pliegos

Las empresas que contraten con el Ayuntamiento deberán cumplir cláusulas sociales

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este jueves un paquete de cláusulas sociales que se incorporarán con carácter general a todos los pliegos de condiciones de los contratos públicos del Ayuntamiento, con la conciliación, la igualdad, la formación y la estabilidad laboral como ejes fundamentales.

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, se ha referido a este paquete como “cláusula parques y jardines”, ya que se trata de aquellas que incluyó el equipo de gobierno en el pliego de este servicio.

Así, ha destacado la obligatoriedad de que las adjudicatarias presenten un plan de igualdad más ambicioso del que exige la ley, que será evaluado, y la sanción a aquellas que no cumplan con el plan de conciliación.

Del mismo modo, será obligatoria la creación de una bolsa de empleo para garantizar que las contrataciones se realizan según los principios de igualdad, mérito y capacidad y, si hay empate, se romperá atendiendo a cuestiones de género.

Información y formación

Los licitadores deberán también proponer un plan mínimo de información permanente y de formación continuada del personal y se comprometerán a integrar su plantilla con contratos indefinidos.

Cubero ha considerado que estas cláusulas son “muy positivas” en tanto en cuanto la patronal ha intentado impedir por todas las vías posibles que el pliego de Parques y Jardines entre en vigor.

Ha acusado de nuevo a la empresa concesionaria (FCC) y a la patronal del sector (Aseja), de utilizar “torticeramente” el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) con más de año y medio en un “recurso permanente”.

En ese sentido, ha confiado en que llegue pronto la resolución favorable definitiva y que el servicio funcione, ya que en el momento actual se encuentran con un servicio de peor calidad, con el peligro de que la empresa infle facturas y con conflictos laborales.

Los pliegos para adjudicación del mantenimiento de parques primarán la calidad del servicio

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este jueves 32 de enero los pliegos de condiciones para el mantenimiento de los parques y zonas verdes del sector I de la capital aragonesa (toda la Margen Derecha) en los que se primarán para la adjudicación del servicio la calidad de la prestación frente a la oferta económica pura y dura.

Tras su reelaboración tras varios recursos al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), los nuevos pliegos también recogen un incremento de la cuantía de las sanciones por los incumplimientos más graves que se puedan producir por parte de la empresa, que se multiplican por 10 para posibilitar castigos que podrían alcanzar hasta los 300.000 euros (en la imagen superior, un inspector revisa una zona del Parque Grande Labordeta).

El nuevo contrato, que saldrá con un presupuesto base de licitación de 56.391.089 euros (IVA incluido) para cuatro años de contrato, incluye reivindicaciones históricas que garantizarán el empleo y mejoras en las condiciones laborales de la plantilla como la elaboración de planes de igualdad y conciliación familiar.

Parques más significativos

Además de la imposibilidad de realizar contrataciones vía empresas de trabajo temporal; la creación de una bolsa de empleo para que las contrataciones se aproximen a los criterios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el las administraciones públicas y la implantación de planes de vigilancia de la salud y evaluación de riesgos laborales, entre otros aspectos.

Algunos parques significativos que entran dentro de este contrato de conservación son el Parque Grande José Antonio Labordeta, el Parque Pignatelli, el Parque Bruil, el Parque Torre Ramona, Ciudad Universitaria y el Parque La Paz.

PP, PSOE y Cs votan a favor de paralizar la regulación de los patinetes

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos favorables de PP, PSOE y Cs, y la oposición de ZeC y CHA, ha resuelto este viernes 21 de diciembre que debería paralizarse el proceso de regulación de los patinetes, para solicitar la elaboración de un estudio técnico con arreglo al cual elaborar posteriormente una ordenanza completa sobre movilidad compartida. La decisión adoptada no va a paralizar no obstante la iniciativa de ZeC para sacar cuanto antes un concurso para adjudicación de licencias de patinetes, porque la potestad corresponde al gobierno municipal.

La decisión plenaria ha venido motivada por la presentación de una moción por parte del grupo del PSOE para paralizar el proceso porque a su entender no se está desarrollando de forma correcta.

La concejala de Movilidad, Teresa Artigas (ZeC) ha sostenido que los técnicos municipales se han reunido en varias ocasiones con responsables de las cuatro empresas de patinetes presentes en la ciudad para extraer información sobre comportamientos de los usuarios, necesidades, etc.

“Fruto de ese trabajo es la memoria que se ha entregado a los grupos municipales”, ha indicado Artigas, quien ha insistido también en que la decisión de limitar la concesión a dos empresas y reducir la presencia de vehículos hasta 1.700 patinetes en toda la ciudad, así como la presencia en todos los distritos, provienen igualmente de esas conclusiones técnicas.

Artigas ha asegurado que esas medidas garantizan la presencia de patinetes en todos los barrios de la ciudad, a la vez que evitan la aglomeración de vehículos en determinados puntos y la sobreocupación de espacio público.

Voluntad de bloqueo

La concejala de ZeC ha espetado al PSOE que la presentación de esta moción para paralizar la regulación de los patinetes es una muestra más de su voluntad de bloquear la gestión municipal y le ha recriminado que no haya realizado aportaciones al proyecto del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en materia de movilidad compartida.

“Tienen cero voluntad constructiva en materia de movilidad, cuando los grupos progresistas podríamos ponernos fácilmente de acuerdo para elaborar una buena regulación”, ha sentenciado Artigas.

A ese respecto la concejala socialista Lola Ranera ha explicado que su negativa a aportar propuestas al PMUS era muestra de protesta por la decisión de ZeC en febrero de copar las sociedades municipales y ha acusado al gobierno municipal de “soberbia” en materia de movilidad.

Ranera ha defendido imitar la opción planteada por el Ayuntamiento de Madrid para regular las diferentes alternativas de movilidad ciudadana compartida: “En Madrid –ha apuntado- se ha realizado un estudio sobre el estado y capacidad de las infraestructuras de movilidad, sobre el uso del espacio público, etc. y posteriormente se ha elaborado una ordenanza que ha sido debatida en el pleno”.

Frente a esta postura, Ranera ha criticado la adoptada por ZeC, que “abusa de los órganos de contratación del gobierno y pone en marcha el proceso sin contar con los demás grupos”.

La concejala socialista ha criticado que hasta ayer por la tarde el gobierno municipal no les hubiera entregado una memoria, “que no estudio”, sobre los patinetes.

Por otro lado, ha incidido en que la regulación debería ser global, contemplando todas las modalidades de movilidad compartida (bicis, motos, coches) y no sólo los patinetes, para a partir de ahí determinar las condiciones de las concesiones, el número de patinetes en la calle, su circulación y su estacionamiento.

Una oportunidad

La concejala de CHA Leticia Crespo ha considerado por el contrario que la memoria facilitada el jueves por la concejala de Movilidad, Teresa Artigas, “es el equivalente al estudio que están solicitando” y ha insistido en la urgencia de regular la presencia de los patinetes eléctricos de uso compartido, una realidad que “nos ha superado a todos y se está haciendo lo posible por adecuar la situación al interés de la ciudadanía”.

Crespo ha defendido que se limite la actividad de las empresas de movilidad compartida para que “su presencia no suponga un perjuicio sino una oportunidad”, y ha insistido en que demorar la regulación “no es la respuesta”.

Por el contrario, el grupo de Ciudadanos, por boca de su concejal Alberto Casañal, se ha mostrado partidario de apoyar la moción socialista y ha reclamado a ZeC que cuente con los demás grupos para regular la movilidad compartida.

Por su parte, el concejal del PP Sebastián Contín ha recriminado al gobierno municipal el retraso de los planes reguladores y sus carencias como la falta de un perfil del contratante o la falta de un canon para las empresas potencialmente concesionarias, lo que a su juicio discrimina “al principal servicio de movilidad compartida que es el taxi y que abona sus correspondientes tasas”.

También ha censurado la limitación de empresas y la reducción del número de patinetes, “que debería atender a la demanda que se produzca”, así como la intervención del gobierno municipal en las condiciones de contratación por parte de las concesionarias.

El Ayuntamiento acusa al Tribunal de Contratos de valer intereses empresariales en Parques y Jardines

El Ayuntamiento de Zaragoza considera que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) favorece los intereses empresariales que están intentando paralizar el concurso del servicio municipal de Parques y Jardines. El gobierno municipal de ZeC considera que el tribunal no debe entrar a valorar cuestiones de forma, por las que ha dictado un nuevo rechazo a los pliegos del citado concurso, sino preocuparse por garantizar que respeten el ordenamiento administrativo y laboral.

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha asegurado que las decisiones del Tacpa les parecen “sospechosas” y que este tribunal “no está para esto”.

Este miércoles se conoció que la referida corte administrativa había dictado una segunda paralización del concurso para adjudicar el servicio de Parques y Jardines, atendiendo a un recurso presentado por la empresa Perica, socia de FCC (última adjudicataria del servicio),  porque pese a  haber “validado íntegramente el contenido de los pliegos”, adujo que lo que fue una “corrección” de un error debió haber sido una “modificación” del pliego, explicó el mismo miércoles la concejala de Medio Ambiente, Teresa Artigas.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos ha explicado que la patronal del sector, agrupada en la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (Aseja), así como la referida empresa Perica habían presentado hasta cinco recursos contra los pliegos de Parques y Jardines, a las que se añadió otro más de UGT que fue rechazado en su momento por el Tacpa.

Estrategia de dilación

Cubero considera que se trata de “una estrategia” encaminada “no a preservar que el concurso respete la legislación”, sino a “favorecer los intereses empresariales”, y más en concreto, “a evitar que se apliquen las cláusulas sociales que protegen a los trabajadores en los nuevos pliegos”.

“Esto debería haberlo visto el Tacpa y tendría que haber desestimado los recursos”, ha asegurado el concejal, quien ha remarcado que el Tacpa ya había rechazado un recurso de Aseja contra las 21 cláusulas sociales del concurso.

Tras la decisión sobre la reclamación de la empresa Perica, el Tacpa todavía debe pronunciarse sobre otra reclamación pendiente por parte de Aseja. “No entendemos que no haya dictado sentencia ya sobre este recurso”, considera Cubero, quien se ha quejado de las dilaciones que está sufriendo el proceso de adjudicación de la nueva contrata por los sucesivos recursos y por la tardanza del Tacpa en pronunciarse sobre los mismos.

A este respecto, el concejal ha indicado que el Ayuntamiento se ha dirigido al tribunal para que agilice la toma de decisiones y no se demore más el proceso, “una situación que sólo beneficia a las empresas y que perjudica a la ciudadanía zaragozana”.

Su comentario hace referencia a que mientras se gestiona la tramitación del nuevo concurso, el servicio de Parques y Jardines sigue siendo cubierto por la última adjudicataria, la empresa FCC, quien al no haber contrato factura mensualmente al Ayuntamiento, lo cual encarece los costes e impide la incorporación de mejoras en el servicio contempladas en la nueva contrata y que Cubero valora en 2,5 millones de euros.

Suspendido el contrato de gestión de Las Armas, que saldrá a concurso con unos nuevos pliegos

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la resolución por mutuo acuerdo del contrato de gestión del Centro Musical de Las Armas. El portavoz del Gobierno, Fernando Rivarés, ha explicado que esta decisión viene avalada por cinco informes municipales que corroboran que hay obligaciones en los pliegos de condiciones que la empresa adjudicataria no puede cumplir por causas ajenas. La empresa recibirá unos 112.000 euros de indemnización y seguirá prestando el servicio hasta que se elaboren los nuevos pliegos y se resuelva el concurso.

Todo empezó en diciembre de 2017, cuando la empresa Fantasma Producciones SL envió un “completo escrito” al Ayuntamiento de Zaragoza, tal y como ha explicado Rivarés, en el que detallaba y documentaba “la imposibilidad de cumplir varios aspectos del pliego por causas sobrevenidas y no imputables a su responsabilidad”, ha concretado el también consejero de Cultura.

Entre las cuestiones incluidas en la explotación del contrato y que no se han podido cumplir destacan la imposibilidad de instalar una terraza de la cafetería en el patio interior de las viviendas, las restricciones para el uso de la plaza de Mariano de Cavia en conciertos y espectáculos, las obras y reformas que se han realizado y que no se incluían en el mantenimiento, o no poder explotar los cuatro estudios de grabación para actividades de formación o promoción de grupos musicales por estar mal insonorizados.

Motor cultural

Rivarés ha hecho hincapié en que los informes estudiados por el Área de Economía reconocen que el Centro de Las Armas es “un motor cultural para la ciudad” y que la viabilidad futura del proyecto “pasa por una nueva licitación”.

“Nadie en su sano juicio puede cuestionar ni el funcionamiento, ni la importancia, ni las aportaciones culturales sociales de este centro a San Pablo y a toda la ciudad”, ha subrayado el consejero, quien también ha dejado claro que “no se cuestiona el proyecto, ni el espacio, ni la ubicación, sino que sea posible un día más porque lo que exige el pliego lo prohíbe el Ayuntamiento”.

Los nuevos pliegos, ha dicho Rivarés, “harán posible la rentabilidad social del espacio, harán coherente el derecho al descanso con la explotación musical y cultural, recogerán mayor implicación con la realidad sociocultural y reconocerán que Las Armas han cambiado social, económica y fisionómicamente San Pablo, y toda la ciudad”. El objetivo es que los nuevos pliegos se elaboren antes de que acabe el año.

Nuevo concurso

El actual gestor del espacio, Sergio Vinadé, tiene claro que volverá a presentarse. “Si hemos estado dando el callo con unos pliegos bastante mejorables y una previsión bastante mejorable, desde luego si ahora se hacen bien las cosas y se presentan unos pliegos en condiciones queremos estar ahí y con más fuerza que nunca”, ha manifestado.

El Gobierno también ha aprobado que el edificio, que era propiedad de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, pase a depender directamente del Ayuntamiento de Zaragoza, que podrá cederlo a la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural para que impulse el nuevo contrato.

Los jardineros de FCC inician sus paros con 100% de seguimiento

El comité de empresa de FCC Parques y Jardines ha cifrado en un cien por cien el seguimiento en la primera jornada de paros parciales que han desarrollado estos trabajadores para reivindicar los derechos laborales y sociales de la plantilla, la negociación colectiva y la normativa de seguridad y salud.

La plantilla de FCC Parques y Jardines se ha concentrado este viernes en el Parque Grande José Antonio Labordeta, frente a las oficinas municipales de parques y jardines, al grito de ‘FCC fuera de aquí’ o ‘FCC la ciudad no es para ti’ (foto superior de Jardineros en Lucha CGT-Aragón).

Asimismo, se han podido escuchar cánticos como “aquí esta la cueva de Alibaba” o “donde están los informes”, en alusión “a la connivencia entre los técnicos municipales y la empresa FCC que la plantilla viene criticando desde hace años”.

Los trabajadores han exigido que los técnicos municipales “saquen de los cajones todos los informes sobre los posibles incumplimientos que FCC ha venido cometiendo estos últimos años”. El comité de empresa ha indicado que no hay prevista ninguna reunión con la dirección de FCC en próximas fechas y, por tanto, “seguimos adelante con los paros y manifestaciones previstos para estos meses”.

El 1 de junio, nueva jornada de huelga

El próximo paro esta previsto para el día 1 de junio, con una concentración a las puertas del Ayuntamiento, coincidiendo con la convocatoria del pleno municipal.

Además, el próximo jueves, 24 de mayo, el comité pondrá mesas informativas en el barrio de Torrero para explicar a los vecinos la situación actual en parques y jardines.

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha querido “enviar un mensaje de apoyo a la plantilla de parques y jardines que hoy comenzaba sus movilizaciones en defensa de su poder adquisitivo ante la negativa de FCC de negociar un convenio para 2018 que permitiera actualizar los salarios en base al IPC”.

Cubero ha asegurado que “el retraso en la licitación de los nuevos pliegos que está provocando FCC repercute negativamente también en la plantilla porque los nuevos pliegos incluyen novedosas cláusulas sociales que mejorarán la calidad del empleo generado en la prestación de este servicio público”.

Los trabajadores en huelga han portado carteles contra FCC. Foto: Jardineros en Lucha CGT-Aragón

Artigas acusa a FCC de retrasar los pliegos de la nueva contrata

Por su parte, la concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Artigas, ha responsabilizado a la empresa FCC de dilatar los pliegos del contrato de parques y jardines y ha advertido de que el nuevo contrato permitirá aumentar un 32 por ciento la inversión y reforzar los programas de poda.

Hace más de un mes que el Servicio de Parques y Jardines solicitó a la empresa FCC que facilitara la información que era necesaria para licitar el contrato de mantenimiento de zonas verdes. Al haberse suspendido la licitación como consecuencia del recurso de la patronal, los nuevos pliegos tienen que incluir datos actualizados que debe comunicar FCC al Ayuntamiento.

Sin embargo, “más de un mes después de haberse solicitado, FCC todavía no ha entregado los datos, lo que está retrasando que el Ayuntamiento pueda publicar nuevamente los pliegos”, ha advertido el consistorio en una nota de prensa.

La concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, ha rechazado esta nueva maniobra de dilatar el concurso por parte de FCC y ha manifestado que “el Gobierno de Zaragoza tiene el deber de defender el interés general y no va a aceptar que FCC dilate los plazos”.

“Zaragoza necesita un nuevo contrato que permita aumentar en un 32 por ciento la inversión y reforzar los programas de poda y los vecinos de Zaragoza deben saber que FCC está tratando de dilatar que este nuevo contrato pueda ser aprobado”, ha añadido la concejal.

Aprobado inicial al proyecto para sacar los coches de La Aljafería

La Mesa de las Cortes de Aragón ha aprobado este miércoles 16 de mayo por unanimidad los pliegos para la redacción del proyecto del aparcamiento en superficie de la calle Braulio Foz, en la trasera de La Aljafería, con lo que se da el pistoletazo de salida para encontrar una solución que saque los vehículos del entorno del palacio.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, tras la reunión del órgano de gobierno del Parlamento en la que se ha tomado esta decisión, un “empeño personal” de la presidenta, según ella mismo ha reconocido.

De esta manera, es probable que a finales de este año o a principios del que viene se puedan sacar definitivamente los vehículos del palacio con la construcción del aparcamiento, que podrá ser utilizado por los vecinos.

Con respeto a los plazos burocráticos legalmente establecidos, ahora se licitará la oferta y se publicará la oferta en el perfil del contratante para que las empresas que lo deseen puedan presentarse.

Se les dará un plazo de noventa días para redactar el proyecto y poder licitar las obras, que se prevé que comiencen en septiembre.

En junio o julio, ha agregado Barba, se podría contar con financiación por parte del Gobierno de Aragón.

Acuerdo con el Ayuntamiento

El presidente, Javier Lambán, y el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, se comprometieron a transferir a las Cortes dos millones de euros pertenecientes a la “deuda histórica” de veinticuatro millones que según la presidenta el Ejecutivo tiene con el Legislativo.

Barba ha insistido en que se trata de una decisión unánime y consensuada con el Ayuntamiento de Zaragoza, institución con la que en los próximos días se firmará un acuerdo de colaboración, en tanto en cuanto el Consistorio se hará cargo de la adecuación de las zonas de uso municipal del aparcamiento, como los accesos y el Parlamento sufragará la construcción del aparcamiento como tal.

Será el proyecto que ahora se licita el que fijará las formas de compatibilizar el uso del aparcamiento por parte de los vecinos y de los diputados que se desplazan diariamente al palacio desde todos los puntos de Aragón, ha recordado Barba.

No obstante, ha precisado que una “buena fórmula” sería que durante las horas de trabajo parlamentario el aparcamiento fuera de uso parlamentario pero que la tarde, la noche y los fines de semana puedan usarlo los vecinos.

Ahora, la presidenta de las Cortes se reunirá con la Junta Vecinal de La Almozara para ofrecerles información sobre el proyecto y recoger sus sugerencias.

Nuevo concurso para el mobiliario urbano que podría cambiar todas las marquesinas y mupis

El Gobierno de la ciudad de Zaragoza en Común (ZeC) ha aprobado la puesta en marcha de la concesión del mobiliario urbano, que en caso de que no se presentara o no ganara la actual contratista, JCDecaux, podría suponer la sustitución de todas las marquesinas de las paradas de autobús urbano, mupis, carteles senior y aseos en la vía pública, ya que esta multinacional francesa es la propietaria de todos estos elementos, según el contrato firmado en su día.

Precisamente para evitar que se repita esa anómala circunstancia, los pliegos de este nuevo contrato recogen que una vez finalizado el contrato, a los diez años, “revertirán al Ayuntamiento todos los elementos utilizados en el mismo”.

El acuerdo aprobado por el gobierno de la ciudad atañe a “la concesión administrativa del servicio de diseño, suministro, instalación, mantenimiento, conservación y explotación publicitaria de los elementos del mobiliario urbano de interés general en la ciudad de Zaragoza”, con un valor estimado del contrato de 58.708.400 euros para sus diez años de vigencia, y con un canon anual mínimo estimado que los adjudicatarios deberán pagar al Ayuntamiento de 7.406.407 euros, que los licitadores deberán mejorar al alza.

La adjudicataria, entre las que hay “más de una y dos empresas interesadas”, ha revelado el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, deberá instalar, mantener y explotar el mobiliario urbano, sustituyendo los elementos que actualmente lo componen.

El contrato incluye mobiliario especial, además de soportes publicitarios. En concreto son 550 marquesinas a las que se sumarán otras 10 cada año a partir del cuarto de la concesión –en la actualidad hay 450–; 15 soportes de información digital municipal
65 mupis de recogida de pilas; 40 relojes-termómetro; y 8 aseos nuevos para ciudadanos, además de mantener los 8 existentes.

Mejoras

Entre las mejoras posibles a ofertar por el licitador, en el ámbito de las nuevas tecnologías figuran las etiquetas con tecnología de transmisión de datos por proximidad, llamadas etiquetas NFC, que permitan prestar un servicio asociado de información, de datos de interés del entorno cercano.

También la incorporación de tecnología de transmisión de datos mediante ondas de radio tipo Bluetooth o wifi o similar, que permitan la descarga de información relativa al entorno cercano, ofreciendo datos de interés turístico o recorridos urbanos.

Otras mejoras tecnológicas que atañan a la información ciudadana respecto a la movilidad urbana, el turismo, la recogida selectiva de residuos urbanos y, en general, la calidad de vida de los ciudadanos.

En el pliego de condiciones se establece asimismo que se valorará especialmente que estas tecnología estén especialmente dirigidas a personas con algún tipo de discapacidad visual o cognitiva.

Asimismo, se solicita convertir a digitales mupis convencionales (hasta un máximo de 80 soportes), que se utilizarán también para información institucional.

Requisitos sociales

Rivarés ha recordado que esta renovación de los pliegos técnicos de esta nueva concesión se pone en marcha casi diez años después de que finalizara la anterior y de su funcionamiento en modo de prórroga.

Entre otros aspectos se incluyen las características y el número de los elementos del contrato, las condiciones de los elementos del mobiliario urbano, su ubicación, reubicación y traslado, las condiciones de instalación, de explotación, mantenimiento, conservación y limpieza, así como los medios personales y materiales con los que se deberá contar para desarrollar todas esas labores.

En cuanto a las condiciones especiales en la ejecución del contrato, se han incluido cláusulas sociales y de género, y las aprobadas por el gobierno de ZeC sobre la inclusión como condición especial de ejecución, y la obligación del contratista de abonar puntualmente a los trabajadores los salarios pactados o finalmente establecidos.

Al respecto, Rivarés ha detallado que se han introducido condiciones especiales como la obligación del contratista de abonar a los empelados sus salarios y un “mero retraso de una nómina es una falta”.

Parques y Jardines no podrá ser municipalizado tras el informe negativo del interventor

El servicio municipal de Parques y Jardines seguirá externalizado pese a los intentos por rescatarlo por parte del equipo de gobierno municipal de ZeC. El interventor municipal ha informado negativamente la municipalización de esta área y ha señalado que la propuesta de gestionar el servicio desde el propio Ayuntamiento no se acredita como más eficaz y eficiente que si la presta una empresa, como ocurre ahora. El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha expresado la disconformidad del gobierno municipal con el informe, pero lo debe acatar y por tanto ya ha ultimado un nuevo pliego de condiciones para sacar a concurso la contrata, cuya vigencia concluye el 31 de diciembre.

La privatización del servicio de Parques y Jardines, uno de los peor valorados por la ciudadanía, era un objetivo prioritario de ZeC, pero desde el principio topó con dificultades técnicas y sobre todo políticas, ya que los grupos de PP, PSOE y C’s se han opuesto al rescate y a la gestión del servicio por parte de la empresa municipal Ecociudad, tal y como proponía la coalición gobernante.

Ahora, el informe del interventor municipal, José Ignacio Notivoli, descarta de forma definitiva el intento municipalizador al señalar textualmente que “no se acredita en el expediente que la fórmula de gestión escogida (a través de una sociedad municipal con sus propios medios) es más eficiente y más sostenible que la actual (a través de contratos de servicios); por el contrario, en el expediente solo se acredita que la forma de gestión escogida puede ser más económica en el momento inicial pero no en un futuro inmediato y que Ecociudad Zaragoza SAU no puede asumir, en este momento, la gestión del servicio”.

El interventor desacredita también en su informe la intención del gobierno municipal de rescatar solo la contrata de FCC, mientras que se mantendría externalizada la de la sociedad cooperativa Umbrela, que desarrolla sus trabajos en la Margen Izquierda. El interventor sostiene que la municipalización debería incluir un cambio de gestión en todas las áreas del municipio “y justificar un único modo de gestión”.

Los informes de otros servicios municipales habían acreditado que el rescate de Parques y Jardines supondría un ahorro de dos millones de euros anuales a las arcas municipales, algo que no cuestiona la intervención, aunque expresa su convicción de que ese ahorro previsto lo sería solo a corto plazo y sin garantías de continuidad.

Desacuerdo

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha dado a conocer este jueves 7 de diciembre el informe negativo del interventor, “que no compartimos, pero que acatamos y por eso ya le hemos enviado por vía de urgencia al propio interventor los pliegos de condiciones para sacar a concurso de nuevo la contrata”, algo que, por plazos legales y administrativos, no culminará hasta el verano de 2018.

Respecto al contenido del nuevo pliego de condiciones, Cubero ha evitado dar datos, aunque sí ha precisado que contempla un incremento de las inversiones.

El concejal de ZeC ha descartado que el informe del interventor estuviera condicionado por opiniones políticas, pero sí ha asegurado que “realiza una interpretación restrictiva de la ley, que por sí misma ya es más proclive a la externalización de servicios que a su gestión pública”.

En este sentido, el concejal de ZeC ha señalado que la decisión del interventor es una muestra más de la disposición política, jurídica, legal y administrativa hacia la externalización de los servicios públicos frente a su gestión institucional.

FCC debe seguir

El informe del interventor, que es preceptivo, determina, según Cubero, que el servicio deberá seguir siendo prestado por la actual empresa concesionaria, FCC, “en las mismas condiciones”, hasta que se adjudique la nueva contrata.

El concejal ha insistido en que la ley establece que hasta la conclusión del nuevo concurso, la actual empresa adjudicataria debe seguir prestando el servicio como reconocimiento de obligación, por lo que a partir del 31 de diciembre se prorrogará la concesión y FCC seguirá con el mantenimiento de los parques y jardines zaragozanos.

La empresa ha señalado hace escasos días que se negaba a asumir esa prórroga en las condiciones actuales del contrato y que el Ayuntamiento debía incrementar la dotación actual porque pierde dinero. Cubero ha subrayado a este respecto que “no hay posibilidad de negociación. La ley establece que debe prorrogarse la contrata en las mismas condiciones”.

Dificultades para rescatar servicios

El concejal ha descartado también que la imposibilidad de municipalizar Parques y Jardines sea un fracaso político de su gestión. “El fracaso habría sido no intentarlo. Hemos puesto en evidencia que para externalizar servicios no hay ninguna pega, pero para rescatarlos hay que elaborar informes durante un año y medio para al final toparnos con una interpretación restrictiva de la ley”.

Para el representante de ZeC “es evidente qué ocurre cuando se quieren cambiar las dinámicas políticas de las administraciones locales: se producen bloqueos técnicos, políticos o jurídicos. Los expertos y técnicos aluden a que municipalizar es una opción ideológica, como si externalizar no lo fuera”.

Pese a la imposibilidad del rescate de Parques y Jardines y al bloqueo de otros procesos de municipalización, como el del servicio 010, Cubero ha indicado que ZeC planteará hasta el final de legislatura la recuperación de otros servicios, que no ha querido precisar.

ZeC y CHA plantean un rescate temporal del 010 para garantizarlo y sacarlo a concurso más tarde

El gobierno municipal de ZeC, de acuerdo con CHA, plantea un rescate temporal del servicio del 010 para en paralelo diseñar unos nuevos pliegos para sacar otra vez a concurso el servicio, que seguiría externalizado, tal y como demandan los grupos de PP y PSOE. Los populares ya han dicho que esa opción es legalmente inviable, mientras los socialistas todavía no se han pronunciado al respecto, aunque han dado a entender que la propuesta no es legal y poco viable desde el punto de vista administrativo.

La comisión municipal de Servicios Públicos se ha vuelto a reunir esta mañana de lunes 6 de noviembre de forma extraordinaria para tratar de desencallar el problema del 010, una vez que las empresas que en su día optaron al servicio hayan declinado retomar su oferta porque deberían asumir la deuda de la actual concesionaria, que asciende a 133.000 euros y se deriva de los impagos de salarios a las 14 trabajadoras del servicio y a la Seguridad Social.

En el transcurso de la comisión, la representante de CHA Leticia Crespo ha planteado la opción de que el Ayuntamiento asuma temporalmente el servicio hasta que estén redactados unos nuevos pliegos y se convoque otro concurso, que es lo que reclaman PP, PSOE y C’s.

El concejal de ZeC y responsable de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha señalado que su grupo está dispuesto a variar su postura, hasta ahora contraria a la externalización del servicio, y asumiría la convocatoria de un nuevo concurso si antes se produce un rescate temporal del 010, por lo que asumía el planteamiento de CHA.

Cubero asegura que esta opción es  “completamente legal”, en contra del parecer del PP, y sostiene que de esta forma se garantizaría la continuidad del servicio y la estabilidad en el empleo de las 14 trabajadoras afectadas. Uno de sus asesores ha puntualizado que si se optara por esta medida no sería necesario hacer un nuevo expediente (serviría la anterior propuesta y los anteriores informes favorables a la municipalización), por lo que podría adoptarse con celeridad.

El responsable de Servicios Públicos ha añadido que van a iniciar de inmediato la negociación con los demás grupos políticos para tratar de alcanzar un acuerdo y llevar la propuesta al próximo pleno municipal.

La medida supondría también que el Ayuntamiento se haría cargo de la deuda de Pyrenalia con las trabajadoras y la Seguridad Social, “que ahora no se puede asumir de forma directa porque la jueza que dictó las medidas cautelares ya dijo que era una medida ilegal”.

Las negociaciones con otros grupos se centrarán sobre todo en el PSOE, puesto que el PP ya se ha mostrado totalmente contrario a la propuesta, C’s, sin descartarla totalmente, ha planteado serias reticencias, mientras CHA la asume.

El concejal del PP Ignacio Senao no sólo ha mostrado la posición frontal de su grupo, sino que además ha indicado que se reservan la posibilidad de reclamar por vía judicial a Cubero y al alcalde Santisteve para que “paguen ellos las deudas que al final le va a tocar asumir al Ayuntamiento por su nefasta gestión. Es su responsabilidad”.

Negociación complicada

La negociación con el PSOE parece que no va a ser fácil puesto que los socialistas insisten en que la salida para el 010 “no puede ser la municipalización puesto que sobre ésta perviven dudas jurídicas de primer orden”.

El PSOE insiste en que “la única salida pasa por la licitación de nuevos pliegos de manera urgente”, en los que se contemple la necesidad de que la empresa entrante se subrogue a las trabajadoras de Pyrenalia, así como las deudas de esta empresa con esas empleadas y con la Seguridad Social. Además, los socialistas plantean que al nuevo concurso pueda optar “cualquier tipo de figura societaria y en particular cooperativas laborales”.

La edil del PSOE Marta Aparicio ha añadido que el rescate temporal les plantea dudas jurídicas y que en todo caso exigiría cumplir muchos requisitos administrativos que dilatarían el proceso.

Acerca de la propuesta de un nuevo concurso, Cubero ha subrayado que “si ahora las empresas no han querido optar porque hay una deuda de 133.000 euros, menos van a licitar dentro de 4 o 5 meses, con los nuevo pliegos y cuando la deuda sea mucho mayor”.

Por su parte, Leticia Crespo (CHA) ha indicado que la opción de los nuevos pliegos por vía de urgencia, como plantean PP y PSOE, plantea que las trabajadores sigan varios meses sin cobrar, lo que a su juicio es inviable, por lo que defienden el rescate temporal.

La concejala de C’s Elena Martínez inicialmente se ha mostrado en contra, pero en su intervención final ha matizado que “no lo vemos claro, pero podría valorarse el rescate provisional si existe compromiso firme de sacar el servicio a concurso dentro de unos meses”.