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Un millón más para prestaciones a domicilio, teleasistencia, ayudas urgentes y atención a dependientes

El Gobierno de Zaragoza ha dado luz verde este jueves 26 de julio al convenio entre el Ayuntamiento y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que tiene una cuantía de 19 millones de euros, para regular la colaboración entre ambas instituciones en esta materia y cofinanciar el personal y la gestión.

Este convenio, que deberá ser aprobado también a la vuelta del verano por el Gobierno de Aragón, incluye la cofinanciación del personal de los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) y el refuerzo del personal para la gestión de prestaciones económicas, como el Ingreso Aragonés de Inserción y la Ayuda de Integración Familiar, ha explicado en rueda de prensa la consejera municipal de Derechos Sociales, Luisa Broto.

También recoge la gestión del servicio de ayuda a domicilio, el de teleasistencia, las ayudas de urgente necesidad y la atención primaria de personas en situación de dependencia.

De los 19 millones de euros del convenio, el Gobierno de Aragón aporta 11,4 y el Consistorio, algo más de 7 millones, lo que supone un incremento de más de un millón con respecto al firmado el año pasado y de cerca de 8,5 en relación al de 2015, ha asegurado.

Acceso extraordinario a vivienda

Broto ha puesto en valor la sintonía, el ejercicio de responsabilidad y la sincronía técnica entre ambas instituciones para sacar adelante este acuerdo.

Asimismo, ha dado cuenta de la aprobación de un nuevo protocolo de acceso extraordinario a la vivienda municipal de alquiler, algo que venía siendo demandado por los propios servicios del Ayuntamiento.

A través del mismo, se atenderá a aquellas unidades de convivencia que se hallen en situaciones de vulnerabilidad y tengan necesidades preferentes de alojamiento, en concreto a aquellas viviendas municipales de alquiler gestionadas por Zaragoza Vivienda.

La consejera lo ha definido como un procedimiento “extraordinario” que servirá como conducto interno para evitar la pérdida del alojamiento habitual.

Este protocolo, además, será una de las principales medidas del plan integral de personas sin hogar que se aprobará previsiblemente mañana en Pleno, ya que la prevención de la pérdida de vivienda es “fundamental” para evitar situaciones de “sinhogarismo”.

Satisfacción de la consejera con la nueva política estatal

Por su parte, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo aragonés, María Victoria Broto, se ha mostrado este jueves satisfecha del compromiso del Gobierno de España con las políticas sociales, subrayando que estos asuntos regresan a la agenda política del Estado.

Así lo ha dicho tras la celebración del Consejo Territorial de Servicios Sociales, presidido por la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

Un compromiso manifestado ya en este consejo territorial donde se ha acordado el reparto de fondos de los Presupuestos Generales del Estado a las Comunidades en materia de pobreza infantil, atención al pueblo gitano y el plan concertado para servicios sociales comarcales y locales, así como el reparto de subvenciones con cargo al IRPF, del que Aragón recibe 8,8 millones de euros.

La consejera María Victoria Broto ha resaltado que Aragón recibirá 200.000 euros para plantear medidas relacionadas con la pobreza infantil, un asunto que ya figuraba en la agenda de prioridades del Ejecutivo de Javier Lambán con partidas presupuestarias para que los comedores escolares funcionen en verano.

“Los servicios sociales no cierran en vacaciones ni los niños dejan de comer y ese incremento presupuestario nos viene bien para complementar un proyecto que ya llevábamos a cabo”, ha defendido Broto.

La consejera ha insistido en que de este modo se recibe “la corresponsabilidad presupuestaria del Gobierno de España para una política social que en Aragón ya estábamos llevando a cabo sin la solidaridad del anterior Ejecutivo”.

Asimismo, en la reunión se ha acordado la concesión de subvenciones a programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF. El reparto es similar al del año pasado y ha sido debatido tanto con el gobierno anterior como el actual en comisiones delegadas.

Ayudas a entidades

Broto ha defendido que el reparto supone ayudar a las entidades del tercer sector “no estar de acuerdo y paralizar el reparto es no ser corresponsable con las entidades”. De hecho, Aragón ya publicó el pasado 24 de julio en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la convocatoria para solicitar las subvenciones.

La Comunidad recibirá 8.874.400 euros, por ello, Broto ha pedido “abandonar el debate político y partidista, porque es dinero para entidades sociales, para servicios para las personas, y son fundamentales en nuestro territorio y en toda España”.

La consejera, además, ha resaltado que la ministra ha manifestado el compromiso del Gobierno de España con las políticas sociales, “tenía muchas ganas de oír que los servicios sociales están en la agenda política del Estado”.

Broto ha puesto como ejemplo la recuperación de la Seguridad Social para las cuidadoras de la dependencia. Un aspecto “fundamental”, ha dicho, y que siempre ha defendido el Gobierno de Aragón. “Nos parece fundamental porque cumplen un papel muy importante, nosotros hemos apostado por los servicios, pero hay familias que prefieren las cuidadoras en algunos casos y por eso deben tener derecho a la seguridad social”, ha concluido.

4.200 personas esperan atención a domicilio y 967 teleasistencia, pese al aumento de las prestaciones

Un total de 4.200 personas están a la espera de recibir ayuda a domicilio y otras 967 personas aguardan para contar con el servicio de teleasistencia. Pese al incremento presupuestario municipal para atender estos servicios, las listas de espera se mantienen constantes en los últimos años por un incremento de la demanda, que los responsables municipales atribuyen al aumento de personas que viven solas, sobre todo mayores, y que otras muchas se apuntan en el registro nada más jubilarse, pese a que no necesiten cuidados, por motivos de previsión.

La vicealcaldesa de Derechos Sociales, Luisa Broto, ha subrayado este martes 20 de febrero en la Comisión de Derechos Sociales que no se está produciendo un incremento de población dependiente, sino que la persistencia de las esperas tiene que ver sobre todo “con un efecto llamada generado por la prestación de esos servicios para personas dependientes”.

La responsable municipal ha destacado que el incremento presupuestario para estas prestaciones es de 4,2 millones (1,4 millones de origen municipal y 2,8 millones correspondientes a la encomienda de gestión suscrita con el IASS). “La dotación financiera no lo es todo, pero pone de manifiesto una voluntad política decidida para tender esta demanda social”, ha indicado Broto.

Una demanda que pese al incremento de medios humanos y materiales para atenderla sigue generando una amplia lista de espera. La vicealcaldesa ha precisado que durante el año 2017 se han registrado 7.326 usuarios de atención a domicilio, un servicio en el que están dadas de alta 5.960 personas (algunas con varios miembros atendidos). En total se han producido 1.371 asistencias más que en 2016.

En lo que respecta a teleasistencia, la demandaron 11.340 personas el pasado año (8.997 familias inscritas), lo que representa un incremento de 1.189 personas más.

Listas de espera constantes

En cuanto a listas de espera, Broto ha explicado que su cuantía no se reduce y sigue siendo de 4.200 personas respecto a la asistencia a domicilio, cuando en 2015 la cola era de 4.500 usuarios, mientras la de teleasistencia se cifra en 967 personas, similar igualmente a ejercicios precedentes.

La vicealcaldesa ha precisado que la lista es mucho mayor en asistencia domiciliaria porque la prestación de ese servicio exige de una valoración previa por parte de técnicos especializados, lo que dilata su prestación efectiva, mientras que la teleasistencia se presta de forma automática en cuanto la demanda alguna persona dependiente.

La situación existente “no nos deja contentos”, ha puntualizado la vicealcaldesa, quien ha insistido en la voluntad de su gobierno de reducir el listado. Algo que no se produce, según interpreta Broto, porque la demanda se incrementa por “el efecto llamada ocasionado precisamente por la correcta prestación de estos servicios” y porque “muchas personas en cuanto cumplen 65 años y se jubilan, se inscriben en la solicitud de atención domiciliaria o teleasistencia porque saben que hay cola y por previsión quieren estar apuntadas para ser atendidas cuanto antes, pese a que quizá no necesitan todavía atención”.

En cuanto al tiempo medio de concesión de las ayudas, que ha demandado quien ha formulado la pregunta, el concejal de CHA Carmelo Asensio, la vicealcaldesa se ha excusado y ha dicho que no podía facilitar los datos relativos al tiempo medio de respuesta porque variaba mucho de un barrio a otro.

En este sentido ha precisado que los distritos de Delicias, San José y Las Fuentes, por población y envejecimiento de la misma, registran mayor demanda de atención y por tanto las listas de espera son mayores y la concesión de ayudas se demora más.

Personas solas

El mantenimiento de las listas de espera de atención a domicilio se explica también por el incremento de personas mayores que viven solas y buena parte tienen algún grado de dependencia, una circunstancia sobre la que también ha preguntado el edil aragonesista Carmelo Asensio en relación con las medidas que prevé el equipo de gobierno para afrontar esta realidad.

La vicealcaldesa Broto ha confirmado que en Zaragoza se está produciendo un descenso en el número de hogares y en paralelo un incremento de hogares formados por una sola persona.

La responsable municipal ha insistido en que era una tendencia a nivel mundial y que se está consolidando también en nuestra ciudad, por lo que exige aplicar políticas concretas.

En ese sentido, Broto ha indicado que su gobierno apuesta por las acciones sociales que fomenten “barrios más cercanos, con mayor convivencia entre sus vecinos gracias a la promoción del comercio de proximidad, de los centros de convivencia y en general por constituir una ciudad más amigable”.

También se ha referido al programa experimental “Nos gusta hablar” que se ha puesto en marcha en el centro de mayores de Santa Isabel para fomentar la conversación y el intercambio de pareceres y experiencias.

Asimismo se ha referido al incentivo de proyectos concretos en centros comunitarios para “luchar contra la soledad no sólo a base de juegos de mesa”.

Por su parte, Carmelo Asensio ha sugerido poner el acento en propuestas habitacionales que representen “proyectos de convivencia que eviten los hogares unipersonales con personas mayores”. A este respecto ha destacado el proyecto de viviendas comunitarias emprendido en Las Fuentes y ha abogado por extender acciones de ese tipo en los demás barrios de la ciudad.

Cambio de requisitos y más ayudas por cuidar dependientes

El Gobierno de Aragón ha flexibilizado los requisitos y ha aumentado las cuantías mínimas de la prestación por cuidados a dependientes en el entorno familiar, con lo que pretende desatascar entre 300 y 400 expedientes. Además, se establece la gratuidad de la teleasistencia para beneficiarios del sistema de atención social.

Esta medida, que sale publicada este miércoles 12 de julio en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), aumenta el importe mínimo de las prestaciones de 15,30 a 44,33 euros para dependientes de grado 1, de 26,88 a 82,84 en el grado 2 y de 38,76 a 177,86 euros en el grado 3, ha explicado en rueda de prensa el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos.

Esta cuantía se vio también afectada en 2012, “con un recorte generalizado del 15%”, aseguran desde la DGA. Esta cifra, dicen, no se ha podido tocar porque la marca la normativa estatal. No obstante, esa norma estatal permitía que estas ayudas de la prestación en cada grado se pudiese regular por parte de cada territorio, regulando una cantidad máxima de esa mínima como básica. Así, en aquel momento, el Gobierno de Aragón de la anterior legislatura bajó esta cuantía hasta situarla en el 10% de la máxima a pagar.

Teleasistencia gratuita

Santos ha recordado que el Gobierno de España recortó las condiciones de acceso a estas prestaciones y endureció los requisitos, algo que el anterior Ejecutivo aragonés traspuso de forma rigurosa.

La orden del BOA citada incluye también la gratuidad de la teleasistencia para todas las personas que tengan reconocida la dependencia y una nueva prestación vinculada al servicio para centros de día.

Además, hasta ahora se exigía que el cuidador estuviera empadronado en el mismo domicilio que la persona atendida, algo que ha sido modificado por un compromiso por escrito de atención durante un mínimo de cinco horas diarias y que el asistente no viva a más de 40 kilómetros de distancia o a 25 minutos en tiempo de desplazamiento.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales cumple 20 años atendiendo a 75.000 usuarios al día

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales acumula ya 20 años de historia, diez de ellos en plena crisis económica, que no le han impedido llegar a más de 75.000 perceptores y que Aragón sea líder en estas prestaciones. Un total de 2.838 empleados en 75 centros y 430 más en gestión indirecta y un presupuesto de 366 millones de euros son cifras por las que el Gobierno de Aragón, como ha reconocido su presidente, Javier Lambán, y la consejera del área, María Victoria Broto, se sienten “muy orgullosos” y les ha permitido celebrar la clausura de los actos del veinte aniversario por todo lo alto.

Lambán y Broto han querido acompañar, en la sala de la Corona del edificio Pignatelli, a los más de trescientos asistentes a esta conmemoración, entre usuarios de los servicios, familiares y trabajadores, que han preparado un acto en el que no han faltado la música, las historias y los discursos.

El presidente de Aragón ha advertido de que lo que reciben los usuarios de estos servicios “no son dádivas, sino derechos subjetivos” y en lo que, ha asegurado, este país es líder.

Culminar con la ley de Renta Social Básica

Lambán ha recordado que las prioridades de un Gobierno son procurar marcos de igualdad, lo que se consigue a través de la educación, y ofrecer seguridad a la ciudadanía “frente al infortunio o debilidad” generada por situaciones provocadas de la enfermedad, los años, la discapacidad o el desempleo, y que se logra a través de la Sanidad o los Servicios Sociales, “funciones fundamentales que ponen a prueba la sensibilidad y compromiso de un gobierno”, ha resaltado.

Es, a juicio de Lambán, “lo que está relacionado con la gestión de la ley de dependencia y servicios sociales lo que toca la fibra moral de los gobernantes”.

Por eso ha asegurado que el día que se apruebe la ley de Renta Social Básica, remitida al Parlamento hace un año, para asegurar a todas las familias que carezcan de ingresos “un mínimo vital en tanto encuentran la manera de hacerlo”, será el “momento culminante” de su Gobierno y cuando éste “demostrará la fibra moral de lo que es un gobernante”.

Lambán ha agradecido los avances logrados en tan poco tiempo a los trabajadores y responsables del IASS, a quienes ha recordado los retos pendientes, como acabar con la lista de espera en dependencia, mejorar la atención a menores y tutelados adultos, asumir la gestión de la Renta Social Básica cuando se apruebe, incorporar las tecnologías a la gestión y agilizar los trámites administrativos.

Por su parte, la consejera María Victoria Broto se ha mostrado “orgullosa” del trabajo y de quienes lo realizan: “gente comprometida y reivindicativa” y que además son “felices”, que es lo que ayuda al ejecutivo “a seguir trabajando”, porque “los servicios sociales están en el corazón de la política”.

Presupuesto multiplicado

El acto también ha contado con la intervención del gerente del IASS, Joaquín Santos, quien ha querido aprovechar su intervención para recordar el pasado, celebrar el presente, porque hay “muchas cosas” de las que sentirse “orgullosos”, y para “seguir mejorando los servicios”.

Santos ha explicado que desde sus inicios en 1996 el IASS ha multiplicado por tres su presupuesto, lo que lo convierte en el quinto departamento mejor dotado, además de que es la cuarta institución en empleo directo.

El acto ha contado con las actuaciones del pianista flamenco Enrique Amador y de la coral Habaneras del Hogar IASS de Ejea de los Caballeros.

Además, el músico aragonés Joaquín Carbonell ha puesto música al vídeo de celebración del 20 aniversario, protagonizado por trabajadores y usuarios y cuya letra se quiere convertir en el himno de los servicios sociales.

Plazas para 250 dependientes en zonas rurales

De izda a dcha, Joaquín Santos (director IASS), Javier Lambán (presidente DGA), Mariví Broto (consejera Derechos Sociales) y Carmen Sánchez (presidenta FAMCP)

Un total de 250 personas dependientes de grado II y III que no estén recibiendo ninguna prestación podrán ingresar en 52 residencias rurales en aplicación del convenio que han firmado este martes el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), al que se han adherido 20 municipios y las comarcas del Aranda, Sobrarbe y La Litera.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asistido a la firma del convenio, que han protagonizado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y la presidenta de la FAMCP, Carmen Sánchez.

El coste de cada plaza es de 1.200 euros por mes y los beneficiarios pagarán hasta el 80 por ciento de sus ingresos, abonando el Departamento la diferencia hasta la cantidad mencionada.

Residencias con dificultades

En rueda de prensa, la consejera María Victoria Broto ha hecho notar que muchas residencias podrán continuar su actividad gracias a este convenio, reconociendo que “algunas están en situación de dificultad y necesitan tener más personas atendidas”. El presupuesto del convenio es de aproximadamente 1,5 millones de euros, aunque dependerá de lo que aporten los beneficiarios.

Ha observado que gran parte de los 1.000 empleos creados durante esta legislatura en este ámbito es femenino y ha comentado que el Gobierno de Lambán se encontró con una situación de “desmantelamiento de los servicios sociales y una gran dificultad”.

La presidenta de la FAMCP ha señalado que estas ayudas permitirán a los municipios a mantener “en perfecto estado” sus residencias y los ciudadanos podrán acceder a las mismas “vivan donde vivan”, destacando las medidas implementadas por el Gobierno de Lambán para vertebrar el territorio.

Javier Lambán ha considerado que el Gobierno de España “debería reconocer que no hace las aportaciones correspondientes” a la atención a la dependencia, ya que paga el 16 por ciento del total y debería abonar la mitad, por lo que “incumple” la normativa. Ha confiado en la que la próxima Comisión Bilateral Aragón-Estado no se convierta en un “juego floral bilateral”.

Convenio

Respecto al objeto del convenio, éste contempla articular un sistema de colaboración entre el IASS y la FAMCP para facilitar el acceso de personas en situación de dependencia, de Grado III y II, a centros residenciales de titularidad de las entidades locales que se adhieran al mismo, para lo que el IASS publicará en el Boletín Oficial de Aragón una convocatoria dirigida a personas en estas situaciones que deseen acceder a plaza residencial.

En dicha convocatoria se relacionarán los centros residenciales de las entidades locales que reúnan los requisitos establecidos y que se hayan adherido a este convenio. La persona en situación de dependencia señalará el o los centros residenciales a los que desee acceder.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales garantiza a la entidad local, siempre y cuando exista solicitud de personas en situación de dependencia que cumplan los requisitos y que deseen acceder a centros residenciales de las mismas, al menos una plaza en cada centro residencial que se haya adherido a este convenio y hasta un máximo de 250 plazas en todo Aragón.

Por encima de la plaza adjudicada, el número de plazas a adjudicar será proporcional al número de solicitudes para cada centro. En su caso, en cada centro residencial se establecerá una lista de espera.

Un tercio de dependientes siguen sin cobertura pese a las mejoras

 

  • El Espacio Derechos Sociales insiste en que las prestaciones y las listas de espera siguen en Aragón bastante peor que en el conjunto del Estado español
  • La atención a la dependencia en nuestro territorio está más “mercantilizada” y se apoya básicamente en el trabajo familiar con cuidados prestados por las mujeres

Casi la mitad de los dependientes (un 46,7%) carecían de cobertura en Aragón a principio de la legislatura PSOE-CHA (junio 2015). La cifra se ha reducido hasta el 33,2%, pero todavía sigue lejos de la media española en lista de espera, que es del 27,2%. Son datos facilitados por el Espacio de Promoción, Información y Defensa de los Derechos Sociales, cuyos responsables se muestran “decepcionados” pese a los indudables avances en prestaciones sociales en Zaragoza y Aragón. La citada entidad critica además que el sistema aragonés está más privatizado y mercantilizado que el español. “Las mujeres aragonesas siguen siendo las verdaderas columnas de la atención a la dependencia”, aseguran desde el Espacio.

Los representantes de la citada entidad han presentado este jueves 8 de junio un completo informe en el que reconocen y subrayan que la dependencia fue prácticamente arrasada por el anterior gobierno PP-PAR. En julio de 2015 Aragón ocupaba el lugar 14 del Estado español, sólo por delante de Ceuta y Melilla, Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana, con 1,27% de población disfrutando de prestaciones cuando en España era de 1,61%.

Desde entonces la situación ha mejorado sustancialmente, pero el informe indica que en abril de 2017 (última estadística oficial disponible), “Aragón sólo ha subido dos puestos, superando a Madrid y Navarra, y alcanza un 1,73% de cobertura en atención frente al 1,89% de la media española”.

Por ello, el Espacio, que nació en 2013 para luchar contra la aniquilación de los derechos sociales auspiciada por PP-PAR, se muestra frustrada con la acción desarrollada por la DGA socialista. Reconocen que en las insuficiencias colabora también la desidia del Gobierno español del PP, que no aporta lo que la legislación le obliga. “Pero ese déficit lo padecen todas las comunidades y muchas de ellas están en dependencia mejor que Aragón”, puntualiza Ángel Sanz, profesor jubilado y uno de los portavoces del Espacio.

También han insistido en recordar a los usuarios, tanto a los afectados como a los familiares, que la prestación de los diferentes servicios sociales es “un derecho exigible”.

De izda a dcha, Beatriz Zalaya (abogada), Margarita Moya (trabajadora social) y Ángel Sanz (profesor), portavoces del Espacio Derechos Sociales. Foto: Aragón Press

Cifras, calidad e intensidad de las prestaciones

Las críticas abarcan a las cifras de los servicios sociales, a su calidad y amplitud, y al trato hacia las personas que aspiran a prestaciones por dependencia.

En el lado positivo, los datos aportados en el citado informe hablan de “evidentes avances” en Aragón, donde las personas reconocidas con derecho a prestaciones han llegado a casi 40.000 en abril de 2017, “un aumento de 7,6% desde julio de 2015, frente al aumento en España de sólo un 2,1%”.

Las personas beneficiarias “han pasado de 16.826 a 22.662, un 34,7%, más, el doble del aumento producido en España del 17,2%”.

Las prestaciones ofrecidas “han pasado de 16.888 a 25.009, 8.121 prestaciones más”.

El lado negativo hace referencia a la calidad e intensidad protectora de los servicios prestados en Aragón. El Espacio critica que se haya puesto el acento de forma “desproporcionada” en la prevención y promoción de los servicios, algo que antes no existía y que ahora está seis puntos por encima de la media española.

Además, respecto a los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio y centro de día, en Aragón suman un 13% de las prestaciones, frente al 39,5% de media española, un desfase calificado como “histórico” por el Espacio de Derechos Sociales, que incide además en la baja intensidad (pocas horas de atención) de la ayuda a domicilio.

En atención en residencias la estadística aragonesa (un 15% de las prestaciones) supera ligeramente a la estatal (13,8%), “pero está estancada en 3.500 plazas”, puntualizan los representantes del Espacio.

Y concluyen que la ley de dependencia es una ley de servicios, pero éstos en Aragón sólo suponen el 37,5% de las prestaciones, frente al 57% en el Estado.

Logotipo de la entidad defensora de los derechos sociales

Mercantilización y apoyo en las familias

¿Cómo compensa ese desfase la DGA?, pues con prestaciones económicas a los dependientes, es decir, con el dinero que se les entrega para adquirir servicios privados (18,4% de las prestaciones en Aragón, frente al 8,4% estatal), o bien para compensar a sus familias por los cuidados que les prestan (43,8% en Aragón, 33,9% en el Estado), una atención familiar asumida abrumadoramente por las mujeres. El Espacio concluye que la atención a la dependencia en Aragón “está 10 puntos más “privatizada” que en España y 10 puntos más “familiarizada”. Es más mercantilista y más ‘familista’. Justo lo contrario de los objetivos declarados por la propia Ley”.

Como colofón a estos datos, los representantes del espacio aluden a la lista de espera de aspirantes a prestaciones por dependencia, “que continúa siendo irritante y aún muy superior a la española. Se ha reducido 13,5 puntos, pasando del 46,7% al 33,2%, mientras la española pasaba de 36,6% a 27,2%, con 9,4 puntos de reducción. Pero aún quedan 6 puntos de diferencia”. Además, la prestación de “servicios en precario” está sirviendo para que las listas de espera a la atención a la dependencia se estén reduciendo, aseguran.

También han demandado que se ponga en funcionamiento la Mesa del Diálogo Social, que no se reúne desde octubre de 2016, y es la única de las que se pusieron en marcha que prácticamente no registra actividad.

Por último, desde el Espacio de Derechos Sociales se reclama a la Administración aragonesa otro trato para demandantes y familiares, quienes se ven obligados a deambular durante mucho tiempo “con angustia, miedo y desconocimiento” por estancias burocráticas, “donde a menudo se sienten amenazados y vilipendiados, cuando no son expedientes, son personas”.

A este respecto subrayan que cuando demandantes o familiares se dirigen al Espacio en demanda de ayuda y asesoramiento, “lo primero que nos agradecen es haberlos tratado como personas. Eso es muy triste”.

Unas personas a las que gestionan una media de cuatro reclamaciones semanales, de las que nueve han derivado en la interposición de sendas demandas judiciales contra el IASS (Instituto Aragonés de Derechos Sociales), “y los resultados obtenidos en los siete casos en los que ya tenemos sentencia han sido favorables al dependiente, condenando al IASS a abonar las cantidades o a prestar los servicios que le correspondan”.

Reproche a las instituciones por no garantizar las prestaciones

Logotipo de la entidad defensora de los derechos sociales

El Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales ha entregado sendas cartas dirigidas al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza, alertando de la falta de garantías que sufren muchos y muchas ciudadanas en sus derechos sociales básicos y denunciando las políticas sociales en servicios sociales que no acaban de alcanzar a la gente más necesitada.

Para esta plataforma que el Ayuntamiento de Zaragoza, “ciudad excelente en política social”, según reconocimiento de la Asociación de Directoras y Gerentes de servicios sociales, haya conseguido aprobar el presupuesto con apoyo de PSOE y CHA, o el compromiso del Gobierno de Aragón para elaborar un “presupuesto que apuesta por las personas y sus derechos”, no son garantía de que se ejecute y gestione con solvencia estas propuestas en los presupuestos.

Temas pendientes

Así pues, advierten que son varios flecos los que continúan sin atarse en cuanto a los derechos sociales en Aragón. En primer lugar señalan que la denominada Renta Social Básica aragonesa aún está en la cocina, convirtiéndose en un proyecto estrella de la DGA que no termina de salir adelante.

“¿Encubre este retraso sus propias deficiencias como instrumento de protección de las personas más desfavorecidas, porque en el fondo no se trata de una buena ley?”, se preguntan, asegurando que desde el Espacio han criticado el proyecto mediante enmiendas a las cuantías que consideran insuficientes y las complicadas condiciones de acceso, manteniendo sus sospechas de que “los ciudadanos que vayan a disfrutar de tales prestaciones económicas sean ciudadanos de tercera”.

Advierten también que la atención a la dependencia no funciona, pese a haber mejorado la gestión en estos años. En febrero de 2017 todavía había una lista de espera de casi 12.000 dependientes, siete puntos por encima de la media en el Estado español.

Denuncian que si bien la lista se ha reducido un 12%, lo ha hecho con prestaciones económicas raquíticas y sin seguridad social para los cuidadores familiares, con prestaciones económicas vinculadas al servicio que terminan por no cubrir ni una tercera parte de su coste, o con ayudas a domicilio muy insuficientes.

El Ayuntamiento de Zaragoza ofrece el servicio de Ayuda a Domicilio preventiva y se preguntan si se está reduciendo la lista de espera en el Consistorio, ahora que ya se ofrece la del Gobierno de Aragón para dependientes.

Una pregunta retórica, pues advierten que cada nueva Ayuda a Domicilio de la dependencia de la DGA no termina por restar otra persona de la lista de espera municipal. “¿No será que nadie quiere solicitar las ocho horas al mes de la DGA pudiendo disponer de 16 o más por el Ayuntamiento?”, se cuestionan.

Desde este espacio denuncian las dificultades para reclamar estas ayudas y ponen el ejemplo de la Comisión de Reclamaciones del Ingreso Aragonés de Inserción que llega a responder con ocho meses de retraso a las mismas, y se preguntan dónde y cómo se deber reclamar estas ayudas en los casos municipales.

Concentración en plaza España por los derechos sociales

Prestaciones muy bajas

Advierten también que el Decreto para regular prestaciones económicas tales como las ayudas de urgencia que prepara el Gobierno de Aragón ofrece un máximo de 745 € por año y familia para situaciones de urgente necesidad. “Unos mínimos tan bajos e indignos desvirtúan su propia capacidad como instrumento para afrontar situaciones de necesidad sobrevenidas. Las reducen a un pequeñísimo complemento económico que podrán recibir las personas o familias en situaciones de vulnerabilidad extrema”.

Igualmente se refieren a la recepción de quejas por malas prácticas de algunos profesionales de los servicios sociales. “No es lo habitual pero ocurre en algunos casos, muy focalizados en determinados barrios de la ciudad de Zaragoza”. Para resolver estos problemas proponen garantizar una atención “adecuada, digna en tiempo y forma, y sin lista de espera”.

La citada entidad entiende que dos meses para atender a una persona que necesita ayuda es inadmisible. La gente no va allí por capricho. “Si los Centros Municipales de Servicios Sociales son la puerta de entrada a todo el sistema de servicios sociales, debe estar bien abierta y ser acogedora. Se debe informar de inmediato, acoger y atender las necesidades que presente la ciudadanía y promover la autonomía y la dignificación de todas las personas y de estos servicios”, concluyen en su misiva.

Información de arainfo.org