presentado el contenido de la orden que ha salido publicada en el Boletín Oficial de Aragón este lunes 13 de mayo (imagen superior de Gobierno de Aragón).
El anterior procedimiento implicaba que los usuarios acudieran a los centros de servicios sociales primero para recibir orientación e información, posteriormente para presentar la solicitud y parte de la documentación y después para elaborar el plan individual de atención (PIA) y presentar el resto de la solicitud, lo que hacía que el procedimiento se demorarse sin posibilidad de acortar plazos, como ha explicado Óscar Embid.
Todo más fácil y rápido
El nuevo procedimiento se inicia con la petición de cita por teléfono (en adelante también por vía telemática), bien en los centros de servicios sociales o, en el caso de la ciudad de Zaragoza, en la Dirección Provincial del IASS. En esa llamada se le dará cita al solicitante y se le informará tanto del procedimiento como de la documentación que debe llevar para la entrevista con el trabajador social.
En la entrevista con el trabajador social se unifican los principales trámites: información y orientación, formalización de la solicitud, aportación de toda la documentación, indicación de las preferencias de servicios o prestaciones del solicitante e informe social sobre las mismas.
A continuación, un trabajador del IASS acude al domicilio del solicitante para llevar a cabo la valoración del grado de dependencia.
Y finalmente el solicitante recibe en su domicilio la resolución de dependencia y de los servicios o prestaciones que se le reconocen (bien en una resolución única o en dos resoluciones simultáneas).
Más intervención de los profesionales
La nueva orden flexibiliza las posibilidades de intervención de los profesionales del sistema de servicios sociales, que podrán intervenir en cualquier fase del procedimiento para emitir informes adicionales, observaciones o cualquier otra iniciativa que estimen oportuno.
El nuevo reglamento contempla que todo el procedimiento se tramitado por vía telemática, aunque este método no se aplicará de forma inmediata. Desde el 10 de junio, cuando entra en vigor, los expedientes seguirán haciéndose en papel. Pero desde ese momento y de forma progresiva se irá incorporando hasta su totalidad la tramitación informática para cuya implantación total no hay fecha concreta, según ha subrayado Óscar Embid.
La aportación de documentación en el procedimiento también se reduce. Si el usuario da permiso y gracias a la tramitación telemática, el IASS podrá consultar datos en poder de todas las administraciones necesarios para completar la solicitud (DNI, prestaciones públicas, catastro, agencia tributaria…) sin que el usuario deba entregar la documentación. Asimismo, se elimina la necesidad de algunos documentos que se venían exigiendo.
Los expedientes de dependencia, por la propia situación de las personas dependientes, suelen experimentar un gran número de modificaciones, bien por su situación personal o familiar, “que exigen una rápida respuesta por parte de la Administración”, ha precisado Embid.
Por ello, la orden introduce dos alternativas a la tramitación ordinaria: La modificación directa por parte del IASS en todos aquellos supuestos que no conlleven una modificación sustancial del régimen de la prestación que disfruta el usuario y la actualización de los datos en el expediente informático sin necesidad de modificar el PIA (plan individualizado de atención).
Garantías para los usuarios
El nuevo reglamento introduce también dos medidas con importantes repercusiones económicas para los beneficiarios: señala que solo se procederá a la disminución del grado cuando exista una mejoría real de la situación del dependiente (en el 2012 el Gobierno estatal endureció los baremos lo que provocó la reducción de los grados sin que el usuario hubiera mejorado).
Asimismo, la orden también establece que la revisión del PIA no podrá suponer una disminución de las prestaciones económicas que recibe el usuario cuando no se produzca una variación del grado ni de las condiciones de la prestación. Esta medida se lleva a cabo porque, las reducciones de prestaciones aprobadas en 2012 por el Estado conllevaban, en algunos supuestos de revisión de grado de dependencia, que pese a operarse un cambio en éste las prestaciones se reducían.
Por último, la orden publicada este lunes contempla que dado el gran volumen de solicitudes que se registran en la ciudad de Zaragoza (en torno al 43% del total de Aragón), será la Dirección Provincial de Zaragoza del IASS la que se encargue de toda la tramitación y no los centros de servicios sociales municipales.
Dos procesos en uno
El director del IASS, Joaquín Santos, ha explicado gráficamente que la implantación del nuevo sistema suponía “fundir en un solo proceso lo que ahora se hace en dos fases. Por un lado, se realiza la valoración de la persona que ha solicitado la prestación por dependencia. Por otro lado, ayuntamientos y comarcas revisan el expediente para hacer una propuesta de prestación. Ahora, esos dos procesos se funden en uno solo, con evidente beneficio para los usuarios”.
La medida supondrá incrementar las dotaciones materiales y humanas del IASS, “que asumirá más competencias”, ha indicado Santos, quien no ha querido precisar la cuantía presupuestaria que podrían suponer esos refuerzos.
Santos sí ha concretado que los planes del IASS apuntan a que en el plazo de 18 meses “podamos ponernos al día”, lo que significaría que la totalidad de los expedientes fueran tramitados dentro del plazo legal máximo de seis meses.
En la actualidad, en Teruel ya se está cumpliendo ese plazo, “en Huesca se está muy próximo a conseguirlo”, pero en Zaragoza la gestión se prolonga entre ocho meses y un año, ha indicado Santos.
Reducir las listas de espera
El responsable del IASS ha insistido en la necesidad de reforzar las capacidades de los servicios sociales en Aragón porque se produce un incremento paulatino de las solicitudes para prestaciones por dependencia (un 16% más a lo largo de la presenta legislatura), debido al envejecimiento de la población y al ‘efecto llamada’ por la mejora de las prestaciones y la agilización de las concesiones.
Santos ha informado de que actualmente hay 30.321 personas atendidas, 13.554 más que al inicio de la legislatura, si bien el mayor número de solicitudes, 7.130, se han recibido en el último año.

Actualmente 6.730 personas se encuentran en lista esperando la resolución, lo que supone un 54 % menos.

En el siguiente gráfico se resume el nuevo procedimiento para solicitud de prestaciones por dependencia:

Orden en las cuentas de un Ayuntamiento en quiebra

El responsable de Economía, Fernando Rivarés, ha destacado este martes que los cuatro años de gestión en su área han servido para poner orden en las cuentas de un Ayuntamiento que estaba “próximo a la quiebra técnica absoluta”.

Tras hacer un balance, el consejero de Economía ha destacado pese a heredar mil millones en impagos, infradotaciones y deudas, han mantenido los servicios públicos y han salido del Plan de Ajuste.

“Hemos puesto el dinero cada año para mantener los servicios públicos y ha permitido recuperar la capacidad de inversión y de pedir préstamos bancarios les ha sacado del plan de ajuste cinco años antes”, ha señalado.

También ha destacado que el Ayuntamiento ha dejado de estar intervenido por parte del Ministerio de Hacienda y ha puesto las bases para que la Fiscalidad sea justa: “menos para quien menos tiene y más para quién más tiene”, ha destacado añadiendo que ha rebajado los impuestos para el 99%.

Mala relación Ayuntamiento-DGA

En estos cuatro años, Rivarés ha apuntado que queda pendiente no haber conseguido una relación normalizada entre el Ayuntamiento y la DGA. “Ha sido imposible normalizar con Gimeno una relación y con el conjunto de Gobierno, con la excepción de la Consejería de Turismo”, ha señalado y ha apuntado que se han encontrado tantas “zancadillas”, que han dificultado las relaciones.

En materia cultural, los cuatro años han servido, ha subrayado, para sentar las bases de un modelo cultural “transparente” que trabaja “más y mejor y exporta una idea de una metrópolis europea cultural del siglo XXI, descentralizada y que puede transformar tanto los hábitos como los hábitats”.

A juicio de Rivarés, su gestión ha conseguido récords en visitantes turísticos y de impacto económico. Sin embargo, ha lamentado no haber conseguido el pacto de la cultura, “que era un compromiso de todas las instituciones y de todas las empresas, pero no ha interesado”.

Lambán ordena a su Gobierno el pago de deudas con Zaragoza al retrasarse la reunión bilateral

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha ordenado hoy mismo a sus consejeros que “de manera unilateral” cumplan sus compromisos con los zaragozanos ante el nuevo aplazamiento de la reunión de la comisión bilateral Aragón-Zaragoza por parte del Ayuntamiento y “sin motivos explicables”.

Antes de inaugurar una jornada organizada con motivo del Día internacional de las Mujeres Rurales, Lambán, en declaraciones a los medios ha asegurado que no entiende que el Consistorio haya pospuesto “una y otra vez esta reunión”, pendiente desde hace cinco o seis meses, “sin dar explicaciones razonables”, siendo que el Gobierno de Aragón “nunca ha tenido problemas de agenda” para ello.

Por eso, y para que los zaragozanos “no sufran las consecuencias” del comportamiento de su Ayuntamiento, Lambán ha dado orden esta misma mañana a todos sus consejeros para que de manera unilateral cumplan sus compromisos, sin esperar a un acuerdo en la citada bilateral.

Transferencias desde la DGA

Así, el consejero de Presidencia, Vicente Guilén, ha puesto en marcha el operativo para hacer llegar al Ayuntamiento a los ocho millones derivados de la Ley de Capitalidad; la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, le va a hacer llegar a su homóloga del Ayuntamiento el borrador del convenio que ha de firmarse para que los zaragozanos reciban los 13 o 14 millones de financiación de sus servicios sociales, y el de Hacienda, Fernando Gimeno, va a remitir “lo antes posible” los ocho millones de la deuda del tranvía.

“No puede ser que los zaragozanos sean los sufridores y los paganos de una conducta del Ayuntamiento que me parece absolutamente inexplicable”, ha enfatizado Lambán.

Si entre tanto “los señores del Ayuntamiento se avienen a celebrar” la bilateral, que Lambán querría haber convocado ya en mayo, el Ejecutivo autonómico se sentará para ver sobre qué asuntos se puede hablar, y su presidente estará “muy satisfecho” de que eso ocurra.

Las “excusas” que a su juicio ha puesto el Consistorio “no tienen ningún fundamento” y obedecen a “una nula disposición del Ayuntamiento a dialogar”, ha agregado.

Y ya que el Ayuntamiento “se desentiende” de sus ciudadanos, el Gobierno, ha insistido Lambán, le va a hacer llegar “todos los fondos que tiene comprometidos desde las distintas consejerías”.

Las familias que se adhieran al banco de libros pagarán solo el 10% de su valor en el curso 2019-20

Las familias que decidan adherirse al banco de libros recibirán los lotes de sus hijos para el curso 2019-2020 por un precio no superior al 10% de su coste, según la orden que va a publicar esta semana en el BOA el Departamento de Educación.

Este texto, que regula el banco de libros para su próxima puesta en marcha, supone el primer paso administrativo para la efectiva constitución de este organismo y establece que serán los propios padres los que tendrán que solicitar su incorporación a este sistema durante este curso, para poder recibir los libros del siguiente un 90% más barato que hasta ahora.

En cualquier caso, los beneficiarios de una beca de material curricular seguirán recibiéndola como hasta ahora, con la única diferencia de que, a partir de este curso, todos aquellos que perciben estas ayudas deberán dejar los libros en su centro una vez terminado el periodo de clases, señala el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

En todos los centros

El banco de libros funcionará en todos los centros sostenidos con fondos públicos en Aragón. Los centros educativos serán los responsables de los fondos que se depositarán en sus instalaciones.

Además, se está trabajando en la puesta en marcha de una aplicación informática que centralizará la información de los bancos de libros de todos los centros de la Comunidad, lo que ayudará a simplificar la labor de los centros. A través de esta aplicación se realizarán trámites como las altas o bajas del sistema o la resolución de incidencias como pueden ser pérdidas o traslados de centro, se explica desde el departamento de Educación.

Por otra parte, en los últimos años se han venido desarrollando en varios centros docentes proyectos de bancos de libros, con la colaboración conjunta de la comunidad educativa. Educación tiene previsto incorporar la experiencia en el nuevo banco de libros general, adaptándose a lo establecido en la actual regulación.

La presente orden vendrá seguida de otra posterior que regulará todo su calendario de aplicación y el sistema de gestión de los libros, puntualiza la citada nota de la DGA. En cualquier caso, la previsión de la Administración es adelantar el proceso a las previsiones iniciales referidas en su día por la consejera de Educación, Mayte Pérez.

Incentivar al alumnado

Los centros, que tendrán en propiedad los libros que constituirán su fondo para el banco, deberán decidir y comunicar quién se va a encargar de esta gestión: si el propio centro, su ampa o una librería de proximidad.

“Además de la oportunidad para las familias de beneficiarse de un sistema que permitirá un menor desembolso en los materiales educativos”, indica el Ejecutivo territorial, “con esta iniciativa también se pretende fomentar en el alumnado actitudes de respeto y uso responsable de los bienes financiados con fondos públicos”, agrega en la nota.

Como especifica la orden, los libros y materiales curriculares objeto del sistema serán los correspondientes a los cursos de 3º a 6º de Educación Primaria y a los de la Educación Secundaria Obligatoria.

Los libros de 1º y 2º de Primaria son material fungible y, por lo tanto, no reutilizable posteriormente. Sin embargo, todos los que cumplan los requisitos para optar a una beca de material curricular la recibirán.

Orden de busca de un padre que no entregó a su hijo hace diez días

Un vecino de Zaragoza se encuentra en busca y captura, por orden de un juez, después de que el pasado 6 de mayo no entregara a su hijo de 8 años, Javier, en el Punto de Encuentro de la calle Conde Aranda de la capital aragonesa.

Debía haberlo llevado allí a las 20.00 horas después de haber pasado con él unos días tal y como recoge el régimen de visitas tras la separación de su pareja. No lo hizo y tampoco acudió un día después, el 7 de mayo, al juicio en el que estaba acusado por quebrantar una orden de comunicación y aproximación hacia su expareja que le había sido impuesta como presunto autor de un delito de malos tratos hacia la madre del pequeño.

El entorno de la madre contempla la posibilidad de que el padre haya salido de Zaragoza e incluso de Aragón con el niño. El Grupo de Menores (Grume) de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Aragón se ha hecho cargo de la investigación.

Este hombre tiene además otro juicio a finales de este mes por un caso de violencia de género hacia la madre del niño, después de que esta le denunciara el pasado 26 de marzo, tal y como ha recordado su abogado, José Lozano.

Numerosos mensajes han circulado en las últimas semanas en las redes sociales alertando de la desaparición de Javier, junto a una fotografía del niño en la plaza del Pilar (imagen superior).

El Museu de Lleida, preparado para trasladar los bienes de Sijena

El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, se ha mostrado hoy “espantado, preocupado e indignado” por la autorización judicial para trasladar 44 piezas de ese museo hasta el Monasterio de Sijena, que permite incluso a la Guardia Civil el uso de la fuerza si fuera necesario. En declaraciones a Rac1, Giralt ha asegurado que si no pueden evitar por la vía judicial el traslado de las obras, “el lunes por la mañana estaremos preparados e intentaremos mover las piezas, embalarlas, documentarlas y trasladarlas en las mejores condiciones”.

Sin embargo, ha avisado de que el riesgo de dañar 12 de las 44 piezas en ese traslado es “muy elevado”, por lo que ha remarcado: “Haremos firmar una autorización y será competencia de los técnicos aragoneses”.

En un auto dictado este jueves 7 de diciembre, el magistrado suplente del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca autoriza a la Guardia Civil a entrar a partir de la medianoche del próximo día 11 en el museo.

En esta línea, el director del Museu de Lleida ha comentado que esperan a los técnicos aragoneses que se ocuparán del traslado “el lunes a las ocho de la mañana, y no el domingo a medianoche”.

Acciones judiciales

Con todo, el director del Museu de Lleida asegura que todavía no da las obras de Sijena “por perdidas”, y confía en las acciones judiciales que pueda adoptar el departamento de Cultura de la Generalitat, intervenido por el Gobierno en virtud del artículo 155 de la Constitución, para tratar de frenar el traslado.

La nueva providencia del juez de Huesca coincide en el tiempo con la presentación por parte de la Generalitat de un recurso ante este mismo órgano judicial contra la providencia que pone como plazo máximo para el reintegro de las piezas el próximo día 11.

Un recurso del que el gobierno aragonés responsabiliza al ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, como titular de la consejería del ramo de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Según la consejera de Cultura del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, la autorización del ministro a la presentación del recurso constituye una “insoportable falta de respeto” hacia Aragón, además de un sometimiento a “los intereses de Cataluña por encima de las decisiones judiciales”.

El juez da de plazo hasta el 11 de diciembre para devolver los 44 bienes de Sijena

El juez Antonio Martín, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca, ha ordenado que el Museo de Lérida devuelva las 44 obras artísticas del Real Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca) el lunes 11 de diciembre “si no hubieran sido entregadas con anterioridad”.

En una providencia fechada el 1 de diciembre y hecha pública este lunes, ha subrayado que “el Gobierno de Aragón tiene todo el dispositivo organizado para proceder a la retirada de los bienes objeto de la presente ejecución provisional para el día lunes 11 de diciembre de 2017”.

El titular del Juzgado número 1 de Huesca acuerda que la Guardia Civil, en coordinación con el Gobierno de Aragón, ejecute el plan de seguridad preciso para llevar “a buen fin” esta decisión, “proporcionando seguridad al personal encargado de la retirada de los bienes y de su traslado”, así como para hacer cumplir lo acordado, autorizando para ello “toda intervención” para llevarlo a cabo. La providencia se puede recurrir en el plazo de cinco días.

Intervención policial

El juez señala que se exige la colaboración y el auxilio de la Policía Nacional, la Guardia Urbana de Lérida y los Mossos d’Esquadra “si fuere necesario”, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En la providencia, el juez autoriza a la empresa contratada por el Gobierno aragonés para acceder a las instalaciones del Museo de Lérida, donde se encuentran depositadas las piezas para la realización de las mediciones y demás operaciones necesarias para la entrega y traslado de las mismas.

También autoriza al personal de la Administración autonómica aragonesa, así como a la técnico Ana Armillas Molinos, a acceder al Museo para realizar estas tareas. La Guardia Civil y los demás miembros de las Fuerzas de Seguridad podrán entrar en el Museo para “proporcionar seguridad y el adecuado desarrollo de las labores necesarias para el cumplimiento de lo que viene acordado en la presente causa”.

El juez Antonio Martín advierte a las partes de que por la realización de actos contrarios a lo señalado “podrán ser acusados de delitos de desobediencia a la autoridad y de delitos contra la Administración de Justicia”. El Museo de Lérida deberá prestar “la necesaria colaboración para llevar a buen fin lo acordado”.

Competencias

El titular del Juzgado número 1 de Huesca recuerda en su providencia que la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Aragón solicitó la entrega de los bienes el 11 de diciembre; que la Guardia Civil ya ha elaborado un cronograma de actuaciones

También indica que, desde el 27 de octubre pasado, el Gobierno de España ostenta las competencias de la Generalitat de Cataluña, en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El juez añade que la Audiencia Provincial de Huesca ha confirmado, el 30 de noviembre pasado, la sentencia por la que el juez de primera instancia acuerda ordenar la devolución de las obras, y que el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena se adhiere a lo solicitado por el Gobierno de Aragón.

Asimismo, expresa en su resolución que el Ejecutivo aragonés ha confeccionado un plan de trabajo con un calendario concreto y una relación del personal técnico del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, a lo que se suma la contratación, ya realizada, del embalaje y el traslado de las piezas con una empresa mercantil especializada, “que cumple con todas las especificaciones técnicas para el traslado con garantías de los bienes”.

El ministro ordena que Cataluña devuelva los bienes de Sijena y la DGA le pide que concrete la fecha

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha ordenado que se dé cumplimiento a la sentencia que establece que la Generalitat debe devolver 44 piezas del patrimonio histórico y artístico del Monasterio de Sijena (Huesca). La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha reclamado al ministro que concrete qué día y cómo será el traslado de los bienes.  La consejera quiere que Cataluña devuelva “ya” los bienes de arte religioso del Monasterio de Sijena (Huesca) y le ha pedido al Gobierno central que “si tienen que recurrir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que lo hagan”.

Según han informado fuentes del Ministerio, Méndez de Vigo, que desde la aplicación del artículo 155 asumió las competencias del departamento catalán de Cultura, ha recibido este martes 28 de noviembre el requerimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Huesca.

El ministro ha contestado que procederá a “solicitar inmediatamente” la información que se le requiere respecto a la “ubicación exacta” de todas y cada una de las piezas pendientes de entrega.

Asimismo, Méndez de Vigo pedirá también información sobre la fecha en que se procederá a la entrega de los bienes, y medios por los que ésta se hará efectiva: “Tan pronto como se reciba contestación a dicha solicitud de información, se procederá a trasladar la misma a ese juzgado”.

Solicitud del juez

El juez solicitó recientemente al ministro de Cultura que posibilitase la devolución de 44 piezas del patrimonio del Monasterio de Sijena que se encuentran en Cataluña.

El pasado viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo explicó que no había recibido la providencia del 15 de noviembre enviada por el juez de Huesca, que hoy ha llegado al ministerio.

En su respuesta al juzgado, el titular de Cultura ha recordado que cualquier actuación está delimitada por el acuerdo del Pleno del Senado, por el que asumió las competencias de la Conselleria de Cultura de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.

La actuación del ministerio en el ámbito competencial del Departamento de Cultura de la Generalitat para el ejercicio de las funciones del Consejero -dice el ministro- debe garantizar el funcionamiento de la organización administrativa ordinaria que, según el artículo 71 del Estatuto, es la Generalitat a la que le corresponde el ejercicio de las funciones ejecutivas.

Concreciones

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha reclamado al ministro Íñigo Méndez de Vigo que concrete qué día y cómo será el traslado de los bienes del Monasterio de Sijena que aún se encuentran en depósito en Lérida.

En declaraciones a los medios de comunicación, Mayte Pérez ha subrayado que es “una buena noticia” que el ministro haya dado la orden para que regresen los bienes de Sijena y se cumplan las sentencias existentes al respecto, si bien “tiene que decir cómo, qué día se van a devolver y cómo se va a hacer el traslado”.

Ha expresado la disposición del Ejecutivo aragonés de ayudar al ministerio facilitando toda la información disponible sobre estas piezas de arte que se encuentran en el Museo de Lérida y, además, “tenemos el equipo dispuesto” para que los técnicos puedan ir a buscar las obras “y por fin poder devolver todos estos bienes” al Monasterio de Villanueva de Sijena.

“Es el anhelo de una tierra que ha luchado por su patrimonio” y su regreso “será una magnífica manera de acabar el año”, ha considerado la consejera de Cultura.

Alegría en Villanueva de Sijena

El alcalde de Villanueva de Sijena, Ildefonso Salillas, ha asegurado este martes que los vecinos de esta localidad oscense han recibido “con una alegría inmensa” la orden dada por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, que obliga al regreso de los 44 bienes del Monasterio de Sijena que aún se encuentran en depósito en Lérida, de forma que se dé cumplimiento a las sentencias judiciales al respecto.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde ha recordado que hace “años” que esperaban recibir esta noticia que el consistorio ha dado a conocer a sus vecinos a través de la aplicación para móviles puesta en marcha por el ayuntamiento.

Han conocido la noticia cuando se estaba celebrando un pleno extraordinario y, “después de la euforia”, Salillas ha observado que “hay que ser cautos”, si bien no ha podido reprimir su alegría porque con este conflicto “hemos sufrido mucho”.

Con la decisión del ministro se hará “justicia” con el municipio y con sus vecinos que han peleado durante años por proteger estas obras y por lograr su regreso. Este martes “es un día histórico, aunque lo será aún más el día que las veamos aquí y que se queden expuestas”, ha remachado.

Ilusión

“El monasterio va a cambiar, tenemos muchas ilusiones puestas en esto y en que sea un foco de desarrollo” para toda la zona, además de que en 2023 se cumplirán los cien años de declaración del mismo como Monumento Nacional, ha detallado Salillas.

Según ha apuntado, su objetivo es que “todo esto impulse el desarrollo” de la Comarca de los Monegros y para eso ha pedido la colaboración del Ejecutivo autonómico para que el monasterio y los bienes que posee “sea conocidos en Aragón”.

El alcalde ha estimado que a partir de ahora “la voz cantante” la tiene el ministro y “nosotros estamos para ayudar”, como también lo ha de hacer el Gobierno de Aragón, “que tiene las competencias”.

Las Cortes se oponen a dejar de aparcar en La Aljafería con un informe de su letrada mayor

Las/os diputadas/os de las Cortes y sus trabajadoras/es, incluidas/os sus asesoras/es jurídicas/os, van a seguir aparcando sus coches en el entorno del palacio de La Aljafería. Al menos de momento. La resistencia de sus señorías a cumplir la orden del Ayuntamiento de Zaragoza para sacar los vehículos del castillo patrimonio de la Humanidad, se sustenta ahora en un informe de la letrada mayor del Parlamento territorial, Carmen Agüeras, en el que determina que el Ayuntamiento de Zaragoza incurrió en un “claro exceso competencial” al firmar el decreto que prohibía aparcar en el palacio. Dicho informe ha sido remitido por las Cortes al Consistorio.

La concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Artigas, anunció el 7 de noviembre que en el plazo aproximado de un mes se prohibiría la entrada con vehículos al entorno de La Aljafería y el aparcamiento en todo su perímetro, cortando el acceso tanto desde la calle Diputados como desde la avenida Madrid.

La edil alegó que el Ayuntamiento era competente en la organización del tráfico y en la protección de los monumentos de la ciudad. Además, aseguró que la medida venía avalada por informes favorables de hasta cinco servicios municipales.

La decisión fue comunicada a las Cortes y de inmediato la Mesa de este órgano, dominada por PP y PSOE, encargó un informe al respecto a la asesoría jurídica de la Cámara aragonesa.

Informe de la letrada

Las Cortes han remitido ahora ese informe firmado por la letrada mayor al Consistorio, solicitando que aclare la naturaleza y el alcance del decreto por el que prohibía aparcar en el monumento.

Según el dictamen de la letrada, el decreto municipal “se basa en las competencias de ordenación del tráfico y señalización, así como en las de conservación del entorno patrimonial e incluso en las de seguridad pública”, unas competencias fuera de su alcance si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento “cedió el edificio en pleno dominio a las Cortes en 1994”.

Además, Agüeras determina el “exceso competencial” porque el Ayuntamiento lo firma como una “resolución definitiva y ejecutiva” y no como una propuesta de actuación.

En las conclusiones del informe, la letrada hace referencia a “defectos formales” del decreto que “hacen muy complicado determinar su verdadera naturaleza jurídica al no hacer referencia al expediente en el que se ubica, ni el carácter del acto trasladado, ni su motivación, ni los efectos de la atípica notificación efectuada”.

La Mesa de las Cortes solicitó este informe para ver si el Ayuntamiento tenía competencias y comprobar si cabía posibilidad de recurso. Sobre esto último, el informe determina que cabe “recurso potestativo de reposición” en el plazo de un mes ante el consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses.