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Las Unidades del Dolor en Aragón trabajan bajo mínimos mientras crecen las listas de espera

Las unidades de dolor de los hospitales aragoneses se encuentran en una situación “crítica” por falta de medios y especialistas, lo que ha provocado un aumento en la lista de espera y, por ende, un deterioro de la salud de estos pacientes que requieren un diagnóstico precoz para su recuperación.

Así se ha puesto de manifiesto en el XVI Congreso de la Sociedad Española del Dolor que se celebra este jueves en el Palacio de Congresos de Zaragoza con la participación de cerca de mil científicos y expertos procedentes de distintos puntos de España.

El dolor crónico, que afecta en Aragón al 17 % de la población, es decir a 225.000 aragoneses, puede estar asociado a otras patologías como el cáncer o la artritis, o manifestarse en forma de cefaleas, fibromialgia, lumbalgia o dolor de espalda mantenido en el tiempo.

La comunidad científica reconoce este tipo de dolor como un grave problema de salud pública debido al impacto que tiene en la vida del paciente.

Más recursos

Pero falta una mayor concienciación por parte del sistema sanitario, que conlleve un aumento de los recursos, ha explicado en rueda de prensa el presidente de la Sociedad Española del Dolor (SED), Juan Antonio Micó.

De hecho, desde esta organización aseguran que el tratamiento del dolor supondría un ahorro considerable para el Sistema Nacional de Salud, ya que el coste anual del dolor no tratado “alcanza los 20.000 millones de euros al año”.

Pero pese a ser uno de los principales motivos por el que los pacientes acuden al médico, las unidades de dolor en España no están lo suficientemente dotadas para atender estos casos, que además van en aumento debido al envejecimiento de la población.

De los más de 830 hospitales que hay en España, sólo existen 180 unidades de dolor, y no todas tienen los mismos recursos, ha detallado Micó.

Aumenta la lista de espera

En Aragón la situación de estas unidades es “insostenible”, según la presidenta del Comité Organizador del Congreso y médico especialista de la unidad del dolor en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

Rodrigo ha explicado que en esta unidad la lista de espera ha pasado de un mes a un año y medio en tan solo diez meses, debido a una reducción de plantilla del 50 %.

De los cuatro médicos especialistas que atendían esta unidad ahora sólo hay dos médicos. “Uno se ha jubilado y otro tiene una baja larga que no se ha cubierto”, ha relatado Rodrigo.

Aunque se volviera a una plantilla de cuatro médicos se tardaría tiempo en absorber la lista de espera generada durante este tiempo, ha añadido.

Falta de personal

La situación es similar en el resto de unidades del dolor, a excepción de la del Hospital Universitario Miguel Servet donde la demora no ha aumentado.

En el Hospital Royo Villanova sólo hay un especialista, mientras que en Teruel la jubilación del médico que llevaba esta unidad dejó a la provincia sin esta especialidad. Ahora se ha vuelto a poner en marcha, pero es “volver a comenzar de nuevo y sin que haya consulta todos los días”, ha lamentado.

Mientras, en Huesca sólo hay un rehabilitador a “tiempo parcial”, ha puntualizado.

Rodrigo ha insistido en las consecuencias que esta lista de espera tiene para los pacientes, ya que el tratamiento precoz favorece la recuperación. “No es lo mismo tratar un dolor lumbar de diez años que cogerlo con tiempo”, ha indicado.

Reorganizar los equipos

Las reivindicaciones de los médicos para estas unidades se centran sobre todo en crear equipos multidisciplinares, formados por distintos especialistas, desde anestesistas, psiquiatras, terapéuticas y rehabilitadores, para tratar el dolor de una forma integral.

Exigen también que estas unidades no dependan de otros servicios hospitalarios, sino que sean independientes para poder gestionar sus recursos, y que los médicos que trabajan en ellas lo hagan a tiempo completo.

La falta de recursos en estas unidades del dolor ha llevado a los pacientes afectados a crear una plataforma y a pedir amparo al Justicia de Aragón. E

Aprobado el plan de igualdad en el Salud, cuyo personal está formado en un 80% por mujeres

La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado hoy el Plan del Igualdad del Servicio Aragonés de Salud que tiene como objetivo que el hecho de ser mujer u hombre sea irrelevante desde el punto de vista de su acceso, carrera y promoción profesional, además de erradicar el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo.

El personal que trabaja para el Servicio Aragonés de Salud está compuesto mayoritariamente por personal de sexo femenino, con una proporción de un hombre por cada cuatro mujeres (19.337 mujeres y 4.871 hombres, según datos de 2016), informan fuentes del Gobierno de Aragón en una nota de prensa (en la imagen superior, personal del servicio de Oncología del Hospital Clínico, formado mayoritariamente por mujeres).

El plan establece una serie de medidas concretas, con un plazo de aplicación temporal, distribuidas en seis ejes: sensibilización y concienciación en igualdad; acceso al empleo público, selección de personal y provisión de puestos de trabajo; formación, desarrollo profesional o promoción profesional y clasificación profesional; condiciones de trabajo (régimen jurídico, vinculación, ordenación del tiempo de trabajo, retribuciones); salud laboral, prevención y protección contra el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, de opción sexual e identidad de género en el trabajo y conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral.

Lenguaje no sexista

Entre las medidas figuran elaborar una guía o manual interno sobre el uso no sexista del lenguaje en el ámbito sanitario; promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los órganos relacionados con procesos de selección de personal y provisión puestos de trabajo; formar en igualdad al personal que se incorpore a los Tribunales y Comisiones de Selección e incluir en los temarios de las pruebas selectivas temas relacionados con la normativa en materia de igualdad.

Especificar en las Ofertas de Empleo Público y en las convocatorias de pruebas selectivas para acceso al empleo público en el Salud, las medidas que se adoptan para evitar discriminación de mujeres en situación de embarazo y parto, lactancia e interrupción del embarazo, la posibilidad de aplazar fechas de exámenes y establecer otras medidas que faciliten su realización.

Otras medidas serían elaborar un plan de formación en “igualdad de género”, con sus materias, dirigido a los distintos niveles profesionales que se integre como parte del Plan de formación continua del Salud y revisar con perspectiva de género, y corregir en su caso, el modelo de incentivos incluidos en el contrato de gestión para que se vincule a resultados objetivos.

Campañas de sensibilización

También campañas de sensibilización en materia de seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos laborales, acoso sexual y por razón de sexo; eliminación de la violencia en el trabajo o impulsar la adopción de medidas para la retribución de las guardias y noches dejadas de realizar durante el embarazo y permiso por lactancia por motivos de salud o investigar y analizar las enfermedades derivadas del trabajo que han determinado las bajas laborales desde una perspectiva de genero

Adaptar la normativa reguladora de la carrera y promoción profesional para eliminar el impacto negativo que puedan tener las medidas de conciliación en su desarrollo profesional, analizar nuevos modelos de flexibilización de jornada y horarios así como el “uso racional de tiempos” y “economía del cuidado” atendiendo a las características del personal del Salud, serían otras de las 26 medidas recogidas en el plan.

La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado además la Oferta Pública de Empelo de 2018 con un total de 867 plazas, 580 de turno libre, 65 para diferentes colectivos (personas con discapacidad, víctimas del terrorismo) y 222 de promoción interna.

De las plazas de promoción interna, 55 se corresponden a médicos de familia, 8 a pediatras, 157 técnicos auxiliares de enfermería y 40 a técnicos auxiliares de farmacia, entre otras.

Asimismo se ha dado luz verde al Plan de Empleo del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos, en el que se incluye a los profesionales que estarán ubicados en la Plataforma Logística del Servicio Aragonés de Salud en Plaza.

Los bomberos precisarán 15 días más para retirar las ramas caídas por la tormenta del domingo

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha estimado que los bomberos necesitarán quince días más, hasta final del mes de agosto, para retirar las ramas de los árboles caídas por la fuerte tormenta de agua y viento del pasado domingo cuando se registraron 22,4 litros por metro cuadrado en unos minutos y rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora.

Además, Muñoz ha recordado que el parque del Tío Jorge permanecerá cerrado al público hasta el jueves, 23 de agosto, porque hay 28 árboles que generan peligro y tienen que ser talados. El nivel freático en esta zona verde está muy cercano y origina que las raíces sean pequeñas al no profundizar para buscar el agua creando un riesgo mayor de caída de los ejemplares.

“Estamos teniendo un verano catastrófico en este tema”, ha observado Muñoz, para contar que primero hay que retirar los árboles y luego la madera y la previsión es que se extienda hasta el día 23 de agosto, ha abundado.

En rueda de prensa, ha explicado que la tormenta de anoche no ha provocado incidencias en el arbolado, pero ha generado 51 llamadas por inundaciones de calles y los bomberos han tenido que achicar agua. “Todavía siguen en El Cachirulo, que tienen los transformadores desconectados, y en las calles Acacias y Lagos de Corona”, ha apostillado.

Servicios con poco personal

Todos los servicios trabajan muy intensamente y están “debilitados por que hay poca gente. La no cobertura de vacantes durante tanto tiempo por el bloqueo en la tasa de reposición, al cubrirse sólo el 50 por ciento de las jubilaciones, ha conllevado que se hayan perdido unas cien plazas anuales. Ahora estamos en proceso de oposiciones en todos los servicios”, ha expresado.

Ante las críticas de CCOO por hacer la convocatoria a finales de año en lugar de al principio, Muñoz ha contestado que “se acomete en el primer momento en el que Personal hizo el esfuerzo de empezar por las escalas inferiores ante falta de oficiales y ahora se está en la convocatoria de escalas superiores y hay en marcha una oposición de ingenieros, arquitectos y bomberos”.

Ha agregado que “todos los servicios reclaman personal. Yo en concreto preciso de ingenieros en Urbanismo y también hay problemas por falta de arquitectos”.

CCOO achaca el retraso en atender las incidencias de la tormenta a la falta de personal en Bomberos

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha achacado a la falta de plantilla de Cuerpo de Bomberos de Zaragoza el retraso en la atención de las incidencias provocadas por la tormenta en la ciudad el pasado domingo cuando se vivió un episodio de fuertes lluvias y vientos con rachas de más de 100 kilómetros por horas.

“La falta de plantilla de bomberos en general, en la ciudad de Zaragoza, y especialmente la falta de mandos, se está evidenciando este verano como consecuencia de las tormentas y de las rachas de viento”, han afirmado desde el sindicato mediante una nota de prensa.

Según han apuntado, “CCOO viene denunciando las carencias endémicas de la plantilla en este servicio, así como la falta de planificación por parte de los responsables políticos para ofrecer un servicio estructurado que permita dar respuesta efectiva a las emergencias en la ciudad”.

El sindicato ha afirmado además que, el pasado 13 de agosto, “se encontraban al frente del servicio de bomberos de Zaragoza dos subjefes de intervención (grupo C1) para atender los 80 servicios que se demandaron, sin que existiera ningún mando responsable de superior categoría”.

En estado de “mínimos”

Conforme a lo expuesto por CCOO, en los días posteriores se han dado situaciones parecidas con “ausencias en las plazas de oficiales subjefes y jefes de intervención” que se encuentran en “permanente estado de “mínimos”.

Si bien, desde CCOO han reconocido que las situaciones más urgentes se han atendido de forma rápida, al mismo tiempo han advertido de que el resto de actuaciones requeridas, como caída de ramas o aseguramiento de andamios, “se están viendo postergadas, durante varios días, ante la imposibilidad de atenderlas”.

Para el sindicato, “no se trata de tener un servicio sobredimensionado, pero sí de resolver las carencias históricas en cuya resolución este gobierno municipal no está siendo diligente”, han manifestado.

De esta manera, para CCOO esta situación se traduce en “la demora en la atención a las emergencias y en un incremento del riesgo que corren los profesionales al tener que actuar de forma precipitada y sin mandos que tomen las decisiones oportunas”.

Retraso de la oferta de empleo

Desde el sindicato han reclamado al gobierno municipal una “mayor planificación” para la cobertura de los puestos de mando, así como de las vacantes para puestos de bombero o conductor, que en la actualidad ascienden a 94.

En CCOO consideran que la solución pasaba por haber ejecutado la oferta de empleo de 2016 en el primer semestre de este año, que hubiera cubierto 23 puestos de mando, pero que por decisión del gobierno de la ciudad su cobertura se ha pospuesto para finales de este año.

Comisiones Obreras ha recomendado también “retomar la plaza de Oficial Bombero A1, dado que en la actualidad el servicio carece de técnico superior”. “Oposición paralizada que lleva con lista de admitidos y excluidos más de un año”, han apostillado.

Los 28 campos municipales de fútbol, con desfibriladores y maletines de reanimación cardíaca

Los 28 campos municipales de fútbol de Zaragoza cuentan ya con un desfibrilador semiautomático y un maletín de reanimación cardíaca, que podrían salvar la vida de una persona en una situación de parada cardiorespiratoria.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha invertido para ello 42.563,40 euros a través de un contrato que incluye la adquisición de los materiales y once cursos de formación oficiales para 88 alumnos.

Estos cursos, de 11 horas y para un máximo de ocho personas por sesión, están dirigidos fundamentalmente al personal de los clubes que gestionan los campos de fútbol, para que estén capacitados a la hora de afrontar una situación de parada cardiorespiratoria.

La empresa especializada ANEK-S3, adjudicataria de este contrato, ya ha comenzado a impartir estos cursos. A principios de julio, todos los clubes contarán ya con personal capacitado para utilizar los desfibriladores.

El acto de presentación de los equipos ha tenido lugar en el Campo Municipal de Fútbol de Ranillas, con la asistencia del concejal de Vivienda y Deporte, Pablo Híjar, y del representante de la Asociación Española contra la Muerte Súbdita (AEMS) Antonio Alcaide, quien es padre de Raúl Alcaide, el joven de 21 años que en 2014 falleció en este mismo campo cuando disputaba un partido de Primera Regional (en la foto superior de zaragoza.es, demostración para utilizar los nuevos equipos durante su presentación).

Zaragoza, referente

También ha estado presente el representante de la iniciativa Ganando Vidas, Jesús Gimeno, que en la actualidad lucha para que la nueva Ley aragonesa del Deporte incluya la obligatoriedad de contar con desfibriladores en todos los centros deportivos del país, tanto públicos como privados.

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha situado como referente a nivel aragonés y estatal, atendiendo a las reivindicaciones de estas entidades y apoyando la iniciativa para hacer obligatoria su adquisición en todos los recintos deportivos.

Los campos de fútbol se suman así al resto de instalaciones deportivas municipales (pabellones, piscinas de verano y equipamientos especializados) que ya cuentan también con aparatos de reanimación.

En otros centros deportivos

En concreto, los nuevos desfibriladores adquiridos con este contrato se han destinado a todos los campos de fútbol municipales a excepción de aquellos que ya lo tienen, suministrados por la Real Federación Español de Fútbol, por jugar sus clubes en Tercera División o Segunda B.

Es el caso del CMF La Almozara, gestionado por el CD Ebro, y desde esta próxima temporada los campos de Casetas y San Juan de Mozarrifar, recién ascendidos a Tercera.

El Ayuntamiento ha dotado también de nuevos equipos de reanimación al gimnasio Antonio Ochoa -ubicado en el Centro Deportivo Municipal Ciudad Jardín y en el que entrenan las Federaciones Aragonesas de Lucha y Halterofilia-, el Pabellón Deportivo Municipal Santo Domingo, gestionado por la Federación Aragonesa de Baloncesto, el Patinódromo, gestionado por la Federación Aragonesa de Patinaje, y el Campo Municipal de Béisbol.

El Justicia reclama a la DGA más personal en residencias de mayores

El Justicia de Aragón ha elevado una sugerencia al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón a través de la cual se pide que de la máxima prioridad y a la reforma de la normativa actual, de forma que se actualicen ratios de personal y se optimicen las condiciones laborales como garantía de calidad del servicio en los centros de mayores.

El Justicia de Aragón ha dado la razón a UGT en su queja presentada por la falta de personal en residencias de mayores. El sindicato ha deseado que la Consejería de Derechos Sociales y Ciudadanía del Gobierno autonómico tenga en cuenta “de forma inmediata” las sugerencias realizadas por la institución del Justiciazgo.

La Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha criticado en numerosas ocasiones que el número de trabajadores de atención directa en estos centros está “muy por debajo” del mínimo de personal necesario para atender a las personas mayores.

El sindicato ha explicado que aunque la administración ha aumentado el número de conciertos de camas a las empresas gestoras de estos centros, este incremento debe ir unido a una normativa de centros que exija a las empresas un “adecuado y suficiente personal” para “una atención de calidad”.

La normativa que regula las ratios de personal en Aragón es del año 1992 (Decreto 111/1992) desde FeSP UGT se considera que es una normativa “desfasada, anacrónica y que mantiene una situación generalizada de precariedad laboral”.

Control y seguimiento

El Justicia de Aragón también señala al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales que intensifique el control y seguimiento de los centros respecto a las ratios de personal establecidos por el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Aragón.

Este acuerdo que no se está cumpliendo en Aragón, regulaba las ratios de personal respecto a la atención directa de las personas dependientes en los centros residenciales y centros de día indicando unas ratios mínimas de personal (en la foto superior de la FABZ, protesta de familiares del centro de mayores de Utebo).

El Justicia de Aragón ha reclamado también al Departamento a que inste a las empresas a negociar un Convenio del sector de “buena fe”, ante el bloqueo de la negociación del Convenio Colectivo que finalizó en 2013 y que afecta a cerca de 10.000 trabajadores en Aragón.

Protesta de trabajadores

Por otro lado, trabajadores de centros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) se concentrarán el día 13 de junio para protestar por la falta de personal, la sobrecarga de trabajo y la necesidad de valoración de puestos y estudio de cargas.

La concentración de trabajadores será a las 12.00 horas frente a las puertas de los centros del IASS durante 15 minutos.

En Zaragoza, entre los espacios llamados a secundar esta protesta se encuentran la residencia de personas mayores Romareda y el Centro de Atención Discapacidad Intelectual CAMP-CADI.

El Ayuntamiento dotará de más recursos humanos y materiales al Centro de Protección Animal

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este viernes por unanimidad una moción de Ciudadanos por la que se insta al consistorio a dotar de los recursos humanos y materiales necesarios para el buen funcionamiento del servicio que se lleva a cabo en el Centro Municipal de Protección Animal en Peñaflor.

La propuesta pide, en su segundo punto, que se elabore un Plan Estratégico de Gestión Animal que revise los protocolos de acogida y adopción, para aumentar las campañas puntuales de responsabilidad ciudadana, realizar una promoción del propio CMPA y de su labor para lograr una mayor implicación de la ciudadanía a través del voluntariado.

Tras acordar una enmienda con el PP se ha incorporado un tercer punto que solicita al gobierno de la ciudad que entable negociaciones con el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para coordinar las tareas de recogida y acogida de animales, asegurando la atención a todos los animales “independientemente de su procedencia”.

La portavoz de C’s, Sara Fernández, ha indicado que el Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) atendió en 2017 a un total de 952 animales, de los que 711 fueron perros, con un índice de adopción del cien por cien. En las instalaciones de Peñaflor también se lleva a cabo la colocación de microchip, desparasitación interior y exterior, vacuna antirrábica.

Falta de personal

Fernández ha apuntado que hasta noviembre de 2017 era gestionado por una empresa externa y desde entonces se ha asumido la gestión directa y cinco trabajadores se encargan no solo de las instalaciones sino de todas sus actividades, un trabajo “imposible de asumir por esas cinco personas”.

Ha detallado que se trabaja en la construcción de un nuevo centro que atenderá la demanda real, pero “mientras, en este periodo de transición, hace falta que se dote al centro de los medios humanos y materiales necesarios”. Fernández ha agradecido su trabajo a los voluntarios, “pero jamás deberían sustituir a los trabajadores municipales”, ha dicho tajante, para preguntar cuándo y cómo se llevarán a cabo las seis nuevas contrataciones para estas instalaciones.

Actualmente, la plantilla de la Oficina de Protección Animal está integrada por dos operarios, un auxiliar administrativo, un oficial polivalente y un técnico, a los que se han incorporado dos operarios y un auxiliar administrativo en concepto de acumulación de tareas.

Centro más grande y moderno

Sara Fernández ha propuesto que se hagan más campañas de protección animal y adopción y que se de a conocer el trabajo que se lleva a cabo en estas instalaciones, así como facilitar el voluntariado, revisar los horarios del CMPA para facilitar “la interacción con los animales” y mejorar la atención profesional que se les presta.

“Hay que aprovechar este cambio de gestión para dar un impulso a la protección animal” y la coordinación con otras instituciones, como propone el PP, es “fundamental”, pero ha descartado que el CMPA tenga que hacerse cargo de la recogida de todos los animales abandonados de la Comunidad, porque es una competencia “que no le corresponde”.

El nuevo CMPA “por mucho que sea más grande y moderno no puede, por desgracia, asumir tantos animales como se abandonan en la Comunidad” y ha planteado al PP que revise su transacción para “sentarnos a hablar” con Gobierno de Aragón y Diputación de Zaragoza (DPZ) para evitar que haya animales que se queden sin atender, pero coordinando el servicio, “no asumamos lo que no nos corresponde”, ha dicho Fernández.

Centro público

Por su parte, el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha sostenido que en materia de protección animal “se ha avanzado mucho desde el consenso de todos los grupos políticos”.

Ha reconocido que la Oficina Municipal de Protección Animal necesita más personal porque el nuevo centro será cien por cien público, con mejores horarios de apertura, contará con la colaboración de voluntarios y, también, de otras instituciones para que ningún animal quede desatendido.

Cubero ha defendido que el centro tendrá calidad porque “será cien por cien público” y ha indicado que las instalaciones estarán antes de que finalice el año. Ha avanzado que se va a contratar a un veterinario y más operarios.

La dotación para la ayuda a domicilio a dependientes se incrementa un 41,7 por ciento

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado en su sesión de este martes 19 de diciembre los convenios de colaboración por los que se formaliza la encomienda del Gobierno de Aragón a determinadas entidades locales para la atención a personas en situación de dependencia a través del servicio de ayuda a domicilio. El importe total para 2018 es de 13.384.573,80 frente a los 9.442.533,90 euros que se destinaron para 2017, lo que supone un incremento de un 41,74%.

Además, estos convenios contemplan la financiación de los sueldos de 26 nuevos trabajadores que se encargarán de reforzar la gestión de estas ayudas (14 trabajadores sociales y 12 auxiliares administrativos).

Asimismo, la partida destinada a estos convenios permitirá incrementar el 20% las horas de atención a los dependientes por lo que se podrá atender a unas 1.750 personas más, en situación de dependencia, que en la actualidad.

Gestionada por las entidades locales

El servicio de ayuda a domicilio es un servicio social general cuya gestión corresponde a las entidades locales. No obstante, corresponde a la Administración General del Estado y a los gobiernos territoriales la atención a las personas en situación de dependencia y, en consecuencia, la financiación de los servicios y prestaciones a los que tengan derecho.

La prestación de este servicio por parte de las entidades locales permite gestionar de manera más eficaz y eficiente los recursos para atender las necesidades de la población.

En concreto, el servicio de ayuda a domicilio ofrece el apoyo necesario para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, favoreciendo de esta forma la permanencia en el domicilio del dependiente.

Además de con el Ayuntamiento de Zaragoza, los convenios aprobados en el Consejo de Gobierno se firmarán con las comarcas de La Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, La Ribagorza, Somontano, Cinca medio, La litera, los Monegros, Bajo Cinca, Cinco Villas, Tarazona-Moncayo, Campo de Borja, Aranda, Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja del Ebro, Comunidad de Calatayud, Cariñena, Campo de Belchite, Campo de Daroca, Bajo Martín, Jiloca, Cuencas Mineras, Andorra-Sierra de Arcos, Comunidad de Teruel, Maestrazgo, Sierra de Albarracín, Gúdar Javalambre y Matarraña. También incluye convenios con los ayuntamientos de Huesca, Calatayud, Utebo y Teruel y la Mancomunidad Bajo Gállego.

Todos los campos municipales de fútbol tendrán desfibrilador en unas semanas

Cada uno de los 28 campos municipales de fútbol de Zaragoza contarán, antes de final de año, con un desfibrilador. El Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado a licitación el contrato para adquirir estos aparatos de reanimación cardíaca con los que ya cuentan los centros deportivos municipales, y que a partir de ahora estarán también disponibles en los campos de fútbol.

La Concejalía de Vivienda y Deporte ha abierto el procedimiento para la compra de los desfibriladores, por un presupuesto de licitación de 58.427,42 euros (IVA incluido), que engloba la compra de los 28 desfibriladores junto a otros tantos maletines de reanimación -que incluyen botella de oxígeno y mascarillas, entre otros materiales-, y 11 cursos de formación oficiales para 88 alumnos y alumnas.

Estos cursos estarán dirigidos fundamentalmente al personal de los clubes que gestionan los campos de fútbol, para que estén capacitados a la hora de afrontar una situación de parada cardiorespiratoria.

Salvar vidas

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zaragoza logra el objetivo que se puso en marcha hace más de un año, para dotar a los equipamientos deportivos de la ciudad de estos dispositivos que, en ocasiones, pueden salvar la vida de una persona. Actualmente la legislación aragonesa no contempla su obligatoriedad, aunque sí lo recomienda para zonas de gran afluencia de público.

La iniciativa ha sido impulsada por el Servicio de Instalaciones Deportivas de la mano de los clubes de fútbol de la ciudad y con la especial colaboración de la Asociación Española contra la Muerte Súbita (AEMS).

Los usuarios de servicios sociales tendrán una oficina para participar en su gestión y formular quejas

El área municipal de Derechos Sociales va a poner en marcha una Oficina de Atención a la Ciudadanía y de Buenas Prácticas, que recogerá las quejas, sugerencias y proposiciones de las personas usuarias de los servicios sociales para mejorar la atención a ciudadanas y ciudadanos, centrándola en los derechos y deberes de los usuarios. La nueva oficina contará con una partida presupuestaria para su constitución en los presupuestos municipales de 2018 y se espera que esté en funcionamiento en el primer trimestre del próximo año.

El anuncio lo ha efectuado la vicealcaldesa de Zaragoza, Luisa Broto, en el IV Foro de Derechos Sociales de Zaragoza en Común, celebrado esta mañana del sábado 28 de octubre, y que ha clausurado el alcalde, Pedro Santisteve.

Broto ha subrayado que la puesta en marcha de esta nueva Oficina no suponía abrir una ventanilla de reclamaciones, sino un cambio crucial, “un punto y aparte en la estrategia de prestación de los servicios sociales, que a partir de ahora queremos desarrollar desde la mirada de las personas usuarias”, ha señalado la concejala.

Las personas usuarias, en el centro

La Oficina se diseñará teniendo como eje central los derechos y deberes de los usuarios, para desde allí estructurar  y organizar los ámbitos normativo y organizativo de la prestación de servicios, así como del personal que los gestiona y el refuerzo de la participación de los usuarios, que con la creación de este órgano será mucho más determinante.

Broto ha destacado “la fragilidad de los usuarios, a quienes muchas veces hay que enseñárles el camino hacia la atención que vienen a demandar, porque acuden encogidos y con vergüenza”. A esto ha añadido que las dificultades se agrandan con los diferentes criterios de atención en los distintos centros municipales y por la ausencia de mecanismos para canalizar las quejas y sugerencias.

La vicealacaldesa ha asegurado que “falta una cultura de calidad y falta colocar a las personas en el centro de la atención social”, A su juicio,  esta Oficina venía a paliar esa laguna, “fomentando la participación de la ciudadanía para mejorar el diseño y funcionamiento de los servicios”.

Los asistentes al Foro debaten sobre la nueva Oficina, cuyas características se especifican en la pantalla del fondo

Cuatro ejes

La Oficina de Atención a la Ciudadanía y de Buenas Prácticas se va a estructurar en cuatro ejes. El primero y fundamental será la promoción de los derechos y deberes de la ciudadanía.

En este apartado se contempla simplificar los documentos de solicitud de servicios sociales, así como implementar la transparencia, mejorar los procedimientos de acogida de los solicitantes y la formación continuada del personal del área en una nueva ética centrada en los usuarios.

Precisamente la ética en la actitud y las buenas prácticas del personal del departamento será el segundo eje de la Oficina, orientado a facilitar las quejas y sugerencias de los usuarios, difundir el derecho de reclamación, el seguimiento y mejora de los protocolos de atención a solicitantes, la supervisión de las prácticas de los profesionales, la difusión y promoción de los proyectos gestados en el área de Derechos Sociales y la elaboración de un informe anual sobre los derechos de la ciudadanía.

La atención a esa ciudadanía será el tercer objetivo de la nueva Oficina, que incorporará un registro de quejas y sugerencias, estudiará su tipología, hará un seguimiento de la resolución de las mismas y elaborará informes de mejora de los servicios.

El último y fundamental objetivo de la Oficina será el de promover la participación de las personas usuarias en la gestión de los servicios sociales.

En este punto se contempla la realización de encuentros con entidades, la difusión de campañas de actuación, la realización de jornadas de puertas abiertas en los centros de servicios sociales y la posibilidad de abrirlos también por las tardes, la creación de una comisión que supervise la calidad de la acción social y la promoción de la participación ciudadana en este ámbito.

Un “hecho diferencial”

Luisa Broto ha indicado que la Oficina se constituye como “elemento de control y supervisión para mejorar los servicios y para que se nos conozca mejor”, y ha añadido que su pretensión es crear entes de este tipo en otras áreas municipales.

La vicealcaldesa ha insistido en que se trataba de un proyecto con miras de futuro “que trasciende la actual legislatura” y que se trataba de un “hecho diferencial” en la concepción de los derechos sociales, al poner a los ciudadanos como eje central de los mismos, a los que se trataba de ofrecer “garantías y buen trato”.

La ubicación física de la Oficina todavía no está decidida, ni tampoco su personal, aunque es probable que la gestionen dos profesionales, cuya cualificación está por determinar.

La implantación de la Oficina implicará la puesta en marcha de mecanismos de transmisión de quejas y sugerencias de los usuarios en todos los centros sociales municipales, que el nuevo ente centralizará, así como las llegadas por vía digital, que también se facilitarán.