pago

El Ayuntamiento solo pagará un millón mensual a FCC Parques y Jardines y descontará sobrecostes

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha anunciado el Ayuntamiento va a pagar a la empresa FCC por la gestión del Servicio de Parques y Jardines un millón de euros mensuales desde enero de 2018, fecha en la que vence la vigencia de la contrata y se giran facturas, y descontar lo abonado en caso de que se haya pagado de más, que se compensará en mensualidades pendientes.

La decisión va a ser aprobada por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y es la propuesta que trasladará Cubero tras comprobar que las facturas giradas por FCC desde enero de 2018 aumentan mensualmente hasta que en agosto se decide pagar las últimas y exigir a la empresa los justificantes.

Cubero ha explicado que el aumento mensual llega a los 300.000 euros y se justifica por la empresa con el concepto “mano de obra y salarios”, pero ha cuestionado que haya sido el motivo real porque esa cuantía equivaldría a cien trabajadores más de un contrata con algo más de 240 trabajadores (en la imagen superior, reciente protesta de la plantilla de FCC en la plaza del Pilar por la congelación salarial).

Normalización de facturas tras el escándalo del chuletón

En rueda de prensa, ha relatado que FCC ha comenzado a enviar facturas “con normalidad”, desde que en agosto se pagaran las últimas y se diera a conocer este incremento mensual que gira la empresa.

Además, el concejal considera que ha sido determinante quea el pasado 19 de marzo se informara de que FCC había pasado al cobro una factura de 83 euros correspondiente a una comida a base de chuletón de ternera en un restaurante madrileño.

“Desde entonces ha vuelto a la normalidad y las facturas siguientes de diciembre de 2018 y enero de 2019, que se reciben después del 19 de marzo, ya son de un millón de euros y no de 1.300.000 euros. Nos estaban robando a manos llenas y por la factura del chuletón de 83 euros se ha corregido la actitud de FCC”, ha  relatado con sorna el concejal.

Por ello, desde septiembre no se ha pagado a la empresa y se regulará para abonar un millón mensual, ha reiterado. Cubero ha destacado que tras publicitar el caso de la factura del chuletón el Ayuntamiento de Zaragoza se ha ahorrado 600.000 euros.

Pluses exorbitados

“Las facturas están en el ámbito de la normalidad del coste del servicio del que el 90 por ciento es lineal y obedece a mano de obra y reparación de vehículos y no había justificación para que se elevara por encima de los 300.000 euros”, ha explicado el concejal de Servicios Públicos.

Asimismo, ha criticado que FCC incluía pluses de 10.000 euros al año a determinados trabajadores. “Nos parece indecente para una plantilla que tiene el sueldo congelado que se paguen esos pluses y que además intenten cobrarlos al Ayuntamiento”, ha criticado el edil de ZeC.

Otro caso que ha expuesto el consejero municipal es que las reparaciones de vehículos “se habían multiplicado por 17 y está injustificado. No es normal un aumento de gasto semejante. Hemos pedido justificación y la empresa no da ninguna explicación”.

Alberto Cubero ha asegurado que aunque estén pagadas las facturas pagado se pueden revisar para descontar “todo lo que supere el millón de euros” y ha calculado que el Consistorio zaragozano se podría ahorrar en torno a 1,5 millones de euros.

Rivarés precisa que a FCC se le tienen que pagar menos de 10 millones y se hará con una revisión de la deuda

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha precisado que a FCC, que gestiona la contrata de limpieza viaria, habrá que abonarle menos de 10 millones de euros por las revisiones de precios de los años 2011 a 2013 a las que varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) condena al consistorio a pagar a la multinacional. El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos municipales y ahora el Consistorio ha de hacer frente a los pagos mediante un reajuste de la deuda municipal.

Rivarés ha desmentido que sean 50 millones tal y como había indicado la empresa FCC que, según Rivarés, había hecho un cálculo de la proyección que supondrían esas revisiones de precios a partir de 2014 y sobre las que se ha mostrado partidario de hacer un plan negociado de pagos con FCC “como se he hecho con otros pufos”.

En rueda de prensa, Rivarés ha explicado que son tres sentencias. La primera es de una revisión de precios de mano de obra de 2009 que condena al Ayuntamiento a pagar 181.0000 euros, que “no es problema porque se paga del Fondo de Contingencia del Ayuntamiento”.

La segunda sentencia atañe a la revisión de precios de 2010 y 2011 y obliga a pagar 6 millones de euros más intereses, que se tiene que abonar íntegra; y la tercera sentencia es de los años 2012 y 2013 y condena al pago de 10,8 millones de euros, que ya está pagada, más intereses, que están pendientes de abonar.

Pagos de menos de 10 millones

De esta forma, se tendría que pagar los 6 millones con sus intereses de la segunda sentencia y los intereses de la tercera que ascienden a un millón de euros aproximadamente, lo que sumaría menos de 10 millones de euros, ha calculado Rivarés.

“Se pagarán cuando las sentencias sean firmes y falta mes o mes y medio y se abonarán de dos formas” ha subrayado el concejal. Se propondrá un reajuste del plan de reducción de deuda que se consultará con el Ministerio de Hacienda, que permita bajar a finales de este año el nivel de endeudamiento al 109 por ciento.

Al llegar a ese nivel de endeudamiento se permitirá pedir dinero del Fondo de Impulso Económico (FIE) para pagar los “pufos del pasado” así como pedir préstamos bancarios a un interés del 0,4 por ciento y eliminar los préstamos actuales del 1,3 por ciento. “Se amortizará mucha deuda y se seguirá en los límites legales del endeudamiento para pedir préstamos bancarios”.

Críticas al Tribunal Supremo

Asimismo, ha matizado que el Tribunal Supremo al inadmitir los recursos del Ayuntamiento sobre las sentencias del TSJA a estas revisiones de precios que pide FCC “lo que está diciendo es que no opina sobre quien tiene la razón y no entra en la versión del TSJA”. “El Supremo desaparece como tribunal de apelación y eso es grave”.

Ha recordado que en otras sentencias sobre revisiones de precios de mano de obra, pero de la anterior contrata de autobús urbano, Tuzsa, el TSJA dio la razón al Ayuntamiento y evitó que la hacienda municipal desembolsara 12 millones de euros.

Rivarés ha criticado la forma en cómo se pleiteaba en anteriores mandatos en los que “se dio patada para adelante pero si se hubieran pagado las sentencias, hubiera sido infinitamente menor la cuantía porque la ciudad se habría evitado intereses”.

Críticas a anteriores gestores municipales

Al respecto, ha señalado que esta corporación ha pagado más de 105 millones de euros en sentencias condenatorias y el anatocismo (intereses sobre intereses) de 34 millones de euros.

Asimismo, ha considerado que cuando FCC cobre el pago de estas sentencias el Gobierno de Zaragoza “da por hecho que aumentará el sueldo de la plantilla de FCC que está congelado desde 2009” y se ha preguntado si lo hará después de diez años.

Ha observado que cuando FCC reclame las revisiones de precios a partir de 2014 afectará a las próxima legislatura y la siguiente hasta el 2027 y “es un drama para la ciudad y tiene responsables porque son sentencias de impagos de 2009 a 2014”.

El Supremo confirma que el Ayuntamiento deberá pagar más de 50 millones de deuda a FCC

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso formulado por el Gobierno de Zaragoza en Común y que ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por el que la ciudad deberá pagar las revisiones de precios de la contrata de limpieza con FCC, que superan los 50 millones de euros.

Según la providencia del TS que ha hecho pública la empresa FCC, no se aprecia interés casacional por la falta de fundamentación, y condena en costas al Ayuntamiento.

El contenido sobre el que versa la deuda es la solicitud que realiza FCC, en la que se reclama que en sus revisiones de precios se tengan en cuenta las variaciones de la mano de obra y de las toneladas de basura recogida, revisiones que, según la empresa, no se producen desde 2009.

Tensiones de tesorería

Con esta decisión, las tres sentencias del TSJA tienen plenos efectos y aplicada la regularización anual entre los años 2014 y 2018 y la que corresponda de 2019, la cifra superaría los 50 millones de euros, según FCC.

La empresa alega que las tensiones de tesorería generadas a raíz de los impagos del actual equipo de Gobierno en los diferentes contratos que gestiona FCC, ya sea en el de limpieza y recogida de basuras como en el de parques y jardines, donde la deuda asciende a 5 millones de euros, “son muy difíciles de asumir por una compañía como FCC”.

Alega que el abono de esas cantidades es “fundamental para la estabilidad laboral de las personas que prestan servicio en la ciudad de Zaragoza”.

El Ayuntamiento acaba el ejercicio de 2018 con el 92% de las facturas de proveedores pagadas

El Ayuntamiento de Zaragoza ha cerrado el 2018 con un total de 21.540 facturas a proveedores reconocidas y que están valoradas en 290.848.817 euros. De ellas, el Departamento de Economía y Hacienda ya ha pagado algo más del 92%, lo que suponen 267.835.649 euros, según refleja el apartado de transparencia del portal web municipal.

Del total de las facturas reconocidas, hay 20 que superan el millón de euros, que generalmente corresponden con certificaciones de los grandes contratos de la ciudad, como los del servicio de limpieza y el del transporte público. En concreto, hay tres facturas, las tres con Avanza Zaragoza S.A.U. como proveedor, que están todavía con el pago “en trámite”.

La factura de mayor cuantía corresponde a la certificación del mes de octubre de Limpieza viaria, recogida y transporte de residuos con la empresa FCC-SA. Supuso un total de 5.676.076 euros que se abonaron el 21 de diciembre.

En segundo lugar se encuentra la certificación relacionada con los ajustes por inversión de 2017 del Servicio de Movilidad Urbana que gestiona Avanza Zaragoza. En este caso la factura asciende a 4.731.658 euros y el pago está “en trámite”.

Las tercera, cuarta y quinta facturas de mayor cuantía económica corresponden con las certificaciones de julio, agosto y septiembre de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos con la empresa FCC-SA (imagen superior). Ascienden a 4.607.506, 4.447.547, y 4.367.028 euros, respectivamente.

En los tres casos el importe ya está abonado. En concreto, la factura de julio se pagó a finales de septiembre, la de agosto se pagó a finales de octubre, la de septiembre se abonó a finales de noviembre de 2018.

En julio de 2017 el Ayuntamiento de Zaragoza había abonado el 93,34% de las facturas reconocidas de ese ejercicio. En concreto, se habían reconocido un total de 11.773 facturas, por un importe algo superior a los 145,4 millones de euros, de los que en julio se habían pagado 135,6 millones.

Aragón Press

App gratuita para consulta y pago de tributos municipales

El Ayuntamiento de Zaragoza ha publicado, tanto en las plataformas de Android como de iOS (Apple) la aplicación “Zaragoza Tributos”, una app gratuita que permite tanto la consulta de todos los recibos que el/la contribuyente tiene generados como el pago de recibos, tanto en período voluntario como ejecutivo.

Con esta aplicación de la Agencia Municipal Tributaria es posible realizar el pago de recibos del Ayuntamiento de Zaragoza y de Ecociudad. Si el usuario se registra puede, además, consultar el estado de sus tributos y recibos.

Por tanto, las funciones que permite esta nueva aplicación para sus usuarios registrados es la consulta de tributos y datos de interés, así como los recibos y sus datos asociados; la obtención de duplicados de los recibos; la búsqueda de tributos y recibos por fecha, situación y tipo y el pago de recibos a través de una pasarela segura.

Sin embargo, los usuarios no registrados también podrán pagar recibos escaneando el código de barras de documento con la cámara de su móvil o rellenando los datos de información del recibo, que les conducirá también a una pasarela de pago segura, señala el Ayuntamiento de Zaragoza en un comunicado.

La ciudadanía zaragozana sale de nuevo a la calle contra el ICA

La ciudadanía zaragozana ha vuelto a salir este sábado 10 de noviembre a la calle convocada por la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) para reiterar su rechazo al pago del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) como pretende el Gobierno de Aragón, que ya ha girado a la capital aragonesa el recibo de 2017.

Bajo el lema “ICA no, Aragón no paga estafas” la protesta ha reunido a alrededor de 3.000 participantes, según los convocantes, y 500 según la Delegación del Gobierno, entre ellos representantes de entidades vecinales y sociales, al coordinador de IU Aragón, Álvaro Sanz, y al secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, así como al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y dirigentes de otros municipios contrarios al impuesto.

El alcalde Santisteve, flanqueado por los concejales Cubero y Muñoz y por la concejala Artigas

Críticas del alcalde

En declaraciones a los medios antes del inicio de la movilización, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha reprochado al Gobierno de Aragón el “cambio en las cartas del juego” y que en lugar de destinar los 40 millones anunciados para inversiones en la red de saneamiento de agua en la ciudad se exija ahora un pago de 20 millones anuales hasta completar los alrededor de 420 millones que le corresponderían a la ciudad para financiar el plan de depuración de aguas de Aragón.

“No se puede imponer por ley, cambiando las cartas del juego en el último momento” ha criticado Santisteve en alusión a la imposición a la capital aragonesa de contribuir al ICA pese a que ha afrontado la financiación de su depuradora en solitario.

El alcalde, que iba acompañado de varias concejalas y concejales de su gobierno, ha justificado su presencia en la movilización porque “han sido los zaragozanos los que nos han dicho que tenemos que estar ahí”, al tiempo que ha exigido una política de inversiones porque “la situación es insostenible”.

Y es que, ha explicado, la ciudad necesita unas inversiones anuales de 7 millones de euros y “no llegan a 4 millones” y el Gobierno de Aragón “tiene que tener clara esta visión” y de la que, ha insistido, el Ayuntamiento de Zaragoza está dispuesto a hablar

A este respecto, Santisteve ha insistido en que él está dispuesto a reunirse con la DGA de inmediato y ha instado al Gobierno aragonés a poner fecha para el encuentro.

El grupo de manifestantes de Torrero ha sido el más activo durante la marcha

Respuesta ciudadana

Desde la RAPA, como ha explicado a Efe uno de sus portavoces José Ángel Oliván, se han mostrado “muy contentos” por la respuesta ciudadana, que demuestra que la movilización sigue en pie y que los vecinos de Zaragoza “no han acogido el pago con nada de alegría”.

Oliván se ha mostrado asimismo convencido de que desde el Gobierno de Aragón “no han tenido nunca voluntad de solucionar el impuesto”, porque de lo contrario habrían convocado reuniones y presentado propuestas “serias” y no “propuestas sin concretar”.

Esto demuestra, a su juicio, que “no tienen interés en perder la recaudación del impuesto”.

La manifestación ha discurrido pacíficamente y en tono festivo, mientras los participantes, sobre todo el grupo del barrio de Torrero que cerraba la marcha, coreaban consignas como: “ICA, ICA, ICA, vaya estafica” o “Nos vamos a cargar el ICA de Lambán”.

Momento de la lectura de la carta al presidente Lambán

Carta al presidente aragonés

Los manifestantes se han congregado al final del acto en la plaza España, donde la presidenta de la RAPA ha leído una carta dirigida al presidente de Aragón, Javier Lambán, en la que ha insistido en varias ocasiones en el “hartazgo” de la población aragonesa, y en especial de la zaragozana, respecto al ICA.

En la “misiva” al presidente se le ha remarcado que el cobro del ICA suponía “hacer cómplice a la población de un pufo” porque con su recaudación se pretendía hacer frente al déficit millonario del fallido plan de depuración.

Se le ha pedido a Lambán que reclame al Estado “los 205 millones que todavía debe” por su compromiso de financiación del citado plan y se ha vuelto a insistir en que el cobro del ICA a la ciudadanía zaragozana supone un doble pago por el mismo concepto de la depuración, puesto que ya financió las depuradoras.

La RAPA le ha vuelto insistir al presidente socialista en que debía aplicarse una moratoria en el cobro del polémico impuesto , que ha de ser sustituido, a su juicio, por una tasa local que suponga el pago por los servicios de depuración recibidos.

La carta a Lambán concluía reclamando el cambio de la ley que regula el cobro del ICA, porque “todavía estamos a tiempo antes de que finalice la legislatura”, pero descartando al actual consejero de Economía y anterior concejal zaragozano de la misma área, Fernando Gimeno, como interlocutor válido para negociar los cambios y conseguir que “sea un buen legado suyo, señor Lambán”.

Lambán ordena a su Gobierno el pago de deudas con Zaragoza al retrasarse la reunión bilateral

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha ordenado hoy mismo a sus consejeros que “de manera unilateral” cumplan sus compromisos con los zaragozanos ante el nuevo aplazamiento de la reunión de la comisión bilateral Aragón-Zaragoza por parte del Ayuntamiento y “sin motivos explicables”.

Antes de inaugurar una jornada organizada con motivo del Día internacional de las Mujeres Rurales, Lambán, en declaraciones a los medios ha asegurado que no entiende que el Consistorio haya pospuesto “una y otra vez esta reunión”, pendiente desde hace cinco o seis meses, “sin dar explicaciones razonables”, siendo que el Gobierno de Aragón “nunca ha tenido problemas de agenda” para ello.

Por eso, y para que los zaragozanos “no sufran las consecuencias” del comportamiento de su Ayuntamiento, Lambán ha dado orden esta misma mañana a todos sus consejeros para que de manera unilateral cumplan sus compromisos, sin esperar a un acuerdo en la citada bilateral.

Transferencias desde la DGA

Así, el consejero de Presidencia, Vicente Guilén, ha puesto en marcha el operativo para hacer llegar al Ayuntamiento a los ocho millones derivados de la Ley de Capitalidad; la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, le va a hacer llegar a su homóloga del Ayuntamiento el borrador del convenio que ha de firmarse para que los zaragozanos reciban los 13 o 14 millones de financiación de sus servicios sociales, y el de Hacienda, Fernando Gimeno, va a remitir “lo antes posible” los ocho millones de la deuda del tranvía.

“No puede ser que los zaragozanos sean los sufridores y los paganos de una conducta del Ayuntamiento que me parece absolutamente inexplicable”, ha enfatizado Lambán.

Si entre tanto “los señores del Ayuntamiento se avienen a celebrar” la bilateral, que Lambán querría haber convocado ya en mayo, el Ejecutivo autonómico se sentará para ver sobre qué asuntos se puede hablar, y su presidente estará “muy satisfecho” de que eso ocurra.

Las “excusas” que a su juicio ha puesto el Consistorio “no tienen ningún fundamento” y obedecen a “una nula disposición del Ayuntamiento a dialogar”, ha agregado.

Y ya que el Ayuntamiento “se desentiende” de sus ciudadanos, el Gobierno, ha insistido Lambán, le va a hacer llegar “todos los fondos que tiene comprometidos desde las distintas consejerías”.

Real Zaragoza deberá pagar 47.000 euros por las obras de La Romareda

El Real Zaragoza tendrá que abonar 47.040 euros por las obras de mantenimiento que ejecutó el Ayuntamiento en el estadio de La Romareda en verano de 2016, según la sentencia notificada hoy al Consistorio por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, que establece también que las arcas municipales deberán afrontar el pago de 106.245 euros.

El juzgado ha estimado parte del recurso que presentó el club y que rechazaba el pago de los trabajos de mantenimiento ejecutados por el Consistorio, que reclamaba al Real Zaragoza 153.275 euros, aunque establece que éste deberá pagar 47.040 euros al Ayuntamiento, “con los intereses legales desde la fecha de finalización de las obras”.

Establece además que “había un deber de conservación diligente del espacio cedido”, ya que el campo es de propiedad municipal, “obligándole a realizar las obras necesarias y debiendo responder de los daños por omisión o acción”, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La sentencia considera asimismo que se debe tener en cuenta que la cesión es por diez años, un plazo superior al normal de cinco años, por lo que parece claro que pueda haber “algo más que deterioros por el simple paso del tiempo”, cuando en una estructura como un campo de fútbol, “la intemperie obliga a una labor activa de mantenimiento”.

Daños por omisión

Así, el Real Zaragoza debe responder de aquellos daños que, por acción o, en este caso, por omisión, “le sean achacables”, según apuntan las fuentes, que añaden que lo que se excluye es que deba responder el club de daños que se deban “al transcurso del tiempo desde su construcción o a defectos estructurales, de construcción o diseño”.

El coste de las obras que el Ayuntamiento atribuyó al Real Zaragoza ascendía a 153.285 euros, por lo que los 106.245 que no tiene que abonar el club tiene que pagarlos el consistorio dado que el juez considera que se refieren a cuestiones estructurales o a fallos de diseño iniciales como la falta de impermeabilización del graderío.

La sentencia reconoce que el Zaragoza está obligado a la conservación diligente del espacio cedido y de su contenido, debiendo realizar las obras que sean necesarias para ello y respondiendo de los daños que puedan ocasionar sus miembros y usuarios, que los trabajos deberán contar con la autorización previa del Ayuntamiento y que las actuaciones quedarán en beneficio de la parcela sin derecho a percibir ningún tipo de indemnización.

Obras necesarias

Por otra parte, la sentencia reconoce que al llegar al acuerdo debería haberse hecho un estudio técnico del estado del campo, de sus problemas, de las causa de los mismos y de los deberes que se imponía al Zaragoza, aunque sólo fuese por el uso casi exclusivo que había tenido de La Romareda hasta entonces.

El Gobierno de Zaragoza estudia la sentencia junto con los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, según ha indicado el consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, quien ha apuntado que se sienten “satisfechos” de que se reconozca que se trataba de obras “necesarias”, que no se acometieron por el club ni por el equipo de Gobierno anterior.

Y ha añadido que “si responsables de Urbanismo y Deportes hubieran hecho sus deberes y hubieran querido defender el interés general y económico del Ayuntamiento por encima de sus relaciones con la directiva del club atando todos los cabos sueltos, hoy la ciudad se podría haber ahorrado los 106.245 euros”.

El Ayuntamiento cifra en casi 4 millones el IBI que no ingresa de las fundaciones, muchas religiosas

El Ayuntamiento de Zaragoza ha cifrado en 3.892.074 euros la cantidad que deja de ingresar por concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) proveniente de fundaciones exentas de este tributo de titularidad municipal.

El Gobierno municipal de Zaragoza en Común ha publicado un listado completo en el portal de transparencia de la web del Consistorio con los 913 inmuebles exentos del pago de este tributo que grava el valor catastral.

Fuentes municipales han explicado a través de una nota de prensa que más de la mitad de la cantidad, en concreto 2.262.203 euros, corresponde a entidades religiosas, exentas por la Ley de Fundaciones y por el Concordato del Estado Español con la Santa Sede (en la foto superior, una iglesia de la calle Honorio García Condoy que no paga IBI, según el listado municipal).

Vinculadas a la Iglesia Católica

La mayoría de estas fundaciones están vinculadas a la Iglesia Católica y, según cifras del consistorio, algunas de las cantidades que pagarían si se aplicara el impuesto superan los 200.000 euros por usos deportivos o los 50.000 euros por usos de oficinas.

“En total son 581 recibos de propiedades exentas de este impuesto que cobra el Ayuntamiento, a todos los ciudadanos, en aplicación de la Ley de Fundaciones y por el Concordato del Estado Español con la Santa Sede”, han concretado en la citada nota de prensa.

Entre ellos se incluyen iglesias, centros educativos, viviendas, locales, solares, garajes, centros deportivos, residencias, comercios y pequeñas industrias, han detallado.

Otras entidades

Además de las entidades religiosas, hay otros 332 usos que pertenecen a otro tipo de fundaciones como bancarias, deportivas, empresariales, sindicales o culturales que también están exentas de IBI y que, según ha informado el Ayuntamiento, “sacan beneficios comerciales de locales, pisos, oficinas, comercios o garajes”.

El consejero de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha señalado que las leyes deben modificarse en el Congreso de los Diputados para terminar con lo que considera como una “situación injusta” para la ciudadanía.

“¿Cómo puede cambiar eso? De una forma más o menos sencilla”, ha valorado Rivarés, quien ha propuesto una iniciativa parlamentaria para “anular o modificar al menos” el Concordato y que “permita además en la Ley de Fundaciones que quien de verdad genera lucro aporte en función de tasas a la ciudad”, ha completado.

“Porque si no, estamos mintiendo: estamos hablando de espacios que aparentemente no tienen lucro pero que sí están ingresando dinero”, ha concluido el consejero municipal de Zaragoza en Común.

El TSJA paraliza el pago de 9 millones por parte del Ayuntamiento al Tiro Pichón

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado un auto en el que ordena paralizar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condena al Ayuntamiento de Zaragoza a pagar al Tiró de Pichón nueve millones de euros por unas expropiaciones de terrenos hasta que se dirima en la sala de lo Contencioso-Administrativo si lo suelos son de dominio público y, por tanto, no expropiables.

Con este auto del TSJA, se da la razón al Ayuntamiento de Zaragoza para iniciar la revisión del proceso expropiatorio de los terrenos del Tiro Pichón, que deberá contar con un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Aragón.

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) tras conocer el auto del TSJA ha considerado que “hay argumentos jurídicos para revisar la expropiación de estos terrenos de dominio público hidráulico y comprobar si el expediente inicial fue nulo respeto a la expropiación”, ha señalado el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés.

Hasta que dicho expediente no se concluya, se suspende cautelarmente la ejecución de la sentencia del Supremo y por tanto el pago de los nueve millones de euros al club, ubicado próximo a la ribera del Ebro, el barrio de La Almozara.

Una “gran noticia”

“Ahora esta sentencia dice que no hay que pagar porque está por demostrar que los suelos expropiados sean propiedad privada del Tiro de Pichón. Existe la posibilidad, más que clara, como dice un documento de la CHE que alegó el Ayuntamiento, que ya eran suelos públicos municipales y no eran expropiables. Por tanto no hay que pagar al Tiro Pichón lo que no es suyo”, ha resumido Rivarés.

A su parecer, se trata de una “gran noticia que avala la posición del Gobierno municipal y deja en ridículo a algún grupo municipal”, ha agregado.

Un tortuoso proceso

El Pleno municipal aprobó hace tres meses iniciar una revisión del proceso de expropiación de esos suelos, proceso que se enmarcó en el plan de Recuperación de Riberas con motivo de la Expo, hace once años, y que afecta concretamente al tramo conocido como Fachada del barrio de La Almozara en la orilla del Ebro.

Durante la tramitación del expediente, el año 2007, se obvió que parte de los terrenos era dominio público hidráulico, de la CHE, y nunca se tuvo en consideración esa información trascendental.

Una omisión, que de no haberse producido, habría evitado la fijación del pago de una indemnización multimillonaria. El Ayuntamiento de Zaragoza pide al Tribunal Supremo la revisión de la sentencia en 2017, pero el máximo tribunal no entra en el fondo de la cuestión para resolver el conflicto y mantiene el fallo inicial.

Entonces el Ayuntamiento de Zaragoza acuerda iniciar un expediente de revisión de procedimiento expropiatorio por entender que un bien de dominio público es inalienable y no susceptible de expropiación.

El acuerdo sale adelante con el voto en contra del Partido Popular. Dicho acuerdo plenario, se recurre por los propietarios del Tiro de Pichón y ahora el TSJA ha dicho que el Ayuntamiento de Zaragoza es competente para continuar con dicha revisión.