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PP, PSOE y Cs votan a favor de paralizar la regulación de los patinetes

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos favorables de PP, PSOE y Cs, y la oposición de ZeC y CHA, ha resuelto este viernes 21 de diciembre que debería paralizarse el proceso de regulación de los patinetes, para solicitar la elaboración de un estudio técnico con arreglo al cual elaborar posteriormente una ordenanza completa sobre movilidad compartida. La decisión adoptada no va a paralizar no obstante la iniciativa de ZeC para sacar cuanto antes un concurso para adjudicación de licencias de patinetes, porque la potestad corresponde al gobierno municipal.

La decisión plenaria ha venido motivada por la presentación de una moción por parte del grupo del PSOE para paralizar el proceso porque a su entender no se está desarrollando de forma correcta.

La concejala de Movilidad, Teresa Artigas (ZeC) ha sostenido que los técnicos municipales se han reunido en varias ocasiones con responsables de las cuatro empresas de patinetes presentes en la ciudad para extraer información sobre comportamientos de los usuarios, necesidades, etc.

“Fruto de ese trabajo es la memoria que se ha entregado a los grupos municipales”, ha indicado Artigas, quien ha insistido también en que la decisión de limitar la concesión a dos empresas y reducir la presencia de vehículos hasta 1.700 patinetes en toda la ciudad, así como la presencia en todos los distritos, provienen igualmente de esas conclusiones técnicas.

Artigas ha asegurado que esas medidas garantizan la presencia de patinetes en todos los barrios de la ciudad, a la vez que evitan la aglomeración de vehículos en determinados puntos y la sobreocupación de espacio público.

Voluntad de bloqueo

La concejala de ZeC ha espetado al PSOE que la presentación de esta moción para paralizar la regulación de los patinetes es una muestra más de su voluntad de bloquear la gestión municipal y le ha recriminado que no haya realizado aportaciones al proyecto del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en materia de movilidad compartida.

“Tienen cero voluntad constructiva en materia de movilidad, cuando los grupos progresistas podríamos ponernos fácilmente de acuerdo para elaborar una buena regulación”, ha sentenciado Artigas.

A ese respecto la concejala socialista Lola Ranera ha explicado que su negativa a aportar propuestas al PMUS era muestra de protesta por la decisión de ZeC en febrero de copar las sociedades municipales y ha acusado al gobierno municipal de “soberbia” en materia de movilidad.

Ranera ha defendido imitar la opción planteada por el Ayuntamiento de Madrid para regular las diferentes alternativas de movilidad ciudadana compartida: “En Madrid –ha apuntado- se ha realizado un estudio sobre el estado y capacidad de las infraestructuras de movilidad, sobre el uso del espacio público, etc. y posteriormente se ha elaborado una ordenanza que ha sido debatida en el pleno”.

Frente a esta postura, Ranera ha criticado la adoptada por ZeC, que “abusa de los órganos de contratación del gobierno y pone en marcha el proceso sin contar con los demás grupos”.

La concejala socialista ha criticado que hasta ayer por la tarde el gobierno municipal no les hubiera entregado una memoria, “que no estudio”, sobre los patinetes.

Por otro lado, ha incidido en que la regulación debería ser global, contemplando todas las modalidades de movilidad compartida (bicis, motos, coches) y no sólo los patinetes, para a partir de ahí determinar las condiciones de las concesiones, el número de patinetes en la calle, su circulación y su estacionamiento.

Una oportunidad

La concejala de CHA Leticia Crespo ha considerado por el contrario que la memoria facilitada el jueves por la concejala de Movilidad, Teresa Artigas, “es el equivalente al estudio que están solicitando” y ha insistido en la urgencia de regular la presencia de los patinetes eléctricos de uso compartido, una realidad que “nos ha superado a todos y se está haciendo lo posible por adecuar la situación al interés de la ciudadanía”.

Crespo ha defendido que se limite la actividad de las empresas de movilidad compartida para que “su presencia no suponga un perjuicio sino una oportunidad”, y ha insistido en que demorar la regulación “no es la respuesta”.

Por el contrario, el grupo de Ciudadanos, por boca de su concejal Alberto Casañal, se ha mostrado partidario de apoyar la moción socialista y ha reclamado a ZeC que cuente con los demás grupos para regular la movilidad compartida.

Por su parte, el concejal del PP Sebastián Contín ha recriminado al gobierno municipal el retraso de los planes reguladores y sus carencias como la falta de un perfil del contratante o la falta de un canon para las empresas potencialmente concesionarias, lo que a su juicio discrimina “al principal servicio de movilidad compartida que es el taxi y que abona sus correspondientes tasas”.

También ha censurado la limitación de empresas y la reducción del número de patinetes, “que debería atender a la demanda que se produzca”, así como la intervención del gobierno municipal en las condiciones de contratación por parte de las concesionarias.

El TSJA paraliza el pago de 9 millones por parte del Ayuntamiento al Tiro Pichón

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado un auto en el que ordena paralizar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condena al Ayuntamiento de Zaragoza a pagar al Tiró de Pichón nueve millones de euros por unas expropiaciones de terrenos hasta que se dirima en la sala de lo Contencioso-Administrativo si lo suelos son de dominio público y, por tanto, no expropiables.

Con este auto del TSJA, se da la razón al Ayuntamiento de Zaragoza para iniciar la revisión del proceso expropiatorio de los terrenos del Tiro Pichón, que deberá contar con un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Aragón.

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) tras conocer el auto del TSJA ha considerado que “hay argumentos jurídicos para revisar la expropiación de estos terrenos de dominio público hidráulico y comprobar si el expediente inicial fue nulo respeto a la expropiación”, ha señalado el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés.

Hasta que dicho expediente no se concluya, se suspende cautelarmente la ejecución de la sentencia del Supremo y por tanto el pago de los nueve millones de euros al club, ubicado próximo a la ribera del Ebro, el barrio de La Almozara.

Una “gran noticia”

“Ahora esta sentencia dice que no hay que pagar porque está por demostrar que los suelos expropiados sean propiedad privada del Tiro de Pichón. Existe la posibilidad, más que clara, como dice un documento de la CHE que alegó el Ayuntamiento, que ya eran suelos públicos municipales y no eran expropiables. Por tanto no hay que pagar al Tiro Pichón lo que no es suyo”, ha resumido Rivarés.

A su parecer, se trata de una “gran noticia que avala la posición del Gobierno municipal y deja en ridículo a algún grupo municipal”, ha agregado.

Un tortuoso proceso

El Pleno municipal aprobó hace tres meses iniciar una revisión del proceso de expropiación de esos suelos, proceso que se enmarcó en el plan de Recuperación de Riberas con motivo de la Expo, hace once años, y que afecta concretamente al tramo conocido como Fachada del barrio de La Almozara en la orilla del Ebro.

Durante la tramitación del expediente, el año 2007, se obvió que parte de los terrenos era dominio público hidráulico, de la CHE, y nunca se tuvo en consideración esa información trascendental.

Una omisión, que de no haberse producido, habría evitado la fijación del pago de una indemnización multimillonaria. El Ayuntamiento de Zaragoza pide al Tribunal Supremo la revisión de la sentencia en 2017, pero el máximo tribunal no entra en el fondo de la cuestión para resolver el conflicto y mantiene el fallo inicial.

Entonces el Ayuntamiento de Zaragoza acuerda iniciar un expediente de revisión de procedimiento expropiatorio por entender que un bien de dominio público es inalienable y no susceptible de expropiación.

El acuerdo sale adelante con el voto en contra del Partido Popular. Dicho acuerdo plenario, se recurre por los propietarios del Tiro de Pichón y ahora el TSJA ha dicho que el Ayuntamiento de Zaragoza es competente para continuar con dicha revisión.