paralización

Paralizada la adjudicación de las 77 viviendas de los Depósitos de Pignatelli

El Gobierno de Zaragoza ha decidido este martes, en sesión extraordinaria, suspender el proceso de adjudicación de las 77 viviendas libres previstas en el entorno de los Depósitos de Pignatelli hasta que se resuelva el contencioso iniciado por el Gobierno de Aragón contra el expediente.

Esta decisión viene motivada por el hecho de que en dicho expediente se solapaban las obras de construcción de viviendas con las de urbanización de la zona, vinculando unas a otras, ha explicado en rueda de prensa el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano.

Prudencia

Ante esta situación, y pese a que el tribunal no impuso medidas cautelares tras la impugnación del Gobierno autonómico, el Ayuntamiento ha optado por mostrarse “prudente” y “respetuoso” con las resoluciones judiciales y esperará la sentencia definitiva, que calculan que tardará entre 6 y 7 meses.

Serrano ha indicado que en este momento se debía convocar a la mesa para abrir los sobres -se habían presentado cuatro empresas a la licitación- y que el proceso “se retomará en cuanto sea prudente retomarlo”.

No obstante, ha recalcado que, dado que el proyecto de urbanización tampoco está elaborado, el retraso total en el expediente será algo menor, de entre 3 y 4 meses.

Iniciativa “rara”

El consejero ha calificado también el proyecto elaborado por la corporación anterior de “raro” y de obedecer a “determinadas prisas políticas”, al vincular la urbanización a la construcción de viviendas y ni siquiera especificar cómo debe producirse esa urbanización.

Sin embargo, ha señalado que no se prevén cambios en el proyecto de Depósitos del Pignatelli, aprobado por unanimidad durante el mandato anterior, ya que tampoco hay una redacción clara ni concreta en el mismo.

“No estamos rediseñando ni redefiniendo nada porque no estaba diseñado ni definido”, ha aseverado.

Del mismo modo, ha anunciado que iniciará conversaciones con el Gobierno de Aragón para ver si ambas instituciones pueden llegar a un acuerdo por el que no tengan que esperar a la resolución judicial.

Viviendas sociales de alquiler

Por otro lado, el Gobierno de la ciudad ha aprobado la cesión gratuita a la sociedad municipal Zaragoza Vivienda de 2.700 metros cuadrados de suelo para la construcción de las 30 viviendas protegidas en régimen de alquiler previstas en el mismo proyecto, con el compromiso de que los locales, las zonas verdes y los viales de acceso aparejados vuelvan a revertir en el Ayuntamiento.

No obstante, tampoco se podrán iniciar al no estar adjudicada la obra principal y, como consecuencia, las de urbanización, e irán todas ellas en un único proceso, ha añadido el consejero.

Entendimiento con la DGA

La portavoz del Gobierno municipal, María Navarro, ha resaltado que esta decisión obedece a dos aspectos fundamentales para la coalición PP-Cs: la prudencia y el diálogo con la DGA.

Prudencia porque, con la cantidad de sentencias condenatorias que acumula el Consistorio, no pueden “lanzarse a la justicia” como se ha hecho en mandatos anteriores sin estudiar profundamente los casos.

Diálogo con el Gobierno de Aragón, en todas las áreas y no solo en Urbanismo, porque “siempre será mejor llegar a acuerdos, con independencia del color político, que judicializar la política”, ha remachado.

Entidades sociales reclaman al TSJA la paralización inmediata de las obras de Torre Village

Varias entidades sociales han reclamado la ejecución de la sentencia judicial del Tribunal Supremo que avala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en la que se declara “nulo de pleno derecho” el plan especial de Torre Village y, por tanto, exigen la paralización de las obras.

A raíz de estas sentencias, las asociaciones y entidades sociales que interpusieron recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que aprobó el Plan Especial del área de Intervención H-61-5, promovido por Iberebro, S.A. (propiedad de la familia Solans, dueña de Pikolín), han vuelto a dirigirse al TSJA reclamando la ejecución de la sentencia que debería suponer la paralización de las obras actualmente en curso de la nueva gran superficie comercial en los terrenos de la antigua fábrica Pikolín, en la carretera de Logroño.

Los demandantes solicitan además que sean declaradas nulas las licencias de actividad y de obras concedidas con fecha 25 de abril de 2019 por el consejo de Gerencia del Ayuntamiento de Zaragoza (con los votos favorables de PP, PSOE y Ciudadanos) en sesión extraordinaria y urgente, ya que tienen su fundamento urbanístico “única y exclusivamente en el Plan Especial que ha sido declarado nulo de pleno derecho y, por tanto, son totalmente incompatibles con la resolución judicial cuya ejecución se solicita”.

Connivencia municipal

También se han referido los demandantes a que no es necesario aportar caución (por los perjuicios que pudieran derivarse) alguna, ya que “los promotores son claramente conocedores de la situación creada con la resolución, dándose la circunstancia que podrían aprovechar sus propiedades siguiendo las líneas del planeamiento general”.

Además han observado que “es evidente que ha existido la connivencia municipal a la hora de la tramitación, ya que no se comprende por qué se tramitan cuatro licencias por el procedimiento de urgencia si no es porque la corporación quedará disuelta en breve como consecuencia de nuevas elecciones locales”.

Las entidades que han suscrito esta petición (en la imagen superior de Europa Press, representantes de las mismas a las puertas del TSJA) son la Federación Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Asociación Yo compro en Las Fuentes y alrededores, Asociación San José Barrio Comercial, Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la provincia de Huesca, Ecologistas en Acción-Ecofontaneros, Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, Izquierda Unida Aragón, Podemos Aragón y Zaragoza en Común (ZeC).

Lambán y Santisteve se reprochan mutuamente no haber logrado reformar el ICA

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha considerado este martes que “empieza a ser casi utópico” pensar ahora que se puede reformar el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), mientras que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, le ha urgido a dialogar “sin chantajes”. Ambos mandatarios han responsabilizado al oponente de paralizar los cambios en el polémico impuesto.

En declaraciones a los medios de comunicación, durante la inauguración de SMAGUA, Javier Lambán ha insistido en que este gravamen “no es, en absoluto, injusto”, aunque sí “se puede perfeccionar”, recordando que el Gobierno aragonés ha planteado ya una propuesta de reforma con la que –ha afirmado– Podemos “se ha manifestado de una manera discreta casi siempre de acuerdo”. (En la foto superior de Aragón Digital, Lambán (primero por la izda) y Santisteve (segundo por la dcha), durante la inauguración de la feria Smagua)

Sin embargo, “ha habido un obstáculo insalvable”, que el Ayuntamiento de Zaragoza “en vez de tratar de solucionar” el conflicto “ha tratado de mantenerlo vivo, entendiendo que le favorecía electoralmente”.

Réplica del alcalde

El presidente de la Comunidad Autónoma ha asegurado que reformar el gravamen “no es una prioridad” para Aragón y que el Ejecutivo ya ha tomado algunas decisiones, como acabar con el sistema concesional y recuperar la depuración para la iniciativa pública “y lo del ICA, los políticos dirán o diremos”.

Por su parte, el alcalde ha dicho que “no hemos recibido ninguna propuesta del ICA” y ha advertido de que “mientras el Gobierno se dedique a hablar con el Ayuntamiento a través de los medios y a echar la patata caliente no se sabe adónde, no llegaremos a ningún lado”.

“Hay que hablar sin imposiciones, sin sacar a los zaragozanos 20 millones al año sin ninguna garantía de que ese dinero vaya a revertir y sin la posibilidad de que los recibos sean verdaderamente progresivos y tiendan al ahorro de agua y a cumplir el criterio de ‘quien contamina paga”, ha concluido Pedro Santisteve.

El Ayuntamiento acusa al Tribunal de Contratos de valer intereses empresariales en Parques y Jardines

El Ayuntamiento de Zaragoza considera que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) favorece los intereses empresariales que están intentando paralizar el concurso del servicio municipal de Parques y Jardines. El gobierno municipal de ZeC considera que el tribunal no debe entrar a valorar cuestiones de forma, por las que ha dictado un nuevo rechazo a los pliegos del citado concurso, sino preocuparse por garantizar que respeten el ordenamiento administrativo y laboral.

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha asegurado que las decisiones del Tacpa les parecen “sospechosas” y que este tribunal “no está para esto”.

Este miércoles se conoció que la referida corte administrativa había dictado una segunda paralización del concurso para adjudicar el servicio de Parques y Jardines, atendiendo a un recurso presentado por la empresa Perica, socia de FCC (última adjudicataria del servicio),  porque pese a  haber “validado íntegramente el contenido de los pliegos”, adujo que lo que fue una “corrección” de un error debió haber sido una “modificación” del pliego, explicó el mismo miércoles la concejala de Medio Ambiente, Teresa Artigas.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos ha explicado que la patronal del sector, agrupada en la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (Aseja), así como la referida empresa Perica habían presentado hasta cinco recursos contra los pliegos de Parques y Jardines, a las que se añadió otro más de UGT que fue rechazado en su momento por el Tacpa.

Estrategia de dilación

Cubero considera que se trata de “una estrategia” encaminada “no a preservar que el concurso respete la legislación”, sino a “favorecer los intereses empresariales”, y más en concreto, “a evitar que se apliquen las cláusulas sociales que protegen a los trabajadores en los nuevos pliegos”.

“Esto debería haberlo visto el Tacpa y tendría que haber desestimado los recursos”, ha asegurado el concejal, quien ha remarcado que el Tacpa ya había rechazado un recurso de Aseja contra las 21 cláusulas sociales del concurso.

Tras la decisión sobre la reclamación de la empresa Perica, el Tacpa todavía debe pronunciarse sobre otra reclamación pendiente por parte de Aseja. “No entendemos que no haya dictado sentencia ya sobre este recurso”, considera Cubero, quien se ha quejado de las dilaciones que está sufriendo el proceso de adjudicación de la nueva contrata por los sucesivos recursos y por la tardanza del Tacpa en pronunciarse sobre los mismos.

A este respecto, el concejal ha indicado que el Ayuntamiento se ha dirigido al tribunal para que agilice la toma de decisiones y no se demore más el proceso, “una situación que sólo beneficia a las empresas y que perjudica a la ciudadanía zaragozana”.

Su comentario hace referencia a que mientras se gestiona la tramitación del nuevo concurso, el servicio de Parques y Jardines sigue siendo cubierto por la última adjudicataria, la empresa FCC, quien al no haber contrato factura mensualmente al Ayuntamiento, lo cual encarece los costes e impide la incorporación de mejoras en el servicio contempladas en la nueva contrata y que Cubero valora en 2,5 millones de euros.

La jueza deniega la paralización de las obras de la calle Don Jaime

La magistrada del juzgado contencioso-administrativo número 5 de Zaragoza ha dictado hoy un auto en el que deniega la paralización de las obras en la calle Don Jaime como medida cautelar, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

En su auto, la magistrada sostiene que la paralización las obras, solicitada por la asociación de vecinos, consumidores y usuarios del centro histórico de Zaragoza “Reyes de Aragón”, perjudicaría a los ciudadanos, comerciantes, proveedores, turistas y a los vecinos de los inmuebles de la calle Don Jaime y adyacentes, que verían extendida en el tiempo las afecciones inevitables (pavimento sin reponer, restricciones del tráfico) en toda obra viaria.

“Unas obras inconclusas generarían a los ciudadanos mayores perjuicios que los que se pretenden evitar con la paralización de las mismas; y en todo caso existe un interés público evidente que ha de situarse por encima del de la parte recurrente”, afirma la magistrada.

Por ello, deniega la adopción de medidas cautelares en su auto, que puede recurrirse ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en un plazo de 15 días.

El juzgado deniega la petición de paralizar las obras de Don Jaime

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza no ha admitido la medida cautelarísima de paralizar las obras de elevación de la calzada en la calle Don Jaime I, solicitada por la Asociación de Vecinos Reyes de Aragón, con el apoyo de comerciantes y algunas asociaciones vecinales.

La Asociación Reyes de Aragón solicitó la medida cautelarísima de suspensión de ejecución de las obras, al considerar, que como han comenzado este lunes, 22 de octubre de 2018, no están avanzadas y por tanto no se perjudica el interés público, siendo preferible que se paralice en este momento inicial.

En el recurso, se argumenta que hay “manifiestos incumplimientos legales” perpetrados por el Ayuntamiento de Zaragoza. Entre ellos, la “vulneración” de la Ley de Contratos del Sector Público por no haber existido ni concurrencia, ni adjudicación, ni transparencia, así como la “inexistencia” de un proyecto completo de la obra por tener un precio de más de 300.000 euros.

El auto judicial de la magistrada-juez María José Cía Benítez detalla que no se admite la medida cautelarísima solicitada porque “no se pone de manifiesto el concreto perjuicio que sufre la recurrente –los afectados– por la realización de las obras” (en la imagen superior de Europa Press).

No obstante, la juez accede a la medida cautelar para escuchar a la parte demandada, el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre las múltiples acusaciones de delitos que argumentan los afectados de elevación de la calzada en la calle Don Jaime.

Incumplimientos

Entre los “incumplimientos” legales por parte del Ayuntamiento, los recurrentes sostienen que no existe un proyecto de obra completo que abarque toda la calle, dado que los proyectos de obras que superen los 300.506,05 euros, y sucede en las obras de Don Jaime, hubiera permitido a la Asociación –y al resto de interesados y afectados– presentar las alegaciones convenientes.

El recurso contencioso administrativo argumenta también que el Consistorio “incumple” la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que impone al Ayuntamiento de Zaragoza la obligación de licitar dicho proyecto de obras una vez aprobado, puesto que “no ha existido ni publicidad, ni concurrencia, ni transparencia de la licitación, ni adjudicación, ni procedimiento alguno, ni formalización de los contratos”.

Con este auto judicial, el gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) deberá alegar todo lo que considere respecto a la medida cautelar de las obras de Don Jaime I para lo que dispone de un plazo máximo de dos días hábiles.

Recurso judicial para paralizar las obras de la calle Don Jaime

Los vecinos y comerciantes de la calle Don Jaime I han presentado un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Zaragoza para paralizar las obras de esa vía.

La Asociación de Vecinos, Consumidores y Usuarios del Centro Histórico de Zaragoza, ‘Reyes de Aragón’ ha interpuesto el recurso con la aprobación todas las asociaciones de vecinos y comerciantes de la zona, en el que se argumenta que “hay manifiestos incumplimientos legales perpetrados por el Ayuntamiento de Zaragoza”, entre ellos, la vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público por no haber existido ni concurrencia, ni adjudicación, ni transparencia, así como la inexistencia de un proyecto completo de la obra por tener un precio de más de 300.000 euros.

Además se ha solicitado la medida cautelarísima de suspensión de ejecución de las obras (imagen superior de Aragón TV), al considerar, que como comenzaron el lunes 22 de octubre de 2018, no están avanzadas y, por tanto, no se perjudica el interés público, siendo preferible que se paralice en este momento inicial.

Segunda fase

El pasado lunes, 22 de octubre, se inició la segunda fase de las obras de elevación de la calzada de la calle Don Jaime I. Desde la citada asociación se ha indicado que los afectados por estos trabajos se mostraron en contra a través de un manifiesto, y pidieron conocer a “las intenciones reales del gobierno de Zaragoza con la elevación de la calzada”.

Con ello, también se avisó de que si las obras no se paralizaban, se estudiaría plantear una demanda judicial contra el Consistorio.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, mantuvo conversaciones con varias asociaciones vecinales y de comerciantes implicadas por la obra, con las que llegó a un acuerdo sobre el desarrollo de la segunda fase de los trabajos de remodelación de la vía, con el compromiso de que en ésta se mantuviera el tráfico de transporte público, suministros y bicicletas.

Vecinos y comerciantes, contra la segunda fase de Don Jaime

Los vecinos y comerciantes de la calle Don Jaime I de la capital aragonesa se han unido bajo un manifiesto que exige la paralización de las obras “de inmediato”. Este lunes, 22 de octubre, está previsto el inicio de la segunda fase de los trabajos de elevación de la calzada de esta calle, tras el parón propiciado por las Fiestas del Pilar de las obras ya iniciadas a finales de agosto.

Por todo ello, ante la “indefensión” de los vecinos y comerciantes de la zona, se ha redactado un manifiesto de manera conjunta para exigir la paralización de la segunda fase de las obras de la calle Don Jaime. Consideran que el gobierno de Zaragoza en Común y, principalmente, el consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, están ejecutando “una peatonalización encubierta”.

Entienden que la afirmación, por parte de Zaragoza en Común, de que todos los vecinos y comerciantes están de acuerdo con la obra es “completamente falsa”. De hecho, aseguran que el 98 por ciento de los comercios y vecinos “no quieren la actuación proyectada”.

La queja pública se sustenta en que los afectados por las obras, vecinos y comerciantes, desconocen un plan de movilidad previo, un estudio del alcance de las consecuencias de la semi-peatonalización o el número de afecciones que produce la obra.

Paralización

Según consta en el manifiesto, debido a que es la segunda fase de las obras “podemos estar ante un fraccionamiento en la ejecución”. Es un proyecto sobre el que “no hemos tenido oportunidad de alegar, ni de opinar sobre el asunto para defender los intereses de nuestros representados”.

Por todo ello, se insta en el manifiesto a una serie de acciones. Entre ellas, la paralización de la obra que tiene que comenzar este lunes, el posicionamiento del resto de grupos políticos ante las obras previstas, la movilización de todos los actores perjudicados para defender sus intereses y, por último, no se descarta interponer una demanda en los tribunales de justicia.

El manifiesto está firmado por la Asociación de Vecinos Reyes de Aragón, la Asociación del Taxi, Asociación de Vecinos Picarral-Salvador Allende, Asociación de Vecinos Vadorrey, Asociación de Comerciantes del entorno Don Jaime I y varios representantes de la Junta del Distrito Arrabal.

El PSOE vuelve a bloquear el proyecto de viviendas en Pontoneros

El concejal de Vivienda y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha calificado de “mazazo” que el PSOE haya “bloqueado” el proyecto de rehabilitación y construcción de 63 apartamentos con usos comunes, algunos para estudiantes universitarios, en el antiguo cuartel de Pontoneros, en el distrito del Casco Histórico, y ha alertado de que la actitud de los socialistas “marca un antes y un después” en la relación con el equipo de gobierno.

De las tres plantas del edificio, el equipo de gobierno plantea dedicar la tercera a estudiantes universitarios de postgrado, pero el PSOE defiende que sea todo el edificio para ese uso, con la participación de la Universidad de Zaragoza, y que se integre como un equipamiento singular en la línea de convertir a Zaragoza en una ‘Smart City’.

En el consejo de administración de la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda, este punto del orden del día ha decaído al contar solo con el apoyo de Zaragoza en Común (ZeC) y CHA, mientras que se han posicionado en contra el PSOE, PP y Ciudadanos.

Híjar ha justificado el rechazo a la propuesta del PSOE porque “no es competencia municipal” realizar edificios para universitarios y en tal caso que, al menos, sea con el concurso de la Universidad y el Gobierno de Aragón, por lo que en aras al acuerdo se ha propuesto que un tercio sea para residencia de estudiantes al ser la opción intermedia.

Bloqueo al gobierno

En tono enérgico ha recordado que es la segunda votación efectiva y una vez más Pontoneros queda bloqueado en el consejo de administración y “esto es un antes y un después”, ha alertado para criticar el “mal uso” de los consejos de administración que se utilizan para el “bloqueo de las propuestas del equipo de gobierno”.

La inversión prevista son 6,5 millones de euros que forman parte de los acuerdos de presupuestos de 2016 y 17. Tras el rechazo el proyecto queda en espera y los más de 2,5 millones de euros en transferencias a Zaragoza-Vivienda quedan paralizadas.

“El edificio corre prisa rehabilitar porque se puede caer y esperamos que sea posible sacarlo adelante. No será un edificio al cien por cien residencia universitaria y no da más de si la negociación. El PSOE no está interesado en sacarlo adelante, sino que acabe el mandato sin iniciarlo y bloquean una inversión importante y un espacio simbólico”, ha detallado Híjar.

Explicación del PSOE

La concejal del grupo municipal del PSOE, Lola Campos, ha insistido en que el proyecto de Pontoneros sea un edificio singular y se convierta en un centro simbólico, dirigido a estudiantes, que albergue “retorno del talento y la inteligencia”, en la línea de convertir a la ciudad en una ‘Smart city’ y que cuente con la participación de la Universidad de Zaragoza.

Campos ha rechazado la propuesta del equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) de que se destine a este uso solo una de las tres plantas que tendría el edificio rehabilitado del antiguo cuartel de Pontoneros, en el Casco Histórico, mientras que las otras dos plantas serían apartamentos de alquiler social.

“Híjar ha venido a por guerra porque sabía que no iba a contar con el apoyo del PSOE y a pesar de eso lo ha sometido a votación” ha afeado Campos la decisión del concejal de Vivienda y Deporte.

“Híjar ha hecho un streptease de la negociación con el PSOE y le hemos replicado que la contraoferta de una planta para estudiantes era poco y le hemos pedido tiempo y hablar con la Universidad de Zaragoza para saber hasta qué punto le podría interesar y esa cita todavía no se ha producido”, ha sintetizado.

“Es verdad que el proyecto lleva retraso, pero se le puede dar la vuelta”, ha opinado para preguntar qué problema hay en dejarlo hasta concretar un “buen proyecto del agrado de todas las partes”. Ha abundado en que Híjar ha preferido “meter velocidad” y le ha dicho: “nuestros tiempos son distintos y también los enfoques y la forma de funcionar”.

Lambán remite la paralización del ICA a un informe jurídico, pero la ve improbable por cuestiones legales

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado en las Cortes que está a la espera de recibir un informe que determine si es legalmente posible paralizar el cobro del ICA (Impuesto de Contaminación de las Aguas), tal y como le ha solicitado Podemos para aprobar los presupuestos de la DGA y demanda un importante colectivo social. El dirigente socialista considera improbable la moratoria por cuestiones legales, pero desde la izquierda se le ha recordado que sí paralizó el impuesto a las estaciones de esquí por ocupación de espacios naturales.

El presidente de Aragón, que ha comparecido ante el pleno de las Cortes a petición propia para hablar del polémico impuesto (foto superior de cortesaragon.es), ha asegurado que tras recibir la solicitud de Podemos, encargó de inmediato un informe jurídico para valorar la moratoria del ICA.  “Creo que puede ser complicado que lo podamos llevar a efecto porque puede haber dificultades jurídicas e incluso con la propia Constitución española”, ha matizado Lambán.

Por contra, la diputada de IU, Patricia Luquin, haciéndose eco de las demandas de la rebelión cívica contra el impuesto y por una gestión pública del agua, ha puntualizado que “defendemos los impuestos ambientales, pero si demoran el impuesto del cable, el de las estaciones de esquí, ¿qué problema hay en paralizar el ICA?”.

La representante izquierdista le ha recordado a Lambán los miles de recursos contra el ICA y los impagos del tributo, porque “se recauda de forma injusta y es su responsabilidad resolver el problema”.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Nacho Escartín, ha recordado a Lambán que la reforma está en marcha por el acuerdo con su grupo para tramitar el presupuesto, y ha reiterado su petición de suspensión cautelar del cobro del ICA por ser “injusto y oscuro”, al tiempo que ha justificado la comisión de investigación sobre el plan de depuración por la “posible corrupción” que puede haber detrás.

Impuesto “correcto”

Lambán, por supuesto, no lo ve así, y aunque ha admitido que el impuesto es controvertido, rechaza que sea injusto porque su filosofía es “correcta”. Por ello su planteamiento es que los grupos parlamentarios deben alcanzar un consenso para una reforma “radical” y cuanto antes del Impuesto de Contaminación de las Aguas.

El dirigente socialista ha insistido en que el problema del ICA ha sido “heredado” por su Gobierno, que no ha sido bien entendido por la ciudadanía, con “demasiadas sombras de duda” y sobre el que hay varias líneas abiertas para solucionarlo, porque como otros impuestos, es susceptible de reforma.

Pero esa reforma, ha advertido al líder de Podemos Aragón, Nacho Escartín, se debe acometer con “responsabilidad” y sin crear inseguridades jurídicas, y de acuerdo con la legislación y los principios constitucionales que rigen la fiscalidad.

La reforma del ICA es un compromiso del Gobierno con Podemos para la tramitación de los presupuestos de este año, pero Lambán ha incidido en que ya se han dado pasos “irreversibles”, como la aprobación del techo de gasto, si bien ha asegurado que su gobierno estudiará cualquier propuesta que haga la formación moradaEn ese aspecto, ha apuntado que la moratoria en la aplicación del ICA que reclaman Podemos y la Red del Agua Pública de Aragón (RAPA) parece desde el punto de vista legal muy complicada.

También ha reclamado que se deje de hacer demagogia con la solidaridad y de decir que los zaragozanos han pagado su depuradora y ahora se les pide un esfuerzo, porque sacar a miles de ciudadanos a las calles en contra de un impuesto “es una de las tareas más sencillas que cabe imaginar”.

Pagar los impuestos “justos”

Pero la izquierda, ha dicho, debe tener cuidado con estos planteamientos porque se puede acabar con la cultura de la fiscalidad tan importante para hacer políticas progresistas.

“A ver si no vamos a poder hablar de un impuesto que creó la derecha”, ha reclamado el líder de Podemos, Nacho Escartín, ante aquellos que han alarmado de lo inapropiado de elevar el debate respecto a un impuesto. “No es no pagar impuestos, sino pagar los que sean justos”.

Y es que, este impuesto, fruto del Plan de Depuración, ha remarcado, “se hizo bajo la lógica privatizadora y el sobredimensionamiento de las depuradoras” proyectadas, y era algo “disparatadamente insostenible”, además de “una estafa escandalosa para los pueblos del Pirineo”.

Carga fiscal

Por lo que respecta a los restantes grupos, Luis María Beamonte, del PP, tras opinar que Podemos “ha cogido la medida” a Lambán para condicionarle el presupuesto, ha afirmado que lo ocurrido con el ICA es expresión del hartazgo de la ciudadanía con una “brutal carga fiscal” y defendido su reforma, pero con criterios técnicos y garantías jurídicas.

Susana Gaspar, de Ciudadanos, ha hecho hincapié en que el impuesto está mal planteado y genera confusión, ha recordado a Lambán que la responsabilidad impositiva es de su Gobierno y se ha mostrado convencida de que no habrá dificultades para que las enmiendas de su grupo al presupuesto de este año, para recuperar las bonificaciones de 2016, se aprueben.

Javier Sada, del PSOE, ha resaltado que el Gobierno de Lamban decidió “no mirar para otro lado” y cambiar el sistema para impulsar la depuración, ha destacado la voluntad de acuerdo en torno al ICA de los grupos y defendido afrontarlo desde la solidaridad, como la educación, la sanidad o la dependencia.

Gregorio Briz, de CHA, ha admitido que es necesario revisar el ICA, pero ha considerado que los grupos de izquierdas no deben construir relatos en contra de los impuestos que son necesarios para mantener el estado del bienestar.