Pleno

El Pleno municipal reclama la declaración de emergencia climática

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este miércoles la propuesta de Podemos-Equo de instar al Gobierno de la ciudad a declarar la emergencia climática en Zaragoza y ser pioneros en España en tomar esta medida.

La moción ha contado con el apoyo del Partido Socialista y de Zaragoza en Común, mientras que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han optado por abstenerse, puesto que, a pesar de estar de acuerdo con la emergencia, no han logrado un acuerdo en cuanto a la composición del texto.

“El tiempo se ha acabado ya”, ha manifestado el portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, quien ha incidido en la defensa de la moción en que los registros más calurosos y desordenados desde que existen datos se han registrado en 2015, 2016, 2017 y 2018 y que desde febrero de 1985 todos los meses han sido mas calurosos que la media de siglo XX.

Cambio de paradigma

El concejal ha defendido que las ciudades son las principales responsables, por lo que es necesario un cambio de paradigma en movilidad, concienciación, hábitos de consumo, redefinición de la ciudad sin periferias insostenibles, empleo verde, transición energética, alimentación sostenible o equilibrio urbano.

La concejala delegada de Comercio, Carolina Andreu (PP), ha puesto el acento en el texto de la moción, que invita a “revertir” todas las políticas de su Gobierno relacionadas con la expansión urbana, comerciales y de movilidad no acordes con la declaración de emergencia.

“La emergencia climática es una realidad, pero quizás no lo son tanto las intenciones de la moción”, ha reprochado la edil, quien ha sostenido su compromiso por hacer de Zaragoza una ciudad sostenible, pero ha criticado que se traten de condicionar sus políticas municipales.

Emergencia “necesaria”

El portavoz de Zaragoza en Común y exalcalde, Pedro Santisteve, ha manifestado que la senda de la transición ecológica ya está trazada por el anterior Gobierno, que él mismo encabezó, por lo que ha considerado que ahora es necesario dar un paso más y declarar esta emergencia climática.

Los dos concejales de Vox se han unido al PP y a Ciudadanos en la abstención, al entender que declarar esta urgencia excede las competencias municipales.

Algo con lo que no ha coincidido el PSOE, cuya concejala Inés Ayala ha considerado en su intervención que la emergencia es necesaria, ya que servirá como “interruptor y acelerador” para tomar medidas que se pueden tomar a diario desde el consistorio.

Acuerdo sobre la organización y gestión municipal, más compleja y más cara por el pacto PP-Cs-Vox

Los seis grupos municipales han llegado a un acuerdo refrendado este jueves 4 de julio en el primer Pleno de la nueva legislatura, sobre la organización de la gestión en el Ayuntamiento de Zaragoza, que es más compleja, más amplia y más cara, debido a que el gobierno municipal PP-Cs, sellado por los ultraderechistas de Vox, ha extendido áreas y departamentos para satisfacer las ambiciones de ambos partidos. Pese a la novedad del ejecutivo local de derechas, se ha mantenido el habitual entendimiento entre las fuerzas políticas municipales, conformes con sus medios humanos y técnicos para desarrollar su actividad, así como con su presencia en sociedades y patronatos municipales, así como con la distribución de las presidencias de juntas de distrito.

El único punto que no ha salido adelante por unanimidad, al contar con la abstención de toda la oposición (PSOE, ZeC, Podemos y Vox), ha sido el relativo al nombramiento de varios altos cargos no funcionarios, entre los que se incluye el del exconcejal del PP Pedro Navarro.

A ese respecto, la portavoz del principal grupo de oposición, la socialista Pilar Alegría, ha subrayado que su grupo “no va a dar estabilidad a la inestabilidad” que le atribuye al nuevo gobierno municipal del tripartito de derechas, al que ha calificado como “gobierno espejo”, puesto que “cada vez que se miran surge la desconfianza entre ellos”.

Alegría ha insistido en que se trataba de un acuerdo sobre la organización municipal que no es mérito del nuevo ejecutivo, puesto que es “marca de la casa”, y ha recalcado que se estructuraba sobre la base de un gobierno “a tres bandas, porque por muchos eufemismos que le quieran poner, la ultraderecha de Vox es necesaria para aprobar cualquiera de sus iniciativas”.

Críticas de ZeC y Podemos

También se ha mostrado crítico el portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, quien ha contrapuesto la actitud del gobierno que presidió la pasada legislatura, “que comenzamos bajando los sueldos y reduciendo asesores”, frente a una estructura pensada “para contentar a los partidos aliados, para ocupar cargos y por intereses partidistas, como siempre ha hecho la derecha”.

En relación con ello, Santisteve se ha mostrado contrario a la distribución del gobierno en ocho áreas, lo mismo que el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, quien ha asegurado que la estructura gubernamental no estaba pensada en lograr una mayor eficacia, “sino en duplicar espacios para satisfacer a los partidos coaligados en el gobierno, para dar puestos a PP y a Ciudadanos”.

Rivarés ha recriminado a representantes de esos partidos que la pasada legislatura “no hacían mas que reclamar austeridad” y ahora que están en el poder, “incrementan el gasto, ampliando una estructura con más asesores, que va a resultar más cara para la ciudad”. “Este gobierno es más caro”, ha sentenciado Rivarés.

Trabajo digno

Pese a las críticas, los grupos minoritarios han expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado en junta de portavoces, que les posibilita para realizar un trabajo digno dentro del Ayuntamiento.

Una de las claves para facilitar la labor de los grupos con menos concejales es que pese a la existencia de ocho áreas de gobierno, éstas se van a reconvertir en cinco comisiones para facilitar el trabajo: se juntarán Cultura y Proyección Exterior con Participación y Relación con los Ciudadanos; Presidencia, Hacienda e Interior con Economía, Innovación y Empleo; y Urbanismo y Equipamientos con Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente.

A ellas se sumarán las comisiones de Servicios Públicos y Movilidad y la de Acción Social y Familia, mientras que el sistema de plenos no se modifica con respecto al anterior mandato, con una primera sesión mensual para aprobar los asuntos de gestión provenientes de las comisiones y otra, también mensual, dedicada al control del Gobierno y a las iniciativas de los grupos.

Los consejos de administración de las cuatro sociedades municipales -Zaragoza Vivienda, Zaragoza Deporte, Zaragoza Cultural y Ecociudad- estarán conformados por una representación proporcional de los grupos municipales, con tres representantes del PSOE, tres del PP, dos de Cs y uno de ZeC, Vox y Podemos.

La misma fórmula se aplicará en la Gerencia Municipal de Urbanismo y en el Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, el de Educación y Bibliotecas, el de Turismo y el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (Imefez).

Del mismo modo, la oposición mantendrá su representación en las sociedades participadas por el Ayuntamiento de la siguiente manera: Mercazaragoza (PSOE), Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (ZeC), Los Tranvías (Vox), Zaragoza Alta Velocidad (Podemos), Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (PSOE y ZeC) y Canal Imperial de Aragón (PSOE y Podemos).

Sólo un distrito para Vox

Por último, se ha pactado también la distribución de las juntas de distrito entre los diferentes partidos, aunque no se han incluido los nombres de sus presidentes.

En este apartado llama la atención que a Vox, cuyos dos votos son cruciales para la gestión del nuevo gobierno, sólo se le atribuye la presidencia de un distrito, cuando en el acuerdo de los ultraderechistas con PP y Cs se contemplaba que aquéllos regirían al menos dos juntas.

Esta circunstancia parece confirmar que el compromiso de los tres grupos de derecha, como ya ha adelantado en más de una ocasión el alcalde Jorge Azcón (PP), incluirá la posterior incorporación de Vox a otras áreas de gobierno, tal como les han exigido desde el primer momento los representantes de la ultraderecha, de forma que se garantice su imprescindible respaldo al Ejecutivo de la derecha.

Finalmente la distribución de los distritos queda de la siguiente forma: los populares presidirán Centro, Universidad, Casco Histórico, Oliver-Valdefierro y Santa Isabel; los socialistas se quedan con Las Fuentes, El Rabal, Delicias y La Almozara; Ciudadanos ostentará las juntas de San José, Distrito Sur y Miralbueno; ZeC obtiene la Junta de Torrero, Vox la de Casablanca y Podemos el distrito Actur-Parque Goya.

Designados los 27 diputados de la DPZ que se constituirá el próximo 1 de julio

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) se constituirá, con toda probabilidad, el próximo lunes 1 de julio, según han confirmado a Europa Press fuentes de la institución, después de que los partidos judiciales de cada formación, que ha obtenido representación electoral, hayan designado a los 27 concejales o alcaldes para ser diputados provinciales. El PSOE tiene mayoría en el órgano provincial y repetirá presidencia con Sánchez Quero de nuevo al frente.

Del resultado obtenido por los partidos en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo se deriva la representación que cada uno tendrá en número de diputados en la institución provincial.

El plenario de la corporación lo conforman 27 diputados de los que el PSOE ha obtenido trece, dos más que en la anterior legislatura, y únicamente le haría falta el apoyo o la abstención del diputado de En Común o del representante de Podemos-Equo para gobernar de nuevo la institución.

Al PP le corresponden ocho diputados; Ciudadanos, tres; En Común-IU, uno; Vox entra en la institución con un diputado; y Podemos tendrá un escaño. El Partido Aragonés y Chunta Aragonesista, que tenían un diputado cada uno, han perdido su representación en la DPZ tras las elecciones del 26 de mayo.

Diputados socialistas

El actual presidente en funciones de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha sido designado por unanimidad por el Comité Provincial del PSOE Zaragoza como candidato a la Presidencia de la Diputación de Zaragoza (DPZ), con el 93 por ciento de votos favorables.

Por otro lado, el pasado lunes, 17 de junio, la Ejecutiva provincial del PSOE Zaragoza seleccionó a los trece diputados provinciales que confirmarán el futuro Grupo Socialista en la Diputación de Zaragoza.

De este modo, por el partido judicial de Caspe será diputada María Pilar Mustieles; por el partido judicial de Calatayud, los diputados serán Juan Antonio Sánchez Quero y José Carlos Tirado; Óscar Lorente será diputado en representación del partido judicial de Daroca.

Por el partido judicial de Ejea los diputados serán Teresa Ladrero y Alfredo Zaldivar; por el partido judicial de Tarazona, el diputado será Francisco Compés; y por el partido judicial de Zaragoza ocuparán el escaño de diputados Francisco Compés, Cristina Palacín, Víctor Chueca, Mercedes Trébol, Miguel Sanz y Rosa Cihuelo.

Otros grupos

Los ocho diputados del PP son el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, Francisco Artajona Ramón, quien ha sido el portavoz del anterior mandato; la concejal del Ayuntamiento de Plasencia, Inmaculada de Francisco Trigo; el concejal del Ayuntamiento de Calatayud, José Manuel Gimeno; y el alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea.

El listado del PP se completa con el alcalde de Tauste, Miguel Ángel Francés; el alcalde de Figueruelas, Luis Bertol; la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Utebo, María Ángeles Larraz; y la alcaldesa de Olvés, Iluminada Ustero.

Los tres diputados de Ciudadanos son el concejal de Fuentes de Ebro, Conrado Gayán; el concejal de Villanueva de Gállego, Nicolás Cativiela; y la concejala de Lumpiaque, Blanca Cebollada.

El escaño de Podemos lo ocupará la concejal de La Puebla de Alfindén, Susana Laruga. Por el grupo En Común-IU estará la concejal del Ayuntamiento de Alagón, Elena García, y el único escaño que también le corresponde a Vox en la DPZ será para el concejal de La Muela, Carlos Rodrigo Domínguez.

Los concejales zaragozanos se suben un 5% el sueldo justo antes de las elecciones

Los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza decidieron subirse el sueldo un 5% pocos días antes de las elecciones municipales que se celebran este domingo 26 de mayo. Un incremento global para todos ellos de casi 100.000 euros. La medida suscrita en junta de portavoces por representantes de todos los grupos políticos de la Corporación el pasado 16 de mayo, fue ratificada en el Pleno del martes día 21 y ese mismo día el Gobierno municipal dio el visto bueno al expediente correspondiente, con la oposición del concejal de Hacienda, Fernando Rivarés, número dos de la candidatura de Podemos en los comicios del domingo, que se negó a asistir al consejo y no ratificó el acuerdo. Los ediles resolvieron aplicarse subidas salariales con efecto retroactivo desde 2017, aunque en el orden del día del Pleno sólo figuró el incremento correspondiente a 2019.

La junta de portavoces municipal se reunió el pasado 16 de mayo para debatir sobre la oportunidad de celebrar un Pleno municipal antes de las elecciones con el fin de aprobar las modificaciones de crédito necesarias para pagar las subvenciones a las entidades sociales de la ciudad y para aplicar la subida salarial del 2,25% a la plantilla municipal correspondiente a este año 2019.

Las citadas modificaciones de crédito hacían referencia al traspaso de partidas dentro del presupuesto prorrogado de 2018, puesto que la no aprobación del documento presupuestario de 2019 impedía afrontar los desembolsos necesarios para sufragar las ayudas a entidades sociales y para la subida salarial de los empleados municipales.

Los representantes de todos los grupos políticos resolvieron fijar la sesión plenaria para el martes día 21 con el fin de ratificar esas modificaciones de crédito, aprobadas en la correspondiente comisión de Hacienda y ya sometidas a exposición pública sin que se hubieran producido reclamaciones.

Subida salarial con efectos retroactivos

Pero los representantes municipales aprobaron también otro apartado, según corrobora el acta final de esa reunión. Allí se indica que el mismo día del Pleno y con posterioridad al mismo se reuniría el Gobierno municipal para adoptar los acuerdos necesarios para el incremento de las retribuciones del personal municipal en la nómina de mayo, antes por tanto de que se celebren las elecciones, “así como para la actualización de las retribuciones de los miembros de la Corporación y órganos directivos con efectos desde 2017”.

El acta fue ratificada por los portavoces Jorge Azcón (PP, candidato a la alcaldía por esta misma formación en los comicios del domingo), Pablo Muñoz (ZeC), Carlos Pérez Anadón (PSOE), Sara Fernández (Cs, también candidata a la alcaldía) y la portavoz adjunta de CHA, Leticia Crespo.

El acuerdo adoptado implica que los salarios de los concejales zaragozanos se incrementarán un 1% correspondiente al ejercicio de 2017; un 1,5% en el ejercicio de 2018, más un 0,25% adicional ese mismo año; y un 2,25% (como la plantilla municipal) en 2019. En total, un incremento del 5%.

En el acuerdo adoptado por el Gobierno municipal el martes 21 de mayo se justifica el aumento salarial de los ediles porque “procede actualizar las retribuciones de los miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Zaragoza de los años 2017 y 2018 para ser adaptadas a los incrementos retributivos establecidos en la ley 3/2017, de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y en la ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018”.

Ingresos y monto total

En el mismo documento se especifica que los aumentos salariales del 5% global deben aplicarse a la siguiente tabla retributiva de ingresos brutos:

Alcalde: 75.750 euros anuales (5.410 euros mensuales)

Consejero de Gobierno: 72.720 € (5.194,29 €)

Portavoz de Grupo Municipal: 71.204,30 € (5.086,02 €)

Portavoz Comisión Plenaria Permanente: 67.620,72 € (4.830,05 €)

Portavoz Adjunto de Grupo Municipal: 67.620,72 € (4.830,05 €)

Concejal Delegado: 60.600 € (4.328,57 €)

Concejal: 59.236,79 € (4.231,20 €)

Asistencias a comisiones (concejales sin dedicación exclusiva): 24.240 € (1.731,43 €)

El acuerdo aprobado por el Gobierno municipal para su inmediata aplicación precisa también que las correcciones salariales a favor de los concejales zaragozanos correspondientes a 2017 suponen un monto global de 18.967,07 euros; las de 2018 ascienden a 33.159,12 euros; y las de 2019 suponen 43.949,45 euros. En total: 96.075,64 euros de subida de sueldo a repartirse los 31 miembros de la Corporación.

Negativa de Rivarés

El dinero para abonar los incrementos salariales de los ediles cuyo mandato toca a su fin en los próximos días sale de la modificación de crédito de cinco millones de euros calculada por la concejalía de Servicios Públicos y Personal, a cuyo frente se encuentra Alberto Cubero (número tres de la lista electoral de ZeC para este domingo), para afrontar la subida salarial de la plantilla municipal.

En concreto, Cubero presentó inicialmente una solicitud de 4,5 millones de euros en créditos extraordinarios para abonar los incrementos de sueldo. Pero posteriormente agregó una nueva modificación de créditos por valor de 500.000 euros con cargo al Fondo de Contingencia.

Su solicitud fue ratificada por el Pleno municipal y posteriormente ejecutada por el Gobierno municipal, del que se desmarcó el concejal de Hacienda, Fernando Rivarés, también de ZeC, aunque ahora enrolado en la candidatura electoral de Podemos-Equo y alejado en los últimos tiempos de la gestión de gobierno dirigida por el alcalde, Pedro Santisteve, candidato a la reelección por ZeC.

Respecto a su negativa a ratificar la subida salarial de los concejales, Rivarés ha señalado a Ten! Zaragoza que “durante toda la legislatura me he opuesto a la subida salarial a los concejales. Creo que disponemos de salarios mucho más que dignos para retribuir la labor que desarrollamos y además no me parece de recibo que nos los subamos teniendo en cuenta que miles de zaragozanas y zaragozanos declaran cobrar salarios de 12.000 euros anuales o menos”.

El Ayuntamiento modifica su plan de reducción de deuda para poder hacer inversiones

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este martes una modificación del plan de reducción de deuda para llegar al final de 2019 con un endeudamiento por debajo del límite legal del 110 por ciento, después de que Hacienda imputara como deuda los 189 millones de la línea 1 de tranvía.

Con esta propuesta, se pasan 21 millones de euros del remanente de tesorería a la amortización de créditos, con lo que se podían pedir hasta 27 millones de euros al Fondo de Impulso Económico (FIE) para pagar sentencias condenatorias.

Con estos datos, finalizaría 2019 con un 109,96 por ciento de deuda, cuatro centésimas por debajo del 110, límite legal para acceder al FIE y poder realizar inversiones.

No obstante, el consejero municipal de Economía, Fernando Rivarés (imagen superior), ha matizado que la previsión es que este año no será necesario pedir más de 8 millones para pagar sentencias, por lo que la cifra de endeudamiento final sería más holgada.

Rivarés ha planteado esta modificación “por responsabilidad”, ha asegurado, para dar margen de maniobra al gobierno que salga de las urnas el próximo 26 de mayo.

Críticas de la derecha

Desde el PP y Ciudadanos han afeado al equipo de gobierno esta modificación cuando los grupos de izquierda rechazaron la elaboración de un nuevo plan de reducción de deuda el mes masado.

Así, a juicio de la popular María Navarro, todo esto denota que la gestión económica de la izquierda ha sido “nefasta” para la ciudad y ha apuntado que el plan es insuficiente porque este año se reducirán los ingresos por la nueva bonificación a la plusvalía mortis causa y por la pendencia judicial del Ayuntamiento, de más de 200 millones de euros.

Por su parte, Sara Fernández (Cs) ha considerado que este plan va “muy justo” y que se podían haber planteado más medidas para reducir la deuda.

Frente a ellos, los otros dos grupos de la bancada de la izquierda (PSOE y CHA) han sumado sus votos a los de ZeC para sacar adelante el expediente.

El socialista Javier Trívez ha sostenido que esta medida es positiva con independencia de cuál sea el próximo gobierno de la ciudad.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha apoyado la propuesta por ser un “mal menor”, aunque ha solicitado al consejero que muestre que el plan tiene “el ok” del Ministerio para no llevarse sorpresas como con la imputación de la deuda del tranvía.

PP, PSOE y Cs tumban el cambio de nombre de calles avalado por expertos y por las leyes de memoria

PP, PSOE y Ciudadanos han vuelto a unir sus votos en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, esta vez para echar abajo el cambio de nombre de ocho calles de la ciudad, adscritas ahora a personajes relacionados con la dictadura franquista, para reconocer al ex Justicia Emilio Gastón y a siete destacadas mujeres del ámbito cultural y científico. Pese a que los cambios propuestos por el gobierno municipal de ZeC, y respaldados por CHA, contaban con el aval de expertos universitarios y se atenían al dictado de la ley estatal de memoria histórica y a la ley aragonesa de memoria democrática, los grupos críticos reclaman debate y negociación en los cambios de denominación de calles, además de que tanto PP como PSOE cuestionan algunas de las modificaciones.

El asunto ha dado lugar a una dura refriega verbal en el último Pleno de la actual legislatura municipal, que se ha abierto con la intervención desde el público de un representante de Vox (y ex concejal del PP) para oponerse al cambio de nombres porque responden “al sectarismo del alcalde”. Su intervención ha sido alabada por portavoz del PP, Jorge Azcón, quien ha subrayado que su grupo también se opone al cambio de nombres de calles, en un nuevo acercamiento de los populares hacia el partido ultraderechista.

De hecho el debate ha girado en torno a una moción de los conservadores que proponía “instar al Gobierno de Zaragoza a revocar los acuerdos adoptados para aprobar cambios de nombres de calles y a no adoptar unilateralmente nuevos acuerdos, así como estudiar la creación de una comisión en la que participen técnicos municipales y todos los grupos políticos para la denominación del viario urbano”.

Respetar la historia

El portavoz del PP ha insistido en los nombre de las calles debían “respetar la historia de la ciudad, independientemente de que guste o no guste” y ha advertido que los cambios aplicados de forma unilateral por el gobierno municipal podrían ser recurridos por vía judicial, como su grupo hizo con el cambio de nombre del pabellón Príncipe Felipe, porque la decisión sobre las modificaciones debía adoptarse con debate de todos los grupos y acuerdo de los mismos, para posteriormente ser aprobadas en Pleno.

A este respecto, Azcón ha hecho referencia a que en 2008, con el socialista Belloch de alcalde, se adoptó de esa forma el cambio de nombre de decenas de calles “y se acordó respetar los nombres de alcaldes”.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio ha replicado con dureza la intervención de Azcón y ha argumentado que los cambios propuestos tenían por objeto respetar las leyes de memoria histórica “que prohíben el reconocimiento de cargos elegidos por la dictadura franquista” y sobre todo pretendían “conmemorar a quienes lucharon, algunos y algunas dejando hasta su vida, por los ideales democráticos frente al fascismo”.

Asensio ha recriminado al PP que volviera a “escorarse a la derecha” en este asunto y ha sido tajante al señalar que personajes como Gómez Laguna o Cesáreo Alierta “no deben tener calle en esta ciudad” por su relación con el régimen franquista, mientras echaba en cara al concejal conservador Pedro Navarro que en unas declaraciones en prensa hubiera alabado la ‘labor social’ desarrollada por los reconocidos en el callejero; “¿qué labor social hicieron esos personajes?”, se ha preguntado el edil aragonesista.

Cumplir la ley

En parecida línea se ha expresado la vicealcaldes de ZeC, Luisa Broto, quien ha insistido en que los cambios de nombres de calles respondían al cumplimiento de las normativas de memoria histórica, donde se establece que se deben excluir del callejero personajes vinculados al régimen franquista desde el final de la II República (1936-39) hasta la aprobación de la actual Constitución (1978).

Respecto a los acuerdos municipales adoptados en 2008 sobre los cambios en el callejero ha indicado que en ese tiempo no había leyes de memoria histórica para respetar y que, en  todo caso, “en 2009 hubo un acuerdo municipal por el que se delegó en el gobierno de la ciudad lo relativo al cambio de nombre de calles. Por tanto, no se ha incumplido ningún acuerdo municipal ni se han alterado las formas, sino que simplemente se ha cumplido la ley”.

Broto ha añadido que además existía un acuerdo municipal que insta a feminizar el callejero zaragozano, donde apenas están reconocidas ilustres mujeres relacionadas con el devenir histórico de la ciudad.

Cambiar las formas

La concejala de Ciudadanos Cristina García y el portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, han insistido en que la moción del PP que sus grupos han apoyado pretende introducir un “cambio en las formas” de acometer los cambios de denominación en el callejero y tratar de buscar consensos.

A ese respecto, García ha mencionado modificaciones o asignaciones de viarios adoptadas por acuerdo de los grupos municipales, “el de la activista ecologista Berta Cáceres, por ejemplo”, mientras el representante socialista se refería al cambio de nombre de la plaza Miguel Merino por considerarse alcalde franquista, cuando en su labor como abogado había defendido y apoyado a numerosos sindicalistas frente al régimen dictatorial.

El conservador Azcón ha remarcado que Merino fue un alcalde del periodo de la Transición que debía ser reconocido y ha subrayado la oposición de su grupo a los cambios de nombres de calles “realizados de forma unilateral, sin rigor técnico y sin respetar la ley que obliga a negociarlo y a decidirlo en el Pleno”.

La nueva normativa que echa a los patinetes de las aceras, lista para aplicarse pese a la oposición del PP

A lo largo del mes de mayo comenzará a aplicarse la nueva ordenanza que regula la circulación y establecimiento de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) compartida, tras la aprobación de la misma por parte del Pleno municipal con el voto en contra del PP. La normativa ha sido elaborada con la colaboración de todos los grupos que finalmente la han respaldado (ZeC, PSOE, Cs y CHA) y pretende preservar los espacios para uso exclusivo del peatón, así como promover la utilización de los VMP como sistema de desplazamiento no contaminante y sostenible.

La ordenanza aprobada en el Pleno de este martes 30 de abril  es un documento “de mínimos”, ha señalado el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz (ZeC), para poner orden ante la nutrida presencia de patinetes y bicicletas de uso compartido en la ciudad, cuya circulación y estacionamiento están planteando problemas para otros tipos de movilidad, en especial la peatonal.

De hecho, la nueva normativa prohíbe la circulación de patinetes eléctricos por las aceras y los reconduce a los carriles bici y a las calzadas de las calles unidireccionales con velocidad limitada a 30 km/h, además de establecer zonas de aparcamiento para estos vehículos y para bicis compartidas, que no se podrán estacionar en aceras u otras áreas peatonales.

Vacío legal

Tanto Muñoz como el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, han recalcado que la normativa venía a cubrir un vacío legal debido a la ausencia de regulación estatal para este tipo de vehículos de movilidad por parte de la Ley General de Tráfico, “que debe actualizarse”, ha subrayado el representante aragonesista.

El concejal Urbanismo ha subrayado en relación con esta misma cuestión que era absurdo que cada ciudad estuviera elaborando una regulación diferente para ordenar el tráfico de patinetes, “pero hasta que no haya una norma estatal que establezca criterios comunes, no queda otro remedio”.

Su observación ha sido corroborada por la concejala del PSOE Lola Ranera, quien ha calificado como “necesaria” la nueva ordenanza y ha resaltado el hecho de que contemple el establecimiento de una mesa de trabajo con representación de los grupos políticos municipales, técnicos de movilidad, Policía Local y las propias empresas concesionarias del servicio “para realizar estudios y evaluaciones que ayuden a mejorar la aplicación de la ordenanza”.

Una regulación que el concejal de Ciudadanos Alberto Casañal ha calificado como positiva, aunque ha insistido en que llegaba con retraso.

Oposición del PP

Todos los grupos que han aportado sugerencias al contenido de la nueva ordenanza y han aprobado su contenido, han coincidido en sugerir al PP que se sumara al respaldo a la nueva normativa.

Pero el concejal conservador Sebastián Contín ha sido tajante en su rechazo a la propuesta. Ha descalificado el contenido de la ordenanza por ser “un adefesio jurídico que acabará en triunfo judicial de quien la recurra” y ha añadido que aportaba inseguridad y confusión por ser contradictoria con la normativa que regula la circulación de bicicletas y con la ordenanza de tráfico rodado.

El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, le ha replicado que “si el PP veía fallos en la ordenanza podrían haber aportado votos particulares y seguramente habrían sido incorporados, como lo han sido los de otros grupos municipales”.

Apoyo municipal unánime a un plan local contra el cambio climático

La lucha contra el cambio climático ha vuelto a centrar este viernes el debate en el Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo Pleno ha aprobado por unanimidad la creación de una Estrategia Local de Transición Ecológica y de un órgano de seguimiento.

En pleno auge del movimiento internacional por el clima encabezado por las nuevas generaciones, un joven representante de Juventud por el Clima ha tomado la palabra en la sesión plenaria para pedir un “cambio drástico inmediato” y recordar que “sin planeta no hay futuro ni hay vida”.

En este sentido, la moción aprobada a propuesta de Chunta Aragonesista defiende que el consistorio se comprometa con la participación de todos los agentes económicos, sociales y políticos a elaborar un plan que incorpore los objetivos fijados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Asensio ha defendido que los municipios pueden “actuar desde lo local”, por lo que Zaragoza tiene que tomar medidas “inmediatas y urgentes” que logren reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en la ciudad, ya que es en los núcleos urbanos donde se producen un 70 % de las emisiones de dióxido de carbono.

Apoyo unánime

El apoyo ha sido unánime por parte del resto de grupos y por el Gobierno de ZeC, cuya concejala Adriana Caridad ha manifestado el compromiso de su equipo con esta lucha, aunque ha incidido en que ya existe una hoja de ruta y un esfuerzo realizado desde el 2005.

En la misma línea, la edil socialista Lola Campos ha apuntado que en el 2009 ya se inició un plan contra el cambio climático, por lo que “no venimos de año cero” ya que, a su juicio, Zaragoza es “referente nacional en políticas medioambientales”.

Y desde Ciudadanos, el concejal Alberto Casañal ha considerado que esta moción de CHA es “oportunista” ya que en marzo todos los grupos políticos de la actual corporación se comprometieron a apoyar una serie de acciones para cumplir con los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Una importancia en la que ha incidido el representante del PP Luis Enrique Collados, quien ha abogado por seguir promoviendo medidas que ayuden a “reducir y si es posible erradicar” los gases de efecto invernadero.

PP, PSOE y Cs fuerzan el recurso a la sentencia de Torre Village y dan un balón de oxígeno a los promotores

PP, PSOE y Cs han forzado con sus votos en el Pleno de este lunes 25 de marzo que el Ayuntamiento de Zaragoza recurra ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por la que se anula el Plan Especial municipal que permite la construcción del centro comercial Torre Village. La decisión de derecha y socialistas supone un balón de oxígeno para los promotores del outlet, que podrán seguir con las obras al menos hasta que el Supremo decida sobre la admisión del recurso municipal. Los mismos grupos han aprobado también un voto particular del PSOE para modificar el Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de forma que encajen los usos comerciales previstos en el área de Torre Village.

Mientras los defensores del recurso alegaban que debe presentarse para defender los intereses municipales porque la sentencia del TSJA no es firme, sus detractores, ZeC y CHA, alertaban de  un hecho incuestionable y es que la decisión da pie a los promotores a continuar con el desarrollo del proyecto pese a que éste se desarrolle en base a una decisión municipal (auspiciada también por PP, PSOE y Cs) que ha sido declarada ilegal por el TSJA, lo cual entraña el peligro de que cuando el Supremo se pronuncie ya esté prácticamente hecho el centro comercial y éste deba ser admitido por la vía de los hechos.

El portavoz de ZeC, Pablo Muñoz, ha asegurado al respecto que derecha y PSOE lo que pretenden es “que sea imposible aplicar la sentencia del TSJA por la fuerza de los hechos, porque el centro esté ya construido, como ocurrió con el hipermercado de la plaza Utrillas, que no se pueda pensar siquiera en pagar indemnizaciones a los promotores porque las tiendas ya estén en funcionamiento” (en la imagen superior facilitada por Torre Village, estado de las obras del centro comercial).

Informe del letrado

Tanto Muñoz como Asensio (CHA) han insistido además en que no tenía sentido plantear el recurso de casación ante el Supremo porque habitualmente el tribunal rechaza solicitudes de este tipo en casos de litigios urbanísticos juzgados por los tribunales superiores, como ha señalado el letrado municipal en su informe sobre la sentencia de Torre Village.

En ese informe del responsable jurídico municipal también se indica que si continúan las obras se producirá un importante perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento porque en caso de que se rechace el recurso o el Supremo avale la sentencia del TSJA, si el Consistorio quiere aplicarla debería afrontar costosas indemnizaciones por paralizar un centro ya construido y quizá en funcionamiento.

Pese a las advertencias del letrado municipal, PP, PSOE y Cs han persistido en recurrir la sentencia del TSJA, como ya hicieran en la gerencia de Urbanismo celebrada hace escasos días.

La decisión de recurrir la sentencia contra el Plan Especial municipal impulsado por los citados grupos que permitía la construcción del centro comercial de Torre Village supone que la sentencia del TSJA dejará de tener efectos jurídicos hasta que se resuelva el citado recurso y por tanto se paralizan las decisiones ya adoptadas por el gobierno municipal de ZeC de suspender las licencias de obras en los terrenos de la antigua Pikolin, puesto que dicha suspensión se adoptaba en base a la sentencia del TSJA.

Por tanto, los promotores seguirán solicitando licencias y ejecutando obra hasta la resolución definitiva del Supremo, ya que sus peticiones se ampararán en el Plan Especial municipal que permite el desarrollo del proyecto, que sigue vigente al recurrirse la sentencia en su contra.

El expediente, votado por PP, PSOE y Ciudadanos frente a la posición contraria de ZeC y CHA, al igual que en la Comisión de Urbanismo del miércoles pasado, incluye también un voto particular del Grupo Socialista para modificar el PGOU para que quepan los usos comerciales en los terrenos donde se ubicaba la antigua fábrica de Pikolín, en la carretera de Logroño

Tras una bronca en el Pleno, los concejales acuerdan evitar pullas personales en periodo electoral

Los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza han acordado abstenerse de realizar, en tiempo preelectoral, comentarios sobre la situación personal o en su partido de cualquier edil que cumple su mandato representativo porque “no le compete al Pleno ni a la ciudadanía”, tras una fenomenal bronca en el Pleno de este lunes 25 de marzo.

Este es el acuerdo que han alcanzado los portavoces de los cinco grupos municipales –PP, PSOE , ZeC, Cs y CHA– y que ha dado a conocer el alcalde, Pedro Santisteve, tras una reunión que han mantenido en el despacho de Alcaldía.

La reunión se ha producido a iniciativa del alcalde, y después de que éste se haya visto obligado a interrumpir el Pleno por los comentarios airados, insultos y descalificaciones que se estaban realizando los concejales unos a otros, especialmente los de ZeC y los del PSOE.

Cruce de descalificaciones

El ambiente se ha caldeado durante una intervención del concejal de Hacienda y Cultura, Fernando Rivarés (ZeC), quien, molesto por las intervenciones de representantes de PSOE y Cs acerca de la liquidación del presupuesto municipal de 2018, ha lanzado pullas a unos y otros aludiendo a su marginación por parte de la dirección de Ciudadanos en el acto electoral del pasado domingo en el Parque Labordeta, en el caso de la portavoz y candidata Sara Fernández, o a la ausencia o desplazamiento de los integrantes del actual grupo municipal socialista en las listas electorales del PSOE (en la imagen superior, Rivarés interviene en el Pleno, al fondo a la derecha, en la segunda fila).

Los comentarios de Rivarés han sido contestados de forma airada por parte de los concejales socialistas (en especial Javier Trívez y Lola Campos) para acusar a Rivarés de “tránsfuga” o “traidor” (por su paso de las listas de IU a las de Podemos), e incluso el portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha intervenido para criticar la actitud del concejal de ZeC y la del alcalde por permisividad.

Tras continuas interrupciones del Pleno y en vista de que la trifulca no cesaba, Santisteve ha interrumpido la sesión y ha convocado una reunión de los portavoces, donde se ha acordado acotar las alusiones en las intervenciones de los ediles. A este respecto, el alcalde ha puntualizado que “hago referencia también a mi grupo municipal para reconducir el debate al ámbito de lo que se hable en cada punto”.